Ya van dos meses desde que el pleno del Congreso aprobara en primera votación el proyecto de Ley 3304/2018, que busca promover la actividad cinematográfica y audiovisual peruana, y aún no se tiene información desde el legislativo sobre el futuro de esta nueva normativa. Esta desidia se opone a la fruición histórica con la que congresistas de distintas bancadas propusieron hasta siete proyectos relacionados al cine el año pasado, y que cual Frankenstein fueron integrados algunos puntos en un solo proyecto (que también incluyó ideas del anteproyecto que presentó el Ministerio de Cultura), que quedó bajo el yugo del congresista Francesco Petrozzi.

Si nos atenemos a los proyectos y procesos que fueron impulsados por congresistas como Tania Pariona, Oracio Pacori, Jorge Castro Bravo o María Melgarejo, quizás que haya quedado todo bajo la batuta del mismo Petrozzi ha generado más anticuerpos y posicionado en la opinión pública, sobre todo vía redes sociales, que una ley de cine no es relevante y que se estarían jugando intereses para favorecer a determinados grupos de poder. El proyecto de ley no será ya debatido en esta legislatura y habrá que esperar qué le depara al cine en los próximos meses. Más allá de estas elucubraciones en contra de una nueva ley de cine peruano motivadas sobre todo por un sector reaccionario que considera que invertir en cultura es un desperdicio, voceros del típico “para qué plata al cine si hace falta dinero para combatir la anemia”; estamos a un paso de consolidar una nueva ley para el cine peruano, que ha sido dialogada durante años por la comunidad y gremios del cine y audiovisual del país. El empujón es político.

El proyecto de ley Petrozzi propone un mínimo de presupuesto de 6 mil UIT para el cine, reserva entre 30 % y 40% como mínimo de recursos programados cada año para las regiones, establece la posibilidad de donar dinero a proyectos, y deducir el gasto de hasta 10% del impuesto a la renta para ser “invertido” en producciones. Estos puntos marcan la diferencia frente a la ley N° 26370, actualmente en vigencia desde que la promulgó Alberto Fujimori en 1994. Sin embargo, hay acciones que ya viene realizando la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y Nuevos Medios (DAFO), beneficiando también a personas naturales y no solo jurídicas, si bien no cubiertas por esta vieja norma, pero sí por resoluciones o adendas posteriores. De alguna manera, la nueva ley garantiza que haya un marco legal que justifique ya actuales acciones emprendidas por el Mincul, en cuanto a recursos destinados para formación, preservación y distribución vía estímulo directo para largometrajes.

Pero, ¿qué hace falta para que esta futura ley ayude a consolidar un salto de calidad para el cine y audiovisual peruano? Hay que tener en cuenta que esta nueva ley no tiene como fin apuntar a mejorar la calidad, sino solo a aumentar la producción. Es un primer paso. Si no se garantiza la raíz, que hará que el cine peruano pueda desarrollarse en todas sus fases, la calidad apenas asomará. Aquí señalo algunas condiciones que podrían asegurar un cine peruano de calidad:

1. Sostenibilidad del presupuesto. La nueva ley no propone la creación de un fondo, que tenga independencia y que se sostenga en un porcentaje del impuesto usual de las entradas al cine (como pasa en Colombia o Argentina) o de impuestos a las empresas de TV, ayudas de cooperación internacional, etc. Es decir, los 6 mil UIT dependerán del erario nacional (como pasa en Chile) y de la voluntad política que haga posible este presupuesto para el cine peruano. Por ello, si se piensa la calidad como un resultado a largo plazo, es urgente garantizar el recurso que permitirá generar estas condiciones.

2. Completar el círculo de producción del cine. La nueva ley se centra únicamente en procesos de producción, es decir, brinda garantías o condiciones para que cada año se hagan más películas. Un ejemplo: en los dos últimos años se han premiado nueve proyectos de largos en un concurso principal -con la nueva ley este número se mantendría-, pero no sabemos cómo llegarán estos films a las salas. La nueva ley no menciona los roles que se deben establecer para distribuidores y exhibidores. Habrá más recursos (en la actualidad hay 12 millones de soles para el cine, que incluyendo un adicional a los 7 millones que corresponde por la ley 26370), pero no se plantea solución al problema más grave que atraviesa la producción nacional: el espacio y permanencia del cine peruano en las salas comerciales. Habrá más películas, pero es un albur en cuántas salas y en cuántos días (y horarios) podrán estar disponibles para los usuarios. Se dan premios para que estas películas sean distribuidas, pero no existen las condiciones ideales para cumplir con este propósito. ¿Qué pasa con esos recursos públicos si no hay espacios para cumplir con las metas de exhibición?

3. Incentivo para nuevos talentos. Hace años hemos sido testigos que tener recursos y hacer cine no garantiza que el producto final sea de calidad. Algunas películas subvencionadas por el Estado han demostrado falta de creatividad, y muchas veces debido a los criterios de los jurados que no atinan con sus fallos. Urge que exista alguna norma que genere acciones para el descubrimiento de nuevos talentos, de nuevas generaciones de cineastas con inventiva, y que brinden aire fresco en diversidad y con enfoque intercultural.

4. Creación de cinemateca. La nueva ley propone la creación de un archivo audiovisual, pero aún no se propone una ley especial ni un plan de articulación entre las entidades que ya vienen trabajando el tema de la preservación del patrimonio de este tipo. No existe proyección de ver a una cinemateca como espacio de interacción en paralelo a los canales alternativos (muy pocos) que existen en el país. Urge un espacio de reunión del cine peruano, donde la ciudadanía pueda conocer y discutir su propio cine.

5. Escuelas de formación audiovisual. No se cuenta en todo el país con ninguna oferta pública para el estudio del cine o audiovisual. Estudiar cine se ha traducido en estudiar comunicaciones en universidades o institutos, o poder pagar estudios afuera. De esta manera, al no existir espacios formativos públicos, o programas alineados a una formación especializada como sí tienen Chile, Ecuador, Colombia o Argentina, la labor del cine se limita a los resultados y logros de un sector económico determinado, y a una implícita resistencia desde el estado a democratizar esta profesión. A esto, se suma los escasos espacios para la discusión entre los estudiantes. Tampoco existen espacios para la mejora de capacidades de los docentes del audiovisual. ¿Dónde se forman los docentes del cine y audiovisual? El círculo nunca termina de romperse.

6. Formación de audiencias. La nueva ley apenas menciona la articulación de diversos sectores del estado (educación, institutos de ciencia y tecnología, de desarrollo) para lograr un público interesado en nuevos contenidos y formas del cine. Aún se piensa al cine o al audiovisual como una herramienta didáctica en las aulas y no se consideran su inclusión en espacios diversos que aporten al ver al cine desde un modo crítico. La única pedagogía del cine es la que imparten las majors, reduciendo al cine a un mero entretenimiento con su cultura de la cancha y de los blockbusters.

Si hacemos un ejercicio simple de prospectiva, la nueva ley triplicaría la producción del cine en los próximos años, pero no considera las condiciones para que el cine peruano llegue a las personas, uno de los objetivos de esta ley de promoción. Se busca dinamizar un sector, al generar empleo (informal en muchos casos, y sin control en este sentido), probablemente, pero como viene pasando en la actualidad con películas como Deliciosa fruta seca, Los helechos o Prueba de fondo, que, tras ganar premios para su distribución en salas, estás han sido aplastadas u obligadas al suicidio. El estado les brinda recursos para lograr su exhibición, pero encuentran un sistema monopolizado y donde el cine peruano es visto como traba antes que como oportunidad. Así, no solo estaríamos hablando de cómo lograr la calidad en las películas del cine peruano, sino cómo lograr la calidad de gasto de los recursos públicos ante un sistema que otorga pero que no sabe bien qué fin está cumpliendo.