La desnutrición crónica y la anemia infantil son dos flagelos que todo país civilizado debe vencer. La primera ha venido disminuyendo desde los años 90 hasta el año 2015 en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con el compromiso de todos los países de reducir, por lo menos, a la mitad de lo que era a inicios de los años 90.
Nuevamente, a propósito de la reforma política que deberá proponer la comisión de alto nivel conformada para tal fin, colocamos a los partidos políticos en el centro del debate, en gran medida para denostarlos, seguramente con razón pero sin que se vislumbren alternativas claras para incluirlos en una democracia que, como la nuestra, procede solo bajo la condición de la existencia de estas organizaciones.
Según los estándares internacionales para el empleo de la fuerza pública, evitar la fuga de un presunto infractor es un supuesto válido para que un policía recurra a su arma de fuego. En efecto, el Principio Básico N° 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley así lo establece.
“Vamos a recuperar la autoridad”. Estas palabras del presidente de la República al comenzar su segundo año de gobierno se referían a que había que recuperar el principio de autoridad frente a un Congreso que no tiene voluntad de debatir las reformas, para que la reconstrucción adquiera la velocidad necesaria, para que se acabe con la corrupción y la violencia contra la mujer. Todo esto con la finalidad de que la población no sea burlada.
La juridificación gradual que sufre la política peruana ha tenido un efecto peculiar respecto a la clase de tópicos que se han incorporado al debate público. La opinión pública, el espacio en donde los ciudadanos forman consensos acerca de los fines que se dan a sí mismos y de los medios idóneos para conseguirlos, ha visto expandida su esfera para abarcar ahora también temas concernientes a ciertas particularidades del derecho.
Miembro de una clase social de la cual no se sentía parte y a la cual unía solo la posición social, el abolengo y el espacio habitado, Manuel Gonzáles Prada (1844-1918) ha pasado a la historia de las letras y el pensamiento nacional como un furibundo fustigador de las verdades del Perú luego de la derrota frente a Chile.
El derecho a la educación está claramente plasmado en acuerdos nacionales de política que llamamos de Estado, pues tienen la intención de ser sostenidas en el tiempo, enfrentando el histórico incumplimiento de los planes y promesas en la política peruana. Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional tiene entre sus desarrollos en educación el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN).
El enfoque pedagógico de la educación por competencias[1] se ha convertido en el paradigma educativo dominante en la mayor parte de los países occidentales, incluido el nuestro. Fue promovido desde organismos internacionales como el Banco Mundial, desde que, a finales del siglo pasado, se empezó a tomar clara conciencia de la importancia del llamado “capital humano” como eje del desarrollo económico de los países.
Rosita tiene 12 años y vive en el distrito de Pataz, en la provincia del mismo nombre, ubicado en la sierra de la Región La Libertad. Ella es muy hábil en matemática y sueña con ser una científica reconocida. Sin embargo, dadas las circunstancias en las que le ha tocado vivir, las oportunidades de Rosita son muy limitadas. Demográficamente, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2017, el distrito de Pataz tenía una población estimada de poco más de 9,000 personas. De ellas, una de cada dos se encontraba en situación de pobreza y una de cada cinco en pobreza extrema.
¿Llegaremos a identificar la verdadera profundidad de las redes de corrupción que se están descubriendo en el sistema de justicia? ¿Dichas redes quedarán desarticuladas y sus integrantes expulsados?