Son las once y veintitrés de la noche del lunes 1 de junio de 2009. Michael McKinley, embajador de Estados Unidos en Perú, emite un informe titulado “Protestas Amazónicas se encienden por debate de decretos”. El informe consta de 2.077 palabras y es confidencial – hecho público recientemente por Wikileaks –. En él, McKinley afirma: “Si el Congreso y el presidente García ceden a la presión [de los manifestantes], podrían haber consecuencias para el recientemente implementado Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú”. Asimismo, el embajador señala en el cable que, “La renuencia del Gobierno para usar la fuerza y desbloquear las carreteras está contribuyendo a dar la impresión de que las comunidades cuentan con un apoyo más amplio del que realmente tienen”. Más de 4.000 indígenas se encuentran en la zona bloqueada. La protesta amazónica – cuya causa inmediata fue la emisión bajo el Gobierno de Alan García Pérez de un paquete de 99 decretos ley no consultados que ponían en grave peligro el ecosistema de la selva y vulneraban los derechos territoriales indígenas, entre ellos el derecho de acceso al agua – ya lleva siete semanas, y los manifestantes exigen la derogación de dichos decretos. La preocupación del embajador estadounidense no era gratuita, ya que inversionistas de su país beneficiados por el TLC, tenían, como en el caso de la compañía minera Newmont, miles de millones de dólares en intereses económicos dentro de la zona afectada por el paro amazónico.

A esa misma hora, Dany López Shawit, indígena Awajún, duerme en un rincón de la Plaza de Armas de Bagua. Bajo su cabeza yace una mochila azul, que contiene su currículum vitae, documentos de identidad y una foto de su esposa y dos hijos. En Bagua, López busca un trabajo estable para sustentar a su familia. Horas antes de emprender el viaje desde la comunidad indígena de Paantam, su esposa, Fanuela Sanchum Pakun, se despidió de él con un beso, deseándole suerte en su entrevista. El puesto de chofer que ambiciona parece que está muy cerca de convertirse en realidad. Es por eso quizás que no le importa dormir tirado allí en ese terroso suelo de la Plaza de Armas.

Pero el sueño de una mañana mejor, según confiesa López, terminó siendo solo eso: un simple sueño. Nunca llegó a tener la entrevista. Para su gran sorpresa, la oficina donde ésta debía realizarse estaba cerrada en esos días, debido a la protesta de los pueblos amazónicos.

Resignado a retornar a su comunidad, se dirige hacia la carretera Fernando Belaunde Terry, donde sus hermanos indígenas se alistan para marcharse del lugar. Muchos de ellos están enfermos, deshidratados y cansados. Mientras esperan que lleguen los camiones, bajo un sol perverso, López habla con ellos sobre los ríos, el viaje y sobre los familiares que los esperan con impaciencia en sus respectivas comunidades.

Pero el 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, un masivo operativo policial – bajo estrictas órdenes del Gobierno central – desencadena los trágicos sucesos que se vivieron en la Curva del Diablo, la Estación 6, Bagua Capital, Bagua Grande (Utcubamba) y Jaén. Al verse en medio de los acontecimientos, Dany López decide huir de las balas, montándose en una ambulancia que recogía heridos. Pensaba que escaparía de ese infierno. Pero no fue así. A los pocos minutos, los policías detienen la ambulancia y López, pensando que corría peligro si salía, opone resistencia. Lo sacan igual y descubren un AKM y los documentos de uno de los policías muertos dentro de la ambulancia. López llevaba como recuerdo una cacerina que encontró tirada en el camino. Eso contribuye a desencadenar una paliza por parte de los policías ante la mirada hasta cierto punto indiferente de un fiscal, mientras lo acusan de haber asesinado a policías. A López le duele recordar ese día y se le nublan los ojos cuando recuerda lo que representa para él y su familia: “Pensé que mi vida era ese día nomás y que nunca más iba a volver a ver a mi esposa y a mis hijos”.

En Paantam, Sanchum está al borde de una crisis nerviosa. No es para menos. Según las noticias, “Los cuerpos de los pobladores amazónicos muertos durante los enfrentamientos con la policía, estarían siendo quemados por efectivos policiales de la Diroes”. Cree que su esposo es uno de ellos. En medio de ese desconcierto y de incertidumbre, lo busca incansablemente hasta que, por fin, lo encuentra en el penal de Huancas, en Chachapoyas, donde había recalado tras pasar por varios centros de detención. “Llegué [al penal] y lo encontré a mi esposo todo roto en su cara, las manchas que tenía en todo su cuerpo…”, relata Sanchum. “En una celda nomás vivían como 18 personas. A veces nomás me iba a visitar, porque es muy lejos. También es mucho gasto”.

A López lo obligan a firmar un documento en el que afirma no haber sido agredido por ningún efectivo policial. Aunque queda probado que ni López ni los que con él fueron detenidos llegaron a utilizar armas de fuego, sigue encarando cargos de extrema gravedad. Y de ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.

En su celda del penal de Huancas, López piensa en su esposa y en sus hijos – Franklin Carlos, 8, y Roseli Analí, 6 –. (Más adelante tendrá otra hija: Angi Xiomara, concebida en el penal y a punto ahora de cumplir 4 años.) Pero a muy temprana hora de la mañana, antes de pensar en ellos, piensa en las aguas de los ríos Nieva y Chiangos, donde solía bañarse. “La costumbre de nosotros es llegar a bañar el tiempo necesario que nosotros queramos”, explica López. En cambio, en Huancas no podía darse ese lujo. “Primero nos daban 15 minutos: de 6:15 am hasta las 06:30 am, nada más. Ese era el horario exacto. Era muy difícil. Allí, pucha, el olor…ni pensarlo”. Su celda, más o menos de 6x4, albergaba de 8 a 20 reclusos. Dentro de ella, había una especie de pileta, a cuyo costado se encontraba el baño – mejor dicho, un hueco de cemento –. Fuera de la celda, en el denominado “canchón” – es decir, el patio – había otra pileta. “De ahí teníamos que juntar el agua, y los disciplinas controlaban para que todos laven sus ropas con hora controlada”, cuenta López. “Y no era permitido lavar la ropa después del horario en que pasaba el agua”.

Las cosas mejoran un poco con la llegada de un nuevo director al penal. Entre las medidas que toma, incrementa a media hora el acceso al agua. “En ese nuevo tiempo que nos daban, yo más que todo sentía como si tuviéramos el agua 24 horas al día!” dice López, con una sonrisa a flor de labios. “Teníamos suficiente tiempo como para poder lavar bien nuestra ropa, poder bañarse, y poder juntar nuestra agua también”. López y sus compañeros se turnaban para limpiar la celda. “A quien le tocaba limpiar, tenía que juntar el agua, limpiar la celda, tener todo trapeadito y bien lavadito el baño. Bacán. Teníamos que vivir bien aseaditos, pues, para que no haya ningún olor. Así vivíamos. Ahí la cosa era aprovechar lo poco de agua que nos daban y saber convivir con los compañeros y los internos.”

Según la ley, el plazo máximo de detención para un procesado es de 36 meses. En el caso de López, éste se vencía el 12 de junio del 2012. Sin embargo, López se ve privado de su libertad durante algo más de 60 meses. El 9 de julio del 2009, bajo órdenes de “arresto domiciliario”, es transferido del penal de Huancas a Bagua – a una casa-cárcel que no es ni su residencia real ni que se encuentra en su comunidad –. El 23 de junio de este año, un juez finalmente accede al pedido de su abogado de cambiar la orden de arresto domiciliario por la de comparecencia restringida – aunque con las siguientes condiciones: firmar cada diez días y abonar una caución de 5,000 soles.

López espera juntar ese dinero. Pero, sin otra fuente de ingresos que los llaveritos que hace y vende entre 3 y 5 soles no se sabe cuánto tiempo tardará en hacerlo y menos aún cuánto tardará en poder regresar a su comunidad.

Mientras tanto López sigue intercambiando apasionadas cartas con su esposa, ajeno a los informes del embajador estadounidense revelados por Wikileaks, pero pendiente, hasta en su experiencia carcelaria, que la lucha por la defensa del agua en la Amazonía continúa.