Un apretado balance de la política y los programas sociales del gobierno anterior debería empezar por reconocer los avances. Entre éstos cabe mencionar la prioridad política que se le otorgó al tema, especialmente hacia el final de la administración aprista, y el esfuerzo por mejorar la gestión e impacto de los programas sociales mediante su fusión de 83 a 26 programas prioritarios, articulados en la estrategia CRECER.

La meta principal consistía en disminuir la desnutrición crónica infantil del 24% (2005) al 16% para el 2011. Esta meta es clave por dos razones: apuesta por el futuro y prioriza la inversión en proteger las capacidades de las personas.

Es importante también el esfuerzo por contar con una base de datos para la focalización, iniciado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el SISFOH para la población urbana y JUNTOS para la rural, lo que permite contar con padrones actualizados de la población objetivo de estos programas.

Los resultados en pobreza son relevantes: puntos más, puntos menos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta un descenso del 48,7% en el 2005 a un 34,8% en el 2009 de la tasa de pobreza medida por nivel de gasto. La pobreza extrema (gasto por debajo del costo de la canasta alimentaria) habría descendido del 17,4% al 11,5% en el mismo periodo.

Hasta ahí los avances. En cuanto a los resultados, cabe precisar que la reducción de la pobreza extrema (hogares cuyo gasto no alcanza a cubrir el costo de la canasta alimentaria) ha sido la mitad de la observada para la pobreza no extrema, y que hay grandes diferencias entre regiones en este indicador. Es en la sierra rural sur donde la pobreza extrema se ha reducido menos: continúa afectando a un tercio de su población.

El crecimiento de la economía parece haber beneficiado a los sectores más empleables y capaces de articularse al mercado; es el caso de los jóvenes urbanos con mayores niveles educativos y de los productores con mayor productividad de la costa norte y algunos valles de la sierra. Es probable, asimismo, que estas mejoras se deban más al crecimiento sostenido de la economía que a los programas sociales.

Por ello, la desigualdad en la distribución del ingreso no ha cambiado significativamente. En efecto, una medida agregada de la desigualdad como el coeficiente Gini se ha reducido marginalmente de 0,51 (2005) a 0,48 en el 2009. Reducir la desigualdad es clave para asegurar la equidad y la gobernabilidad. La evidencia histórica señala que la protesta y el reclamo crecen en periodos de expansión económica si no están acompañados de medidas y políticas para mejorar las oportunidades económicas para todos.

¿Cuáles son los retos para el Gobierno que asumió en julio pasado? En primer lugar, articular la política social al ciclo expansivo de la economía. Se sigue asignando alrededor del 57% del gasto social a programas protectores (Comedores Populares, Vaso de Leche, etcétera), que, si bien son indispensables para los grupos más vulnerables (menores de 3 años y madres gestantes indigentes), deben focalizarse mejor pues tienen altos niveles de subcobertura y filtración. Es aún insuficiente la inversión social en programas habilitadores dirigidos sobre todo a jóvenes de ambos sexos y con prioridad en el medio rural (ahora se destina solo el 13% del gasto social a este tipo de programas).

Asimismo, es necesario ampliar la inversión social en la promoción de oportunidades económicas para los pequeños productores rurales y urbanos de la sierra y la selva. La solución no es que vendan sus tierras y activos, como descabelladamente propuso la ley 1015, sino fomentar la asociación entre el sector privado y las comunidades campesinas y nativas para mejorar su productividad y articularlos al mercado doméstico, que crece al 12% anual. La subida del precio de los alimentos es una oportunidad que, bien aprovechada, puede favorecer a los pequeños agricultores del país. Por eso no tienen sentido programas de delivery de bolsas de alimentos en Lima, como se hizo en algún momento durante el gobierno pasado, pues la pobreza extrema en la capital es de solo el 0,2%.

Un dilema que debe resolverse es el de la complementariedad entre el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo (MIMDES) y el nuevo Ministerio de la Inclusión y el Desarrollo Social (MIDIS): se tiene la impresión de que se desviste un santo para vestir otro. Sería también un error que la política de protección social quede a cargo del MIMDES y la promotora y habilitadora a cargo del nuevo MIDIS, cuando lo que se requiere es la articulación entre los tres tipos de programas sociales (protectores, habilitadores y promotores), como la plantea el Marco Social Multianual 2009-2011.

Otro reto enorme consiste en capacitar y comprometer a gobiernos locales y gobiernos regionales en la gestión por resultados de los programas sociales que les están siendo transferidos. Los importantes recursos del canon y las regalías mineras deberían usarse para algo más que fierro y cemento. La inversión social no puede depender solo de los recursos del Gobierno Central. Descentralizar la inversión privada, mejorar la inversión pública en infraestructura productiva y en capacitación laboral dirigida sobre todo a los jóvenes rurales, e impulsar la innovación para mejorar la productividad de los pequeños agricultores, ganaderos, artesanos y productores rurales son estrategias claves para que el crecimiento económico llegue a estos sectores excluidos.

El nuevo Gobierno se ha propuesto priorizar la lucha contra la pobreza con un enfoque de derechos. Se ha planteado asimismo superar el sesgo asistencialista de la política social. Sin embargo, muchos de los “nuevos” programas sociales parecen ser apenas programas “re-bautizados”, pues falta precisar los cambios en su concepción y estrategia. Sin embargo, es clara la prioridad dada al tema de la inclusión y a la necesidad de articulación entre los 26 programas sociales vigentes. La ciudadanía debe estar atenta para que, con su voz y su vigilancia, este tema tenga la prioridad debida en los actos no solo del Gobierno Central sino también en el de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No bastan las promesas: tenemos derecho a conocer y exigir acciones concretas referidas a políticas y programas orientados al desarrollo sustentable de las familias pobres de la sierra y la selva rurales.

Finalmente, es crucial que la evaluación y seguimiento de estos programas —y, en general, de la política social— sea independiente y objetiva. Para ello debe contarse con un fondo concursable que permita que universidades, centros de investigación e instituciones especializadas contribuyan en esta tarea que puede darle más eficiencia y credibilidad a la superación de la pobreza, empeño de todos y base de la democracia y la gobernabilidad.