Dos años después de iniciado, el Gobierno de Ollanta Humala ha roto con su punto de apoyo inicial sin construir nuevas alianzas. Cuando Ollanta y Nadine reclutaron a Julio Velarde y Luis Castilla, los incorporaron en la coalición electoral de centro-izquierda que habían construido para ganar las elecciones. Creyeron que era normal prometer un programa y luego dejarlo caer, hacerse acompañar por un determinado personal y luego desembarcarlo. Pero en política las alianzas tienen un costo, y las dificultades aparecen apenas se inicia la marcha con fuerzas disímiles.

El Gabinete Lerner fue medio desastroso, porque sus integrantes estaban en pugna. Aparecían dos líneas muy evidentes: la inicial promesa de “gran transformación” centro-izquierdista versus la continuidad neoliberal. No duró mucho. En cortos cuatro meses, la alianza mal cocinada había estallado. Nunca se discutió abiertamente y todo fue un juego de maniobras bajo la mesa. Para que cuaje una coalición liberal-socialista se necesita hablar claro y concertar medidas y plazos. Nada se esto se hizo. Al final, el Presidente le quitó la silla a Lerner a través de Óscar Valdés, impidiendo el acuerdo con Santos en Cajamarca.

En ese momento, la pareja presidencial rompió con la izquierda que había apostado por su candidatura desde la anterior campaña. Recuérdese que Carlos Tapia ya era vocero en las presidenciales del 2006, cuando fue elegido Alan García. Desde entonces, además de la familia de Nadine, el entorno de Humala era Lerner y un grupo de la izquierda setentera, que le armó el programa y la campaña del 2011. Los echó comenzando el Gobierno y luego se ha burlado de ellos, ahondando sus diferencias.

Pero el Gobierno no se entregó en manos de sus rivales. Rompió con sus aliados sin acercarse a sus enemigos. Al APRA le montó una megacomisión investigadora que ha logrado arrinconar a García con la acusación de los “narcoindultos”. La labor de Sergio Tejada se ha mostrado más efectiva que cualquier otra investigación contra García en el pasado. Incluso, la acusación actual puede terminar en la inhabilitación del expresidente para las elecciones del 2016. Por ello, como es obvio, el APRA se mantiene en la más firme oposición y no le perdona una al Gobierno.

La otra opción era el fujimorismo. Pero también le han dado un portazo negándole el indulto a su líder Alberto Fujimori. Con esa decisión, el Gobierno se enfrenta a la segunda fuerza política que, hasta ese entonces, mantenía las formas y no realizaba una oposición frontal. Por su lado, la bancada naranja es más articulada que la nacionalista, y sus cuadros son más voncingleros. Así, el fujimorismo saca nuevamente fuerzas y busca arrinconar al Gobierno en el Congreso.

A su vez, el Gobierno carece de un sostén firme en el Legislativo. El nacionalismo es apenas la primera mayoría; si sus rivales se unieran, los superarían en número. Aun hoy, que logran gobernar el Congreso, resulta que los nacionalistas carecen de capacidad argumentativa. Hasta ahora, la defensa del Gobierno en el Legislativo la realizaban aliados de los cuales se ha ido desprendiendo: ayer la izquierda y ahora Perú Posible.

El partido del presidente Toledo da muestra de inusitada independencia. En estos días han anunciado su desacuerdo con la fórmula del nacionalismo para la Mesa Directiva del Congreso. La propuesta de reelección de Víctor Isla ha sido rechazada en medios chakanos. Los congresistas perú-posibilistas tienen sangre en el ojo por la frustración de Pilar Freitas, a quien ya veían convertida en defensora del pueblo. Por estas razones, el partido del ex presidente Toledo está también en rumbo de colisión, o, en todo caso, de una renegociación de su apoyo al Gobierno.

Por otro lado, Perú Posible afronta el serio descrédito de Alejandro Toledo. El tema de la casa y la oficina le ha costado enormemente caro en materia de aceptación. Ahora mismo está por los suelos y su activo político parece reducido. Por ello, Perú Posible se pone duro en el Parlamento. Ahí cuenta con 15 congresistas a los que tiene que hacerlos valer, para defender a Toledo de las acusaciones que le lloverán en el futuro inmediato. De ese modo, con un mínimo de habilidad, el nacionalismo logrará mantener la alianza con Perú Posible en el Congreso. Pero le será un fardo pesado, porque significará defender a quien ha perdido el favor de la ciudadanía.

Cuando la pareja presidencial incorporó a Castilla y Velarde, logró atraer a la élite económica. Ella había estado muy asustada durante la campaña electoral, y al perder Keiko Fujimori pensó lo peor: creyó que se venía el estatismo chavista. Por ello, la presencia de Castilla en el MEF le brindó una enorme tranquilidad. Estaba asegurada la continuidad neoliberal. Pero nunca sintieron a Ollanta como uno de los suyos. El poder económico siempre está temiendo una posible deriva chavista y estatista. La feroz campaña alrededor de la posible compra de Repsol expresa que la derecha económica acepta a Humala, pero desconfía de su performance futura. Se siente insegura y no es un buen punto de apoyo.

Solo quedan los militares, a quienes Humala ha apelado desde el comienzo llamándolos “guardianes socráticos” del Estado peruano. Es la reiteración de un viejo concepto: entender a las Fuerzas Armadas como un poder tutelar del Estado. Como noción política, la idea del tutelaje acompaña al autoritarismo y es uno de sus elementos esenciales. Es el sustento del militarismo, tan presente en nuestra historia nacional. En efecto, al ejercer las Fuerzas Armadas la tutela de la nación se acepta que en ellas reside la soberanía en última instancia, ya que el pueblo sería un menor que requiere de socrática protección.

Por ahora, las Fuerzas Armadas mantienen un estricto apego a la institucionalidad democrática. Incluso, el Ejército viene dialogando con la sociedad civil, universidades y ONG, en mayor medida que en cualquier otro periodo de la historia reciente. No se siente ruido de tanques, pero sí de labores de inteligencia. Todo parece indicar que el manejo de la información reservada constituye la punta del iceberg de una posible deriva autoritaria de este Gobierno.

Obviamente, hoy no existe seguridad ni pasa de especulación. Pero se dice que se ha formulado un Plan de Estado Mayor para evitar que el Gobierno sea derribado por la posible acción conjunta de la oposición en el Congreso y la lucha callejera de tipo social. Dado el famoso antecedente de Lucio Gutiérrez en Ecuador, parece verosímil que se haya contemplado tal posibilidad.

Pero si el entorno internacional es desfavorable a los tradicionales autoritarismos latinoamericanos con careta democrática, entonces el Gobierno vegetará hasta el 2016. Es claro que ha perdido el ímpetu inicial y se ve complicado que obtenga un segundo aliento. Su destino puede parecerse al de Toledo: un gobierno con baja aceptación que llega jadeante al final. Aunque Toledo tenía una ventaja: confiaba y sabía delegar. Por ello tuvo primeros ministros fuertes que hacían funcionar el aparato de gobierno. Mientras, ahora prima la desconfianza, que aísla más al Gobierno, ya que Palacio ni siquiera dispone de un Gabinete que marche por sí mismo. La situación se presenta especialmente difícil.