En julio del 2005, después de muchos años, el Estado decidió cumplir con su compromiso de reparar a las miles de víctimas civiles, policiales y militares que dejó el periodo más doloroso y trágico de nuestra historia, iniciado por el demencial accionar del grupo terrorista Sendero Luminoso. La ley 28592, norma que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), así como su Reglamento, buscaron atender las graves secuelas de la violencia estableciendo, para ello, hasta siete programas de reparación: en salud, educación, facilitación a la vivienda, restitución de derechos, reparaciones simbólicas, económicas colectivas e individuales.

Inicialmente, y si bien, por lo menos en el ámbito normativo, se lograban avances importantes, en la práctica el Estado privilegió el impulso de las reparaciones económicas colectivas, y así otorgó hasta 100.000 soles a las comunidades más afectadas, según la priorización establecida por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). Este Programa, aun con sus dificultades, como las demoras en la ejecución de los proyectos o el desembolso de dinero, obras “impuestas” por los alcaldes que desconocieron la decisión de la comunidad, entre otros, mostró algunos resultados cuantitativos: a julio del 2011, según el portal web de CMAN, hay 1.672 proyectos financiados.

Pero en todo ese tiempo no se dio una adecuada atención a los programas individuales en salud, educación, facilitación a la vivienda y reparaciones económicas, que son las principales demandas de este sector de la población, por la naturaleza y la gravedad de los hechos que los afectaron. La mayoría de ellos presentan problemas de salud, sus hijos no han podido continuar sus estudios o, en algunos casos, iniciarlos, sus viviendas no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad ni con servicios básicos (agua, luz, desagüe).

Éstas son, entre otras, las dificultades que deben enfrentar cada día, sumadas a un dolor que no cesa y una frustración que aumenta. En el caso de los familiares de los más de 15.000 desaparecidos (según cifras oficiales del Ministerio Público), la angustia por conocer sus paraderos y encontrarlos se mantiene intacta desde el último día que los vieron.

Si bien se hacen esfuerzos permanentes por mejorar la atención en salud, que debemos reconocer, éstos todavía resultan insuficientes; la dificultad para superarlos está vinculada con la lejanía y la exclusión en la que se encuentran muchas comunidades. No hay postas médicas, y las que existen no cuentan con medicinas; el personal técnico de salud atiende por horas, y solo hay un médico que los visita una vez por semana. Ésa es la realidad de diversas provincias de Ayacucho, Junín, Huancavelica, Huánuco o Apurímac, por citar solo algunas.

En lo que se refiere a educación, es necesario adecuar el marco normativo vigente. Según el Plan Integral de Reparaciones, solo pueden ser beneficiarias de este Programa aquellas personas que vieron interrumpidos sus estudios. Es evidente que después de tantos años muchos de ellos, debido a su avanzada edad o problemas de salud, prefieren ceder su derecho a sus hijos; sin embargo, el decreto supremo 047-2011-PCM no se los permite.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó de manera expresa la cesión de este derecho, por el que solo compete decidir a la víctima y no a la entidad que lo otorga. Además, la realidad nos muestra que quienes buscan acceder a mejores posibilidades educativas son los hijos de las víctimas directas. Aun así, y pese al pedido permanente para que se modifique la norma, hasta hoy no se ha logrado este cambio.

En el tema de vivienda, solo hace unos meses se ha formado una comisión para diseñar un programa especial que, esperamos, cumpla con las necesidades de la población desplazada, principales beneficiarios de esta reparación.

Por otro lado, es importante resaltar que después de la insistencia de las organizaciones de víctimas civiles, policiales y militares (que se unieron en la lucha de sus derechos) ante la demora para que se iniciara el Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI), en junio del 2011, mediante el decreto supremo 051-2011-PCM, se dispuso el pago de estas reparaciones.

Lo que en apariencia debió ser saludado por todos, en la realidad generó mayor cuestionamiento. Esta norma no solo incluye disposiciones que afectan el carácter permanente del Registro Único de Víctimas (RUV), sino que, además, impone “sustentos técnicos” que no resisten ningún razonamiento jurídico. Además, desconoce la obligación moral del Estado de otorgar reparaciones justas y dignas.

El decreto en cuestión contiene una disposición que resulta a todas luces discriminatoria y arbitraria, pues impuso como plazo para la acreditación de los beneficiarios del PREI el 31 de diciembre del 2011; después de esa fecha, una persona que fue víctima de violación sexual o que resultó con una discapacidad permanente, así como el familiar de una persona fallecida o desaparecida, podrá ser acreditada como víctima o beneficiaria, pero no recibirá el pago de la reparación.

La gran mayoría de las víctimas son quechuahablantes y pobres que perdieron no solo sus pocos bienes, sino, y principalmente, a sus familiares. Los miles de policías y militares que quedaron con una discapacidad permanente por luchar contra el terrorismo también están comprendidos en este Programa.

Este decreto no solo “decide” hasta cuándo y a quién otorgarle la reparación: además, impone prioridades para concederla únicamente en función de la edad. Así, cuando se trata de personas que han quedado con una discapacidad o sufrieron una violación, solo podrán acceder a la reparación cuando tengan más de 65 años de edad. Y si se trata de los padres de los fallecidos o desaparecidos, éstos deben tener más de 80 años de edad para recibir este pago, y los condicionan a que “no cuenten con ningún soporte familiar”, confundiendo la finalidad reparadora del PIR con la de un programa social.

Según esta norma, si una persona está enferma o tiene una necesidad urgente, no merece ser atendida de manera prioritaria. Hace unos días, la prensa escrita dio cuenta de que más de 3.200 personas han muerto sin recibir esta reparación. Y si bien en la práctica las edades se han ido rebajando, se requiere de una modificación para aplicar otros criterios.

Un tercer aspecto cuestionado es el referido al monto señalado como reparación. En este extremo, se deben precisar los antecedentes establecidos por el Estado para casos similares. Mediante decreto supremo 068-98-DE-S/G, se dispone la suma de 39.000 nuevos soles para los miembros de rondas campesinas que fallecieron en la lucha contra el terrorismo. A su vez, se ha reconocido montos de hasta 30.000 dólares americanos, como indemnización para familiares de personas fallecidas en este periodo (1980-2000). Sin embargo, la norma actual otorga 10.000 nuevos soles.

Si bien es cierto que ningún monto podrá revertir las graves consecuencias para estas familias, la CMAN, como entidad rectora en materia de reparaciones, ha reconocido las deficiencias del DS 051-2011-PCM y, por ello, recomendó su modificatoria en noviembre del 2011, cuando aprobó, entre otros aspectos, elevar el monto a 10 UIT. Pese al tiempo transcurrido, este compromiso continúa pendiente.

Por eso me pregunto: ¿Cuánto más deben esperar las víctimas? ¿Es que el drama y el dolor que vivieron no fueron suficientes? Es necesario comprender que la obligación del Estado no acabará con la implementación de las reparaciones; quizá su principal desafío será recobrar la confianza de estos miles de compatriotas que durante años han sentido la indiferencia de sus autoridades, pero también de una sociedad que no los escucha ni alza su voz ante sus justas demandas. Por el contrario, los continúa estigmatizando y negándoles la oportunidad de ser tratados como ciudadanos, con iguales derechos que cualquiera de nosotros.

Sin duda, debemos ser enérgicos en exigir que el terrorismo nunca más se apodere de las aulas y de nuestra juventud. Pero, con esa misma fuerza, debemos reclamar que el Estado cumpla con las reparaciones AHORA.