Uno de los temas que agitaron la campaña electoral del 2011 fue el de los derechos laborales. No estuvo en la primera plana de los periódicos pero se movió por debajo: entre los trabajadores y los sindicatos. Ollanta Humala representaba la defensa de sus intereses. Por eso en el debate electoral que tuvo con Keiko Fujimori salió con la pata en alto: enrostró a su contrincante los planes que tenía respecto de la flexibilización laboral.

Cuatro años más tarde la tortilla se volteó. Humala está convencido de que la reducción de los derechos laborales es el camino para salir de la desaceleración económica, y no ha cambiado un ápice la legislación que denostaba. Al inicio, solo tocó de manera tibia el tema de la Ley General del Trabajo, para desentenderse del asunto luego que le diera las gracias por los servicios prestados a su primer ministro de Trabajo, Rudecindo Vega.

Pero con Humala no se ha inventado el desmontaje de las leyes de protección a los trabajadores. Se trata de una reivindicación añeja de los sectores empresariales que alcanza su cenit a comienzos de la década de los 90, con la liberación de la economía y la ola de privatizaciones.

Un trabajador requiere de un mínimo de predictibilidad en un espacio laboral tan complicado como el peruano. Sin embargo, debe enfrentarse a una legislación laboral gelatinosa que depende de los vaivenes de quienes dirigen la economía.

En 1970 Velasco Alvarado promulgó la primera ley de estabilidad laboral (DL 18471), que estipulaba un periodo de prueba de tres meses. Luego de ese tiempo el trabajador alcanzaba la permanencia. Ocho años después, Morales Bermúdez lo amplió a tres años, tiempo en el cuál el empresario podía despedir sin motivo. Esta modificación duró también ocho años porque, en 1986, el joven Alan García restituyó la estabilidad de Velasco.

Pero rápidamente le sacó la vuelta. Al año siguiente creó el Programa Ocupacional de Emergencia (PROEM), el primer antecedente de la Ley Pulpín. En ese programa se contrataba gente a plazo fijo y sin ninguna garantía de permanencia.

Al final de su primer gobierno, el impredecible García tuvo otro ataque de demagogia y aprobó la bolsa de trabajo de construcción civil y la negociación por rama para la minería, producto de intensas luchas sociales.

Los apachurrantes años 90
La década de los 90 se inauguró con un Estado colapsado y condiciones propicias para desregular el empleo. Alberto Fujimori, quien tenía como lema de campaña “honestidad, tecnología y trabajo”, no específico que de lo que se trataba era de tirarse abajo todo el régimen laboral. Dictó la Ley de Fomento del Empleo que reducía al mínimo la regulación estatal, consagrando de ahí en adelante el periodo de mayor inestabilidad para la clase trabajadora. (Paradójicamente este conjunto de leyes ha sido lo más estable que se ha tenido a nivel de laboral. Ha cumplido 22 años y es intocable.)

“Fue un atentado contra la estabilidad laboral. No solo se facilitó el despido sino se privilegió la contratación temporal al establecerse una gran cantidad de modalidades temporales que se han vuelto permanentes”, señala el laboralista de la PUCP, Álvaro Vidal.

Lo más grave de esta nueva legislación es que sus normas más importantes se establecieron en plena dictadura: entre 1992 y 1993, cuando el Congreso estaba cerrado. Varias de ellas establecían restricciones para formar sindicatos y el régimen de pensión privado, hoy tan cuestionado.

La desregulación no la inventó Fujimori. La estabilidad laboral se cuestiona a partir de la década de los 80 a nivel internacional. Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, implementaron políticas de liberalización de la economía por las cuales todo tipo de protección al trabajador significaba un estorbo. En Latinoamérica éstas se importaron con desiguales resultados. En el Perú fuimos de los más aplicados, aunque Chile nos llevaba la delantera. “Con Pinochet privatizaron y liberalizaron todo lo que pudieron. La Concertación mantuvo estas políticas y ayudó a exportar el modelo que el Perú copió y que es precarizante. Es el mismo que luego de 42 años, los chilenos han empezado a reformar. Actualmente en ese país hay un debate sobre la función pública de las pensiones” señala Vidal.

Si bien el fundamento de la reforma laboral apelaba a la generación de empleo, en la práctica se trataba del recorte y hasta de la anulación de los derechos de los trabajadores en todas sus fases: desde la contratación hasta el final de la relación laboral.

Al proliferar los contratos temporales la estabilidad comenzó a parecer un anacronismo. Otra de las consecuencias de la flexibilización ha sido la precarización del trabajo: las jornadas se extienden más allá de las ocho horas al no haber supervisión efectiva. El Perú es uno de los países que tiene las jornadas más extensas de América Latina, no solo por el abuso de algunos empresarios, sino porque muchos trabajadores tienen que dobletear la jornada a consecuencia del exiguo salario (estamos a la saga de América latina).

La guerra semántica
El gremio empresarial sostiene que el Perú es el país con mayores sobrecostos laborales. La semántica también juega su papel. Ya aprendimos que flexibilización es quitar todo marco regulatorio. De igual manera, que los sobrecostos son todas aquellas conquistas alcanzadas por los trabajadores que permiten mejoras en su jornada laboral. Por ejemplo, las retribuciones que no tienen que ver directamente con el salario mensual. Entre ellos, la CTS, las gratificaciones, el dominical, los feriados y las vacaciones.

Las cifras que presentan al Perú como el país que tiene más sobrecostos laborales son engañosas. En nuestro país éstos son una especie compensación por tener uno de los salarios más bajos de la región. Cuando el empleador fija el salario toma en cuenta estos gastos, que en realidad deben verse como parte del mismo jornal.

“El costo no salarial suma un porcentaje significativo de la remuneración y, de hecho, se ubicaría entre los más altos de América Latina. Apoyados en estos datos, algunos sostienen que deberían eliminarse estos “sobrecostos” que nos restan competitividad. Obviamente, parten erróneamente de considerar que el nivel de las remuneraciones se fija independientemente del costo no salarial. No se percatan (o no quieren darse cuenta) que lo que ocurre en la realidad es que el empresario conoce la magnitud de su costo no salarial y lo tiene en consideración al momento de fijar la remuneración”, explica Ernesto Alonso Aguinaba en Sobrecostos laborales: mito y realidad.

Incluso hay fundamentalistas que piensan que debería eliminarse hasta el seguro de salud. Dicen que es un gasto del empleador que no beneficia directamente al empleado, ya que éste no estaría dispuesto el destinar el 9% de su sueldo en un seguro, si por menos podría agenciarse uno.

El economista Iván Alonso sostiene en su columna de El Comercio: “Lo que la empresa está obligada a aportar a EsSalud es más de lo que la mayoría de trabajadores pagaría voluntariamente por tener un seguro. ¿Cómo sabemos que es más? Porque un profesional independiente que conocemos, con un nivel de ingresos seguramente mayor que el promedio, puede comprar un seguro privado por menos del 5% de los suyos. La gente de menores recursos no solamente está dispuesta a pagar menos, sino inclusive a prescindir de un seguro”.

Suena razonable, pero en la práctica su eliminación implicaría un gasto menos del empleador, el abandono del trabajador y un problema de salud pública de incalculables consecuencias. Suena terrible.

Primera Historia: Qroma, cuando el sindicato no está pintado
Qroma es la empresa líder en pinturas. Se trata casi de un monopolio que en los últimos años ha absorbido a las principales marcas del ramo: CPP, Vencedor, Tekno, Fast, AméricanColors, Jet y Paracas. Pero su crecimiento no parece guardar relación con el bienestar de sus obreros. Al menos ese es el sentir de sus dirigentes sindicales. Exdirigentes más bien. La empresa los echó a la calle. Seis días antes de Navidad.

Ronald Avellaneda, Silvio Noriega y José Piña trabajaban en distintas áreas de Qroma. Hace diez años, Ronald, el secretario general del sindicato, empezó como empleado de la service haciendo trabajo de limpieza, luego pasó a la fábrica y después fue promovido al área del laboratorio. Pasó a un trabajo calificado con un gran ahorro para la empresa, pues recibía el mismo salario.
Silvio Mendivil tenía cuatro años en esta empresa que crecía imparable, así como los encargos que le hacían. Sin embargo, el jefe de su sección no quería aumentar el personal. Se vio obligado a trabajar horas extras no remuneradas para poder garantizar la producción y conservar su empleo. Luego se enteraría que a los jefes les daban un bono de producción: por eso los apuraban tanto. El bono no era para los obreros, quienes seguían ganando lo mismo así produjeran el doble.

José tiene 42 años. Era el más antiguo de todos y vino de Pinturas Vencedor. Cuando Qroma la absorbió, los nuevos gerentes negociaron su incorporación con las mismas condiciones de trabajo. José estaba ilusionado, pero el idilio fue breve. “He visto maltratos. Los aumentos eran discriminatorios: a unos le aumentaban 3 o 2 soles, a otros solo 50 céntimos. A los nuevos los pisoteaban. Les decían que su contrato se terminaba si no iban a trabajar los domingos”, manifiesta.

Cansados de malos tratos y sueldos magros, el 30 de marzo del 2014 fundaron el sindicato en la planta de Ñaña. Lograron aglutinar 28 personas, que no es poco en estos tiempos en los que se tiene que conversar de sindicalismo en voz bajita.

A los pocos días uno por uno fue llamado a la oficina de Recursos Humanos. Querían persuadirlos para que desactiven su sindicato. La empresa que se negaba a subirles el salario ahora les ofrecía miles de miles de soles para que declinen. Ronald cuenta que le ofrecieron 100,000 más una casa de tres pisos. Silvio dice que su oferta fue de 40,000. Ellos no aceptaron, pero hubo un empleado que se desafilió sigilosamente.

Los frutos se vieron al poco tiempo. A raíz de las inspecciones que empezaron a hacer con el Ministerio de Trabajo, la empresa decidió pasar a condición de estables a todos los trabajadores que tuvieran más de seis meses.

La situación con la empresa se volvió muy tensa. No se llegaron a poner de acuerdo en el pliego de reclamos, por lo que decidieron irse a una conciliación. Los dirigentes estaban convencidos que les iría bien. Pero no. El dictamen salió favorable a Qroma.

El sindicato había presentado un pliego de cuatro puntos: escolaridad, leche, lavandería y cierre de pliego. En escolaridad llegaron a un reconocimiento de 125 soles cuando ellos pedían 200, pero en los demás no consiguieron nada. La leche es indispensable para que no se contaminen, y el servicio de lavandería es básico porque los obreros están expuestos a materiales radioactivos.

El 18 de diciembre salió el resultado de la conciliación. Los tres amigos tuvieron su noche más larga. Para pagar la conciliación habían tenido que endeudarse. Lo hicieron con la seguridad de que los beneficios obtenidos serían superiores al sacrificio. Su abogado les había dado esperanzas. No entendían nada. Al día siguiente debían dar la cara a sus compañeros.

El 19 de diciembre fue un día muy corto. Por la mañana, antes de digerir el disgusto del malhadado arbitraje, Ronald, Silvio y José fueron llamados, cada uno por separado, a la oficina de Recursos Humanos para que firmen su renuncia. La empresa en la que habían dejado los mejores años de su vida los echaba de una patada.

La excusa para forzar su renuncia fue haberle mentido a la empresa, al proporcionarle información falsa. Pero todo parece indicar que el engaño vino más bien de Qhroma: El Sindicato de Obreros y Empleados había formado una federación con sus colegas de Andina Plast. El plan que tenían era convertirse en Confederación para poder entrar con más fuerza a la CGTP. Pero Andina tenía sus propios problemas. Cuatro de sus dirigentes sindicales habían sido despedidos. Cuando la gerencia de Qhroma llamó a Ronald y a sus compañeros les increparon que habían presentado una información falsa, ya que los dirigentes con quienes habían formado la federación no trabajaban en Andina Plast. Los amenazaron con una denuncia penal si es que no renunciaban. No les permitieron llamar su abogado.

Pero lo que no les dijeron es que hacía meses que el Poder Judicial había ordenado la reposición de los trabajadores de Andina Plast y que la empresa no la acataba. Y es más no les dijeron que no habían cometido infracción porque una federación se puede formar también con extrabajadores: “Artículo 24.- Para ser miembro de la junta directiva se requiere ser trabajador de la empresa. Este requisito no se exigirá para el caso de federaciones y confederaciones”. (Te

Los tres dirigentes habían caído “redonditos”. Firmaron un mutuo disenso que para ellos no fue voluntario. Sostienen que fue una renuncia coaccionada, ya que los obligaron por medio de engaños.xto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo).

Ronald, Silvio y José sobreviven con su CTS y con algún cachuelo, pero las reservas no son eternas. Ellos confían en que serán repuestos. Le tienen mucha fe a los compañeros que se han quedado en el sindicato.

Las perspectivas de trabajo fuera de Qroma son complicadas. Su especialidad es la de pinturas y su exempresa cuenta con más del 80% del mercado. Por ejemplo, la única referencia laboral de Ronald, que ya tiene 34 años, es esa fábrica de pinturas. Hace unos días la oficina de Recursos Humanos de una empresa pidió informes sobre él, y la respuesta de Qroma fue que era un trabajador conflictivo y sindicalista, y que había que tener cuidado.

“¿Te arrepientes de haber formado el sindicato?”, le preguntamos. Ronald sonríe con picardía: “No. Qué voy a arrepentirme. Donde me encuentre volveré a formar un sindicato”. Sus compañeros asienten con una sonrisa.

Bichos raros en el ministerio
A fines de los años 90, la Organización Internacional del Trabajo, que para el régimen estaba pintada en la pared, solo atinaba a observar con estupor cómo la clase trabajadora peruana iba perdiendo derecho tras derecho, puso el grito en el cielo y decidió intervenir: hizo 16 observaciones a la política laboral del país cuando la situación se puso tan escandalosa que las trabajadoras vieron amenazado su derecho al descanso pre y post natal y a la lactancia materna.

La década del 2000 trajo un aire de primavera democrática y un interesante fallo del Tribunal Constitucional que iba a contracorriente de las tendencias flexibilizadoras de los noventa. Para los empresarios la sentencia significó un frenazo estridente en el camino de recorte de derechos laborales por el que se habían jugado y que los convertía en dioses arbitrarios que jugaban con el destino de la masa trabajadora. El TC estableció que si un trabajador era despedido, tenía la posibilidad de ser repuesto si es que el motivo era nulo, injustificado o fraudulento. Se abrían nuevamente las puertas de la estabilidad laboral para un sector de trabajadores, a pesar de que los contratos temporales y los services nunca fueron destronados. Sin embargo, la arremetida a todo motor de la República Empresarial – término acuñado por Francisco Durand- logró que el TC retroceda con respecto a la estabilidad absoluta del despido incausado.

Otra roncha picante fue el nombramiento del abogado laboralista Javier Neves como ministro de trabajo durante el gobierno de Toledo. Se trata de un reconocido profesor universitario que trabajó en el programa laboral de DESCO durante 16 años asesorando sindicatos en materia de negociación colectiva. Él relata que no le ocultó su pasado al ex presidente, y que le advirtió sobre los problemas que tendría con los empresarios, pero Toledo le reafirmó su confianza. No hubo tregua y el enfrentamiento con los gremios empresariales duró un año exacto en el Consejo Nacional del Trabajo, hasta que la situación se hizo insostenible.

Como era previsible, las presiones más fuertes ocurrieron cuando se empezó a discutir la Ley General del Trabajo y se expresaron abiertamente en las reuniones con la Confiep o cuando los gremios se reunían en el ministerio. Las posiciones de Neves a favor, por ejemplo, de la sentencia del TC eran públicas. A pesar de ello, cuando intermediaba entre las empresas y los sindicatos, siempre se ganaba el respeto de los empresarios porque lograba acuerdos favorables para ambas partes.

El Consejo Nacional del Trabajo es la instancia de los entrampamientos. Está representado por el Estado, los empresarios y los trabajadores quienes difícilmente se ponen de acuerdo. El ex ministro afirma que los líderes empresariales mandan a sus abogados “que son más papistas que el Papa y que son reacios a todo tipo de concesiones”. Los sindicatos sí envían a sus líderes, pero tampoco son abiertos y a veces no están bien preparados. A juicio de Neves, la relación que se establece entre estos dos sectores es muy racista. “La clase empresaria es blanca, urbana y la clase obrera es indígena y migrante. El desprecio de los primeros se hace evidente durante las negociaciones”, recalca.

Neves recuerda que la relación entre las carteras de Trabajo y Economía era muy tensa. Kucsynski , que era el ministro de economía y estaba en contra del proyecto de ley, se tranquilizó cuando el premier Ferrero anunció que no había ninguna reforma en agenda. “Después entró Sheput y los dos se pusieron de acuerdo. PPK quería bajarle los costos a las empresas”, agrega.

Pablo Checa es un viejo sindicalista con pinta de gran bonachón. Ha sido dirigente de la CGTP por el gremio metalúrgico, y fue viceministro de trabajo en este gobierno. Él es otro que tuvo un paso fugaz por ese ministerio que por razones obvias es uno de los más conflictivos.

Cuando estuvo en el cargo formó una comisión que presidió Carlos Blancas y que elaboró un proyecto de ley general del trabajo bastante interesante. Pero cuando Vega fue reemplazado por José Villena, éste paralizó la iniciativa. “Dijo que tenía que revisar el proyecto y lo mandó a una comisión que fue lo mismo que mandarlo a la congeladora”. Checa duró siete meses más como viceministro. El mismo Villena le comunicó que en el Ejecutivo estaban muy incómodos porque los empresarios estaban presionando para que lo retiren del cargo.

Sin embargo tuvo tiempo de emitir un decreto supremo que permitía el arbitraje potestativo. Antes la negociación colectiva podía empantanarse indefinidamente, si es que la empresa se negaba a seguir con la discusión. Por eso, para lograr algunos puntos de su pliego de reclamos, al sindicato solo le quedaba el recurso de la huelga. En cambio la nueva ley destapa la figura del arbitraje potestativo que puede ser solicitado por los trabajadores para evitar que sus demandas duerman el sueño eterno.

El ex viceministro también tuvo sus buenos encontronazos con algunas empresas. Recuerda particularmente como explosivos los que tuvo con la empresa china Shougang y con los abogados de la Backus.

Venidos a menos
Pablo Checa cuenta que la Federación de Trabajadores Bancarios era el terror de los días de pago. Hacían una huelga el día viernes y la gente se quedaba sin cobrar sus cheques. Pero con los cajeros automáticos este tipo de medidas ya no son relevantes.

Un factor que juega en contra de la afiliación sindical es la inestabilidad laboral y la represión sindical. Antes si un trabajador era despedido, el ministerio sacaba una resolución y la empresa estaba obligada a reponerlo. En cambio ahora debe hacerle un juicio para lograr su reposición. “Se le repone, pero tarda mucho tiempo. Hay ese temor”, sostiene. A pesar de ello, durante el gobierno aprista la sindicalización aumentó en 10%, pero volvió a bajar durante éste.

Para Javier Neves ha habido una evolución en la forma como los sindicatos planean sus demandas. Los recién formados del rubro textiles o alimentos, liderados por gente joven, tienen otra visión. Su contacto con estas organizaciones ha sido permanente. Por ejemplo, tiene el mejor concepto del sindicato del staff de la minera Antamina, y lo considera de lujo. “La empresa los odia más que a los obreros porque considera que estos profesionales son unos traidores”. También relata la descomposición social y moral de otros sindicatos como el de los obreros de Yanacocha cuando empezaron a ganar altas sumas de dinero por utilidades. Manifiesta: “Entraban a un pub y botaban a toda la gente para quedarse solos en el local, metían prostitutas. Cuando viajaban por LAN pedían todo el avión y perjudicaban a las personas que tenían su pasaje comprado. Por eso se ganaron el odio de la población cajamarquina”.

El ex ministro cree que la estrategia sindical debería apuntar a los trabajadores que tienen contratos temporales. Sostiene: “Ahí hay un abuso enorme porque esta modalidad se ha generalizado, y casi tres de cada cuatro trabajadores tiene contratos temporales que no obedecen a una causa justificada. Pero claro, esos son los que más miedo tiene de afiliarse”.

Para ponerse a tono con los nuevos tiempos, la CGTP se vio obligada a hacer una reestructuración orgánica hace ya diez años. Se decidió que la afiliación no podía ser solo por sindicatos, sino individual, lo que significa que hasta un informal puede afiliarse y la central le busca un sindicato de acuerdo a su rama y oficio para ubicarlo. “Antes solo veíamos los pliegos de reclamo. Ahora pensamos las estrategias, la imagen y otros aspectos que se han vuelto importantes”, añade el dirigente.

Al temor se ha unido el desprestigio porque durante el gobierno aprista se crearon una cantidad de “lumpen sindicatos” de construcción civil que la opinión pública confunde con los de la CGTP que más bien han sido las víctimas. (Nueve dirigentes y 41 obreros han sido asesinados en los últimos años por estos delincuentes.) Es evidente que no estamos en los tiempos de Norma Rae y que los trabajadores de algunos nuevos sindicatos, como los del sector agroindustria, fueron despedidos por su osadía. A algunos se les ha repuesto pero después de un largo juicio y un largo tiempo.

Segunda Historia: Wallace, corazón valiente
A Walter Díaz de la Vega le dicen Wallace, por el héroe de la película Corazón Valiente, debido a su persistencia y coraje al enfrentarse a ese monstruo transnacional que es la empresa Telefónica (Veinte años creciendo juntos), y haberles ganado.

En el año 2000, Walter ingresa a trabajar a los 16 años en Itete, una de las contratistas de Telefónica, luego de haber estudiado instalación y mantenimiento de las redes de telecomunicación, una carrera corta en un instituto local. Entró como practicante y los primeros tres meses no tuvo un salario, ni siquiera le pagaban los pasajes. Otros compañeros que eran mayores que él también estaban en la misma condición. Trabajaba de lunes a sábado, de ocho de la mañana a nueve de la noche y los domingos cuando le tocaba guardia. “En estas contratas o services los trabajadores tienen que comprar sus uniformes, usar su propia movilidad”, declara. Cuando realizaban una mala instalación Telefónica penalizaba a la contratista y ésta se lo descontaba a los trabajadores.

Después de tres meses lo contrataron y lo pusieron en planilla. Él y las ochocientas personas que trabajaban allí ganaban el sueldo mínimo, que en ese entonces era de 410 soles. Luego de un tiempo, Walter postuló al Programa Juvenil de Telefónica. “Antes la empresa tenía al 40% de sus trabajadores bajo esa modalidad, pero durante el gobierno de Toledo se dictó la ley 2072 que les puso varios límites. Por ejemplo, se restringió el número de trabajadores que podían contratar en el programa y del 40% bajó al 20%. También se estableció como tiempo límite un año en el que el trabajador podía permanecer bajo esa modalidad. Antes eran tres años”, sostiene.

Le subieron el salario a 800 soles, pero no estaba en planilla, no tenía CTS, no tenía vacaciones, no le pagaban sobretiempo ni tenía utilidades. Después de casi tres años lo pasaron al área administrativa sin capacitarlo. Tuvo que pagarse las clases de computación porque le mandaban a hacer tablas dinámicas.

En el año 2002, la empresa despidió a 500 trabajadores mayores de 50 años. Inmediatamente se inició una huelga que duró casi dos meses. Walter recuerda: “Los jefes nos decían que los jóvenes reemplazaríamos a los mayores y eso creaba divisiones y falta de solidaridad”. Finalmente, el Tribunal Constitucional emitió la famosa sentencia por la cual las empresas no pueden despedir sin causa justa o razonable. La empresa tuvo que reponer a todos. Ese fue el primer contacto de Walter con el movimiento sindical.

“Me pasaron a una cooperativa. Todo indica que fue formada por la propia empresa. Es más, mi jefe era de Telefónica. El salario era el mismo solo que estaba registrado en esa planilla y ya no recibía utilidades. Me quitaron los viáticos, no me pagaban los feriados ni el sobretiempo”, precisa.

Walter quería regresar a Telefónica. En el año 2003 buscó a Carlos Blancas quien les sugirió que pidieran una inspección laboral porque había irregularidades y se estaba vulnerando la ley de cooperativas. Eran 700 trabajadores distribuidos en cuatro cooperativas. A Walter lo nombraron coordinador: “El 16 de diciembre de 2006 llegamos con un inspector para hacer la primera inspección en Telefónica. No nos dejaron entrar y la fecha se reprogramó para una semana después. Fue una conmoción”. El objetivo fue que se verifique qué actividades realizaban, quién era su jefe, qué materiales usaban, y que se demostrara que la cooperativa era una pantalla de la empresa para evadir las restricciones de la ley 2072 y no pagarles utilidades.

Así se vuelve experto en inspecciones y gana experiencia sindical. Los cuatro sindicatos se unen y presionan. Esto hace que la empresa modifique su política laboral. Se acaban las cooperativas, elimina sus programas juveniles y se pone en regla. “Le ha puesto un guante a la mano de hierro”, afirma Walter, quien finalmente logró que lo contrate Telefónica.

Los jóvenes, liderados por Walter como secretario general, han formado el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telefónica. Su principal reivindicación es “a igual trabajo, igual salario”. Quieren conseguir un trato equitativo, en especial para los trabajadores que vienen del programa juvenil, cooperativas, filiales u otras modalidades. “Estamos agrupado los que hemos sido utilizados como mano de obra barata con contratos a plazos a través de la tercerización, y que hoy después de tantos años nos encontramos en la planilla de Telefónica”, agrega.

Parafraseando el eslogan telefónico: “Hoy Walter sueña grande”.Todo esto lo ha logrado a los 22 años.

Corolario: La llamada Ley Prodespidos
Mientras que el gran clamor es que se apruebe una ley general del trabajo para los sectores públicos y privados, que según Pablo Checa es indispensable para que ciertos tipos de derechos sean transversales a todos los regímenes, incluso a los promocionales que eran temporales y se han hecho permanentes, otras propuestas se discuten a la velocidad del rayo.

A fines del año pasado, el Ministerio de Economía, no conforme con haber impulsado la peor arremetida para rebajar los derechos laborales de la última década – la Ley Pulpín - presentó un proyecto que ya fue aprobado por las Comisionesde Trabajo y Economía en el Congreso. Se trata de la ley 4008 del Ejecutivo, que facilita los despidos,reduciendo el porcentaje de trabajadores requeridos para el despido colectivo por motivos económicos del 10% al 5%. Y por si no fuera poco, recorta la gratificación y la CTS.

Los argumentos del ministro Segura no pueden ser menos originales. Son parte de la misma cantaleta victimizanteque los empresarios no se cansan de repetiry que apunta a rebajar los sobrecostos (léase los derechos de los trabajadores), y a evitar la rigidez laboral, cargas que según ellos son muy difíciles de sobrellevar. Entonces no se entiende por qué las utilidades se han disparado. Según Javier Neves los rankings en los que el Perú aparece como uno de los 20 regímenes más rígidos del mundo son tramposos. Las comparaciones no toman en cuenta que las remuneraciones en el Perú son mucho más bajas que la de otros países con los que nos comparan.
El poder no aprende la lección e insiste en tocar lo más sagrado.