El intento a fines de año de expulsar del país a 41 ciudadanos venezolanos acusados de actividades delincuenciales, en una ceremonia oficial que debía contar con la presencia del presidente, ministros y otros altos funcionarios del Estado; resultó un fiasco debido a que ni siquiera se había coordinado y asegurado el país de recepción, lo que termino obligando a abortar la operación que supuestamente buscaba elevar la imagen presidencial, pero fue un boomerang por lo improvisado, además de contravenir la imagen de un gobierno respetuoso de los derechos humanos, con varios ministros con trayectoria en el tema.