La realidad a veces sorprende. Es memorable la escena de Francesco Pentangeli, testigo clave contra el principal líder de la mafia italiana en los Estados Unidos, Michael Corleone. Este último está siendo investigado por el Senado estadounidense por asesinato y corrupción. Parece que todo está definido hasta que un campechano Pentangeli, luego de ver a su hermano sentado al lado de quien debía denunciar, declara que no es cierto lo que dijo a los del FBI, que fue presionado. El escándalo se arma, se levanta la sesión y el Padrino (Corleone) se libra una vez más, e incluso se da el lujo de gritar que demandará a la comisión parlamentaria por difamación. Fin de la toma y, de acuerdo con la película, la mafia siguió andando.

Lo narrado sorprende por el parecido entre Pentangeli y Carlos Dos Santos, alias Brasil, sentenciado por tráfico ilícito de drogas, excarcelado y luego amigo del ahora reo Facundo Chinguel, presidente de las Comisión de Gracias Presidenciales en el gobierno de Alan García. El sorpresivo retroceso en las declaraciones de uno de los testigos más mediáticos de la venta de gracias presidenciales para favorecer a sentenciados y procesados por narcotráfico, empujado a actuar así por altos funcionarios del gobierno aprista, es de película y preocupa. No solo por el hecho mismo de modificar una delicada declaración, sino también porque junto a ella realizó terribles denuncias contra el presidente de la megacomisión, Sergio Tejada, señalando que fue “citado al despacho del congresista. El citado parlamentario me indicó que tenía el apoyo total del gobierno, de medios de prensa y de magistrados que me apoyarían y que si declaraba en esos términos me sacarían del país y tendría un sueldo a manera de apoyo”.

Pero no solo esto ha tenido que pasar la megacomisión. Además, tuvo que afrontar y responder denuncias penales y acciones jurídicas de parte del APRA (específicamente del excongresista Jorge del Castillo) y de los abogados de Alan García. Los indicios apuntan a que la finalidad de éstas es generar dudas sobre la objetividad del trabajo de esta comisión, y teñir con un manto oscuro las probables conclusiones a las que llegue esta importante investigación.

Por ello el Pleno del Congreso ha vuelto a ampliar las facultades de investigación de la megacomisión por 45 días. La principal razón de esta ampliación han sido las distracciones legales, mediáticas y políticas que ha tenido que campear la comisión investigadora. Todas —o casi todas— provenientes de Alan García, sus abogados y sus correligionarios.

El testigo que no es
El caso específico del cambio de testimonio de Brasil resulta bastante contraproducente. Primero, porque no afecta específicamente el trabajo de la megacomisión sino el de la Fiscalía, y por ello resulta poco creíble.

Como dijo el congresista Tejada, las declaraciones de Brasil no figuran en su informe. Pese a que se reunió y grabó toda la declaración de éste, Tejada ha señalado que solo ha incluido en él los amplios reportajes periodísticos del que fue protagonista (ver video), y no su testimonio. Es decir, Brasil no tiene calidad de testigo en el informe de la megacomisión y, por lo tanto, no tendría sentido que su presidente lo haya presionado. Algo que ha ratificado el procurador anticorrupción Julio Arbizu, quien ha señalado incluso que el testimonio de Dos Santos no es el más importante que se tiene sobre la venta de gracias presidenciales, ni en el Ministerio Público, ni en la megacomisión.

Por otro lado, junto a esto, la declaración de Brasil no fue puro testimonio; además, entregó papeles y documentos que están en manos de la Fiscalía, algo que hace menos creíble esta retractación.

Finalmente, otro argumento es el jurídico. Penalmente el cambio de testimonio no es automático. El juez o fiscal tienen que valorar ambas versiones y compararlas con otras pruebas e indicios adicionales, con el fin de apreciar su credibilidad. Es más: de acuerdo con el profesor de Derecho Penal Yván Montoya, “el cambio de versión de testigos que primero incriminan y luego sorpresivamente se retractan es propio y usual dentro del ‘crimen organizado’ […]. Cuando uno de sus miembros ha tenido una versión incriminatoria, las organizaciones criminales hacen todo lo posible para que se desdiga rápidamente” (Diario 16, 22/10/2013). Algo que no habla bien ni de Dos Santos ni del Partido Aprista. Por eso no deberían extrañarnos estos cambios de versiones.

Sin embargo, más rápidos que apurados, el secretario general del Partido Aprista, Jorge del Castillo, denunció penalmente a Sergio Tejada por su actuación en las investigaciones de los “narcoindultos”.

Lo que no se dice sobre los fallos en contra de Alan García
Las otras noticias que salieron a la luz fueron las resoluciones del juez del Quinto Juzgado Penal Constitucional de Lima, a cargo del juez Rodolfo Velásquez Zavaleta. La primera en conocerse fue una explosión (Resolución 15, 19/9/2013): se dijo que el fallo anulaba toda la investigación de la denominada megacomisión contra el exmandatario y que lo excluía de ser investigado por el Congreso. Algo totalmente falso. El fallo señalaba textualmente: “La decisión del juzgado no tiene por finalidad excluir al actor [Alan García] del procedimiento investigatorio”, y más bien indicaba que éste debe “someterse al mismo brindando la colaboración del caso” (ver párrafo vigésimo octavo y punto resolutivo 2 de la sentencia). Lo que sí decía la sentencia es que a partir de la mala citación que hizo la megacomisión al investigado, se generó una violación al debido proceso, y que el interrogatorio realizado el 8 de marzo del 2013 por la megacomisión a García es nulo, así como las actuaciones que se llevaron a cabo utilizando éste (punto resolutivo 1 de la sentencia). Un problema, sí, pero menos trágico que el avizorado, y que ahora ya fue corregido con la última asistencia de García a la megacomisión. (Pese a que él nuevamente circuló en ésta un escrito jurídico señalando cómo la megacomisión no cumplía con su derecho a un debido proceso.)

Sorprende mucho la tergiversación de esta resolución por los principales medios de prensa. Un fallo que se hace público un viernes por la noche, sin que haya sido notificado aún a las partes implicadas y que dio lugar a un despelote monumental: cambiando su sentido, dando la sensación de que la megacomisión investigó mal y que el proceso parlamentario contra García es arbitrario y linda más con una persecución que con una investigación válida.

Un segundo fallo del mismo juez, que fue expuesto por los abogados de García como un nuevo triunfo, fue el que rechazó (declaró infundado) el pedido de nulidad planteado por la megacomisión a su sentencia que exigía una mejor citación y que se vuelva a tomar declaraciones a Alan García.

Esta decisión no es una novedad (ver resolución 04, 22/10/2013), pues el pedido del procurador del Parlamento argumentaba que el juez estaba lesionando la legitimidad e independencia del Congreso. Es evidente que este tipo de fundamento sería rechazado de plano por un magistrado constitucionalista. Queda muy claro, también, que el argumento contra esta resolución tenía que ir más por el lado de definir específicamente el contenido esencial del debido proceso dentro de los órganos administrativos parlamentarios. La difusión mediática de esta resolución fue abrumadora: se veía como una derrota más de la megacomisión, pues así fue anunciada por varios medios. Empero, éstos no difundieron cómo el juez hace caso omiso a los pedidos de suspensión y nulidad de las investigaciones de la megacomisión de parte de los abogados de García.

Otros fallos importes han dejado de ser difundidos. Resoluciones que declaran improcedentes pedidos de nulidad que siguen dando indicios de las verdaderas intenciones del exmandatario. Así, una de las últimas solicitudes realizada por García fue “que se ordene a la Comisión se difiera por unos breves días la citación para el 30 próximo, teniendo en cuenta que es obligación de la Comisión concederle un plazo razonable para preparar su defensa”. Este pedido fue declarado improcedente (Resolución 03, 21/10/2013) por el juez, y ningún medio la difundió.

Al parecer, el nivel de avance de la investigación de la megacomisión ha hecho que Alan García, conocido por frases como “quien no la debe no la teme” o que él no se defiende “con acciones de amparo o con llantos”, recurra nuevamente a la salida legal, que tan buena le ha resultado en anteriores situaciones. No hay que olvidar que utilizó la figura de la prescripción y papeleo jurídico en los casos de corrupción que se le seguían por su primer gobierno.

Sea como fuera, toda esta estrategia, si bien puede generar una inicial confusión entre la ciudadanía respecto al trabajo de la megacomisión, al final está resultando un bumerán contra el propio investigado, García, pues los niveles de desesperación se hacen evidentes y la fragilidad de las denuncias saltan a la vista. Pareciera que García teme no ser candidato el 2016.