De cómo las mafias madereras se aprovechan y estafan a las comunidades indígenas en la Amazonía.

Dicen que allá en el lejano bosque ya no canta el cucú. Le talaron el árbol y se acabó la canción. La canción.

Hablar de tala ilegal de madera es una redundancia. La diferencia entre la práctica legal y la ilegal es, en este oficio, apenas un eufemismo. Mucho verso ha corrido sobre el tema y los intentos legales por aminorar la depredación de los bosques han sido buenos… intentos.

Según una investigación realizada por el antropólogo Carlos Cornejo en el año 2007, el 98% de lo extraído en el país es tala ilegal, y diversos informes estatales dan cuenta de que cerca del 90% de la madera que se vende en Loreto es igualmente ilícita.

Abel Benítez, director del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre de Loreto, lo corrobora: “Todo el modelo forestal que se implementó en el Perú se basó en la ilegalidad y la corrupción. Debemos revisar el informe de la Defensoría del Pueblo del 2010, que dice que 90% de madera que salió de Loreto es ilegal y que el 80% de funcionarios que han trabajado en el INRENA tiene problemas de corrupción. Trágico pero real”. Benítez refiere que a él mismo le ofrecieron una vez 300 mil soles para dejar pasar un cargamento de madera ilegal.

La extracción no regulada de madera está dentro de ese tinglado de actividades ilegales como el narcotráfico o la minería informal. Se trata de mafias poderosas, blindadas por una eficaz red de de funcionarios públicos. Como en los demás casos, la actividad policial empieza y termina en el eslabón más débil. ¿Cuántos ‘capos’ de la madera han sido detenidos alguna vez en nuestra historia? ¿Cuántas mafias han sido desarticuladas? No se moleste en contarlas que el Estado no se molesta en encontrarlas.

En la actualidad existen muchas comunidades indígenas involucradas, sin siquiera saberlo, en el despojo de su propio hábitat. Como no tienen recursos para explotar sus bosques, se ven forzados a hacer convenios con empresas que sí cuentan con las condiciones adecuadas.

La estafa a Cuzco
Estos contratos son dispares cuando no irregulares. En muchos casos las comunidades terminan endeudadas y sancionadas. La empresa, en cambio, con la que hicieron el trato, muy bien y hasta la vista. Ni siquiera se podría decir, como en el fútbol, que ganaron experiencia, porque muchas veces no llegan a enterarse de qué trató todo el asunto.

Es el caso de la comunidad Cuzco de la cuenca del Yanayaku. Ellos hicieron trato con un empresario llamado Joel Campos. Ahora la comunidad tiene una deuda cuantiosa con el Estado que no sabe cómo saldar.

“Los moradores, en acuerdo comunal, solicitamos a INRENA un permiso para extraer madera. Como no teníamos recursos económicos, empezamos a trabajar con las empresas. Al cuarto año la empresa nos manda un consultor que hizo un mal informe. Nosotros no teníamos la cantidad de cedro que decía el permiso, pero el señor Joel dijo: ‘Si no tienen esa madera, no importa’. Entonces él movilizó su tala ilegal con nuestro permiso. Ahora el Estado nos ha sancionado y tenemos una multa de 20.000 soles”, relata Ángel Yaicate.

De momento la comunidad de Cuzco está impedida de extraer madera. Pero algunos no toleran esa situación y han empezado a desobedecer esa prohibición para poder resolver sus apremios económicos.

La pregunta es: ¿Cómo resolverá su deuda la comunidad? Lo más probable es que haga trato con otra empresa y vuelva a endeudarse. La empresa podría ser, por ejemplo, la Amazon Holding de alguien llamado David Nilsson (ver “Piratas del carbono”). Así el círculo se repite. No por tontos ni por ingenuos, sino porque el sistema (no el que está escrito en las leyes sino el real) no les da otra salida.

Cuando uno conversa con otros pobladores se encuentra con un sinnúmero de versiones, producto de las pugnas internas en cada comunidad y del discurso de aquellos que buscan aprovecharse de sus riquezas naturales. Algunos (o muchos, depende de cada caso) terminan echándole la culpa de todos sus males a las ONG. Más allá de algunas infaustas experiencias, estas instituciones, junto con los organismos estatales, son una presencia incómoda para aquellos que ocultan sus fechorías en la frondosidad de un bosque al que al mismo tiempo destruyen.

Con trago te pago
Cuando hablamos de taladores ilegales no debemos pensar en un grupo de personas con pinta de safari que, armadas hasta los dientes, se internan con sus máquinas en la selva, cortan todo lo que pueden y se van camuflados, cual película de Tarzán.

Toda la madera que sale de Loreto producto de la ilegalidad es oficialmente impecable. ¿Que cómo hacen eso? Acá entran a tallar unos personajes llamados “habilitadores de madera” que sirven de enlace entre los taladores ilegales y la comunidad.

Los taladores tienen madera almacenada que han cortado de dios sabe dónde. (No descartar parques nacionales, reservas, santuarios y todos los etcéteras que la verde Amazonía ofrezca.) Las comunidades, por su parte, tienen un permiso en el que se indica la cantidad y calidad de madera que se puede extraer. Muchas veces el informe es fraguado, al gusto del cliente. Ponen una cantidad inexistente de madera fina. El talador ilegal saca su madera tranquilo y por la puerta grande con el aval que le da el documento de la comunidad. Cuando llega la inspección y detecta que se ha extraído la madera de forma irregular, quien paga pato es la comunidad.

El caso de Cuzco se multiplica por toda la Amazonia. El abogado Juan Carlos Torres, de la Vicaría San José del Amazonas, cuenta su experiencia en la cuenca del río Napo:

“Los madereros pagaban a los habilitadores para que les traigan madera de las comunidades y las certificaban en sus concesiones. Cuando detectaron eso empezaron a entrar a las comunidades y enamoraban a los indígenas con el chimichurri (aguardiente). Les pedían el acta con el cuento de que van a sanear sus títulos, cuando la mayoría de esas comunidades ya tenía título, y les hacían firmar documentos con hojas en blanco. En esos documentos les autorizaban para que extraigan madera de sus comunidades. Muchas comunidades del Napo, en la frontera con el Ecuador, han caído en eso”.

Hasta cortar el último tronquito
El antropólogo Alberto Chirif resume muy bien la relación entre los empresarios taladores y las comunidades: “Los madereros ofrecen a los indígenas bienes sobrevaluados que ellos deben pagar con madera subvaluada. Cuando la agotan en una comunidad, se marchan a otra”.

A veces les pagan poco, otras veces nada. Algunas veces les pagan en víveres, otras en trago. No son caucheros: son madereros, taladores inclementes. No son termitas, pero cómo se les parecen. Ellos prefieren llamarse empresarios.

“Aquí las empresas más que empresas son bandas. No existen los empresarios forestales: hay asaltantes forestales o no sé cómo se les puede llamar. No hay siquiera una noción de capitalismo. La idea es dónde se puede robar más rápido, hasta que el recurso se acabe. Un verdadero empresario trataría de cuidar su recurso y estaría interesado en el desarrollo a largo lazo. Sacan madera con la misma mentalidad con la que sacan cobre”, opina Chirif.

Es que en el Perú existe una confusión perversa y permitida. La extracción de madera, un recurso renovable, se realiza como si fuera no-renovable. A tajo abierto, hasta cortar el último tronquito.

Pero no siempre la relación es de maligna-armonía. En otras comunidades, sobre todo en las que permanecen en aislamiento voluntario, los indígenas no han permitido que los taladores ingresen en su territorio. Como las armas de la ley no son efectivas, han empleado las otras. Aunque la información es escasa y la mayoría de historias se pierden allá en el lejano bosque, se sabe que ha habido diversos episodios con muertos y heridos de ambos bandos. Pero el combate es desigual: los arcos y las flechas resultan precarios ante las armas de fuego de los madereros.

Leyes y trampas
Veamos cómo ha funcionado todo este asunto de la explotación de la madera. En 1975, cuando se dio la primera Ley Forestal, la tala ilegal ya era un problema pero no cobraba las proporciones que alcanza hoy. Cuando se dice que la tecnología es una gran aliada de la humanidad, ésta incluye también a los depredadores. De la sierra normal a la proliferación de la motosierra y los tractores hay décadas de desarrollo pero también de impunidad.

El espíritu de la citada Ley era el aprovechamiento sostenible de la madera. Se permitía la explotación en grandes concesiones de hasta 100 mil hectáreas otorgadas a empresas privadas, cooperativas y comunidades por un periodo renovable de 10 años.

A los pequeños extractores se les otorgaba un máximo de mil hectáreas. Esta segunda forma estaba liberada, a diferencia de la primera, de una serie de requisitos técnicos porque se pretendía incentivar a los pequeños extractores. Pero los grandes empresarios no tardaron en sacarle la vuelta a la Ley.

Los pequeños extractores, lejos de beneficiarse, terminaron siendo el peón más efectivo de los grandes industriales, quienes por su intermedio se hicieron de la producción de grandes extensiones de terreno. Algo similar a lo que ocurre ahora con las comunidades indígenas.

Las consecuencias fueron negativas. El número de pequeños extractores se incrementó, lo que benefició en realidad a los grandes acopiadores de madera. La capacidad de fiscalización del Estado quedó bloqueada y la deforestación creció. Los dos años que se ponían como límite incentivaban el “saca todo lo que puedas” y aún más, ya que en ese tiempo no se exigía planes de manejo de bosques.

Esta Ley duró 25 años. Para finales de los 90 el incremento de la tala ilegal era ostensible. La nueva ley, promulgada el año 2000, contemplaba nuevos aspectos destinados a la protección del ambiente. Ampliaba el tiempo de concesión hasta 40 años para incentivar un manejo más sostenible, y ordenaba el territorio forestal en categorías, pero, a la vez, abría otros flancos y fines. Con el argumento de frenar la tala ilegal, se hicieron concesiones en varias comunidades y reservas.

Luego de 12 años de aplicación, es necesario preguntarse: ¿Disminuyó la tala ilegal en los bosques de la Amazonía? ¿Se redujo la mafia de taladores? ¿Hubo menos aprovechamiento de las leyes y se explotó menos a las comunidades indígenas? En todos los casos, la respuesta es no. Regresemos al inicio de este reporte: el 98% de la tala es ilegal.

Hace algunos meses ha entrado en vigencia una nueva ley forestal, que ha sido también criticada, entre otras cosas por no haber sido consultada con los pueblos indígenas de manera adecuada.

Este asunto, como tantos otros problemas en el país, no parece provenir de las leyes. El problema de la supervisión, que teóricamente debería ser la alternativa para que la tala ilegal deje de prosperar, encuentra en el presupuesto, más que una limitación, una imposibilidad absoluta:

“El problema de no es de leyes sino de su administración. Cornejo señala que si se cumplieran todos los requisitos, con la cantidad de contratos forestales que tiene Loreto, un año solo serviría para hacer la supervisión de un 15% o un 20%. La cosa es muy complicada. Las distancias son muy grandes y la institucionalidad cada día está peor. Desde 1975 a la fecha los procesos de extracción de madera son cada día peores, no por las leyes sino porque el atractivo de maderas para el capital ha crecido inmensamente”, señala Alberto Chirif, quien participó en la elaboración de la Ley de 1975.

La preocupación por regular la explotación maderera no ha ido acompañada de una legislación que penalice severamente la deforestación. Éste y otros delitos ambientales son tratados de una manera bastante condescendiente por nuestra justicia. Un promedio de tres años de prisión que termina siendo no efectiva para los delincuentes disfrazados de empresarios, de parte de una justicia que a veces parece cómplice.

Para Abel Benítez, la mejor manera de combatir la tala ilegal es fomentando la extracción legal. Dice que cuando él empezó en su función, encontró que de las 254 concesiones solamente funcionaban 8. Pero, según las cifras, la tala nunca se ha tomado una pausa. Por el contrario: ha crecido de manera desmesurada y apurada. Su gestión está dando una serie de facilidades para que las concesiones estancadas se echen a andar, pero se encuentra, según él, con la indiferencia del Gobierno Central. “Como solo representa el 1% del PBI, no le prestan atención; sin embargo, el 90% de nuestra población vive del sector forestal.”

Aun así, una frase nos sacó del cuadro y resulta preocupante en funcionarios que tienen que ver con una actividad con dos aristas que a veces colisionan: la económica y la ambiental: “Un árbol parado en la selva no vale nada”. Lo mismo le escuchamos decir a un tal García tiempo atrás. Plop.

El combate a la tala ilegal no puede realizarse si no se tiene en cuenta un factor primigenio, que más bien explica la corrupción de funcionarios. El año 2008, la región Loreto exportó 45 millones de dólares en madera, cuatro veces más que los años anteriores. Luego la producción cayó producto de la crisis económica mundial y la guerra a la mafia en México, los principales compradores. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la población de Loreto vive directa o indirectamente del sector forestal, nos encontramos ante un problema bastante serio. Ya que casi toda la madera exportada ha sido de procedencia ilegal. Terminar con la ilegalidad significa también terminar con la gallina de los huevos de oro. Por eso, cuando se dice “solución integral” no se están hablando piedras.

Nosotros mismos somos
Durante años las comunidades indígenas han visto pasar y repasar las embarcaciones que invaden las montañas para apoderarse de los cedros, caobas y cuanta madera puedan. Ya se cansaron. Ahora ellos mismos quieren explotar su madera.

La ley les permite usar su bosque, mientras no esté dentro de ninguna área de reserva, mediante un plan de manejo. El plan debe constar a su vez de varios Planes Operativos Anuales (POA). Luego de que terminan un POA están obligados a reforestar, cosa que al finalizar el último POA están en condiciones de volver a explotar la primera zona.

Todo bonito, hasta ahí. Pero hacer el plan de manejo implica un estudio detallado de los tipos de madera. Tiene que haber un estudio de precios para saber cuánto dinero les va a revertir la extracción. Además de los trámites y la burocracia que, así digan que no, todos sabemos que cuestan tiempo y dinero. Peor aún: a más dinero, menos tiempo.

Por eso las comunidades deben trabajar con empresas privadas que les sacan la pepita del alma. En Loreto se escuchan relatos trágicos, como si la historia se hubiese detenido, como si los tiempos del caucho no hubieran pasado.

Cualquier tipo de reclamo o de enfrentamiento con esas empresas es ilusorio. Los indígenas no tienen capacidad de seguimiento. Un viaje de la comunidad de Cuzco a Iquitos cuesta aproximadamente 200 soles, además de ¿estadía?, ¿abogado? Y ni qué decir de comunidades más alejadas.

Los problemas en el triángulo madereros-tala ilegal-comunidades indígenas van mucho más allá de la estafa. Un estudio sobre peonaje por deudas realizado por Eduardo Bedoya G., Álvaro Bedoya S. y Patrick Belser da cuenta de relaciones de servidumbre y semiesclavitud en la Amazonía. Es que en comunidades menos ribereñas la cosa pinta mucho peor:

“Las deudas constituyen un instrumento de retención de trabajadores y de transformación de la mano de obra libre en fuerza de trabajo sometida forzosamente. Atrapado por las referidas deudas, el trabajador no puede recurrir a otros mecanismos para pagarlas, como podrían ser laborar para otro empleador o solicitar un préstamo a otra persona. El trabajador endeudado tiene que pagar su deuda trabajando para el patrón-enganchador con quien se endeudó, y así entra en un círculo vicioso de adelantos, engaños, más anticipos y más deudas”.

Llámale caucho, llámale cedro, llámale Fitzcarrald, llámale Nilsson. La relación entre la selva y lo salvaje es más real de lo que parece. El aprovechamiento y la explotación de las comunidades indígenas sigue siendo brutal y salvaje. Legislar sobre la tala no es complicado, pero ¿cómo controlar la inconmensurable ambición humana?