Es sin duda una muy buena noticia que la indagación contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez haya acabado en el Consejo Nacional de la Magistratura: era evidentemente, y sobre todo, un intento político en respuesta al reinicio de la actividad fiscal sobre las denuncias que aún tienen que responder Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori.
Es un secreto a voces que la “reconciliación” pregonada por el Gobierno, convertida ingenuamente en nombre oficial del año en curso, es una cáscara vacía y confusa que no convence ni a propios ni a extraños. Esto ha sido advertido ya por muchos analistas y en diferentes sentidos. Pero hay algo muy llamativo y hasta paradójico en la crítica, porque parecería no objetarse el concepto en sí, sino solo el uso que se hace de él.
Francisco nos visitó y nos dio un mensaje poderoso e interpelante sobre los problemas más álgidos del país. Muchos dicen que se fue pero todo queda igual. En efecto, el Papa no tiene una varita mágica para arreglar los problemas, sino que los señala para que nosotros actuemos; el destino del país está en nuestras manos.
La mayoría de peruanos nos estamos preguntando: ¿Cómo así llegamos a esto? En efecto, la escalada de nuestro conflicto político se inició al principio del gobierno de Ollanta Humala y no ha dejado de incrementarse hasta ahora, cuando el país se prepara para enfrentar una nueva coyuntura de vacancia presidencial.
El reciente indulto al exdictador Alberto Fujimori tiene diferentes connotaciones, todas negativas. En primer lugar, constituye en sí mismo la negación de cualquier intento de construir un proceso socio-legal de ‘justicia transicional’ en el Perú (reparación a las víctimas de la violencia política y verdadera ‘reconciliación’ sobre la base de la justicia). Simboliza también el resquebrajamiento de cualquier ilusión de consolidación democrática, objetivo que se empezó a forjar justamente con la caída del régimen fujimorista.
El Perú está sumido en una profunda crisis política que compromete la vigencia de la democracia. El presidente de la República enfrentó un proceso de vacancia promovido por un sector del Congreso asumiendo una defensa dramática basada en la necesidad de preservar la institucionalidad, los procedimientos y el espíritu de la democracia: Alberto Borea fue el encargado de presentar la argumentación legal y moral construida en favor del equilibrio de poderes y la conservación del Estado de derecho constitucional.
De acuerdo con el INDECI, las personas que perdieron totalmente sus viviendas son denominados damnificados y los que sufrieron otro tipo de pérdidas, sea por destrucción parcial de sus viviendas o pérdidas de sus medios de vida, son denominados afectados. Así, en su informe de octubre del año pasado se tienen los estimados siguientes: Piura (97,708 damnificados y 427,693 afectados), La Libertad (79,623 damnificados y 386,521 afectados), Lambayeque (44,634 damnificados y 139,312 afectados) y Áncash (25,225 damnificados y 125,512 afectados).
En medio del clamor popular por la pena de muerte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sale a la prensa y declara que el Perú por sus “compromisos internacionales” no puede retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969). Más grave aún, el actual ministro de Justicia Enrique Mendoza dijo: «Hemos suscrito un convenio de abolición de pena de muerte.
En el Perú, los problemas y las posibilidades de la papa no dependen exclusivamente del factor producción y rendimiento. Es decir, no tienen que ver únicamente con producir más o menos papas cada año, o con cuántas papas producimos por cada hectárea de tierra trabajada (rendimiento). En el mejor escenario, si hay sobreproducción podemos incrementar la exportación y el consumo interno.
El mercado farmacéutico por su naturaleza es complejo y su supuesta competencia es una falacia, más bien está lleno de imperfecciones que hace muy difícil que los resultados sean buenos para el consumidor o más bien para el ciudadano que tiene derecho a la salud, no como un agente económico en el mercado, sino como un ser humano que pertenece a un Estado, a una sociedad jurídicamente organizada dentro de un territorio determinado para garantizar el bien común.