Hemos querido que dos futuros abogados, parte de nuestro equipo, expresen nuestro desacuerdo e indignación por la actitud de determinados órganos de la (in)justicia española con relación a Baltasar Garzón, quien acaba de ser suspendido en sus funciones acusado de prevaricato, y por haber osado investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el franquismo.

Garzón ha aportado mucho para el crecimiento y robustecimiento del brazo de la justicia en el campo de los derechos humanos. Antes, bastaba que la autoridad acusada abandonara su país para que triunfara la impunidad. Hoy, el desarrollo de la justicia internacional y universal ya no lo permite, porque la importancia de los derechos protegidos trasciende a las jurisdicciones nacionales. Por ello, y no por otra cosa, hoy está sentado injustamente en el banquillo de los acusados. Este golpe lo sufrimos todos los que luchamos contra la impunidad.

Ha sido difamado, intervenido telefónicamente; sus documentos han sido manipulados con la intención de imputarle algún delito; han allanado en más de una oportunidad su casa; varias veces ha sido amenazado; cuenta con tres agentes de seguridad personal y anda bajo protección desde hace quince años. No obstante todo ello, es esposo y padre de tres hijos; le apasionan el fútbol, la lectura y la música.

Se trata de Baltasar Garzón, luchador incólume en su tarea como juez de la Audiencia Nacional contra la impunidad y los crímenes más graves y polémicos. Su récord pasa por la persecución de casos de corrupción y de narcotráfico; fue el encargado de la detención de Pinochet y hasta dictó una orden de búsqueda y captura contra Osama Bin Laden. Pero son sus últimas hazañas, por cierto muy loables, las que lo han puesto en aprietos.

En una primera ofensiva decidió investigar la trama Gürtel, un intrincado caso de corrupción que involucra a las más altas esferas del Partido Popular (PP), partido de la derecha española. Esta historia de corrupción tenía una década funcionando e involucraba a cuatro comunidades autónomas que, en el ejercicio de sus funciones, facilitaban contratos de servicios a dedo a cambio de dinero y favores, y que, además, aseguraban adjudicaciones de obras favoreciendo a empresarios frente a políticos y en total, más de 43 millones de euros defraudados al fisco, repartidos entre los actores de esta podredumbre.

En el segundo asalto, el más polémico quizá, Baltasar Garzón se declaró competente, el 16 de octubre del 2008, para investigar los crímenes del franquismo, atribuyendo al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el Gobierno de la República, un plan de exterminio sistemático que acabó con más de 100.000 desaparecidos hasta el día de hoy. Siendo que los perpetradores de estas desapariciones están ya muertos, no existía responsabilidad penal, por lo cual Garzón se inhibió el 18 de noviembre del 2008 ante los 62 juzgados territoriales, donde se hallan las fosas comunes, para dar curso a los procesos. De este modo, se han abierto antiguas heridas en la sociedad española que para muchos, en realidad, nunca se cerraron.

En esta búsqueda de justicia, Garzón no la ha tenido fácil. Desde el primer momento le llovieron las censuras del PP, partido de la oposición, pues, por un lado, muchos de sus funcionarios se encuentran implicados en el caso Gürtel y, por otro, la derecha tiene afinidad con personajes, muertos ya, implicados en las investigaciones contra la desaparición de las víctimas del franquismo.

Primero fue la misma Fiscalía de la Audiencia Nacional que interpuso recurso de apelación contra la decisión de Garzón de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil. Además, indicaron que se violaba el Estado de derecho yéndose en contra de las leyes de amnistía que habían sido dictadas para olvidar los crímenes cometidos durante el franquismo e imposibilitar cualquier acción legal contra los responsables.

Las organizaciones de derecha, alarmadas ante la tentativa de Garzón, también empezaron un juego sucio para tratar de amedrentar al juez y evitar así que continúe con las investigaciones. Así, el sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso una querella en la que acusaba a Baltasar Garzón de prevaricación, es decir, por formular una resolución que a sabiendas resulta contraria a derecho, pues según ellos el juez excedía sus competencias al abrir una investigación frente a los crímenes del franquismo.

Lo que sí generó indignación en el PSOE y en la mayor parte de la población, y que incluso desbordó el ámbito internacional, fue que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela admitiera a trámite, con fecha 27 de mayo del 2009, la querella presentada, con lo que se abrió la posibilidad real de que Baltasar Garzón pueda ser suspendido como juez de la Audiencia Nacional, nada menos que por impedir la impunidad.

Luego se sumaron a la causa contra el juez las organizaciones Libertad e Identidad, el 24 de junio del 2009, y Falange Española de JONS, que también fue admitida a trámite con fecha 13 de enero del 2010.

A este vergonzoso juicio se añaden otros dos que pretenden implicarlo como responsable de delitos de prevaricación y cohecho. Éstos son precisamente el caso Gürtel y el de las facturas de Nueva York. En el primero se lo acusa de haber obtenido pruebas ordenando la grabación de conversaciones en la cárcel entre los abogados: se habría violado el derecho a la intimidad de los reclusos y obtenido información de manera ilícita. En el segundo caso, conocido como “las facturas de Nueva York”, se le imputa cohecho y prevaricación, pues lo acusan de haber pedido un financiamiento al Banco Santander para organizar unos cursos en la ciudad de Nueva York y, luego, haber archivado una querella contra su presidente, Emilio Botín. En su defensa, la propia universidad ha certificado que Garzón no solicitó el patrocinio de Santander sino que fue la institución Rey Juan Carlos I de España la que gestionó y recabó el dinero.

A pesar de todo, el juicio por la investigación de los delitos del franquismo sigue en pie, las apelaciones de Garzón han sido desestimadas, al igual que las pruebas presentadas, y en todo momento el Tribunal Supremo se ha mantenido firme en su decisión de continuar con la causa y no archivarla, fundamentándose en que Garzón decidió conscientemente ignorar las leyes de amnistía al declararse competente para investigar.

Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido, el 9 de febrero del 2010, iniciar los trámites para suspender al juez por esta causa y por el caso de las facturas de Nueva York.

El pasado 24 de abril el juez Luciano Varela fue recusado por Garzón, pues consideró que éste había dado consejos directos a la organización Manos Limpias para enmendar su escrito de acusación y lograr así que ésta pueda ser admitida. Aunque ésta era una actuación parcializada y que afectaba el derecho de defensa de Garzón, la recusación fue rechazada y, hoy por hoy, Garzón ha sido suspendido ante el Pleno del Tribunal Supremo.

Después de 20 años, Garzón ha sido separado del cargo desde el cual ordenó el arresto de Augusto Pinochet, permitió que se levantaran cargos contra la dictadura argentina, y desde donde pretendía investigar los crímenes del franquismo.

Tras conocer la admisión de la querella por prevaricato, el Pleno del CGPJ votó por unanimidad a favor de la suspensión. Sus efectos se prolongarán hasta que el Tribunal Supremo resuelva este caso y las otras dos causas que tiene abiertas. Es decir, Garzón estará suspendido hasta que el Poder Judicial determine si es culpable… o es culpable. Porque no nos queda la menor duda de que la investigación por prevaricato no esconde más que una persecución vergonzosa contra un magistrado ejemplar y que supo incomodar a las esferas más conservadoras de la política española (por ejemplo, a miembros del PP en el caso Gürtel).

Para coronar la humillación, la Comisión Permanente decidió postergar su decisión de otorgarle el permiso de trabajar como consultor externo de la Corte Penal Internacional por un periodo de siete meses.

Lo que significa esta separación es dar un espaldarazo a quienes, tras cargar con los sacrificios de la tarea, buscan reconstruir la Memoria Histórica de un país afectado por graves crímenes bajo el régimen de Franco. Como señala Marcos Ana en El País (15/5/2010): “Investigar los crímenes de una dictadura, tan atroz como la que sufrimos los españoles, no puede ser un delito, no lo ha sido en ninguna parte y España lamentablemente es una vergonzosa excepción”.

Como respuesta, las principales instituciones “españolas e internacionales” defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y personalidades dieron su respaldo a Baltasar Garzón tras el anuncio de su suspensión.

Queremos insistir en que la lucha por defender los derechos humanos ha dado grandes pasos, sobre todo gracias a la actuación de ciudadanos como Baltasar Garzón, quienes nunca temblaron frente al poder político. Por eso, rechazamos la actitud de los gobiernos que tratan de enterrar la verdad sobre su historia, y que, además, quieren sepultar a sus héroes con ella.