Nada intercultural ha resultado este juicio en el que priman los criterios occidentales y mestizos. El presidente de la Sala Penal Transitoria de Bagua suspende las sesiones cuando quiere y no le importa que los indígenas, que ganan en promedio seis dólares al mes, gasten lo que no tienen en el viaje a la ciudad de Bagua. Lo hace con el mismo desparpajo con el que suele hacer sus comentarios “anti interculturales” cuando dirige los debates. A veces hay cierto tono de burla o ironía en sus inadecuados comentarios, y en otros un paternalismo fuera de lugar. Con estas suspensiones, y con su negativa a informar sobre las fechas de las audiencias, ha logrado que el proceso se vuelva semi clandestino y que no sea cubierto por los medios de comunicación. ¿Qué pretende el juez Zabarburú? ¿Que no salgan a la luz las cuatro investigaciones a las que están sometidos él y el fiscal de este juicio?

Obliga a que los indígenas asistan a todas la sesiones. Llama la atención a los abogados que presentan excusas por la inasistencia de sus defendidos, sin considerar las penurias y el gasto enorme que les supone su traslado y  estadía en Bagua. Va a contracorriente de resoluciones administrativas, como la 257-2010 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que dispone la creación de una sala itinerante en Santa María de Nieva, que permite que los magistrados se acerquen a las comunidades, y  que se cumpla con el derecho al acceso gratuito a la justicia.

En este juicio todo sucede al revés. Nadie se entera en Lima, pero hay muchas cosas que el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) debiera saber. Por ejemplo: que no se están aplicando las normas internacionales de protección a los procesados indígenas. Hasta el momento, la única Biblia de Gonzalo Zabaruburú, el presidente de la sala, es el código de procedimientos penales de 1940. Para él es como si no existieran el Convenio 169 de la OIT y las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.

Pero eso sí, cuando alguno de ellos tiene una diligencia, suspenden la audiencia. Este juicio que se sigue con más interés en el exterior que en nuestro país es uno más de los muchos que ve la sala. El pedido realizado por las organizaciones de derechos humanos para que se constituya una sala especial fue desatendido. Pero las agendas recargadas no deberían ser una excusa contra la absoluta falta de sensibilidad y consideración.

Patapúfete

La tremenda corte está conformada por un juez que se esfuerza por parecer campechano y que termina preso del cliché “no todos los ciudadanos son iguales”. La mesa central la completan dos vocales que parecen el coro zabarburiano. Al costado un fiscal que no termina de entender su función de abogado de la sociedad, y que los tipos a los que zarandea en cada intervención, son también parte de ella. Junto al fiscal está su infaltable celular, cuyas llamadas responde incluso cuando los acusados están testimoniando. Es evidente que  las prioridades están en otro lado. El juicio termina siendo la metáfora de un país que generó el Baguazo.

El Órgano de Control de la Magistratura debería saber que no se está conduciendo adecuadamente la dirección de debates del juicio oral. El presidente de la sala tiene control absoluto de las audiencias porque, además de cumplir con las funciones correspondientes a su cargo, asume ese rol también. ¿Por qué no le delegó esa responsabilidad a uno de los vocales? (Este hecho genera recelo, porque el director de debates es el encargado de elaborar el proyecto de sentencia.)

El juicio está siendo grabado. Por lo tanto, basta analizar los interrogatorios, las preguntas y los comentarios de algunas de las audiencias para darse cuenta de que Zabarburú permite que las preguntas del fiscal José Novoa sean reiterativas o inconducentes, y que no le llama la atención cuando en ocasiones utiliza un tono agresivo que pone más nerviosos a los interrogados. Está registrada, además, una de sus frases racistas. En un interrogatorio le dijo a un mestizo (sic): “Usted que es normal, responda…” 

Ante este tipo de expresiones, el presidente de la sala  no dice esta boca es mía. Pero cuando se trata de los abogados, está siempre listo para impedir que ejerzan una decorosa defensa. Interrumpe, apura, restringe sus preguntas o no les permite sustentar sus objeciones. Calla a Juan José Quispe, el abogado del IDL, que parece que le produjera urticaria, y es el único que se le enfrenta. Hace uso del voto singular de manera injustificada.

Es inusual su manera de conversar con los acusados. Les habla y les expresa sus puntos de vista. Un ejemplo (sic): “Usted dirá eso, pero yo no le creo”. Adelanta opinión, como ocurrió en el interrogatorio de Ronald Requejo, sobre quien caían todas las acusaciones: incitación, homicidio calificado, motín, daños agravados y demás etcéteras. Zabarburú captó el absurdo de los cargos presentados por el Ministerio Público y añadió irónicamente: “Ni que fuera Rambo”. 

Las condiciones del juicio ni siquiera permiten soñar con la traducción simultánea que es el estándar internacional, y no “la aplicación a la peruana” que consiste en resumir las intervenciones en awajun y en wampis cada vez que el interrogado termina de hablar. La experiencia en este juicio ha marcado un precedente y ha hecho que los dirigentes indígenas se “pongan moscas”. Hace unos días, han presentado una demanda al presidente de la Corte Superior de Amazonas, para que haya un traductor en todos los procesos penales en los que estén involucrados indígenas de estos pueblos, tal como lo establece el artículo 114 del Código Procesal Penal. La demanda ha sido presentada en Nieva, provincia de Condorcanqui, por  Santiago Manuin, que es uno de los líderes regionales que está viviendo en carne propia las dificultades de estar sometido a un juicio anti-intercultural, y Wrys Pérez, ambos presidentes del Consejo Permanente de los Pueblos Indígenas Awajun y Wampis.   

Para Juan José Quispe, hay motivos de más para pedir la recusación del juez Zabarburú. Recusarlo significa sacarlo del proceso, y que el segundo magistrado asuma la presidencia de la sala. “Dudo de la imparcialidad del magistrado. Se han violado las garantías procesales”, sostiene.

En la última audiencia, se produjo el siguiente diálogo entre el presidente de la sala y el fiscal Novoa que hizo que Quispe se reafirme.

Novoa: “Señor presidente, le informo que vamos a  convocar a 38 testigos”. 

Zabarburú: “Uy, son muchos. ¿No puede reducir el número de testigos? Elimine algunos”.

La situación se agrava, ya que el presidente de la sala ha decidido que solo les mandará una notificación a los testigos, cuando la ley establece que sean tres. ¿Una sola notificación para alguien que vive río adentro? ¿No es esta una clara violación del debido proceso?

Mientras tanto, uno que otro infiltrado se pasea tratando de grabar las conversaciones y tomando fotos de las personas que asisten al juicio. El ambiente está cargado en esta sala. No es por el calor.

De intercultural ni las coronas

Por el contrario, cualquier indígena que llegue con su tawas  o corona de plumas – un signo de autoridad del apu – es mal visto por estos funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. El único día que llegó el congresista Nayap, una fiscal lo confundió y le dijo a Zabarburú: “Señor presidente, allá hay otro acusado parado hablando”. Es claro que los operadores de justicia solo están viendo qué cabezas cortar, y no entienden que están juzgando a personas que tienen otra cultura. Es un juicio occidental en la forma y en el fondo.

Walter Powosino, de la Comisión Episcopal de Acción Social, que  apoya a los indígenas que asisten a las audiencias, afirma: “El Poder Judicial y los jueces no pueden darles el mismo trato que se le da a un ciudadano que participa de la cultura oficial. Lo que he visto es que ni los magistrados, ni los abogados de oficio, ni los fiscales han recibido la preparación adecuada para llevar adelante un juicio de estas características”.

Y no es que se estén enfrentando a lo desconocido. Existe jurisprudencia al respecto. Un ejemplo reciente de aplicación de justicia intercultural data de enero del 2013, y se dio en esa misma Sala Penal Transitoria de Bagua. El juez de la Corte Suprema, Salas Arenas, ratificó la sentencia emitida por esa sala, que absolvió a Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Perú (Odecofrop), y a otros cuatro dirigentes acusados del delito de secuestro de funcionarios de la minera Afrodita.  El 15 de enero de 2009, los comuneros de Huampami retuvieron, por ocho días en un calabozo, a varios trabajadores de la empresa.

Los fundamentos de esa histórica sentencia son sumamente interesantes, y se basan en la Constitución Política del Perú: El artículo 89 reconoce la autonomía organizativa, económica y administrativa de las comunidades nativas. El artículo 149 faculta a las comunidades a aplicar su derecho consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, siempre que no vulneren los derechos fundamentales. El artículo 15 del Código Penal establece que “quien por su cultura o costumbres comete un hecho punible, sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto, será eximido de responsabilidad”. 

Aplicando el Derecho occidental, se puede dictar una sentencia intercultural, señores magistrados de la misma sala.

La dupla 

Varias de las fuentes consultadas sostienen que en la Corte Superior de Justicia de Amazonas se ha tejido una telaraña cuyos hilos de seda llegan hasta las altas instancias de justicia. Sostienen, además,  que las bandas delincuenciales y el narcotráfico de la zona son las arañas que la sustentan y extienden.

El caso de la Curva del Diablo ha pasado por varias manos en esta corte. Pero esta vez nos centraremos en la dupla conformada por el juez Gonzalo Zabarburú Saavedra y el fiscal José Felicino Novoa, que suelen pasarse la pelota en taquito. Actualmente la OCMA está investigando su actuación en cuatro procesos.

Llama la atención que en este juicio de la Curva del Diablo los dos se hayan vuelto a juntar, más aún cuando era otro el fiscal asignado al caso. El 10 de junio de este año, fecha de la cuarta audiencia, intempestivamente el Ministerio Público cambió de representante. Hasta ese momento, el fiscal asignado era Edwin Vargas, quien fue sustituido nada menos que por Novoa.

Para aumentar las suspicacias, hace menos de un mes que la Procuraduría Anticorrupción  investiga a esta dupla por corrupción de funcionarios. Esta institución considera que ha habido una deficiente actuación fiscal y judicial en el proceso seguido contra Domingo Guerrero Dávila, ex alcalde del distrito de Cajaruro, procesado por ser el presunto autor intelectual del asesinato del ex presidente regional de Amazonas, Augusto Wong López.

La denuncia que pesa contra Novoa es por los siguientes delitos: asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio, encubrimiento personal, abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. La formulada contra Zabarburú es por cohecho pasivo propio. La denuncia se encuentra en Lima, en la Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

Según el abogado de Guerrero, el móvil no existe, y que este no tenía motivos para querer asesinar a Wong. Su caso estaba en primera instancia en el Juzgado de Instrucción de Bagua. La fiscalía sustentó la prisión preventiva y el juez se la concedió. Guerrero apeló, y su pedido pasó a la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua. ¿A manos de quién? De Zabarburú. Esta sala envió el expediente a la Fiscalía Superior de Bagua. ¿A manos de quién? De Novoa, quien sustentó la confirmación de la prisión preventiva y la devolvió. ¿A quién? A Zabarburú, que la confirmó.

En estos dos pares de manos está el destino de los líderes indígenas. Durante este juicio oral solo están ratificado que trabajan en pared.

 Pero como al final nada sale perfecto, el presidente de la sala sentirá una resequedad en la boca cada vez que vea sentado a su izquierda nada menos que al  incómodo abogado Quispe, del IDL, y recuerde todo el tiempo que es el mismo que defiende a Domingo Guerrero, y el mismo que quiere recusarlo. Como dicen, el mundo es un pañuelo.