Hace mucho tiempo que las elecciones en Colombia no estaban tan agitadas. La decisión de la Corte Constitucional de declarar la imposibilidad de realizar el referendo obligó al presidente Álvaro Uribe (ya reelegido) a renunciar a la aspiración a una re-reelección, dejando libre el camino para que otras propuestas políticas salieran a la luz con términos más equilibrados en el marco del debate electoral.

En su momento, cuando el Presidente del Tribunal Constitucional tuvo que publicar la decisión, analistas nacionales e internacionales celebraron la fortaleza de las instituciones frente a las personas y aplaudieron el hecho de que en el pulso entre ley y poder, venciera la primera. Ni siquiera aquella visita inoportuna de un miembro del Palacio de Nariño a uno de los magistrados del Tribunal que tenía el poder de mover la balanza a favor del referendo enredó los argumentos jurídicos que fundamentaron el fallo, que se atuvo en todo momento a la legalidad. Las puertas de la Casa de Gobierno quedaron así cerradas para siempre para Álvaro Uribe y para cualquier otro presidente con conciencia mesiánica que quisiese ampliar su periodo presidencial por más de ocho años.

Con este acto, la Corte Constitucional, hija de la Constitución de 1991 y una de las instituciones más progresistas del país, volvió a dejar en alto la tradición jurídica colombiana y a confirmar que el país tiene una de las democracias más consolidadas del continente.

Lo que nunca pensaron, ni Uribe ni la Corte, es que esta decisión iba a abrir las puertas para que una nueva masa apoyara un proyecto político ética y estéticamente tan alejado del suyo. Se trata del Partido Verde, encabezado por el candidato Antanas Mockus, que ha comenzado a escalar en las encuestas y es hoy un rival que tiene temblando no solo a Juan Manuel Santos, el candidato del Gobierno, sino también a los ideólogos del ‘uribismo’, que demostraron no tener tantos feligreses como pensaban.

Pero al lado del orgullo de la legalidad, Colombia también presume de otro récord continental: una de las guerras más inveteradas de la región.

Y son precisamente estas dos tradiciones, la de la legalidad y la de la violencia —que, para curiosidad de muchos, conviven igualmente enraizadas—, las que marcan la actual contienda electoral. La primera, equilibrándola al sacar del juego al mandatario; la segunda, determinando su agenda, ya que parte del éxito de los cinco candidatos depende de la manera cómo se sitúen frente a este tema. Y es ahí donde aparecen algunos matices.

Para Santos, que encabeza el Partido de la Unión Nacional (no es coincidencia que Uribe se escriba con U), el asunto es claro: para él, la violencia está definida de la misma manera como la define el Presidente actual: son todos los actos terroristas que provienen de la guerrilla. Basta con oír su discurso para entender esta igualación. De tal suerte que su programa de gobierno es una continuación de la actual lucha antiterrorista.

[Encuesta realizada por la firma Napoleón Franco. 10 de mayo del 2010.]

Lo que resulta temible al oírlo es que pareciera que fuera a convertir a todo el Estado en un gran Ministerio de Defensa —cartera que él mismo comandó hasta hace poco—, y que todos los recursos —presupuestales, humanos y retóricos— estuvieran encaminados a eliminar al “enemigo” en perjuicio de otras agendas y también de otras palabras.

Es Antanas Mockus quien marca el contrapunto como líder del Partido Verde (PV), una colectividad hasta hace poco de bajo perfil, que tomó un nuevo aliento en agosto del año pasado cuando se aliaron a ella tres ex alcaldes de Bogotá —Enrique Peñalosa, Lucho Garzón y Antanas Mockus—, y que, tras una consulta interna, eligieron a este último como candidato único. Desde este momento comenzó la marea verde a crecer.

La primera gran sorpresa en esa ocasión no fue solo la alta votación que obtuvo Mockus en la consulta, sino los escaños que lograron los representantes del PV en el Congreso: aunque minoritarios con respecto al ‘uribismo’, demostraron que el PV tenía poder de representación social. La segunda fue la elección de Sergio Fajardo —ex alcalde de Medellín— como integrante de la fórmula vicepresidencial.

El tándem quedó compuesto entonces por estos dos matemáticos que salieron de las aulas a las plazas y que se han convertido desde entonces en un fenómeno en la conquista de nuevas audiencias políticas en una población —juvenil e independiente— que hasta entonces vivía al margen de la política tradicional. Además, han puesto en evidencia un hecho esperanzador: que Colombia no padece un déficit democrático. Su presencia ha demostrado que, así como la apatía política ha estado asociada a grandes golpes a la democracia,  también puede reactivarse cuando aparecen nuevos liderazgos.

En la política ‘verde’, la seguridad y la violencia también ocupan una posición central. Pero el PV la concibe de una manera distinta de como la asumen los demás: para ellos, violento es todo acto que resulta de la violación del principio de legalidad que no solo vulnera la guerrilla de forma oprobiosa, sino también los paramilitares, los funcionarios del Estado y hasta los mismos ciudadanos.

Desde luego, Mockus establece grados y formas de enfrentarlas separadas —el candidato es claro en cuanto a mantener una vía militar para combatir a los grupos armados mientras éstos sigan vulnerando la Constitución, un aparato de justicia eficaz para hacer frente a los delincuentes y una pedagogía de cara a los ciudadanos—, pero su propuesta es novedosa porque no exime a nadie de una reconversión a la legalidad. Y en tanto no delega solo a los dirigentes o las Fuerzas Armadas el destino del país, sino que compromete a gobernantes y gobernados en su proyecto político, genera al menos un giro con relación al ya manido discurso del enemigo único.

Los otros cuatro

Además de Mockus y de Santos, hay otros cuatro candidatos. Por un lado están Rafael Pardo y Noemí Sanín, que representan a los dos partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Conservador respectivamente, y que tienen más semejanzas de las que tal vez estarían dispuestos a admitir.

Ambos, por ejemplo, muestran la misma actitud de mano dura frente a la violencia, que no definen muy claramente, y manejan una posición similar frente a lo social. Él sosteniéndose en un discurso político liberal de oportunidad para todos, y ella en su condición de mujer. Pero no solo los asemejan las soluciones sino también los problemas: estos dos partidos, históricamente enfrentados, hoy padecen la infidelidad de sus copartidarios, lo cual muestra que, como proyectos políticos, sus diferencias están desdibujadas, y que, además, ya no logran el nivel de movilización social del que antes presumían.

Luego de estos dos, hay una propuesta distinta de la de todos los otros candidatos, la de Gustavo Petro, del Polo Democrático, partido de izquierda que se ha convertido desde 1999 en una fuerza política con varios altibajos. La diferencia con relación a los otros es que éste no reivindica ningún logro del Gobierno actual, ya que reputa como violentos no solo aquellos actos que comete la guerrilla, sino que incluye también al Gobierno de Uribe Vélez como un gran violador de los derechos humanos. Fue precisamente este candidato quien destapó durante los últimos años, como senador de la República, el contubernio entre políticos y paramilitares, y gracias a esta denuncia hay ya varios senadores procesados. También fue el dedo acusador que señaló los escándalos de las llamadas telefónicas chuzadas (interceptadas) por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de los falsos positivos, campesinos encubiertos como guerrilleros para inflar las cifras. Y ahora que además de acusador oficia como candidato, incluye en su argumentación política la idea de que la violencia también se genera a partir de la inequidad.

Sin embargo, sus posibilidades son escasas. En un país en el que el discurso de la derecha ha calado tan hondo, las propuestas de la izquierda suponen un timonazo que muy pocos están dispuestos a dar, y los que giran buscan el centro. Petro se ha hecho visible denunciando, pero este hecho se puede usar tanto a su favor como en su contra. A su favor, porque ha mostrado valentía en su ejercicio político; en su contra, porque ha construido su figura pública asociada más a la oposición que a la propuesta.

Finalmente está Vargas Lleras, tal vez el candidato más juicioso si nos atenemos a las cifras y las estadísticas. Desde el año pasado, este líder, que encabeza el Partido Cambio Radical, ha ido de plaza en plaza ventilando sus propuestas de gobierno. No obstante su aplicación, este candidato no parece ser una alternativa: su radicalidad no se combina con carisma, y el país liberal que tiene en la cabeza y que algunas veces deja asomar queda oculto detrás de un discurso predominantemente belicista. Tal vez por eso, aparece en las encuestas pero desaparece pronto sin arrastrar tras de sí un gran caudal político. Quienes van por la extrema derecha prefieren a Santos, y los que miran hacia la izquierda optan por Petro. Y a los del centro se los pelean ahora el conservadurismo, el liberalismo y el PV.

Sea como fuere, el papel de estos cuatro candidatos es fundamental a la hora de adherirse a cualquiera de las campañas que despuntan, la de Santos o la de Mockus, porque serán los votos del tercero los que, reconducidos a uno u otro proyecto, darán la presidencia al ganador.