El Perú tiene una larga relación histórica con las epidemias y sus terribles efectos en su sociedad. Desde la época de la Conquista, las enfermedades traídas por los españoles como la viruela, el sarampión y la influenza, a las cuales no se tenía ninguna resistencia biológica, dieron lugar al colapso demográfico de la población andina con un cálculo aproximado de 90% de muertos en el lapso de un siglo.

A lo largo de la época colonial, las epidemias fueron sucediéndose y con ello arrasando con la población andina teniendo como principal manifestación  la denominada “peste grande” por los testigos de la época que entre los años de 1719 y 1720 causó la muerte de más de 130 mil habitantes del Virreinato del Perú. La viruela y la influenza fueron los principales agentes de mortandad.

Las cosas no mejoraron en la época republicana, el Estado nunca puso como prioridad la salud de sus ciudadanos. La escasa inversión pública, la falta de objetivos y planes nacionales fueron y son pan nuestro de cada día. Eso se pondrá en evidencia al sucederse grandes desastres como los terremotos de 1869, 1940 y 1970, los Meganiños de 1877, 1925, 1983 y 1997 y las epidemias de fiebre amarilla de 1868, la de influenza de 1919 y la de cólera de 1991. En todos estos casos el sistema de salud pública peruano no pudo contener o disminuir los estragos en la población.

Las reformas neoliberales de los años de 1990 y los posteriores gobiernos del año 2000 al presente nunca tuvieron un plan nacional de salud pública. Por el contrario, el tema fue usado para los discursos populistas de los candidatos presidenciales y regionales en tiempos electorales o como justificación de sobrecostos de obras realizadas en colusión y con malversación para el enriquecimiento ilícito de todo tipo de funcionarios y empresarios que son ahora parte de los innumerables procesos anticorrupción.

Las epidemias de influenza manifestadas a lo largo del siglo XX e inicios del XXI sirvieron para que pocos funcionarios del sistema de salud plantearan algunas propuestas. Una de ellas fue el Plan nacional de respuesta frente a la pandemia de influenza, elaborado en el 2009 por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, que lamentablemente no fue seguido por las autoridades de esos años y los sucesivos gobiernos, dejándonos desprotegidos ante sucesos como los que vivimos en estos días.

Los últimos gobiernos se caracterizan por la improvisación en sus políticas de salud y por eso el sistema de salud siempre está en emergencia con hospitales colapsados, servicios de citas recargados, personal insuficiente, formación profesional deficiente, autoridades débiles sin legitimidad ni liderazgo. Todo eso en la cotidianeidad, pero que se agrava de manera exponencial al enfrentar una emergencia nacional, como la que empezamos a vivir desde el 15 de marzo del 2020.

El Plan nacional de Respuesta Frente a la Pandemia de Influenza del 2009 demuestra que nuestro país tiene personal capacitado para evaluar científicamente los problemas y elaborar propuestas técnicas a mediano y largo plazo, pero que lamentablemente no son escuchadas por las autoridades respectivas que prefieren las respuestas de inmediato y corto plazo, las populistas o las que dan mayores oportunidades de enriquecimiento ilícito; o por la ignorancia de los elegidos en cargos de confianza sin los méritos necesarios.

El Plan fue elaborado por el equipo técnico de la Dirección General de Epidemiología del MINSA, a partir de la emergencia que causó la epidemia de la AH1N1 o también llamada gripe porcina, para que las autoridades del sector puedan planificar y así estar preparados para hacer frente a una pandemia de influenza. Estos expertos dejaron claro que las cifras de víctimas presentadas son “estimados de lo que podría acontecer” y que deberían servir para que las autoridades del MINSA planifiquen y preparen la respuesta en los posibles escenarios (p. 33).

Las cifras fueron calculadas tomando como base el Censo de Población del INEI del año 2005 estratificando a los peruanos en tres grandes grupos etarios: 0 a 19, 20 a 64 y 65 a más años, a partir de la aplicación de los modelos propuestos por el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos), estableciendo las condiciones médicas de los contagiados dentro de las fronteras nacionales en: enfermos ambulatorios, enfermos hospitalizados, pacientes en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), pacientes con ventilación mecánica y fallecidos.

Estos modelos se sostienen en una serie de indicadores específicos sobre la atención a la población de acuerdo a la condición médica de los contagiados como son: sistemas preventivos, detección temprana, stock de medicamentos, producción de medicamentos, ambientes y equipamiento hospitalario, especialistas en UCI y número de ventiladores mecánicos.

El Plan 2009 es positivo en la medida que nos brinda los escenarios posibles ante una pandemia de influenza, pero lamentablemente su finalidad de poner en alerta a las autoridades correspondientes nunca se cumplió ya que después de una década el sistema de salud mantiene sus condiciones de crisis permanente. El Ministerio de Salud, sus ministros, sus viceministros, sus directores generales, etc., poco o nada realizaron para, por lo menos, acercarnos a los parámetros básicos para dar respuesta al escenario mínimo ante una pandemia.

Como política de salud pública, las gestiones desde el año 2009 al 2020 heredaron las características inercia y mediocridad. Por ello, nunca hicieron nada para desarrollar sistemas preventivos basados y concertados de educación ambiental, sanitaria o de la salud que sean multisectoriales y descentralizadas. A nivel de la misma acción del MINSA, la detección temprana de enfermedades contagiosas es una especie de cuento de hadas al no existir planes ni presupuestos y tampoco el personal capacitado para ello.

Sobre el stock de medicamentos, es normal encontrar quejas de los pacientes y noticias en los medios de prensa sobre el desabastecimiento de todo tipo de fármacos e insumos médicos que ahora se manifiestan al extremo en la escasez de material de protección para el mismo personal de salud que atiende a los contagiados. Y si a eso le sumamos la total falta de políticas de incentivo para la producción de medicamentos a nivel nacional, tenemos como resultado lo que vivimos en estos días.

Si nos referimos a los ambientes y equipamiento hospitalario, tendríamos que decir que el MINSA mediante la Comisión Nacional Sectorial de Acreditación desde el año 2007 no funciona y menos ha podido “acreditar” a algún establecimiento de salud para que cumpla con los requisitos o estándares mínimos de calidad establecidos a nivel internacional.

A nivel del personal médico, al referirnos a su formación profesional, el proceso de licenciamiento institucional demostró que la mayoría de universidades no cumplían con muchas de las condiciones básicas de calidad y por ello muchas escuelas o facultades fueron cerradas por el órgano supervisor (SUNEDU). Y si nos referimos al personal médico en Cuidados Intensivos, el número reducidos de centros de especialización y de graduados de los mismos, vemos que no se puede cumplir con el número de la demanda básica de personal de los establecimientos hospitalarios a cargo del MINSA o ESSALUD.

El número de ventiladores mecánicos necesarios para el tratamiento de los contagiados en estado de gravedad desnuda las características de la pobre producción científica y tecnológica nacional, la falta de promoción de parte del Estado, el pésimo manejo de los escasos fondos para la innovación tecnológica en el área médica y el mediocre sistema de adquisición, renovación y mantenimiento de equipos.

Con todas estas deficiencias y mediocridades, el escenario propuesto por el Plan 2009 no será el mínimo y podemos prever que las cifras se podrían ubicar entre lo probable y lo máximo según el siguiente cuadro que resume lo propuesto por el mismo Plan nacional de respuesta frente a la pandemia de influenza del Ministerio de Salud (2009), cifras que se calculan en un lapso de ocho semanas: