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Humala en el año tres

(Foto: Andina)

Ha culminado el tercer año del mandato de cinco años que el pueblo peruano encomendó a Ollanta Humala para dirigir los destinos de la nación y culmina con una desaprobación presidencial de aproximadamente 75 %.

La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas tenía esperanza en que los ofrecimientos de la campaña electoral se cumplieran y que se aprobaran de manera efectiva los cambios que se ofrecían al país. Sin embargo, hay poco que resaltar pues es más lo incumplido que lo cumplido y, nuevamente, la mayoría se siente defraudada con nuestros dirigentes políticos.

Cuando el Presidente Ollanta Humala se dirigió a la nación el 28 de julio del 2011, en su discurso inaugural expresó sus deseos de cumplir las promesas y transformar al país en una patria de oportunidades para todos. Señaló que soñaba con un Perú donde la vida no fuera un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros, donde el ciudadano se encuentre protegido. ¡Qué lejos de ello estamos hoy! Los asaltos, los robos, la delincuencia juvenil, etc., siguen campeando, y han aumentado, después de estos tres años de gobierno.

Afirmó también que la realidad exigía un nuevo contrato social y evocó a la Constitución del 79 por su contenido nacional democrático y de libertad. No se ha conocido ninguna iniciativa del Ejecutivo para modificar la Constitución del 93 y poder enrumbar al país con soberanía, dignidad y nuevas relaciones que nos incluyan a todos.

Propuso, además, una “Gran Transformación” que no era otra cosa que una nueva convivencia entre todos los peruanos y peruanas. Hoy somos observadores de conflictos, insultos y debates inocuos entre la mayoría de nuestra clase política. Él nos dijo que su voluntad era la de no copiar modelos. Quería, como Basadre, que el Perú deje de ser el espacio problemático que era y sigue siendo. Afirmó que tomaría como ejemplo lo bueno de otras experiencias, e incluso mencionó a José Carlos Mariátegui, indicando que no había calco ni copia, sino creación heroica. Pero en el camino podemos comprobar que no demoró en abandonar éstas promesas y gobernar con políticas de hace más de dos décadas, sin fomentar una economía nacional de mercado abierto al mundo que hiciera realidad su compromiso de generar crecimiento con inclusión social y democracia. Para el entonces recién electo presidente, el Estado debía servir como promotor, no sólo de crecimiento, sino de progreso social y para ello, se comprometió con priorizar la educación, la salud y la nutrición infantil, mejorando las condiciones de trabajo.

Pero al día de hoy, nada de ello se ha conseguido. El sector educación no alcanza al 2.8% de inversión del PBI, el resultado del aprendizaje está cada día más deteriorado. Un 55% de escuelas públicas no cuentan con agua ni saneamiento, la desnutrición infantil se mantiene en un lamentable porcentaje de 18%, y en algunas regiones del país oscila entre el 40 y 50 % y la anemia se ha incrementado al 31%. Además, el trabajo no ha sido revalorizado como ofreció al inicio con un aumento del salario básico ligado a la productividad y al crecimiento económico. Ni qué hablar de los derechos laborales. Pero también ofreció dialogar con la sociedad civil, con los políticos y trabajadores a través de un consejo económico y social que él dirigiría. Hasta el día de hoy se trata sólo de un ofrecimiento incumplido.

¿Y qué ocurrió con los programas sociales como Juntos, Cuna Más, Beca 18, Pensión 65? Lamentablemente no han alcanzado las expectativas que como ciudadanos esperábamos. No hace falta siquiera mencionar que alguna vez indicó que construiría en cada una de las 50 capitales de provincias por lo menos un hospital. O recordar cómo prometía a los campesinos y campesinas del Perú, en general a los pobres del campo, que en su gobierno serían prioridad y que utilizaría al Agro Banco como una herramienta para otorgar créditos a la agricultura familiar. Del millón cien mil (1’100,000) unidades productivas agrarias, actualmente sólo un 7% accede a ese crédito.

Lamentablemente, para los meses que le quedan a este gobierno no hay mejores indicios de lo antes enumerado. ¿Qué podemos esperar?

La promesa histórica de que el Lote 88 del gas de Camisea serviría prioritariamente para el consumo interno y que desarrollaría una política de aprovechamiento soberano de los recursos naturales aún no se ha concretado. La decisión de repotenciar PetroPerú, sin ninguna restructuración de la empresa del Estado, hoy declarada en reorganización, hace peligrar  esta intención. Asimismo, el gasoducto, que todos los peruanos ahora tendremos que subsidiar, no es más el proyecto inicial. No sólo no se invitó al Estado a participar, sino que tampoco se exige a los inversionistas el desarrollo de la petroquímica que era el anhelo de todos los peruanos. Esperaremos una nueva orientación en el futuro gobierno, al cambio de la matriz energética que demanda el país.

Todavía recordamos cuando, aquel 28 de julio, anunció que sería un aliado de los gobiernos regionales y locales; sin embargo, no ha apoyado, durante estos 3 años, para que exista un gasto eficiente y transparente que priorice los proyectos de cada región del país. Estamos alertados y absortos por tener ya cinco presidentes regionales en la cárcel y otros varios fugados y cuestionados por el gasto de la inversión pública que es el dinero de nuestros impuestos. Entonces nos preguntamos: ¿Dónde están las responsabilidades de la Contraloría, el MEF y los otros Ministerios encargados de fiscalizar la inversión pública de las diferentes regiones del país? Porque estas responsabilidades tampoco están siendo asumidas.

El presidente nos anunció también que presidiría el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha Contra la Criminalidad. Dijo que se iría a una gradual eliminación del sistema uno por uno del servicio policial, que se activaría un servicio policial voluntario y se equipararían y conectarían todas las comisarías a una red digital.

Muy poco de ello se ha logrado y seguimos viviendo en el temor y la frustración por el grado de inseguridad.

Alcanzamos, efectivamente, una solución pacífica a nuestro diferendo con Chile; sin embargo, el Presidente Ollanta Humala cambió su compromiso de que la integración en el marco de UNASUR y La Comunidad Andina de Naciones fuera la línea principal de su accionar. Los tres millones de peruanos migrantes siguen esperando mejores incentivos para regresar al país y re-encontrarse con sus familias.

Lamentablemente, para los meses que le quedan a este gobierno, no hay mejores indicios de lo antes enumerado. ¿Qué podemos esperar? Quizás un paquete de medidas que hará que este país no tome con seriedad la alerta mundial sobre el cambio climático, ni la preservación de nuestra biodiversidad, del recurso hídrico y los glaciales como fue ofrecido. La agilización de trámites para emprender inversiones en los sectores mineros e hidrocarburos muestra nuevamente cómo se dejan de lado las promesas sobre la prioridad en la agricultura y la industria que serían los sostenes del empleo a largo plazo en el país.

Que la política económica continúe, como lo han manifestado quienes la dirigen, prendiendo velitas para que China vuelva a ser el consumidor de nuestras materias primas y sus precios se eleven en los mercados internacionales, parece una broma de mal gusto. Pero lamentablemente no lo es.

La esperanza del cambio de la Gran Transformación o de la Hoja de Ruta se ha esfumado.

¿Qué podemos exigirle a quien decidió tener como Primer Ministro al jefe del Plan de Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, como Ministro de Economía a quien fuera el viceministro del APRA, y en su gabinete, probablemente, a una gran mayoría que votó contra su programa y sus promesas de cambio?

El Presidente Ollanta Humala decidió finalmente elegir a Ana Jara como Presidente del Consejo de Ministros y se trata de la primera militante del Partido Nacionalista en ser designada en dicho cargo. Asimismo, el ex Presidente del Congreso, Freddy Otárola, es ahora el Ministro de Trabajo. Vemos entonces que en la última etapa de mandato, el Presidente estaría apostando a lo político frente a lo técnico en los puestos claves del Ejecutivo. Estos cambios buscarían fomentar que los principales programas sociales prevalezcan y algunas reformas se puedan mantener a lo largo de los últimos meses de su gestión. Esperemos que así sea.

Entrevista

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