Suele decirse –y es verdad– que las crisis son también oportunidades. La que estamos viviendo podría ser la que las circunstancias le brindan a Martín Vizcarra, quien salvo por el tema de Chincheros, no está contaminado con la corrupción de la clase política que ha resultado de que se levantara la alfombra de Odebrecht.

Emergió el peor escenario que jamás se pudo suponer. PPK evidenció una vez más que su interés no fue generar alguna posible estabilidad política -que nunca quiso esforzarse en entender- sino en defenderse de las crecientes evidencias de sus actividades de siempre –el lobby- que podrían conducirlo a un proceso judicial y, eventualmente, la cárcel. En otras palabras, nada resultó siendo tan individualizado y personalizado como los objetivos presidenciales de PPK.

Considero conveniente e importante comentar el artículo ‘Promesas fugaces’ de Manuel José Ayulo, publicado en El Comercio el 1° de marzo último. El señor Ayulo sostiene que respecto de sus promesas electorales un cambio de opinión en los gobernantes “puede ocurrir cuando… accede a información que ofrece mejores alternativas o cuando se encuentra en escenarios antes no contemplados”.

Con Martín Vizcarra como presidente y César Villanueva como primer ministro, el Perú buscará reconciliarse consigo mismo, tras una guerra política que en realidad comenzó a librarse desde el mandato de Ollanta Humala y que se intensificó desde que asumiese el mando Pedro Pablo Kuczynski. La posibilidad de que vuelva la tranquilidad al país es incierta: son tales los intereses en juego, como librarse de la picota de las investigaciones de la Fiscalía sobre los sobornos de Odebrecht, que el reinicio de las hostilidades podría estar a la vuelta de la esquina.

Hay varias facetas de Pedro Pablo Kuczynski que los peruanos conocimos bien a lo largo del último medio siglo: autoridad pública, banquero, asesor financiero, y hasta flautista aficionado. Sin embargo, su papel más influyente a nivel mundial es el que probablemente se ha discutido menos en nuestro país. Como intelectual y funcionario internacional, PPK fue uno de los padres del “Consenso de Washington” (CW), el conjunto de reformas promovido por tres poderosas instituciones con sede en la capital de Estados Unidos: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro estadounidense.

Que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski haya decidido declarar al 2018 como el año del diálogo y la reconciliación nacional puede interpretarse de una sola manera: con ello está autoproclamándose como el punto culminante de un largo proceso que se inició con la ruptura del justo orden institucional existente por parte de Sendero Luminoso, que continuó con los esfuerzos –con algunos “excesos y errores”– de Fujimori por reestablecer dicho orden, que pasó por un escarmiento en la forma de algunos años de cárcel para este y que ahora, finalmente, termina con el indulto y el perdón al salvador por los excesos y errores, así como con el tácito reconocimiento de su papel incuestionable en la pacificación nacional.

El compliance o el programa de cumplimiento es un instrumento que utiliza una empresa para evitar, detectar, investigar y denunciar el delito ante las autoridades. Frente a tantas situaciones de corrupción donde se ven involucrados ejecutivos de las empresas y funcionarios públicos, este programa aparece como medio para neutralizar o disminuir los casos de corrupción. Dicho instrumento, se introdujo de la mano de la implementación de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el año 2016 –que entró en vigencia el 1 de enero de este año-, el cual en la práctica contiene efectos penales.