Una de las leyes más polémicas de los últimos tiempos es la Ley Universitaria aprobada en 2014. La Ley ha sido incluso materia de un proceso de inconstitucionalidad en el cual el Tribunal Constitucional declaró finalmente que la Ley no es inconstitucional.
Hace casi dos años, el 10 de julio del 2014, se promulgó la nueva Ley Universitaria, tras enfrentar la resistencia de algunos de los poderes fácticos (los dueños de universidades privadas con fines de lucro, los rectores agrupados en la ANR, los medios de comunicación del grupo El Comercio, la CONFIEP, etc.) y de un conjunto de parlamentarios directamente vinculados a las universidades privadas (Richard Acuña, Rosa Acuña, Virgilio Acuña, José Luis Elías, Luis Iberico, José Luna Gálvez, etc.).
En educación hay temas problemáticos que se discuten frecuentemente: la formación inicial y continua de los docentes, que probablemente es el mayor problema que tiene el sector educación, la falta de preparación de los docentes EIB (algunas cifras hablan de un 94% de docentes que trabajan en comunidades indígenas sin tener formación en educación intercultural bilingüe), o sus bajos sueldos (hasta 40 % menos que otros profesionales, según los especialistas), por mencionar tres de los más importantes.
El 29 de noviembre del año pasado entró en vigencia el Decreto Legislativo 1194, en el marco de las normas que promulgó el Ejecutivo, a partir de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso, en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado.
Se cumplieron 100 días de la vigencia del Decreto Legislativo 1194, que modificó las reglas del proceso inmediato. Por eso, resulta fundamental conocer cuáles han sido los resultados de su aplicación en estos tres primeros meses.
Ian Medina Salas, bachiller de la Universidad de Lima, nos envía este interesante y elocuente artículo, en el contexto del debate sobre los pros y contras de la dación del decreto legislativo 11 994 que regula la flagrancia y el proceso inmediato.
¿Se acordaron los candidatos presidenciales de incluir políticas culturales en sus planes de gobierno? La Cultura es un factor estratégico para el desarrollo social de un país, por tanto, se necesitan gobiernos que implementen una política cultural a nivel nacional. En abril elegiremos quién de los 16 candidatos va a gobernar el Perú. Por ello, debemos prestar atención a sus planes de gobierno y qué nos dicen sobre cultura.
Reciente y simultáneamente han sido repuestas dos obras teatrales cuya temática es, a su manera, la misma: el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000.
Jacobo Rodríguez, Luis Grippa y Segundo Nico eligieron vivir en la naturaleza: los manglares de Amotape en Tumbes, los ríos de Pacaya Samiria en Loreto y el canto de las aves de Tambopata en Madre de Dios componen el cuadro de sus rutinas de trabajo.
Al hablar de seguridad ciudadana y de la propuesta de políticas y planes diseñados para prevenir y combatir la delincuencia común y organizada a todo nivel, no puede dejarse de lado la problemática de armas de fuego.