En un solo puerto del Perú (Chimbote) se descargaron en dos meses y medio, en el 2010, tres veces más de lo que pescó Portugal en todo ese año. Y eso que en el caso peruano se contaron solo los desembarques de anchoveta, mientras que en el tradicionalmente pesquero país ibérico se sumaron todos los peces descargados por toda su flota en todos sus puertos.

El Perú es el país que alberga el banco más grande de anchoveta en el mundo; y la palabra banco no solo hace referencia al gran stock de esta especie en el mar sino también a lo que significa en dinero, a los más de mil 600 millones de dólares de exportaciones de harina de anchoveta en el último año.

No se trata solo del volumen sino además de la espectacular rentabilidad de ese negocio. Según cálculos conservadores, los precios de los últimos años permiten utilidades del 50%. Pocas actividades rinden tanto; y la ventaja de la anchoveta sobre el oro, por citar un producto altamente cotizado hoy, es que el oro no se reproduce.

La abundancia de la anchoveta ha convertido al Perú en el mayor productor mundial de harina de pescado. Pero su tremenda rentabilidad actual, por el pico de precios de los últimos años, estimula la sobrepesca, aun a costa de capturar más anchoveta de la cuota de 6 millones de toneladas establecida por año.

Aunque los dueños y ejecutivos de la media docena de empresas que concentran más del 60% de la pesca sostienen que ahora son muy formales, y que la ley de cuotas del 2008 regularizó y transparentó el sector, la evidencia acumulada por IDL-Reporteros indica que hay gruesas y muy serias irregularidades.

La investigación empezó cuando decenas de pescadores informaron a IDL-Reporteros que las naves en las que trabajan llegan a los puertos con mucha más carga de lo que registran las balanzas ubicadas en las fábricas de harina. Si el pesaje no es correcto, ello significa un menor pago de derechos de pesca al Estado y a los pescadores, que cobran por tonelada capturada. Además, por supuesto, de sobrepesca.

Empresarios, pescadores, expertos, inspectores y ex funcionarios del sector aseguraron a IDL-R que la discrepancia tolerable entre pesca declarada y pesada es hasta 10%. Samuel Dyer Ampudia, fundador y director de la segunda pesquera más importante del país, Corporación Pesquera Inca (Copeinca), aseguró que si hay diferencias “del 10% ya es bastante”.

Adriana Giudice, gerente general de la pesquera Austral, entrevistada en su oficina en el centro empresarial de San Isidro, que pareciera a un mundo de distancia del oloroso Chimbote, dijo que “hasta 10% puede ser una diferencia normal ya sea para arriba o para abajo”. Claudio Castañeda, superintendente adjunto de la Gerencia de Operaciones de Harina y Aceite de Pescado de Tecnología de Alimentos (Tasa), la pesquera más poderosa en manos de los Brescia, solo respondió que tendría que hacer un análisis estadístico para ser “más precisos”.

IDL-R les ahorró el esfuerzo: luego de tres meses de trabajo exhaustivo y fatigoso, logró obtener, armar, compilar y procesar las bases de datos que contienen los registros de pesca, declarada y pesada, de la segunda temporada de pesca del 2009 y de las dos temporadas del 2010.

¿Para qué se llena estos dos registros? Para cumplir con el programa de vigilancia de desembarques que administra el Ministerio de la Producción. En principio, debió haber sido fácil obtener las bases de datos. Pero los principales funcionarios de ese ministerio se negaron reiteradamente a entregar esa información a IDL-R, aduciendo, ilegal y sospechosamente, que era secreta. A la luz de los resultados de esta investigación, ya se sabe por qué insistieron en el secreto, que, antes que favorecer, perjudicó al Estado o a la sociedad.

¿Qué arrojó el análisis de estas bases de datos? Lo siguiente: Que más del 50% de los desembarques (o descargas de lo pescado) en los puertos del norte y centro del país, donde se descarga el 90% de la anchoveta capturada en el Perú, registró discrepancias de más del 10% entre la pesca declarada y la pesada en las balanzas. No solo eso: el 27% del total de desembarques revelan diferencias de 20% para arriba. Hay varios casos en los que la diferencia llega al 50%.

Las diferencias significativas y rotundas en toneladas y número de descargas son casi invariablemente en perjuicio del Estado y el pescador. ¿Cómo? Aparece menos pesca en la balanza de lo que fue declarado. Apenas en el 10% de los desembarques puede haber algo más de pesca pesada que la captura declarada.

¿Cuántas toneladas no registradas representan las discrepancias de más del 10%? Poco más de 300 mil toneladas. Para que tengan una idea de proporciones, esto equivale al 160% de lo que pescó Portugal en el 2009. En dinero, la cifra está cerca de los 100 millones de dólares si se transforma esa cantidad de anchoveta en harina de pescado (véase la metodología empleada en los cálculos para llegar a esta cifra).

Para esta investigación, IDL-R revisó cerca de 47 mil desembarques de las tres temporadas de pesca, fijó la diferencia entre la carga declarada y la pesada en cada desembarque, y comparó las cifras de las bases de datos con las miles de actas de inspección levantadas en las varias etapas del proceso de descarga por las empresas supervisoras Cerper y SGS, en las que aparecen los registros originales de los desembarques.

El ranking
Más de la mitad de los desembarques con discrepancias del 20% pertenecen a la flota de las diez empresas más poderosas del sector que suelen descargar en sus propias plantas. Seis de estas compañías, de paso, financiaron, en un evidente conflicto de intereses, el estudio de Apoyo Consultoría que sirvió de base para elaborar el decreto 1084, que, se suponía, iba a ordenar el sector y a salvar a la anchoveta de la depredación.

Entre las empresas con diferencias más notorias figuran Exalmar, propiedad de la familia Matta Curotto, que tiene descargas que pueden superar el 50% de la diferencia, y Austral, a la que se considera una de las mejores empleadoras, y que registra diferencias de más del 20% en el 27% de sus desembarques. La tercera: Corporación del Mar, propiedad de Austral y Exalmar.

Entre las compañías medianas en esta relación figuran Humacare, del clan Muro, la segunda con mayor número de desembarques con discrepancias. Cantabria ocupa el cuarto puesto. Muy cerca de este notorio ranking figuran otras dos pesqueras, Los Halcones y Rosario, de una misma familia: Falcone, asociada al Grupo Romero en la Pesquera Centinela, que también tiene desembarques con importantes diferencias.

CFG Investment, subsidiaria de China Fishery, relacionada, a su vez, con Pacific Andes, uno de los conglomerados pesqueros de mayor importancia en China y Japón, aparece en la sexta posición. Diamante, fundada por el empresario Juan Ribaudo, es la octava en la lista. Le sigue Copeinca. El nada ilustre ranking se cierra con Tasa, que tiene como asesor de la alta dirección a Humberto Speziani, hoy presidente de Confiep.

Pero no solo las grandes compañías presentan estos problemas: otras pequeñas, como Corporación Pesquera 1313, registran récords. Su embarcación, Mary Carmen, superó en todas sus descargas la diferencia del 30% en promedio. Sus pescadores ya denunciaron el hecho.

¿Cuánto cuesta esta discrepancia de toneladas que se esfuman? Su valor, ya lo hemos dicho, es de cerca de 100 millones de dólares. A los impuestos sobre esa cantidad hay que agregarles los cerca de 600 mil dólares que el Gobierno no recaudaría por derechos de pesca de las diez empresas que encabezan el ranking de discrepancias superiores al 10%.

Lo que dejaría de recibir el pescador son 3 millones 695 mil dólares si se suma lo que debe cobrar por cada tonelada pescada y los US$1,95 que cada planta debe aportar por tonelada desembarcada para solucionar el problema de la jubilación del pescador. “Hay un sistema de control irracional, corruptible e ineficiente en los puertos”, aseguró a IDL-R el ex ministro de la Producción, José Nicanor Gonzales; “el concepto de la reforma [de la Ley de Cuotas] fue correcto, pero falló en su implementación, al permitir que se consolide la alta concentración, de hecho, la cartelización empresarial”.

El ministro, Kurt Burneo, ha denunciado hace pocos días un ‘faenón’ en la pesca con funcionarios coludidos con las empresas para no sancionarlas. Pero lo que aún no parece haber hecho es revisar las cuentas millonarias de las discrepancias que revelamos luego de seis meses de investigación. Si algo queda claro es que la Ley de Cuotas no impidió la depredación de la anchoveta, que tampoco desterró la corrupción. También está claro que algunas empresas que financiaron la norma persisten en cometer irregularidades.

¿Qué hay detrás de todo? Cuando los pobladores de Chimbote aspiran ese ventarrón de pescado podrido que emana de las fábricas de harina, ya saben cómo llamarlo. Es “el olor del dinero”, dicen. Y saben de qué están hablando.