Miembros y autoridades de la Organización Regional Guardia Indígena, organismo responsable de la seguridad del pueblo shipibo-konibo, han sido denunciados por delitos de grave perturbación de la tranquilidad pública y crimen organizado.
La ejecución de proyectos extractivos mineros, petroleros, forestales, etc. y de proyectos de infraestructura pública en territorios de pueblos indígenas y en general en zonas andinas y amazónicas, genera un conjunto de violaciones y afectaciones a derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionales, que consideramos que no están debidamente reflexionados y analizados por la comunidad jurídica.
En toda sociedad se tiende a clasificar a su población para mantener un determinado orden social. Con el proceso de la conquista hispana, la instauración del poder colonial catalogó a la población aborigen vencida como indios o indígenas, contrapuestos a la población hispana en función del criterio racial.
Una gran campaña contra un grupo de peruanos especialmente vulnerable se ha instalado con fuerza. Los PIACI son los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
El Buen Vivir es una corriente que está tomando mucha fuerza en América Latina. Cuestiona, en sus distintas aproximaciones, al orden occidental. ¿Cuán serios son sus planteamientos?
En octubre del 2012, en La Chorrera, río Igaraparaná (Colombia), se realizó un encuentro histórico que reunió indígenas de diversos pueblos que fueron afectados por la barbarie del caucho a fines del siglo XIX e inicios del XX.
La Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) fue creada en 1991, según me explica Ruth Chaparro, su subdirectora, para responder mejor a las necesidades planteadas por los pueblos indígenas.
El discurso del desarrollo, entendido como progreso siempre creciente de la sociedad, tiene una escasa profundidad histórica. En un excelente artículo, llamado justamente “Desarrollo”, Gustavo Esteva (1996: 52-78) señala cómo, entre mediados del siglo XVIII y del XIX, el concepto “[…] evolucionó de una noción de transformación que supone un avance hacia la forma apropiada de ser, a una concepción de cambio que implica encaminarse hacia una forma cada vez más perfecta”. Añade el autor que “[…] en ese periodo, evolución y desarrollo llegaron a emplearse como términos intercambiables entre los científicos”.
En el principio caminaban libres por alfombras verdes sin fronteras. Les pertenecían el bosque, el cielo y las estrellas. Después los fueron cercando, arrinconando, hasta que corrieron a refugiarse en la entraña de la selva.
El Estado peruano, a través de ProInversión, está haciendo lo posible por convertir los ríos amazónicos en hidrovías que permitan una “mejor navegabilidad”. ¿Para quién?
El Censo Nacional de 2017 —realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)—, aunque polémico y criticado por ciertos sectores, reveló información relevante a raíz de la variable de autoidentificación étnica.
Siete familias viven en una extensión de más de 22 mil hectáreas. Ese es su territorio ancestral. Los pobladores ocupan un kilómetro como mucho, y a eso hay que agregarle el área de sus chacras. Pero necesitan el resto para vivir: en los enormes bosques están los animales que cazan y los frutos de los que se alimentan; en el río que atraviesa la comunidad, los peces que son parte de su dieta diaria. Antiguo Kanam está muy cerca a la Cordillera del Cóndor, en el Cenepa, y también muy cerca de donde estaban las instalaciones de Minera Afrodita, una compañía que ha sido impedida judicialmente de seguir con sus actividades de exploración.
El pasado 15 de junio, comunidades y organizaciones de los pueblos shipibo, asháninca y awajún rechazaron el Lote 200 en sus territorios. Lo hicieron mediante un acta formal que entregaron a funcionarios de los sectores de Cultura y Energía y Minas. Ambos ministerios, precisamente, habían organizado una reunión preparatoria en Pucallpa, con miras a iniciar un procedimiento de consulta previa sobre el proyecto hidrocarburífero.
El tema del “Baguazo” sigue moviendo tensiones, disputas y diferentes formas de memoria en diversos sectores sociales. Si, por un lado, este trágico evento pasará a la historia como el punto de quiebre dentro de la política estatal “democrática” en la primera década del siglo XXI, del otro lado, el «Baguazo» será también mencionado dentro de la historia de la justicia institucional, y en particular en el desarrollo de una posible justicia intercultural dentro del escenario de posconflicto.
Esta comunidad wampis nunca sintió la presencia del Estado. Jamás le reclamó nada, ni siquiera el acceso a la salud, la educación, el agua y la luz eléctrica. Hasta que en el 2016 ocurrió un derrame de petróleo cerca al lugar, desde ese entonces, el Estado se ha comprometido en instalar los servicios básicos, que son sus propias responsabilidades. ¿Tiene que ocurrir un desastre ecológico para que comunidad nativa recién forme parte de la agenda de atención del Estado peruano?
Dos balazos, uno en la cabeza y el otro en la cadera, terminaron con la vida de Roberto Carlos Pacheco cuando recorría la concesión forestal de su familia en la margen derecha de la carretera Interoceánica.
Un fenómeno bastante extendido y de larga data en el país es el tráfico de tierras. Este ha cobrado gran relevancia en la actualidad debido al impacto que viene generando sobre el territorio amazónico, poniendo en peligro diversos espacios de cobertura forestal, así como la seguridad de la población rural. Una de las zonas más afectadas por este proceso es el distrito de Nueva Requena, ubicado en el departamento de Ucayali, el cual viene lidiando con este problema aproximadamente desde el año 2012.
El pasado 5 de diciembre, líderes shipibo-conibos se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Estados Unidos, en audiencia pública.
Carlos Hoyos Soria, jefe de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, y Jamer López Agustín, miembro de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), expusieron la grave situación de despojo, deforestación y violencia que enfrentan los pueblos indígenas amazónicos en Perú. La causa: su indefensión frente a los grandes proyectos de la agroindustria, como la palma aceitera, el arroz o el cacao.
Flor de María Paraná, madre indígena del Cuninico relata: Una mancha negra ennegreció nuestra vida. Yo soy del pueblo Kukama, del distrito Urarinas, comunidad Cuninico. En Nauta, Loreto. De Iquitos hay carro a Nauta y de ahí se toma un rápido a mi comunidad. Se demora un día. Vivo por el Marañón. Hay una Quebrada Cuninico, ahí es.
Hace poco, la Segunda Sala Civil de Lima dictó sentencia en el caso del Lote 116 y dio la razón a la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa y la Federación Indígena Sector Shawit, organizaciones representativas de los pueblos awajún y wampis, en su demanda contra el Ministerio de Energía y Minas y las empresas Perupetro, Maruel et Prom y Pacif Stratus Energy.
El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura no solo incumplen el derecho a la consulta previa de los proyectos mineros (Antapaccay, Hudbay, Las Bambas y otros), de los proyectos petroleros (lotes 116, 192, 135, 137, 102 y otros) y de los proyectos de infraestructura pública (Majes- Siguas II, línea de trasmisión eléctrica Moyobamba – Iquitos), sino que también violan el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en su territorio, que debe ser precisado al momento de realizarse la consulta previa.
La cocaína, al igual que sucede con mercancías globales legalmente aceptadas como la palma aceitera o la soja, se caracteriza por su tendencia a externalizar los costos sociales y ambientales a lo largo de diversas escalas del planeta.
En las comunidades nativas de la Amazonía peruana, la oralidad de sus pobladores nos revela una selva que habla y construye su identidad a través de historias, cantos y mitos; comunidades que han usado desde tiempos antiguos instrumentos de percusión y de viento, como medios de información y comunicación para recrear espacios de encuentro, socialización y reivindicación de la identidad.
Un proyecto de ley en el Parlamento Europea puede cambiar la suerte de las comunidades campesinas y de la población en general afectada por actividades extractivas, y de la población campesina en Espinar, afectada por la actividad extractiva de la empresa minera Glencore.
El 3 de julio de 2017, la congresista Tania Pariona, del bloque Nuevo Perú y de la bancada del Frente amplio, expuso sus ideas sobre el Censo de 2017 que organiza el INEI el 22 de octubre en el programa de Ideeleradio, a partir de su autoidentificación étnica como miembro de la “población indígena” del país[1]. Sus declaraciones son muy explícitas sobre las implicaciones profundas de este nuevo censo de la población y de la vivienda en el Perú que pueden resumirse en la pregunta: “¿la etnicidad se opone a la ciudadanía?”
En el 2013, fui parte de un grupo técnico de apoyo a las federaciones indígenas del Lote 192 que buscaban el cumplimiento de la consulta previa. El Gobierno había anunciado en agosto de 2012 que la consulta se llevaría a cabo.
Algunos especialistas han evaluado que, en cuanto a políticas públicas, los resultados del saliente gobierno de Ollanta Humala superan los de sus antecesores.
Las comunidades indígenas de la Amazonía han sido afectadas por derrames de petróleo desde hace décadas sin que el Estado evalúe la dimensión de los daños o los repare.
Miembros y autoridades de la Organización Regional Guardia Indígena, organismo responsable de la seguridad del pueblo shipibo-konibo, han sido denunciados por delitos de grave perturbación de la tranquilidad pública y crimen organizado.
La ejecución de proyectos extractivos mineros, petroleros, forestales, etc. y de proyectos de infraestructura pública en territorios de pueblos indígenas y en general en zonas andinas y amazónicas, genera un conjunto de violaciones y afectaciones a derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionales, que consideramos que no están debidamente reflexionados y analizados por la comunidad jurídica.
En toda sociedad se tiende a clasificar a su población para mantener un determinado orden social. Con el proceso de la conquista hispana, la instauración del poder colonial catalogó a la población aborigen vencida como indios o indígenas, contrapuestos a la población hispana en función del criterio racial.
Una gran campaña contra un grupo de peruanos especialmente vulnerable se ha instalado con fuerza. Los PIACI son los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
El Buen Vivir es una corriente que está tomando mucha fuerza en América Latina. Cuestiona, en sus distintas aproximaciones, al orden occidental. ¿Cuán serios son sus planteamientos?
En octubre del 2012, en La Chorrera, río Igaraparaná (Colombia), se realizó un encuentro histórico que reunió indígenas de diversos pueblos que fueron afectados por la barbarie del caucho a fines del siglo XIX e inicios del XX.
“Esta noche he visto alzarse la máquina nuevamente”. Así empieza Alejo Carpentier uno de sus libros emblemáticos:El siglo de las luces.
La Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) fue creada en 1991, según me explica Ruth Chaparro, su subdirectora, para responder mejor a las necesidades planteadas por los pueblos indígenas.
El discurso del desarrollo, entendido como progreso siempre creciente de la sociedad, tiene una escasa profundidad histórica. En un excelente artículo, llamado justamente “Desarrollo”, Gustavo Esteva (1996: 52-78) señala cómo, entre mediados del siglo XVIII y del XIX, el concepto “[…] evolucionó de una noción de transformación que supone un avance hacia la forma apropiada de ser, a una concepción de cambio que implica encaminarse hacia una forma cada vez más perfecta”. Añade el autor que “[…] en ese periodo, evolución y desarrollo llegaron a emplearse como términos intercambiables entre los científicos”.
En el principio caminaban libres por alfombras verdes sin fronteras. Les pertenecían el bosque, el cielo y las estrellas. Después los fueron cercando, arrinconando, hasta que corrieron a refugiarse en la entraña de la selva.
El Estado peruano, a través de ProInversión, está haciendo lo posible por convertir los ríos amazónicos en hidrovías que permitan una “mejor navegabilidad”. ¿Para quién?
El Censo Nacional de 2017 —realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)—, aunque polémico y criticado por ciertos sectores, reveló información relevante a raíz de la variable de autoidentificación étnica.
Siete familias viven en una extensión de más de 22 mil hectáreas. Ese es su territorio ancestral. Los pobladores ocupan un kilómetro como mucho, y a eso hay que agregarle el área de sus chacras. Pero necesitan el resto para vivir: en los enormes bosques están los animales que cazan y los frutos de los que se alimentan; en el río que atraviesa la comunidad, los peces que son parte de su dieta diaria. Antiguo Kanam está muy cerca a la Cordillera del Cóndor, en el Cenepa, y también muy cerca de donde estaban las instalaciones de Minera Afrodita, una compañía que ha sido impedida judicialmente de seguir con sus actividades de exploración.
El pasado 15 de junio, comunidades y organizaciones de los pueblos shipibo, asháninca y awajún rechazaron el Lote 200 en sus territorios. Lo hicieron mediante un acta formal que entregaron a funcionarios de los sectores de Cultura y Energía y Minas. Ambos ministerios, precisamente, habían organizado una reunión preparatoria en Pucallpa, con miras a iniciar un procedimiento de consulta previa sobre el proyecto hidrocarburífero.
El tema del “Baguazo” sigue moviendo tensiones, disputas y diferentes formas de memoria en diversos sectores sociales. Si, por un lado, este trágico evento pasará a la historia como el punto de quiebre dentro de la política estatal “democrática” en la primera década del siglo XXI, del otro lado, el «Baguazo» será también mencionado dentro de la historia de la justicia institucional, y en particular en el desarrollo de una posible justicia intercultural dentro del escenario de posconflicto.
Esta comunidad wampis nunca sintió la presencia del Estado. Jamás le reclamó nada, ni siquiera el acceso a la salud, la educación, el agua y la luz eléctrica. Hasta que en el 2016 ocurrió un derrame de petróleo cerca al lugar, desde ese entonces, el Estado se ha comprometido en instalar los servicios básicos, que son sus propias responsabilidades. ¿Tiene que ocurrir un desastre ecológico para que comunidad nativa recién forme parte de la agenda de atención del Estado peruano?
Dos balazos, uno en la cabeza y el otro en la cadera, terminaron con la vida de Roberto Carlos Pacheco cuando recorría la concesión forestal de su familia en la margen derecha de la carretera Interoceánica.
Un fenómeno bastante extendido y de larga data en el país es el tráfico de tierras. Este ha cobrado gran relevancia en la actualidad debido al impacto que viene generando sobre el territorio amazónico, poniendo en peligro diversos espacios de cobertura forestal, así como la seguridad de la población rural. Una de las zonas más afectadas por este proceso es el distrito de Nueva Requena, ubicado en el departamento de Ucayali, el cual viene lidiando con este problema aproximadamente desde el año 2012.
El pasado 5 de diciembre, líderes shipibo-conibos se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Estados Unidos, en audiencia pública. Carlos Hoyos Soria, jefe de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, y Jamer López Agustín, miembro de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), expusieron la grave situación de despojo, deforestación y violencia que enfrentan los pueblos indígenas amazónicos en Perú. La causa: su indefensión frente a los grandes proyectos de la agroindustria, como la palma aceitera, el arroz o el cacao.
Flor de María Paraná, madre indígena del Cuninico relata: Una mancha negra ennegreció nuestra vida. Yo soy del pueblo Kukama, del distrito Urarinas, comunidad Cuninico. En Nauta, Loreto. De Iquitos hay carro a Nauta y de ahí se toma un rápido a mi comunidad. Se demora un día. Vivo por el Marañón. Hay una Quebrada Cuninico, ahí es.
Hace poco, la Segunda Sala Civil de Lima dictó sentencia en el caso del Lote 116 y dio la razón a la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa y la Federación Indígena Sector Shawit, organizaciones representativas de los pueblos awajún y wampis, en su demanda contra el Ministerio de Energía y Minas y las empresas Perupetro, Maruel et Prom y Pacif Stratus Energy.
El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura no solo incumplen el derecho a la consulta previa de los proyectos mineros (Antapaccay, Hudbay, Las Bambas y otros), de los proyectos petroleros (lotes 116, 192, 135, 137, 102 y otros) y de los proyectos de infraestructura pública (Majes- Siguas II, línea de trasmisión eléctrica Moyobamba – Iquitos), sino que también violan el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en su territorio, que debe ser precisado al momento de realizarse la consulta previa.
La cocaína, al igual que sucede con mercancías globales legalmente aceptadas como la palma aceitera o la soja, se caracteriza por su tendencia a externalizar los costos sociales y ambientales a lo largo de diversas escalas del planeta.
La falta de apoyo estructural del Estado a los habitantes de las comunidades indígenas amazónicas es un problema generalizado
En las comunidades nativas de la Amazonía peruana, la oralidad de sus pobladores nos revela una selva que habla y construye su identidad a través de historias, cantos y mitos; comunidades que han usado desde tiempos antiguos instrumentos de percusión y de viento, como medios de información y comunicación para recrear espacios de encuentro, socialización y reivindicación de la identidad.
Un proyecto de ley en el Parlamento Europea puede cambiar la suerte de las comunidades campesinas y de la población en general afectada por actividades extractivas, y de la población campesina en Espinar, afectada por la actividad extractiva de la empresa minera Glencore.
El 3 de julio de 2017, la congresista Tania Pariona, del bloque Nuevo Perú y de la bancada del Frente amplio, expuso sus ideas sobre el Censo de 2017 que organiza el INEI el 22 de octubre en el programa de Ideeleradio, a partir de su autoidentificación étnica como miembro de la “población indígena” del país[1]. Sus declaraciones son muy explícitas sobre las implicaciones profundas de este nuevo censo de la población y de la vivienda en el Perú que pueden resumirse en la pregunta: “¿la etnicidad se opone a la ciudadanía?”
En el 2013, fui parte de un grupo técnico de apoyo a las federaciones indígenas del Lote 192 que buscaban el cumplimiento de la consulta previa. El Gobierno había anunciado en agosto de 2012 que la consulta se llevaría a cabo.
Algunos especialistas han evaluado que, en cuanto a políticas públicas, los resultados del saliente gobierno de Ollanta Humala superan los de sus antecesores.
Las comunidades indígenas de la Amazonía han sido afectadas por derrames de petróleo desde hace décadas sin que el Estado evalúe la dimensión de los daños o los repare.