Una mitad menos mitad

Una mitad menos mitad

Adriana Urrutia Docente de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Ana Lucía Núñez Antropóloga
Ideele Revista Nº 279

Foto: Pólemos.

Hoy, en el Perú, por cada mujer congresista hay 3 hombres. De 196 alcaldes provinciales, solo 6 son mujeres. Y, de 26 puestos de gobernador, solo 1 es ocupado por una mujer. En 1997 se aprobó la ley de cuotas para asegurar que las mujeres participen en política. Veinte años después, ¿ha cambiado el panorama? A juzgar por las cifras, poco. La igualdad pública, es decir la igualdad entre hombres y mujeres que están presentes en el espacio público, no existe. A continuación, esbozamos tres ideas que pueden iniciar la conversación sobre una mayor presencia de la mujer en el espacio público.

¿Cómo no se avanza en la igualdad pública?

No se avanza porque es un problema invisible, que no está, que no es problema. Es un problema que nace en la manera en cómo se ve esa situación. Y para ver, hay que interpretar. Es por eso que las ideas sobre el rol que debe jugar la mujer quizás sean una pista importante.

Para explicar la invisibilización de la mujer en el espacio público, nos vamos a guiar parcialmente del modelo de las 3 “ies”[1] que sugiere que para analizar lo que hace el Estado es necesario pensar en las ideas que sustentan la acción, quienes están comprometidos (los intereses) y como eso se traduce en las instituciones, es decir, de manera más larga en el tiempo.

1. La participación política de la mujer, no es un tema de mujeres.

Las mujeres somos la mitad de la población, y nos corresponde la mitad de la representación. Involucra a todos y a la capacidad de reconocer esa otra mitad. Implica también reconocer que esa otra mitad es igual en derechos.

Sin embargo, no es así. Las mujeres no son vistas como iguales. Son aquellas que deberían quedarse en casa, no “provocar”, no “hablar” porque son chismosas. En junio del 2016, el congresista Humberto Morales, declaraba “Las mujeres, después de ser chismosas, son mentirosas”, estableciendo una generalidad sobre las características de las mujeres. El 10 de octubre 2017, Maritza García, congresista de la República, presidenta de la comisión “Mujer y Familia” afirmó en esa comisión, que las mujeres provocaban a sus agresores y que por eso se desencadenaba la violencia. Días después, tras la presión mediática, renunció a su cargo. Ese mismo año, el cardenal Juan Luis Cipriani, al referirse a un grupo de ministras que buscaban mejorar el acceso a la salud reproductiva, las llamó “respondonas”.

La representación de un conjunto de autoridades sobre la mujer sigue siendo la de un rol en los márgenes del espacio público. Ideas heredadas, se vuelven las ideas de quienes tienen en sus manos una reforma electoral importante que permitiría lograr la paridad y generar mayor participación de la mujer. El proyecto de ley sobre alternancia en las listas electorales, impulsado por las instituciones Flora Tristán, Centro de la Mujer Peruana Manuela Ramos y Calandria, y que recibió apoyo en su momento de un sector del parlamento, lleva varios años sin ser aprobado. Este proyecto busca que en las elecciones las listas permitan alternar el orden de los candidatos entre hombres y mujeres para que ninguna variable limite la paridad.

Han habido avances en la participación. Antes de la cuota las mujeres en el Parlamento sumaban el 12%. Pero se observa que también en los espacios donde deciden participar, las mujeres son víctimas de violencia.

Tres de cada diez candidatas mujeres son víctimas de acoso político a lo largo de una campaña electoral, según un estudio reciente del Jurado Nacional de elecciones. El acoso político es el término que explica que las mujeres, por ser mujeres, son agredidas mientras hacen campaña. De las víctimas, solo la mitad denuncia. Y de las que denuncian, afirman que 82% de los casos no recibió ninguna atención.

En el caso de la participación en espacios de representación, las barreras son ideas que impiden que la mujer gane espacio. Y además, ideas que permiten que la agresión por participar sea una constante siempre presente en el trabajo político que realizan las mujeres. La agenda es compleja porque implica cambiar ideas sobre cómo es visto el rol de la mujer, por un lado, y, por otro, implica aprobar nuevos mecanismos para que las mujeres accedan a cargos de representación.

El rol público pasa también por el espacio que ocupan las mujeres en las políticas públicas y es lo que veremos a continuación.

2. No tiene que haber una agenda “femenina” en políticas públicas, debiera existir una agenda para que las políticas públicas sean más justas.

En 1996, se crea en Perú el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano. Su creación correspondía a una “transferencia” de política pública: en el mundo, se estaban creando entidades específicas para promover a la mujer. Su creación ha permitido incontables avances pero también demuestra los límites de “sectorizar” la atención a las desigualdades entre mujeres y hombres. Asignar esta tarea a una entidad, como una tarea específica, quita la responsabilidad en las otras entidades. Quiere decir que, en realidad, se aplica la misma lógica de juguetes “para niños” y juguetes “para niñas”: no son para todos. Esta diferencia explica porqué el resto de entidades no incorpora la agenda de la igualdad dentro de sus planes y programas.

 

"Como si fuera poco, en el 41% de los casos en los que se produjo la muerte de la mujer se aplicó una pena por debajo del mínimo legal, es decir, de 15 años. Paralelamente, en el 71% de los casos de tentativa de feminicidio se actuó de la misma forma".

Tener políticas públicas “para mujeres” ha limitado que se piense en los problemas que enfrenta la mujer en ciertos temas que han sido parte de la agenda de políticas públicas a nivel nacional.

Por dar un ejemplo, las políticas de desarrollo rural no han considerado a la mujer como una actriz clave y hoy por hoy las mujeres, y las mujeres jóvenes de manera particular, enfrentan ciertas barreras a su desarrollo que sus pares masculinos no: Son menos en terminar la secundaria, son menos en acceder a un empleo formal y la lista sigue. Asimismo,el embarazo adolescente en zonas rurales sigue siendo un problema mayor en ese ámbito (23% en zonas rurales versus 10% en zonas urbanas). Por eso, pensar en incluir a las mujeres en la agenda de desarrollo rural es un tema que permitiría generar un camino para mejorar las condiciones de vida de un sector no menor de la población.

Es necesario que las mujeres sean consideradas como un actor clave para las estrategias nacionales pensadas para lograr el desarrollo. Sin embargo, en el corto plazo, la política pública que mayor urgencia requiere es el acceso a la justicia.

3. El Estado deja de pensar en la mujer cuando de justicia se trata.

Si bien es cierto que las políticas públicas no debieran – aunque en este momento es preciso – estar sesgadas por el género, el caso de la justicia demuestra claramente que las mujeres están siendo dejadas de lado por el Estado.

69% de las mujeres han sido víctimas de abuso físico, sexual, psicológico por su pareja (ENDES, 2017). Y solo 3 de cada 10 de ellas acude a una institución para pedir ayuda, alarmante, ¿no? La principal razón para no pedir ayuda es creer que no es necesaria (44.5%), es decir, existe una minimización de la violencia; en segundo lugar está el hecho de sentir vergüenza (16 %) y por último, no se sabe a dónde acudir (11.6%) (ENDES, 2016).

Pero, qué sucede con las pocas que sí denuncian, ¿cuál es la respuesta del Estado? Según un análisis que realizó la Defensoría del Pueblo, en el periodo 2012- 2015, de 50 expedientes judiciales en torno a tentativa de feminicidio (21 casos) y feminicidio (29 casos), se concluyó que a pesar de que en 14 casos de feminicidio y tentativa los hechos fueron denunciados, la mitad (7 casos) terminaron siendo asesinadas, es decir, no hubo una respuesta efectiva de los servicios estatales.

Como si fuera poco, en el 41% de los casos en los que se produjo la muerte de la mujer se aplicó una pena por debajo del mínimo legal, es decir, de 15 años. Paralelamente, en el 71% de los casos de tentativa de feminicidio se actuó de la misma forma.

Y si hablar de reparación civil se trata, en los casos de tentativa, mientras que el 48% de los fiscales solicitaron reparaciones civiles hasta los S/. 5 000, el 71% de los jueces impusieron una reparación civil menor a lo solicitado.

Las cifras hablan por sí solas, la administración de la justicia continúa siendo defectuosa y no existe una relación lógica entre las denuncias - que algunas mujeres por las razones expuestas líneas arriba se atreven a poner - y las sanciones que desde el Estado se imponen.

Mientras tanto, el feminicidio en el Perú va en aumento. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el año pasado se registraron 97 casos de feminicidio en todo el Perú y en el periodo 2009 - 2017 hubo 1 053 casos registrados.

En síntesis, es necesaria una justicia efectiva. La violencia contra la mujer ha escalado y también toma múltiples formas. La sanción efectiva a crímenes es un paso prioritario que el Estado debe hacer para garantizar el ejercicio de ciudadanía de la mitad de sus ciudadanos.

Hablar del rol público de la mujer es hablar entonces de instituciones y partidos, de desarrollo y de reforma del acceso a la justicia. En ese sentido, la participación de la mujer es un tema de agenda para fortalecer la democracia. Mientras no se tome en serio el Estado un diálogo múltiple con sus ciudadanas, seguiremos siendo un país dividido por la desigualdad y la injusticia.



[1] Ver artículo resumen de Palier y Surel sobre la historia del concepto, disponible en: https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2005-1-page-7.htm

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