El posible fin de los beneficios de la ley del libro le pone los reflectores encima. ¿Qué tanto ha servido para fomentar la lectura? Sus resultados son inocultables: la producción de libro se ha triplicado, se generaron 25 mil nuevos empleos, creció el consumo y se redujo la piratería a la mitad, pero sus deficiencias también lo son. Un apoyo tímido a las editoriales independientes peruanas y un inexistente sistema de compra de libros por parte del Estado son dos de ellas. Más de una década después de su inicio vale la pena evaluar sus efectos.

La industria del libro está de fiesta. Su feria, el evento masivo más importante del país, llegó cargada de recitales, proyecciones cinematográficas, danzas, talleres, ofertas y homenajes que han convocado a miles de personas y reportado un movimiento económico inusitado en la venta de libros. Un verdadero remezón al viejo mito de que el peruano no lee. En uno de sus eventos, sin embargo, se anunció una noticia que podría ensombrecer el entusiasmo de los últimos días: los beneficios tributarios de los que goza el libro podrían acabarse entre octubre y diciembre de este año. ¿Cuáles son estos? ¿Qué importancia tienen?

Su logro más notorio: son responsables de que todos los libros existentes cuesten 18% menos, pues están exonerados del pago del IGV. A este se suman el crédito fiscal y desgravámenes en las importaciones, herramientas con que los editores alcanzan mejores costos, traen más títulos y publican autores nuevos. Con el fin de los beneficios los precios subirían y muchas noveles editoriales podrían desaparecer. Los no tan accesibles precios del mercado se volverían aún menos accesibles. “Que no haya un sobrecosto que desincentive a las familias a comprar libros. Eso es lo urgente”, anunció Pierre Emile Vandoorne, vocero del Ministerio de Cultura en esta tarea y director de Industrias Culturales.

Los beneficios llegaron con la Ley de Fomento y Promoción para la Lectura (28086). Desde ese momento, ocupan un papel protagónico en el florecimiento de la industria. Un estudio de la Universidad del Pacífico detalla que la ley produjo US$ 2.012 millones en beneficios, el 0.5% del PBI del año 2013. Trajo una reducción de 98% en la piratería, un aumento de 3% en el consumo y generó 25 mil nuevos empleos. En suma, si la ley no existiera, la industria no habría despegado de ese pasmo en el que, según cuenta el recuerdo colectivo, estuvo sumida en las décadas pasadas. Que la Feria del Libro sea el evento masivo más importante del país, por encima incluso de Mistura, es también un logro que se le puede atribuir.

“La ley del libro va”, anunció la ministra Diana Álvarez el mismo día de la inauguración de la feria. La posibilidad, sin embargo, aún no está del todo clara. Las iniciativas que hubo en el congreso fueron dejadas de lado por el del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que pese a los insistencias de la Cámara Peruana del Libro, gremio de las editoriales, prefirió ignorar discutirlas. En diciembre del año pasado solo faltaba la opinión del MEF, pero esta nunca llegó. “Lo que ha hecho el MEF es un contrasentido cuando se habla de políticas culturales que se aplican en todos los países de América Latina. Nos quitaría potencial”, explicó Pedro Villa, consultor de la cámara.

La existencia de los beneficios no deja de ser sorpresiva para mucha gente, pues se tiene la idea de que los libros aún mantienen precios muy elevados. Los precios, si tomamos como referencia el sueldo mínimo y la oferta de las grandes casas editoriales, son efectivamente altos. Un detalle no muy conocido es que los libros producidos en el Perú por editoriales peruanas sí manejan precios mejores a los de países consolidados en el mundo editorial como Argentina o Colombia.

A un lado los pequeños
“La ley del libro no se hizo pensando en el editor pequeño, en el editor independiente”, cuestionó Álvaro Lasso, cabeza de la editorial Estruendomudo, desde su stand en la feria mientras tres de sus colaboradores se ocupaban de atender a los lectores que no dejaban de llegar. Su editorial proviene de las canteras del llamado boom de las editoriales independientes, jóvenes interesados por la literatura que, a inicios de este siglo decidieron fundar sus propias editoriales para publicar a los autores que las grandes casas dejaban de lado.

No solo autores noveles peruanos, sino a contemporáneos de todo el continente. Por ellos es que podemos leer a bajo costo al chileno Alejandro Zambra, al boliviano Rodrigo Hasbún o al peruano Carlos Yushimito, escritores que conforman la lista de los 22 mejores narradores en español de la prestigiosa revista “Granta”. Por ellos es que podemos volver a libros ya imprescindibles del poeta Jorge Eduardo Eielson o seguirle la pista a los últimos cuentistas peruanos en antologías como “Disidentes”, "Selección peruana" o la reciente “El fin de algo”. Fungen el papel de puente: autores que por el solo hecho de ser inéditos probablemente nunca serían publicados por editoriales grandes, encuentran en estas a sus mejores aliados. Las independientes llenan el vacío que las grandes, concentradas estrictamente en una mirada comercial, ignoran.

“Nosotros representamos el 75% de toda la producción literaria peruana”, cuenta Lasso y Vandoorne avala la cifra. Su potencial cultural es enorme, pero el apoyo que han recibido de la ley es bajo pese a que son ellos quienes más dificultades económicas sortean. Trabas como un mínimo de tiraje, de ventas, excesivos trámites burocráticos y candados para alcanzar las devoluciones de los préstamos fiscales impiden que puedan acogerse, y que aprovechen esto para mejorar sus productos.

“Lo que pasa es que el sistema contable que permitiría acogerte está pensado para una empresa mucho más grande, no para editoriales medianas o pequeñas”, dijo Juan Miguel Marthans, cabeza de Mesa Redonda, otra de las más asentadas editoriales independientes, a unos metros del stand de Lasso. Con él trabajan otras siete personas y publican aproximadamente siete u ocho libros por año.

Estruendomudo publica 14 libros al año y ya tiene más de una década en el mercado. Junto a Mesa Redonda, no solo son las más grandes editoriales independientes, también son las más antiguas y consolidadas. De las pocas que han logrado hacer de ese un negocio rentable. Ninguna de las dos, sin embargo, ha podido superar los candados de la ley del libro. “Necesitamos un mínimo de tiraje para acceder. Eso nunca lo hemos logrado nosotros. Nunca. Solo los grandes lo logran”, comenta Lasso.

De la misma idea son los especialistas que confeccionaron el estudio de la Universidad del Pacífico. “La Ley del Libro podría beneficiar en mayor proporción a las grandes editoriales respecto a los pequeñas debido a que los requisitos para acceder a estas gracias pueden llegar a ser limitantes burocráticos”, apuntan. El camino para paliar esta deficiencia es dar mayor asesoramiento a las editoriales, relajar algunas barreras de acceso como el excesivo tiraje por edición y permitir que algunas editoriales puedan postular en grupo, como ya ha ocurrido.

Después de todo, el fin último de la ley es favorecer a los ciudadanos con más y mejores libros, expandir la oferta cultural y promover la lectura, no solo favorecer a las grandes editoriales o a las importadoras. A diez años de la ley, sin embargo, este parece haber sido uno de sus principales méritos.

Rutas alternas
“La única forma de estimular el consumo de libros es producir lectores. Y eso en USA, Francia, o cualquier país se hace con un sistema nacional de bibliotecas y compras anuales de libros”, comentó el escritor Javier Arévalo. Justamente, ese ha sido un camino que la ley no ha contemplado. No solo los ciudadanos compran libros, también el Estado debe hacerlo. “Eso haría una enorme diferencia. Eso tendría un enorme impacto en la piratería e impulsaríamos el desarrollo de las editoriales nacionales de una manera sin precedentes”, apuntó Vandoorne.

Hay cerca de 1800 bibliotecas públicas en nuestro país. La mayoría son cuartos olvidados que solo existen porque la ley lo manda en las municipalidades locales o distritales. No existen porque a alguna autoridad le interese. Los libros que las abastecen no son comprados, sino rezagos o donaciones. “La parte más importante de la ley debería ser que el Estado compre libros, más que las leyes hacia los compradores o los beneficios que podamos obtener. Nosotros a veces recibimos correos de instituciones del Estado que piden libros. Es estúpidamente ridículo que una municipalidad te pida que dones libros”, contó Marthans.

La cadena va así: el Estado se convierte en un comprador fijo de libros y fomenta el crecimiento de la industria editorial. Este crecimiento no se limita a necesidades comerciales, que muchas veces disuaden a los editores de apostar por nuevos autores, sino que abriría el camino hacia un verdadero apogeo de la creación artística. Las editoriales podrían también manejar mejores precios y los estudiantes, profesionales y lectores de todo el país accederían gratuitamente a estantes rebosantes de libros a unas cuadras de sus casas.

El escenario existente es otro. Las bibliotecas son por lo general depósitos donde se guardan muebles apolillados o aparatos electrónicos en desuso. Salvo algunos casos excepcionales en Lima, el resto solo ofrece viejos manuales preuniversitarios o saldos de ediciones obsoletas de diarios. Títulos de ciencias actuales son una rareza.

Otra ruta para mejorar la ley es poner en marcha dos mecanismos que ella misma contempla: Cofide Libro y Fondo Libro, destinados a facilitar créditos y fondos para proyectos editoriales que se arriesguen en nuevos autores. A ellos se suman las tarifas preferenciales que debería tener la exportación de libros, un mecanismo que por el desinterés del ministerio de transportes y Serpost nunca se llevó a la práctica.

“La realidad es que un editor argentino puede enviar un libro editado en su país a cualquier parte de América por US$ 1 y nosotros muchas veces debemos pagar entre S/.50 y S/.70 para mandar uno de nuestros libros”, anotó Vandoorne. Es en ese punto donde aparece otro dilema de la ley: los libros por internet. La firma de TLCs y el avance de las tecnologías vuelven urgente una nueva lectura.

Un nuevo comienzo
De cualquier forma, la ley del libro suma logros palpables. Convirtió al país, con más de 6500 títulos publicados en el 2013, en el quinto mayor productor de todo Latinoamérica. Silenciosa y tímidamente, en las regiones la industria del libro ha dado sus primeros bisos de despegue. El estudio de la Pacífico reporta que Lambayeque, Junín, Cusco, Arequipa, La Libertad y Puno concentraron alrededor del 6% de este mercado, lo que se traduce en un crecimiento de 100%.

La extensión de los beneficios es, en esa medida, inapelable. “Yo creo que es una obligación moral que lo hagan. Si no lo hacen, si el Congreso no aprueba la extensión de estos beneficios, si el ejecutivo no prioriza la renovación de estos, creo que se va a hacer un gran daño a los ciudadanos, a los lectores, a los estudiantes y a la industria. Sería un daño por el cual no deberíamos perdonar a nuestras autoridades políticas”, sentenció Vandoorne.

Una duda queda rondando. ¿Hasta cuándo debe prolongarse la extensión? La norma que rige a los países de toda la región es continuar, pero en los países más desarrollados la clave son las bibliotecas. Para Vandoorne, la mejor salida sería prolongarla por lo menos diez años más. “Lamentablemente, esto ocurre porque el sector del libro y otras industrias culturales necesitan un impulso mucho más fuerte que solo dos años. Se necesita fomentar más la lectura en el país y si haces que los libros sean más caros, haces más difícil el ya difícil trabajo de fomentar la lectura”, indicó. La alerta ya está dada. El libro está en juego.