Lo primero que salta a la vista en esta materia es que el Gobierno de Ollanta Humala no tiene una política pública definida en materia laboral. Las “idas y venidas” en distintos temas, como el aumento de la remuneración mínima vital, denotan falta de claridad no solo en los objetivos finales sino también en la implementación de las decisiones políticas. El plan de la “Gran Transformación” parece irrelevante para el Gobierno, y la meta de la inclusión social se ha sustituido por la necesidad de ahorrar dinero para el Tesoro Público.

De la multitud de compromisos de campaña, la mayoría descansa bajo una losa de silencio sepulcral. Nadie dice si se van a cumplir ni, menos, para cuándo se puede tener una luz de que aún siguen en agenda. Por ejemplo, en el plan de la Gran Transformación figura como uno de los pilares básicos el “fortalecimiento de la inspección de trabajo”. Ha pasado cerca de un año desde que se inició el nuevo Gobierno y la dejadez en este objetivo es impresionante: no se ha contratado ni un inspector más, las remuneraciones de los inspectores siguen siendo las mismas, no hay transferencia de recursos para reforzar los operativos, se paralizó el proyecto de superintendencia, y las inspecciones de seguridad y salud en minería siguen en el Ministerio de Trabajo sin que se haya aumentado los recursos. Todo esto demuestra que el fortalecimiento de la inspección laboral fue una mentira.

Incluso, la falta de respeto a la inspección no solo se fundamenta en omisiones políticas, sino también en acciones. Hoy en día los inspectores del Ministerio de Trabajo, quienes son los llamados a ser los guardianes de la aplicación de los derechos laborales, están esperando que su Ministro cumpla con el laudo que ganaron tras seguir un proceso arbitral. El Ministerio, en lugar de cumplir el laudo emitido por profesionales de reconocido prestigio, lo ha impugnado ante el Poder Judicial, alegando razones infantiles. Entonces, si ni el Ministerio de Trabajo cumple con sus obligaciones laborales, ¿cómo vamos a creer en la aplicación de estos derechos en las empresas? Es un contrasentido.

No obstante, hay otros aspectos en los que el Gobierno ha tomado algunas decisiones. Más, creo yo, movido por contextos políticos que por convicción. Vamos a referirnos a algunos de estos temas:

1. Aumento de la RMV. Una de las promesas de campaña fue aumentar el salario mínimo en 150 nuevos soles. Luego, ganadas las elecciones, se ofreció hacer el reajuste en dos tramos. Más adelante, el Ministro de Trabajo dijo que el segundo tramo podía generar inflación y que había que estudiarlo. Incluso, se llegó a proponer que se aplique solo a las grandes empresas, porque las mypes podían tener problemas de viabilidad. Es curioso este último argumento, porque, como todos sabemos, el 85% de nuestras empresas son mypes y en las grandes empresas se paga normalmente por encima del mínimo. Es decir, siguiendo el argumento, casi nadie recibiría la RMV.

El problema que veo en todo esto es la falta de convicción para hacer un reajuste que los trabajadores esperan desde hace más de cuatro años. La RMV es, supuestamente, la llave de la inclusión social de nuestros trabajadores. Después de este “parto con cesárea y mil complicaciones”, lo más normal será que los trabajadores se olviden de otro aumento de la RMV hasta el otro gobierno. Y ello, en contradicción con lo que varios países de nuestro entorno practican. En Chile, por ejemplo, el salario mínimo se actualiza cada año de manera automática, para que los trabajadores sigan manteniendo su nivel adquisitivo.

2. El CAS y la disparidad de remuneraciones en el sector público. Todos sabemos que al no existir categorías laborales en el sector público, hay grandes brechas salariales. Este problema debe solucionarse lo antes posible, con el fin de hacer de la administración pública un instrumento efectivo de cambio social con compromiso.

En lo que va de gobierno solo se ha propuesto desde el Ejecutivo la derogación progresiva del CAS. Si bien se compromete la derogación definitiva a partir del próximo año, curiosamente es un compromiso de derogación con aumento de beneficios laborales. El gran problema de todo esto es que se aumentan los gastos en beneficios laborales, sin transferir ni un sol a las entidades públicas. ¿Qué van a hacer éstas en este 2012? Despedir trabajadores CAS o, cuando menos, reducir unilateralmente las remuneraciones, debido a que el presupuesto no les va a alcanzar. Así que solo algunos CAS llegarán hasta el 2013 para ver cómo se extingue este régimen, si es que se cumple la promesa.

No me parece que éste sea un mecanismo efectivo para lograr reducir las brechas salariales en la administración pública. El problema no son solo los trabajadores CAS; también los son los trabajadores contratados por el 728 y el 276.

3. Ley General del Trabajo. Por último, a comienzos de este año la comisión de expertos entregó el nuevo proyecto de ley general de trabajo. El Ministro recibió este documento, pero el titular de Economía señaló que el cambio de la legislación laboral no estaba en agenda. Curiosa forma de negar lo que estaba en el plan de gobierno del candidato que ganó las elecciones. El proyecto pasó hace varios meses al Consejo Nacional del Trabajo y está prácticamente encarpetado. Parece ser, desgraciadamente, que es un niño abandonado sin padres que lo reclamen.

En apariencia, al Gobierno actual no le incomoda seguir con la misma normativa laboral que promulgara Fujimori a comienzos de su gobierno. Incluso, somos  el único país cuya regulación de libertad sindical es producto de una norma emitida por un gobierno de facto.

Finalmente, como alguna vez me dijo alguien a quien quiero mucho: “A las personas se les conoce en sus pequeñas decisiones, porque en los grandes principios siempre todos vamos a estar de acuerdo”. Siento que los grandes principios han sido abandonados por el Gobierno, aunque sigan siendo proclamados formalmente. Para mí, la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace tiene un solo nombre: mentira.