En los últimos tiempos las bajas pensiones que han resultado del sistema de jubilación que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) han generado un debate amplio y del que podríamos sacar mucho provecho si las conversaciones en el Congreso resultan de ideas y de provecho para el Perú en vez de las clásicas derivadas de intereses y prebendas. Hay varios aspectos que vale la pena mencionar.

1. ¿Aportes forzosos o voluntarios?
La obligatoriedad –discutible constitucionalmente– se podría fundamentar en la necesidad de crear en la población conciencia de las ventajas de ahorrar para tener una vejez digna y también en la importancia que tienen las AFP’s en el mercado financiero como agentes captadores de fondos e inversionistas que además están supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s.

No encuentro, sin embargo, razones para que coticen los dependientes y no los independientes. Habiéndose optado por hacerlo forzoso tendrían que cotizar todos. Lo que podría establecerse a partir de la fundamentación de crear conciencia de prevención en un plazo durante el cual la afiliación y aportes sean imperativos, vencido el cuál éstos pasarían a ser voluntarios y las AFP’s tendrían que vender sus productos como cualquier otra empresa haciéndolos atractivos para el público.

2. Porcentaje de las comisiones
Ser accionista o propietario de una AFP es un negocio muy atractivo, porque no tiene el riesgo de otras inversiones. Como los fondos son independientes e intangibles, las ganancias o pérdidas en las inversiones afectan solo a los afiliados, pero la AFP cobra irremediablemente su comisión. En otras palabras, sus ingresos están asegurados, porque además es obligatorio aportar a estas entidades, a las que la ley y el Estado les han creado un mercado cautivo. El ‘problema’ es la competencia, pero la tasa que ofertó en la licitación pública la AFP chilena Habitat, que estuvo muy por debajo de lo que cobraban las nacionales, causó la sensación de que el mercado no siempre funciona como debería y hay hasta quien ha hablado de concertación. A partir de este razonamiento las comisiones tendrían que estar por lo menos parcialmente relacionadas al rendimiento de las inversiones. Con los recientes cambios la comisión se cobra sobre flujo (% de la remuneración bruta mensual) y sobre saldo, pero en realidad deberían ser porcentualmente más altas, pero aplicarse sólo sobre el rendimiento (utilidad) de las inversiones es decir sobre el éxito o fracaso de la AFP al invertir y no sobre el total de dinero que administran (los fondos), ni sobre los montos que ingresan por los aportes de los afiliados. De esta manera, la AFP cobraría si tiene éxito en su gestión (ganancias para los afiliados) y no cobrarían si el resultado fueran pérdidas. Incluso las comisiones podrían ser negativas, es decir que en ciertos casos la AFP tendría que devolver al fondo ciertas cantidades cuando se equivocaron al invertir. Alguien podría decir que un sistema así no existe ni siquiera en algo tan similar como los fondos mutuos, pero la diferencia es que éstos no son obligatorios. Por lo demás, el porcentaje de la comisión tendría que ser similar al del mercado internacional con las diferencias que corresponda, porque no podemos compararnos con los volúmenes administrados por algunas empresas en los países desarrollados que obviamente permiten comisiones más bajas.

3. Alternativas al jubilarse
En mi opinión convendría abrir el abanico y quien se jubila debería no solo tener las opciones de mantener su dinero en la AFP o adquirir una renta vitalicia, sino tener otras, como existen en otros mercados, por ejemplo comprar pensiones por períodos más breves (5, 10 o más años) o eventualmente retirar el íntegro de sus fondos porque quizá se le presentó una oportunidad de inversión o desea hacer un viaje y tiene otros medios de subsistencia. No tiene sentido que por ley se decida que una AFP o una compañía aseguradora tiene que administrar nuestro dinero por un plazo preestablecido, lo que en realidad es inconstitucional ya que se está atentando contra la libertad individual, el derecho de propiedad y la libertad de contratación. La justificación que se ha dado de que los peruanos son malos ahorradores, ya fue rebatida por Richard Webb y la otra de que algunos podrían malgastar sus fondos y resultar una carga para el Estado es a todas luces absurda. Primero, porque el porcentaje de gente que podría caer en esta descripción (malos administradores de sus fondos de jubilación) es mínima y segundo, porque en el Perú actual quienes asumen este tipo de casos son las familias y casi nunca el Estado. Si en un futuro las familias se desentendieran y el Estado tuviera que asumir la manutención de este grupo es harto improbable que los ‘dilapidadores de sus fondos’ constituyan una proporción importante de los jubilados y significaran un alto costo para el Estado. No tiene sentido que la mayor parte de la población tenga que pagar por la posibilidad de que unos pocos malgasten sus fondos. Eso se llama paternalismo estatal y es injustificable.

El debate en el Congreso sobre qué hacer con el sistema o cómo mejorarlo tratará de ser soslayado por las AFP’s que usarán de todo su poder para evitarlo o postergarlo, pero pareciera que la presión popular lo hará ineludible.