Han pasado 10 años desde la entrega al país del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), documento histórico que nos enrostró una dolorosa y trágica realidad: miles de familias no solo perdieron a sus seres queridos, sino, además, debieron enfrentar la indiferencia de una sociedad que no entendió la magnitud de lo ocurrido. Las graves secuelas dejadas no han sido atendidas en todos sus aspectos, pese a las recomendaciones y múltiples propuestas de este importante Informe.

No cabe duda, como lo reconoció la CVR, de que Sendero Luminoso fue el principal responsable de las muertes y destrucción en nuestro país, de que ningún grupo terrorista o sus fachadas pueden tener cabida en una democracia, y de que la estrategia contrasubversiva del Estado no puede ni debe implicar la vulneración de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas.

Hoy, después de los esfuerzos iniciales por contar con un Registro Único de Víctimas (RUV), el Consejo de Reparaciones ha inscrito —hasta marzo de 2013— a 182.350 víctimas. De ese universo, 106.919 son víctimas directas, y 75.431, familiares. De las víctimas directas, 2.288 son integrantes de las fuerzas del orden, 1,516 pertenecieron a los comités de autodefensa, y 103.115 eran civiles. En relación con el tipo de afectación, 22.378 son víctimas fallecidas, 7.399 son víctimas de desaparición forzada, 30.687 sufrieron tortura, 35.337 son desplazados, 2.781, víctimas de violación sexual, y 802 tienen una discapacidad. Otras afectaciones suman 7.535. Todos ellos y ellas, y sus familiares, merecen una reparación justa y digna del Estado. Ésa es una obligación ética y legal.

Precisamente, el Informe Defensorial número 162, A diez años de verdad, justicia y reparación: Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso (de la Defensoría del Pueblo), reconoce los avances pero también identifica las dificultades y deficiencias que no han permitido la adecuada implementación de las reparaciones. No basta un marco normativo sino, y especialmente, es necesaria una real voluntad de los sectores involucrados, en todos los niveles del Estado (Gobierno Central, gobiernos regionales y gobiernos locales) para cumplir y ejecutar los programas de reparación reconocidos en la Ley 28592, norma que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR) y su Reglamento.

En estos 10 años hemos observado que se ha dado un impulso diferenciado a los programas: en el periodo 2007-2011, por ejemplo, se enfatizó la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas (PRC), mientras que a partir de mediados del 2011 se ha priorizado el Programa de Reparación Económica Individual (PREI). Esto afectó la integralidad del proceso, pues los otros programas han avanzado de manera más lenta y algunos aún no han sido implementados adecuadamente.

De tal modo, solo 1.892 comunidades, de las 5.697 reconocidas como afectadas, han recibido algún proyecto u obra como reparación colectiva (33%). Por otro lado, el presupuesto destinado a este Programa ha disminuido paulatinamente: de 54 millones de nuevos soles en 2009, a 10 millones en 2013. Aún no se ha reparado colectivamente a los grupos de personas desplazadas, pese a su constante demanda y a los proyectos que han presentado.

El PRC, como lo hemos señalado en los últimos cinco años, si bien obtuvo resultados positivos en algunas comunidades donde se implementó, también ha presentado problemas de funcionamiento, sostenibilidad o escaso impacto. Una de las dificultades más recurrentes es el desconocimiento de los propios pobladores, especialmente de las mujeres, sobre el origen y la naturaleza reparatoria de la obra o proyecto.

En lo que se refiere al PREI, hasta junio del 2013 se han entregado indemnizaciones a 29.392 beneficiarios y beneficiarias; es decir, el 37,2% del universo total (78.908). Sin embargo, hasta la fecha no se han logrado superar las deficiencias advertidas en el Decreto Supremo 051-2011-PCM, norma que dio inicio a este Programa, pues mantiene la disposición del cierre del RUV para aquéllos que presentaron su solicitud con posterioridad al 31 de diciembre del 2011, lo que contradice el carácter inclusivo y permanente de ese Registro; asimismo, otorga un monto de 10.000 nuevos soles a cada víctima, suma ínfima respecto a otras indemnizaciones reconocidas por el Estado, lo que afecta el principio de igualdad y no discriminación.

En noviembre del 2011, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) adoptó un acuerdo para modificar esta norma en ambos extremos. Sin embargo, hasta la fecha el cambio no se ha concretado. Otro problema advertido es que las y los beneficiarios que registran más de una afectación (5.195 casos) solo están recibiendo reparación económica por una de ellas, desconociéndose que el marco normativo nacional e internacional dispone la entrega de reparación por cada víctima o afectación.

Una cifra que no debe pasar desapercibida y, por el contrario, merece una profunda y seria reflexión por parte del Estado, es la referida a las personas acreditadas en el RUV que han fallecido sin recibir reparación económica. Ello demuestra la urgencia de fortalecer la política de reparaciones y agilizar su ejecución. Según el Consejo de Reparaciones, a marzo del 2013 han fallecido 3.587 beneficiarios del PREI sin haber accedido a su derecho.

La respuesta frente a las otras modalidades de reparación ha sido insuficiente. En materia de educación, solo se cuenta con lineamientos aprobados; si bien el Ministerio de Educación, a través del programa social Beca 18, ha creado una modalidad especial para las víctimas de la violencia (Beca Repared) —lo que sin duda constituye una iniciativa importante—, ella presenta limitaciones tales como la exigencia de calificación de los postulantes al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y excluye a los hijos de la mayoría de víctimas directas. Por esta razón, de las 250 becas ofrecidas entre los años 2012 y 2013, solo se han otorgado 226.

En lo que compete a la limitación de acceso, la norma contempla como beneficiarios de estas becas a las víctimas directas y a los hijos e hijas de fallecidos, desaparecidos y producto de violación sexual. Por ello, se ha recomendado que se permita a las personas beneficiarias, cuyas edades en su mayoría superan los 40 años, ceder su derecho a favor de alguno de sus hijos. Esto requiere solo la modificación del artículo 18.º del Reglamento de la Ley 28592.

En el ámbito de la salud, la atención a las víctimas de la violencia se ha dado a través del Seguro Integral de Salud (SIS). Su inclusión en un programa social no ha estado exenta de dificultades; algunas han sido superadas, como la exigencia de clasificación al SISFOH, pero otras persisten. Pese a ello, al mes de marzo del 2013, 66.303 personas se encuentran afiliadas al SIS (45%). Por otro lado, un total de 22.880 personas ha recibido atención en salud mental del Ministerio de Salud (MINSA).

Si bien corresponde al Gobierno Central atender a las víctimas, esta responsabilidad es compartida con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, cuya labor en materia de reparaciones es poco satisfactoria. La mayoría no incluye, en sus presupuestos anuales, actividades o proyectos relativos a esta temática. Además, existe desconocimiento —y en algunos casos desinterés— sobre el desarrollo de la normativa en materia de reparaciones. No obstante ello, merece destacarse la aprobación de algunos planes distritales de reparaciones, iniciativa que debiera ser replicada, especialmente en las regiones donde hubo mayor afectación pero también donde se ubican las personas desplazadas.

En suma, podemos señalar que el proceso de reparaciones permanece inconcluso, por lo que requiere no solo un mayor impulso sino un verdadero liderazgo desde el ente rector (CMAN), así como indicadores cualitativos, cronogramas y mecanismos adecuados de monitoreo y evaluación; sin dejar de lado una mejor comunicación con las víctimas y sus organizaciones que permita garantizar el enfoque participativo del Plan Integral de Reparaciones.

Reparar integralmente a las víctimas de la violencia no es una labor sencilla, pero se trata de una tarea insoslayable que el Estado peruano ha asumido con el convencimiento de que es preciso reconocer, dignificar y reparar el daño con el fin de evitar la repetición de los hechos. Es un camino que se debe transitar si queremos mirar al futuro con optimismo y con la esperanza de haber encontrado el camino de la reconciliación.