Un rasgo común a todas las grandes ciudades es que enfrentan problemas muy complejos que afectan seriamente la vida de sus ciudadanos, pero las causas de estos problemas dependen de dinámicas que trascienden la esfera de actuación local, y que por tanto involucran a otros niveles de gobierno, al funcionamiento del mercado o a las lógicas impulsadas por fenómenos globales y sus efectos (cambio climático, crisis financieras, migraciones internacionales, etc.).

Por ello un tema central es la capacidad y liderazgo de los alcaldes para desarrollar visiones de ciudad y procesos de gobernanza que les permitan articular la colaboración de un conjunto de actores estatales y no estatales para resolver efectivamente los problemas de la ciudad. Lima no es una excepción a esta regla y como todos conocemos enfrenta problemas muy complejos que plantean grandes retos para Jorge Muñoz.

Un primer reto es precisamente el de construir esta visión compartida de ciudad y un liderazgo en torno a ella. Los gobiernos de Lima se han caracterizado por el predominio de miradas fragmentadas, normalmente centradas en el desarrollo concreto de ciertas obras e infraestructuras y con un enfoque muy anclado en la gestión, pero sin incorporar una necesaria dimensión pública y política para abordar sus problemas o sin discutir cómo dichas obras contribuyen o no a alcanzar el modelo de ciudad que queremos, ni mucho menos cuál tendría que ser dicho modelo. Quizás una excepción fue la elaboración del Plan Concertado de Desarrollo de Lima durante la gestión de la alcaldesa Villarán, pero que sin embargo estuvo más centrado en la elaboración participativa del instrumento de gestión en si mismo, sin una capacidad para construir un relato de ciudad liderado por el gobierno local que nos movilice.

Una de las dificultades para construir esta mirada común es la fragmentación de Lima y la ausencia de un sistema de partidos, territorializado o local, que brinde continuidad bajo una mirada de largo plazo a las políticas y que garantice la coordinación con los gobiernos distritales. En ese contexto Muñoz cuenta con once alcaldes distritales de Acción Popular, pero ello -dada la debilidad institucional de los partidos y su ausencia de cuadros (el propio Muñoz ha sido invitado por Acción Popular)- no necesariamente garantiza una buena colaboración o coordinación metropolitana. En una política marcada por las personalidades, las posibilidades de Muñoz para ejercer la tan deseada y necesaria gobernanza metropolitana dependerán más de sus habilidades personales y liderazgo  para convocar tanto a los alcaldes de Acción Popular como a los del resto de partidos políticos en los diferentes distritos, además necesitará buenas relaciones  con el  gobierno nacional y  gobierno del Callao. La industria inmobiliaria es  otro actor que  tiene gran poder para estructurar el modelo de ciudad y el espacio público urbano, y que por lo tanto plantea un reto importante a la  capacidad y voluntad política del alcalde para establecer unos parámetros que garanticen su contribución a un proyecto compartido de ciudad, el cuál debería ser definido desde el liderazgo del gobierno local.

Un segundo reto es la seguridad ciudadana,  tema principal de preocupación de los limeños. Aquí debemos distinguir dos  dimensiones con miradas complementarias. Una primera es la victimización efectiva  que afecta a un promedio de 28% de limeños (INEI:2018). Para enfrentarla será necesario trascender los discursos sensacionalistas que abogan por restringir las libertades y el uso del espacio público, o  que se centran en el empleo mágico de tecnologías. Se requiere combinar adecuadamente prevención con control de la delincuencia, identificar  los diferentes patrones de criminalidad y  diseñar estrategias lo suficientemente flexibles para abarcar las diversas realidades y problemáticas distritales. La difusión de medidas que funcionan en algunos de los distritos más céntricos, o la importación incompleta de medidas e instrumentos de otras latitudes, no necesariamente nos sirve para abordar el problema en una ciudad sumamente compleja y desigual. Una de las estrategias preventivas clave es promover precisamente la ocupacion y uso del espacio público por los ciudadanos. La segunda dimensión es la inseguridad subjetiva de los limeños, que alcanza un 91% excediendo ampliamente a la  victimización real (INEI:2018).  Parte del problema parece ser la percepción de vivir en una ciudad hostil, poco amable, donde los espacios públicos no invitan a su uso y disfrute porque  los ciudadanos estamos expuestos a múltiples discriminaciones y violencias. Esto último  afecta especialmente a las mujeres  que somos la mitad de la población, pero nuestras posibilidades de uso del espacio público urbano en igualdad de condiciones con lo hombres se encuentran seriamente restringidas, limitando nuestra ciudadanía. Por tanto para recucir la inseguridad subjetiva hay que impulsar un modelo de ciudad que contemple diseños inclusivos y amables del espacio público urbano, fomente la confianza, eduque  en respeto a la mujer y construya civismo.

Finalmente, hay que señalar el reto del transporte. Todos sufrimos su colapso e ineficiencia, pero además, las pérdidas que genera en términos de tiempo, economía y  vidas humanas se distribuyen de manera desigual. En nuestra ciudad hay personas que tienen que invertir cinco  o más horas diarias en trasladarse, esto es algo así como el tiempo de duración de un viaje Lima- Miami en avión. De otro lado, resulta paradójico que la inseguridad ciudadana sea lo que más preocupa a los limeños, cuando los delitos más frecuentes son en realidad el hurto de celular  o cartera (15%), mientras que los “accidentes” de tráfico nos dejan 378 fallecidos al año (INEI:2017). También hay que añadir las muertes causadas por la contaminación atmosférica que genera el transporte que según la OMS afectan a 7 millones de personas al año en el mundo. De hecho al momento de redactar este artículo Lima está clasificada como una ciudad no saludable con un índice de 114 de polución según el medidor en tiempo real de la Embajada Norteamericana,  cifra que se eleva en distritos como Villa María del Triunfo (145) o Carabayllo (130) y solo disminuye un poco en el Campo de Marte (86) (el nivel máximo considerado saludable según la OMS fluctúa entre 20 y 50 según el tipo de material particulado en el aire (PM) que se mida). La administración de Muñoz por tanto tiene el reto de  impulsar la reforma de transporte y  para ello debe establecer canales adecuados de colaboración con la nueva Autoridad del Transporte Urbano que garanticen unas políticas de transporte integradas a un modelo de ciudad sostenible e inclusiva. También sería un reto intentar trasladar a escala metropolitana las experiencias exitosas de transportes alternativos desarrolladas en Miraflores y otros distritos como San Isidro o San Borja. Para terminar,  es difícil cerrar este recuento, porque quedan en el tintero muchos otros retos,  como por ejemplo la gestión de los juegos panamericanos y su legado, o la capacidad de replicar a escala metropolitana muchas de las buenas prácticas de la administración de Muñoz en Miraflores. Ante tamaños retos y sin un presupuesto adecuado, solo nos queda desearle mucha suerte al alcalde Muñoz.