Viviendo lejos del país, actualmente en Francia, recién hace pocos días me enteré con gran estupefacción y asombro que gracias a un reclamo depositado por Eduardo Abusada [estudiante de Maestría de Derecho] en el Libro de reclamaciones de la PUCP, en octubre último, se hizo público el gran escándalo de los cobros indebidos realizados en la PUCP a los estudiantes que se demoraban en cancelar sus boletas, con pleno conocimiento de las autoridades y del personal administrativo encargado de esos cobros. Siendo egresada de la facultad de ciencias sociales, departamento de antropología [Licencia en 1983], e investigadora asociada al IDEHPUCP, quisiera hace algunos comentarios sobre la grave crisis moral y administrativa de nuestra comunidad universitaria.

Ahora que se acaba de nombrar una Comisión para preparar un proyecto de reforma política o un paquete de recomendaciones, considero conveniente hacer algunos aportes. Es cierto que hay que tener presente la dicotomía entre realidad y Derecho que trajo a colación Fernando Tuesta cuando afirmó que ‘la mejor reforma es la que se puede cumplir’, pero tenemos una oportunidad inédita y quizá única, por lo que es necesario tener la osadía de pretender más de lo usual, hacer nuestros propios ensayos y no limitarnos a repetir lo que ya se hizo en otras partes.

Las investigaciones judiciales del caso Odebrecht han alcanzado también al mundo del arbitraje con el Estado. Todo indica que la empresa brasilera pagaba altas sumas de dinero, tanto a árbitros como a funcionarios públicos, con el fin de ganar los procesos arbitrales de los que era parte. Esto significó que el estado perdiera – entre el año 2003 al 2016 – 35 de los 42 arbitrajes que llevaba con la empresa. En dinero, más de 254 millones de dólares.

Un rasgo común a todas las grandes ciudades es que enfrentan problemas muy complejos que afectan seriamente la vida de sus ciudadanos, pero las causas de estos problemas dependen de dinámicas que trascienden la esfera de actuación local, y que por tanto involucran a otros niveles de gobierno, al funcionamiento del mercado o a las lógicas impulsadas por fenómenos globales y sus efectos (cambio climático, crisis financieras, migraciones internacionales, etc.).

Es frecuente en nuestros días encontrar en la prensa muchos artículos en los que se reclama al presidente Martín Vizcarra un programa posterior al Referéndum y no dejan de tener razón. Tener objetivos y plazos es indispensable para realizar un buen gobierno, pero por desgracia no es una costumbre en nuestro país. Nos pasamos discutiendo los planes durante los períodos eleccionarios y luego los olvidamos para que los diferentes grupos de poder, incluidos los medios, se dediquen a reclamar por tal o cual política, norma u obra.

En nuestros días se viene librando una genuina lucha cívica para consolidar el imperio de la justicia en el país. Personajes públicos como el juez Concepción Carhuancho y el fiscal Pérez han demostrado que en el Perú ya no hay intocables cuando se trata de políticos sobre los cuales pesa alguna sospecha en materia de corrupción.

Si tuviera que escoger el hecho más importante de la situación política del país, a fines de 2018, seleccionaría sin duda lo ocurrido con Vizcarra. Accedió a la presidencia debido a que PPK tuvo que renunciar (envuelto en sus mentiras, conflictos de intereses, y tal vez más, sobre Odebrecht, el indulto trucho a Fujimori y los “mamanivideos”).

Dentro de las recientes políticas aprobadas a iniciativa del MEF, la rigidez laboral, sustentada en las dificultades para la contratación y el despido de trabajadores, debe superarse favoreciendo una cuota mucho mayor de libertad, sobre todo en despido de los trabajadores, a través del retorno al despido libre, que reinó por 11 años entre 1991 y el 2002 (año de la sentencia del TC que declaró inconstitucional el despido incausado).

El presidente Vizcarra ha cumplido con presentar un proyecto de ley (aprobado previamente en el Consejo de Ministros) para que se declare en emergencia el Ministerio Público (MP). Si bien el hecho que lo motivó (la remoción arbitraria e ilegal de los fiscales Vela y Pérez del Equipo Especial Lava Jato, por el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el 31 de diciembre por la noche) ha sido revertido con la reincorporación de dichos fiscales, el proyecto no ha sido retirado, y ojalá que esto no ocurra.

El 2018 será recordado como un año de cataclismos, un tiempo plagado de acontecimientos temidos, soñados y también inimaginables que alteraron con fuerza el status quo político en el que parecíamos anclados hasta entonces. La fuerza de lo extraordinario irrumpió en la política peruana para llevarnos a lo que parecía ser el borde de un abismo en el que –increíblemente- no solo no caímos, sino frente al cual atisbamos ahora oportunidades interesantes.