Inés Villa Bonilla es una de las juezas más reconocidas en el país, por su capacidad, integridad y haberse hecho cargo valientemente de casos graves y complejos.
El estudio y debate sobre los posibles impactos de las decisiones de la justicia constitucional en el ámbito político, no es una cuestión reciente. La doctrina norteamericana en teoría y filosofía política de mediados del siglo pasado -Robert Dahl y Martin Shapiro como parte de esta-, ha ayudado a evidenciar el poder político que ejerce la jurisdicción constitucional.
Los problemas de corrupción agobian al Perú. Y en esto cargamos no solo con los lastres fujimoristas y apristas: no han pasado tres meses desde el cambio de régimen y los escándalos saltan, cual pus, día tras día.
El proceso de reconocimiento de la jurisdicción especial indígena —comunera y rondera— está lleno de historias locales, regionales y nacionales de lucha de dirigentes comunales por una respuesta del Estado que termine con la criminalización de una justicia con cobertura constitucional desde hace casi 20 años.
¿Le está yendo bien al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el ente encargado de seleccionar, ratificar o destituir del sistema de justicia a quienes no le hacen bien?
La prisión preventiva -o el sometimiento por parte del Estado de una persona sospechosa de haber cometido un delito a una medida de privación de libertad previa a la comprobación judicial de culpabilidad- suele describirse como un enfrentamiento entre dos intereses igualmente valiosos.
Los delitos contra el honor son aquellos que afectan la reputación de una persona. El objetivo de esta tipificación es proteger la imagen privada y pública de individuos u organizaciones frente a cualquier acción que afecte su dignidad.
El papel de los fiscales es clave en la defensa de la libertad de prensa. Sin ellos no habría acusación ni proceso judicial en contra de los periodistas por el ejercicio de su labor.
“Los jueces hablan a través de sus sentencias”, es una de las tantas frases clásicas del Derecho sobre el poder judicial y su labor de administrar justicia.
Vargas Llosa –a diferencia de López Albújar, Ciro Alegría, Julio Ramón Ribeyro o Manuel Scorza –no ha tenido el mundo del derecho como un tema destacado entre sus “demonios”.
El cuestionado juez Malzón Urbina, que dirigió el 56.º Juzgado Penal del Lima, no solo se caracterizó por su fallo en el “Caso La Parada”. Su desempeño fue significativamente más bajo en comparación con otros juzgados similares. Pero lo que llama la atención es que el 27% de sus resoluciones fueron anuladas.
El 25 de enero de 1996, a las 2:00 de la mañana, el policía Kenneth Conley se encontraba en medio de una persecución a pie por las calles de Boston. Al mismo tiempo y muy cerca a dicha carrera, otros oficiales agredían al sospechoso Michael Cox.
El Perú es uno de los países con datos de prevalencia y porcentaje de victimización sexual más altos de América Latina. Jaris Mujica ha desarrollado una investigación sobre violación sexual para estudiar el patrón de victimización cuyo resultado más reciente se ha publicado en Barcelona en este año. A continuación resume los resultados de este estudio y el proceso de la investigación
Hace unos días el candidato y expresidente Alan García Pérez en un programa político negó la existencia del comando Rodrigo Franco al señalar que era una leyenda urbana, pero luego dijo que el comando- según su hipótesis- “fue creado por otras instituciones para vengarse de Sendero Luminoso”1.
Semanas nos separan de la primera vuelta electoral para elegir al siguiente presidente de la República y a los parlamentarios, y no es extraño vernos nuevamente entre la espada y la pared, en la conocida disyuntiva de buscar al menos peor, ante la resignada interrogante de elegir a un malo conocido o a un malo por conocer, con la improvisada expectativa del mesiánico candidato u outsider que nos libre de todo mal.
Hay dos palabras que ya hace tiempo irrumpieron en el lenguaje público: Prisión preventiva (PP). Todos los días aparecen en los medios, casos en los que las autoridades resuelven a favor o en contra de la PP. Todos los días se discute si dichas autoridades actuaron bien o mal.
El día de hoy, siete de noviembre de 2014, se iba a llevar a cabo la última vista de la causa del proceso que entabló Alan García contra el trabajo de la Megacomisión.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acaba de decidir una nueva estrategia de trabajo y organización para su Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios. El cambio apunta a dar celeridad a los casi 70 casos que tiene la comisión que preside Máximo Herrera Bonilla y que integran Gastón Soto Vallenas y Gonzalo García Núñez.
Es muy importante separar las premisas. Todos debemos condenar a Sendero Luminoso (SL) como grupo terrorista. Todos debemos condenar al MOVADEF por su innegable relación con SL; puede ser que no se haya constituido para cometer actos de violencia, pero la defensa que hace de Guzmán, de lo hecho por SL y el pedido de amnistía para él y otros condenados por terrorismo y violación de derechos humanos, justifica nuestro más enérgico rechazo, y nos debe llevar a juntar esfuerzos para impedir que continúe actuando y atrayendo a jóvenes.
En una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IECOS) de la Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima Metropolitana durante el último mes, 53% de los encuestados indicaron que les parecía bien que los jueces hayan dictado mandato de Prisión Preventiva (PP) contra un número significativo de personas durante las últimas semanas; y es que el tema ha tomado una popularidad sin precedentes, en parte porque desde agosto de 2013 los requerimientos se resuelven, a nivel nacional, en audiencias públicas, y en parte por la cantidad de casos mediáticos que en estas últimas semanas han tenido que pasar por dichas audiencias.
Luego de conocerse la relación del juez Manuel Soller con el APRA y con Alan García, en particular, la sentencia que favorecía al ex presidente pasa a tener otro cariz. A nuestro parecer esta resolución es nula, no debería existir y es otro escándalo de la judicatura.
La noción de “sistema de justicia” ya está cómoda y pacíficamente instalada en el medio judicial. Recuerdo la ocasión que un ex presidente del Poder Judicial acusó a quienes promovíamos este término mucho más holístico sobre la justicia, que pretendíamos “licuar” (desaparecer) al Poder Judicial como poder del Estado.
Cuando me hice abogado, el tratamiento de la prensa a los procesos judiciales era relativamente conciso y discreto. Los casos que conocía la justicia –como aquellos que eran investigados por la policía– merecían cortas notas informativas, circunscritas a dar cuenta de los avances del asunto, usualmente relegadas a páginas interiores. Como excepciones, ciertos casos adquirieron resonancia; fue lo que ocurrió con crímenes como el cometido por el psiquiatra Segisfredo Luza en 1966 o el de Luis Banchero Rossi en 1972.
Hay quienes creen que lo imperdonable del fujimorismo en el poder se relaciona solo con violaciones de derechos humanos, golpes de estado o control de instituciones y medios, aspectos que para algunos pueden ser, finalmente, no tan graves. Pero lo cierto es que también se afectó el “bolsillo del país” de muchas maneras.
Durante el año que culmina, las palabras “prisión preventiva” (PP) se han repetido una y otra vez hasta la saciedad. Antes prácticamente no existían en el vocabulario público y de pronto irrumpieron y se instalaron.
Diversos artículos de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, son inconstitucionales por ser incompatibles con nuestra norma fundamental y por ser violatoria de diversos tratados internacionales ratificados por Perú. La inconstitucionalidad de esta norma afecta al derecho de negociación colectiva, al derecho de huelga, al derecho de igualdad y no discriminación, y a la garantía de carrera administrativa.
Recientemente uno de los exministros de Justicia del gobierno de Alan García (2006-2011), Aurelio Pastor, fue condenado judicialmente por el delito de tráfico de influencias a cuatro años de cárcel efectiva, por haber ofrecido a una alcaldesa de entonces influir sobre algunas altas autoridades para que la beneficien con sus decisiones, a cambio del pago de una suma de dinero.
Inés Villa Bonilla es una de las juezas más reconocidas en el país, por su capacidad, integridad y haberse hecho cargo valientemente de casos graves y complejos.
El estudio y debate sobre los posibles impactos de las decisiones de la justicia constitucional en el ámbito político, no es una cuestión reciente. La doctrina norteamericana en teoría y filosofía política de mediados del siglo pasado -Robert Dahl y Martin Shapiro como parte de esta-, ha ayudado a evidenciar el poder político que ejerce la jurisdicción constitucional.
Los problemas de corrupción agobian al Perú. Y en esto cargamos no solo con los lastres fujimoristas y apristas: no han pasado tres meses desde el cambio de régimen y los escándalos saltan, cual pus, día tras día.
Especialistas del Derecho Penal indican que son dos los errores en la administración de justicia que la sociedad repudia con mayor firmeza.
¿Le está yendo bien al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el ente encargado de seleccionar, ratificar o destituir del sistema de justicia a quienes no le hacen bien?
La prisión preventiva -o el sometimiento por parte del Estado de una persona sospechosa de haber cometido un delito a una medida de privación de libertad previa a la comprobación judicial de culpabilidad- suele describirse como un enfrentamiento entre dos intereses igualmente valiosos.
Los delitos contra el honor son aquellos que afectan la reputación de una persona. El objetivo de esta tipificación es proteger la imagen privada y pública de individuos u organizaciones frente a cualquier acción que afecte su dignidad.
El papel de los fiscales es clave en la defensa de la libertad de prensa. Sin ellos no habría acusación ni proceso judicial en contra de los periodistas por el ejercicio de su labor.
“Los jueces hablan a través de sus sentencias”, es una de las tantas frases clásicas del Derecho sobre el poder judicial y su labor de administrar justicia.
Vargas Llosa –a diferencia de López Albújar, Ciro Alegría, Julio Ramón Ribeyro o Manuel Scorza –no ha tenido el mundo del derecho como un tema destacado entre sus “demonios”.
El cuestionado juez Malzón Urbina, que dirigió el 56.º Juzgado Penal del Lima, no solo se caracterizó por su fallo en el “Caso La Parada”. Su desempeño fue significativamente más bajo en comparación con otros juzgados similares. Pero lo que llama la atención es que el 27% de sus resoluciones fueron anuladas.
El 25 de enero de 1996, a las 2:00 de la mañana, el policía Kenneth Conley se encontraba en medio de una persecución a pie por las calles de Boston. Al mismo tiempo y muy cerca a dicha carrera, otros oficiales agredían al sospechoso Michael Cox.
El Perú es uno de los países con datos de prevalencia y porcentaje de victimización sexual más altos de América Latina. Jaris Mujica ha desarrollado una investigación sobre violación sexual para estudiar el patrón de victimización cuyo resultado más reciente se ha publicado en Barcelona en este año. A continuación resume los resultados de este estudio y el proceso de la investigación
Hace unos días el candidato y expresidente Alan García Pérez en un programa político negó la existencia del comando Rodrigo Franco al señalar que era una leyenda urbana, pero luego dijo que el comando- según su hipótesis- “fue creado por otras instituciones para vengarse de Sendero Luminoso”1.
Semanas nos separan de la primera vuelta electoral para elegir al siguiente presidente de la República y a los parlamentarios, y no es extraño vernos nuevamente entre la espada y la pared, en la conocida disyuntiva de buscar al menos peor, ante la resignada interrogante de elegir a un malo conocido o a un malo por conocer, con la improvisada expectativa del mesiánico candidato u outsider que nos libre de todo mal.
Hay dos palabras que ya hace tiempo irrumpieron en el lenguaje público: Prisión preventiva (PP). Todos los días aparecen en los medios, casos en los que las autoridades resuelven a favor o en contra de la PP. Todos los días se discute si dichas autoridades actuaron bien o mal.
El día de hoy, siete de noviembre de 2014, se iba a llevar a cabo la última vista de la causa del proceso que entabló Alan García contra el trabajo de la Megacomisión.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acaba de decidir una nueva estrategia de trabajo y organización para su Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios. El cambio apunta a dar celeridad a los casi 70 casos que tiene la comisión que preside Máximo Herrera Bonilla y que integran Gastón Soto Vallenas y Gonzalo García Núñez.
Es muy importante separar las premisas. Todos debemos condenar a Sendero Luminoso (SL) como grupo terrorista. Todos debemos condenar al MOVADEF por su innegable relación con SL; puede ser que no se haya constituido para cometer actos de violencia, pero la defensa que hace de Guzmán, de lo hecho por SL y el pedido de amnistía para él y otros condenados por terrorismo y violación de derechos humanos, justifica nuestro más enérgico rechazo, y nos debe llevar a juntar esfuerzos para impedir que continúe actuando y atrayendo a jóvenes.
En una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IECOS) de la Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima Metropolitana durante el último mes, 53% de los encuestados indicaron que les parecía bien que los jueces hayan dictado mandato de Prisión Preventiva (PP) contra un número significativo de personas durante las últimas semanas; y es que el tema ha tomado una popularidad sin precedentes, en parte porque desde agosto de 2013 los requerimientos se resuelven, a nivel nacional, en audiencias públicas, y en parte por la cantidad de casos mediáticos que en estas últimas semanas han tenido que pasar por dichas audiencias.
Luego de conocerse la relación del juez Manuel Soller con el APRA y con Alan García, en particular, la sentencia que favorecía al ex presidente pasa a tener otro cariz. A nuestro parecer esta resolución es nula, no debería existir y es otro escándalo de la judicatura.
Es cierto que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento que se le da a los intentos de colaboración eficaz.
La noción de “sistema de justicia” ya está cómoda y pacíficamente instalada en el medio judicial. Recuerdo la ocasión que un ex presidente del Poder Judicial acusó a quienes promovíamos este término mucho más holístico sobre la justicia, que pretendíamos “licuar” (desaparecer) al Poder Judicial como poder del Estado.
Cuando me hice abogado, el tratamiento de la prensa a los procesos judiciales era relativamente conciso y discreto. Los casos que conocía la justicia –como aquellos que eran investigados por la policía– merecían cortas notas informativas, circunscritas a dar cuenta de los avances del asunto, usualmente relegadas a páginas interiores. Como excepciones, ciertos casos adquirieron resonancia; fue lo que ocurrió con crímenes como el cometido por el psiquiatra Segisfredo Luza en 1966 o el de Luis Banchero Rossi en 1972.
Hay quienes creen que lo imperdonable del fujimorismo en el poder se relaciona solo con violaciones de derechos humanos, golpes de estado o control de instituciones y medios, aspectos que para algunos pueden ser, finalmente, no tan graves. Pero lo cierto es que también se afectó el “bolsillo del país” de muchas maneras.
El proceso de justicia y verdad sigue siendo una pieza fundamental de cualquier balance en el tema de derechos humanos en el Perú.
Durante el año que culmina, las palabras “prisión preventiva” (PP) se han repetido una y otra vez hasta la saciedad. Antes prácticamente no existían en el vocabulario público y de pronto irrumpieron y se instalaron.
Diversos artículos de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, son inconstitucionales por ser incompatibles con nuestra norma fundamental y por ser violatoria de diversos tratados internacionales ratificados por Perú. La inconstitucionalidad de esta norma afecta al derecho de negociación colectiva, al derecho de huelga, al derecho de igualdad y no discriminación, y a la garantía de carrera administrativa.
Recientemente uno de los exministros de Justicia del gobierno de Alan García (2006-2011), Aurelio Pastor, fue condenado judicialmente por el delito de tráfico de influencias a cuatro años de cárcel efectiva, por haber ofrecido a una alcaldesa de entonces influir sobre algunas altas autoridades para que la beneficien con sus decisiones, a cambio del pago de una suma de dinero.