Imagínate que hace varios años te detuvieron, acusado de terrorismo, y te llevaron a un cuartel militar, donde te sometieron a brutales torturas. Imagínate que después de un tiempo se dieron cuenta de que no eras terrorista y te soltaron. Sabes que tuviste suerte, pero igual te sientes mal porque a muchas personas no les pasó lo mismo; sabes que otros fueron asesinados y otros más desaparecidos para siempre. Pero el conocimiento de tu suerte no alivia el recuerdo del dolor y la humillación que sufriste. Imagínate tener que volver al cuartel donde te sucedieron estas cosas para verificar ante las autoridades judiciales lo que viviste.

Eso es lo que hicieron varios peruanos y peruanas en Ayacucho en junio de este año. Son los testigos del caso Los Cabitos, que acompañaron a los jueces, fiscales y abogados a la inspección ocular de la base militar y a los centros de inteligencia conocidos como las “casas rosadas”, lugares que se convirtieron en centros de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada en los años iniciales del conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000.

El relato que sigue da cuenta de ese proceso. Sucedió durante la tercera visita del colegiado de la Sala Penal Nacional presidida por el magistrado Ricardo Brousset, que viajó a Huamanga para recoger los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas y realizar las inspecciones de los tres locales mencionados, así como de la zona conocida como La Hoyada, explanada contigua al cuartel donde unos años atrás se hallaron los restos de 109 personas, entre cuerpos enteros e incompletos, y un total de 30 kilogramos de restos humanos carbonizados.

Día 1: Los testimonios
Las audiencias se realizaron en la sede de la Corte Superior de Ayacucho. Solo acudieron dos acusados: Pedro Paz Avendaño, ex jefe del Destacamento de Inteligencia, y Humberto Orbegoso Talavera, ex jefe del Cuartel Los Cabitos¹ y su abogado, Franco de la Cuba. También estuvieron presentes la fiscal superior Luz del Carmen Ibáñez; la doctora Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODEH y representante de la parte civil, y un equipo de acompañamiento conformado por personal del Ministerio de Salud, REDINFA, APRODEH y la Red de Salud, quienes ofrecieron soporte psicológico a los afectados durante los tres días de procesos judiciales.²

La Sala recogió el testimonio de 9 personas: un periodista, un abogado de derechos humanos, una víctima de tortura y seis familiares de detenidos-desaparecidos. Los testigos relataron, desde su propia experiencia, los hechos de violencia que vivieron en Huamanga en el año 1983.

Testigos de contexto: Los militares eran “omnipotentes”
Mario Cueto Cárdenas fue corresponsal por RPP Noticias en Ayacucho durante el periodo de violencia. Narró las limitaciones que enfrentó la prensa y la pobreza del sistema de comunicaciones en esa época. En particular, explicó lo difícil que era compartir información con los familiares y reportar las denuncias de detenciones y desapariciones forzadas. A diferencia de las abundantes noticias de personas asesinadas por Sendero Luminoso —el “pan de cada día” de la prensa peruana, según el testigo—, ellos reportaban una o dos veces por semana sobre los muertos en los botaderos de Puracuti e Infiernillo: “Cuando veíamos cadáveres con balas en la frente y signos de torturas”, afirmó, “[sabíamos que] eran de las fuerzas del orden”.

Relató cómo, todos los domingos, el jefe del Comando Político Militar (CPM), general Clemente Noel (ya fallecido), participaba en el izamiento del pabellón nacional en la plaza de Huamanga. Acudían autoridades locales. Por su parte, Noel estaba siempre acompañado de efectivos militares. Al finalizar la ceremonia, el general se acercaba a los periodistas, pero siempre negaba las acusaciones de la desaparición forzada de personas.

Luego testificó Mario Enrique Cavalcanti Gamboa, presidente, en 1983, del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Parte de su labor consistió en recibir denuncias por detenciones y desapariciones forzadas, así como copias de las denuncias que los familiares o sus abogados hacían llegar a la Fiscalía. Ésta estaba “muy limitada en sus funciones” en materia de derechos humanos, aseveró: no verificaba los lugares donde, se sabía, había restos humanos; tampoco hacía seguimiento a las denuncias. Esto sucedía por presiones del jefe del CPM, quien era “prácticamente omnipotente”.

La inoperancia de la Fiscalía en esa época fue comprobada por los familiares de las víctimas en sus testimonios. Los testigos también relataron historias que corroboran el modus operandi de las fuerzas del orden al momento de efectuar las detenciones en Ayacucho en 1983: siempre a altas horas de la noche y durante el toque de queda impuesto por el CPM, decenas de soldados encapuchados, vestidos con pantalón verde claro, cafarenas negras, botas y armas largas y cortas, irrumpían en las casas de Huamanga; con gritos, golpes e insultos se llevaban a sus víctimas sin decir a dónde ni por qué. En muchos casos, fue la última vez que los familiares vieron con vida a sus hijos, padres o hermanos.

La desaparición forzada de un profesor
Así pasó con Kío Clímaco, quien declaró por la desaparición forzada de su padre, Octavio Clímaco Chuchón, un profesor en Vischongo que había ido a Huamanga a cobrar su sueldo. Varios efectivos militares irrumpieron en su casa, algunos por el techo y otros por la puerta, y se lo llevaron. Al día siguiente lo buscaron en la PIP y la comisaría, pero la respuesta siempre fue la misma: “acá no hay nada”, “acá todavía no se ha registrado”. Fue con un abogado a la Fiscalía, donde le recomendaron que vaya al cuartel Los Cabitos a buscarlo, pero no obtuvo ninguna información. Ante esa situación, fue a los botaderos, “donde los chanchos comen a los muertos”, según las palabras de Kío Clímaco. Pudo ver varios cuerpos tirados, llenos de espinas, moreteados, pero no el de su padre. Hasta ahora, éste sigue desaparecido.

Dos familias destrozadas por la desaparición de sus familiares
Walter Rómulo Cueto Huamancusi fue detenido y desaparecido el 8 de noviembre de 1983. Así testificó su madre, Isabel Huamancusi, y su hermana, Gladys Cueto. Era de noche; todos estaban durmiendo cuando efectivos militares irrumpieron en la casa. Gladys, quien tenía 17 años en ese momento, testificó que despertó abruptamente, pues los militares la comenzaron a golpear. Vio a su mamá parada contra la pared, con las manos hacia arriba. De reojo vio que su hermano, con los ojos vendados y las manos atadas hacia atrás, era llevado por las fuerzas de seguridad. “¡Mamá, se están llevando a Walter!” —exclamó, lo que motivó que uno de los efectivos le diera un culetazo en la espalda. Se quedó calladita, recordó, en medio de un llanto desconsolado. No les permitieron hablar; tampoco les dieron razones de por qué se estaban llevando a su hermano.

Madre e hija lo buscaron en la PIP, la comisaría y el cuartel Los Cabitos. Allí solo recibieron negativas y amenazas de muerte. Días después les informaron que su hermano había sido asesinado, que lo buscaran en el botadero Puracuti, pero no lo hallaron. “¡Hasta ahora no sabemos nada!”, exclamó Gladys ante el tribunal. A pesar de que la familia hizo la denuncia por desaparición forzada, ni la Fiscalía ni ninguna otra autoridad les dieron importancia. Años después, en 1998, Gladys y su familia tuvieron información sobre el asesinato de su hermano. Un hombre les contó que estuvo detenido con varias personas, todos con los ojos vendados. Llamaron a cuatro por su nombre, entre ellos a Walter, los desnudaron y los ajusticiaron en Puracuti. Luego les echaron ácido; quizá por eso nunca hallaron su cuerpo.

La señora Isabel Huamancusi se dirigió al tribunal en quechua. Contó a los magistrados que no solo había perdido a su hijo Walter. En 1990, su hijo Julio César, de 15 años de edad, fue asesinado por militares frente a su casa. Habían llegado hasta allí para detenerlo, pero logró escapar; incluso esquivó las balas, pero no por mucho. Unas cuadras más allá, la señora halló muerto a su hijo, su cuerpo inclinado sobre una piedra, con una bala en la cabeza. Denunció el asesinato a la Fiscalía, pero el caso fue archivado. Entre lágrimas, la señora Huamanacusi finalizó su declaración exigiendo justicia. Afirmó que sigue buscando y seguirá buscando, hasta que le digan por qué a uno de sus hijos lo desaparecieron y a otro lo mataron.

La audiencia continuó con el caso de Oswaldo Cárdenas Quispe, detenido y desaparecido el 30 de noviembre de 1983. Declararon sus hermanos Magdalena y Efraín, y su madre, Eleodora. La señora testificó en quechua y explicó con mucho detalle cómo fue detenido su hijo y el vía crucis que experimentó su familia al buscarlo. Lograron confirmar que Oswaldo estuvo recluido en Los Cabitos gracias a un soldado huancaíno que se conmovió por su situación y que les ayudó a pasarle comida por dos semanas. Pero un día, este mismo soldado les dijo que se lo habían llevado en helicóptero, sin saber dónde. No volvieron a tener noticias de Oswaldo hasta hace unos meses, cuando reconocieron su polo en una exhibición de prendas.

Cuando lo detuvieron, Oswaldo Cárdenas Quispe tenía 16 años y era escolar. Ni siquiera lo buscaban a él, sino a un tal “Javier”. Mientras se lo llevaban, su hermana buscó la boleta militar donde constaba su nombre y la mostró a los militares para que lo suelten: “Aquí están, jefe, sus documentos”, pero no le hicieron caso. Igual se lo llevaron. En la búsqueda de su hijo desaparecido, la señora Quispe se encontró con gente inescrupulosa que quiso aprovecharse de su desesperación: una mujer le ofreció información sobre su hijo a cambio de dinero; un militar le dijo que era “el dueño del cuartel” y que la haría conversar con su hijo por radio si le llevaba dos gallinas grandes. Años después su esposo también fue asesinado por militares de Chuschi. En uno de sus viajes, él se encontró con efectivos militares; trastornado por el dolor y por los efectos del alcohol, los insultó y les gritó: “¡Asesinos!”. Lo mataron a balazos.

“Sabían lo que pasaba”: Testimonio de un sobreviviente de Los Cabitos
Mauro Ramos asistió a la Sala para declarar sobre las torturas sufridas en el Cuartel Los Cabitos. Agrónomo de profesión, relató que tenía 20 años cuando fue sacado de su casa, el 20 de septiembre de 1983, en una redada efectuada por militares y comandada por cinco hombres vestidos de civil, con acento costeño. Una vecina que sufría de alteraciones mentales lo sindicó a él y 15 vecinos de la zona como senderistas.

Fue llevado al Cuartel Los Cabitos. Pudo reconocer varios de los ambientes, pues había hecho el servicio militar allí entre 1981 y 1982. Contó que fue sometido al colgamiento, el ahogamiento y la electricidad en la planta de los pies, el mismo ciclo de torturas que otros testigos en este juicio han relatado. Quienes aplicaban las torturas y amenazaban a los detenidos, dijo, tenían acento costeño. Fue obligado a ver cómo torturaban a tres de sus vecinos. En otro momento presenció la violación de una joven por soldados de la tropa dentro del Cuartel.

A la pregunta cómo logró salir de Los Cabitos, Ramos respondió que fue gracias a su cuñado, que era miembro del Ejército. Él solicitó la liberación de los 15 vecinos que habían ingresado juntos. Mauro Ramos estuvo 20 días en el Cuartel y, luego, 15 días en la PIP, donde le tomaron su manifestación y lo soltaron. Sin embargo, quedó con antecedentes penales y en los años siguientes fue detenido varias veces, según él, “para fastidiarlo”, pues en una ocasión, sin razón alguna, lo llevaron preso hasta el Palacio de Justicia de Lima. No pudo contener el llanto y la impotencia por lo que sufrió, pues ha vivido con el estigma de ser considerado “un terrorista, un asesino”. Pidió a la Sala “que acabe esta situación ya” y que se haga justicia. Los imputados “no pueden tapar el sol con un dedo,” dijo. “Ellos sabían lo que pasaba.”

Día 2: La inspección de las Casas Rosadas
La Casa Rosada más antigua, ubicada en la Urbanización Mariscal Cáceres, funcionó como sede del Destacamento de Inteligencia desde inicios de 1983 hasta noviembre del mismo año.³ Por afuera no ha cambiado mucho; es el mismo frontis que aparece en una fotografía del libro Muerte en el Pentagonito. Hoy es sede de la Cruz Roja Internacional.

Las partes del proceso judicial fueron llegando al local. Como es de suponer, los jueces y la fiscal arribaron a la diligencia en camionetas oficiales. Los acusados y su abogado se apersonaron en una camioneta negra y con lunas polarizadas. El acusado Orbegoso Talavera caminaba con gafas oscuras y cubriéndose el rostro con un periódico, a diferencia de Paz Avendaño, que no tenía reparos en ser fotografiado.

Conversamos con una de las vecinas del local que vive en la zona desde inicios de los años 80. Ella describió que en una ocasión escuchó fuertes gritos de mujeres. Dijo, además, que su empleada oía continuamente gritos y lamentos tanto de varones como de mujeres, y música a alto volumen. Fuera de la casa había una garita con dos hombres vestidos de civil que hacían labores de seguridad.

La segunda Casa Rosada se ubica en la Urbanización Jardín. Funcionó como sede de Inteligencia a partir de noviembre de 1983. Antes de ingresar hubo un desencuentro entre la fiscal y el acusado Paz Avendaño sobre cuál era la casa. Pero la diligencia ya estaba establecida e ingresaron en aquélla determinada previamente por la Fiscalía.

Afuera esperaba el señor Teodosio Borda Quispe, de 86 años. Su hijo Jesús Borda Chipana había sido sacado de su casa por efectivos militares vestidos de civil en noviembre de 1983. En su búsqueda fue hasta esta misma vivienda, la Casa Rosada, y reconoció la camioneta verde en que se habían llevado a su hijo. Dos efectivos vestidos de civil y armados le cerraron el paso. No pudo acercarse más. El señor Borda Quispe entregó esta información a los jueces, y señaló dónde vio la camioneta estacionada y cómo los efectivos lo apartaron del lugar. Él ya había ofrecido su declaración oficial a la Sala en junio del 2012.

Día 3: Volver, 30 años después. La inspección a Cabitos y La Hoyada
El cuartel del horror
Varios de quienes testificaron en este juicio sobre su reclusión y las torturas que sufrieron en Los Cabitos fueron convocados a participar en la inspección judicial al Cuartel.4 No era tarea sencilla regresar al cuartel del horror, 30 años después, para dar cuenta de los recuerdos de su detención. Su nerviosismo y su temor eran visibles, pero se armaron de valor, pues sabían que su presencia y la información que iban a proveer serían importantes en su larga búsqueda de verdad y justicia.

Los testigos narraron a los jueces que habían visto el frontis del Cuartel, algunos cuando ingresaron, otros cuando fueron liberados. Mencionaron que Los Cabitos había cambiado mucho: no estaba el arco de la entrada, tampoco la estatua, y las paredes del costado eran más bajas. Afuera, recordaron, se encontraba una tranquera, y a los alrededores no había casas, sino que era pampón y había algunos tunales. Mientras se daban estas primeras declaraciones, la fiscal Ibáñez preguntó por los procesados. “Están adentro haciendo coordinaciones”, fue la respuesta. Efectivamente, Paz Avendaño y Orbegoso Talavera estaban tras la reja, dentro del Cuartel, conversando y coordinando con los militares de la base y evitando ser fotografiados.

Ya dentro del Cuartel, una diligencia de aproximadamente 30 personas se dirigió por una pista que hace 30 años era de tierra. Una de las primeras instalaciones que visitaron, a unos 200 metros de la puerta principal, fue el lugar de residencia de los altos mandos militares en 1983. El primer bloque había sido la vivienda del general Clemente Noel. En el segundo vivía y trabajaba el acusado Orbegoso; en el tercero, en casas contiguas, residían los coroneles Carbajal, Millones y Saldaña, también acusados en este proceso.

Caminando por la misma pista, arribaron al Cuartel Domingo Ayarza. Varios testigos reconocieron uno de los ambientes como el primer lugar adonde fueron conducidos. Era de adobe y se veía deteriorado y antiguo. “Aquí me pusieron la primera capucha y me llevaron allá al rincón”, mencionó un testigo. Otro dijo que en ese ambiente le tomaron sus datos; luego lo vendaron y no pudo ver más. Fuera de este recinto, hacia el lado derecho, reconocieron los restos de unas construcciones de adobe y barro: eran las covachas, cubículos de un metro por un metro con techo de calamina, donde decenas de detenidos fueron recluidos en condiciones infrahumanas.

Los jueces y demás participantes en la diligencia siguieron caminando hasta llegar a unas canchas de frontón y fulbito, y una piscina. El acusado Orbegoso mencionó que las canchas eran recientes, pero que no recordaba que hubiera una piscina. Uno de los testigos que había servido en el Cuartel entre 1981 y 1982, sin embargo, recordó que en esa zona sí existió una piscina de 25 metros a 30 metros. Otros testigos recordaron no solo la piscina donde los zambullían atados a una escalera, sino también otro ambiente contiguo: la sala de torturas. Estos recintos no aparecieron en el registro de construcción del Cuartel Los Cabitos, documento que en ese momento de la inspección fue ofrecido como prueba por la defensa. El mismo comandante Muñoz, jefe de guarnición del Cuartel que acompañó a la Sala en la diligencia, manifestó que varias de las construcciones internas no estaban registradas.

Hacia el final del Cuartel, cerca del torreón y de la segunda salida que colinda con La Hoyada, llegaron al ambiente de Maestranza. Los testigos lo reconocieron de inmediato: allí los interrogaron y les practicaron la tortura del colgamiento; aún se veían las vigas por donde colgaban las sogas. Más allá estaba otro ambiente conocido como “La Chanchería”. Mauro Ramos, el exsoldado del Cuartel que testificó dos días antes, recordó que a principios de los 80 ahí había animales, pero que en 1983 se convirtió en un lugar de torturas muy temido y conocido por los soldados. Cuando estuvo preso, los soldados decían: “Si te llevan a la zona de ‘La Chanchería’, ya no sales”.

Al finalizar esta parte de la inspección, varios de los testigos ya se habían retirado. El recorrido era largo; algunos ancianos no pudieron caminar todo el tramo del Cuartel. Otros testigos referían que no pudieron ver más porque estuvieron vendados o encapuchados. Entonces la Sala los autorizó a retirarse. Era palpable el temor que muchos de los testigos aún sentían, miedo de que tal vez “los agarren” nuevamente.

La Hoyada: Las cenizas del olvido
En La Hoyada, algunos familiares de ANFASEP esperaban la llegada de la Sala. Estaba Mama Angélica Mendoza con la fotografía de su hijo Arquímedes, e Isabel Huamancusi, con la foto enmarcada de su hijo Walter. También se encontraba allí Adelina García, quien nos contó que antes La Hoyada era una pampa donde los soldados hacían sus prácticas de tiro. “Siempre veníamos” —recordaba Adelina—, “pero no nos dejaban entrar, hasta las exhumaciones en el 2005.” Efectivamente, ese año miembros del Equipo Médico Forense del Instituto de Medicina Legal realizaron excavaciones en la zona de La Hoyada; el resultado: hallazgos macabros.

La Sala, que había salido del Cuartel Los Cabitos por la puerta trasera, fue dirigida por el antropólogo forense, el arqueólogo y el médico legista miembros de este equipo. Con el informe antropológico forense en mano, señalaron a los jueces las zonas donde encontraron las fosas con los cuerpos enteros y los restos parciales; las cenizas cerca de la quebrada; el perímetro de los ladrillos destrozados, vestigios del horno donde se quemaron cientos de cuerpos humanos, y el tanque de combustible. La Sala recorrió la explanada tomando fotografías y filmando, constatando lo que se había establecido en el voluminoso informe de cuatro tomos presentado como prueba del caso por la Fiscalía.

La inspección llegó a su fin casi a las 2 de la tarde. Los familiares y la doctora Gloria Cano resaltaron la importancia de esta diligencia, pues se había comprobado la existencia de los lugares de tortura y el hallazgo de los restos humanos. La doctora Cano reconoció la valentía de los familiares, pues “si no fuera por ellos no se hubiera exhumado; ni siquiera se hubiera iniciado la investigación”.

Por su lado, los familiares exigieron que el Gobierno Regional de Ayacucho cumpla con la promesa de convertir a La Hoyada en un “Santuario de la Memoria”. Cada año más viviendas se van construyendo en la explanada. En algunos casos se han levantado casas sobre las excavaciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal. Pareciera un intento más de enterrar la verdad, esta vez con ladrillos y cemento.

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¹ Cuatro imputados fueron eximidos de asistir por motivos de salud: el general (r) Carlos Briceño Zevallos, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; el coronel (r) Julio Carbajal D’Angelo, segundo comandante de la Segunda Zona de Infantería; el coronel (r) Carlos Millones D’Estefano, ex jefe del Estado Mayor Operativo; y el coronel (r) Roberto Saldaña Vásquez, ex jefe del Estado Mayor Administrativo. El acusado Arturo Moreno Alcántara, ex jefe de la Sección Contrasubversiva de la Casa Rosada, se encuentra prófugo en Chile.

² Además, han estado acompañando a los familiares en diversos procesos como las exhumaciones o la identificación de prendas.

³ Jaime Urrutia habló de este local cuando testificó en el caso (véase “Antropólogo Jaime Urrutia testifica sobre las torturas sufridas en el Cuartel Los Cabitos”).

⁴ Véase “Juicio por el caso Cabitos: Crónicas de las audiencias en Ayacucho (Parte I) y “Ya te fregaste, estás en el cuartel”.