Hace algunas semanas se realizó en el país la reunión de la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). No es casual que eligieran al Perú como sede. Nuestra economía es uno de los ejemplos positivos, no solo de la región sino del mundo, por la fortaleza de sus cifras. Cuando Estados Unidos y Europa se encontraban en plena en recesión, en América Latina continuábamos con el festín, producto del alto precio de los metales.

El Perú, en particular, ha sido objeto de estudio, por haber liderado en los últimos años el crecimiento en América Latina. Pero no todos comparten el júbilo. Ahora que las cifras dejan de ser favorables es inevitable cuestionarse cuán sólidos han sido los fundamentos de la política económica. En un evento organizado por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) coincidieron diversos especialistas que discutieron la actuación de los organismos financieros internacionales.

Para el abogado argentino Aldo Caliari, director del proyecto “Repensando Bretton Woods”, el verdadero milagro consiste en cómo un país donde no hubo ninguna transformación productiva ni social pudo crecer tanto a partir del precio de los commodities.

Es que cuando nuestro crecimiento depende solamente de los precios internacionales, hay que ponerse serios y pensar en donde está el origen de un modelo que resultó ser endeble. Sus directrices fundamentales tienen derecho de autor y le corresponden al FMI y al Banco Mundial. Los mismos organismos que hoy también dicen tener la receta para salir de este estancamiento.

Caliari reseña las tres medidas que promueven estos organismos: ajuste, financialización a partir del sector financiero y más infraestructura.

Frente a la caída del precio de los commodities la respuesta de la mayoría de países ha sido ajustar el gasto fiscal. Claro, los países que pueden hacen política anticíclica, EE.UU está en condiciones de emitir dólares hasta el hartazgo, Japón puede hacer también algo similar, pero los países que no están en esas condiciones tienen que ajustarse hasta un nivel en el que se pone en riesgo el empleo, los salarios bajan y el riesgo de recesión crece. De la misma manera, se critica a aquellos países que como Brasil y Argentina, haciendo oídos sordos a tales recomendaciones, han intentado hacer política anticíclica, que según los gurús de la macroeconomía mundial lleva a una mayor deuda y un menor crecimiento.

La financialización implica atraer fondos de inversores institucionales, como por ejemplo los bancos, las compañías de seguro o las sociedades de inversión. Se trata de priorizar al sector financiero lo cuál va a tener como consecuencia un inmenso acaparamiento de bienes públicos nacionales. Esto implica, según Caliari, una gran socialización de riesgos y privatización de beneficios.

La tercera receta tiene que ver con la priorización de la infraestructura, la cuál es muy importante en la reactivación de la economía como uno de los elementos de la política anticíclica. Sin embargo, el énfasis que le ponen los organismos internacionales es la transferencia de fondos públicos a manos privadas. En otras palabras, subsidiar al sector privado al entregarle la construcción de obras públicas.

“No se trata que si un país quiere invertir fondos públicos en infraestructura se le aliente para hacerlo. Por el contrario, se le dice ´ustedes no pueden hacerlo tienen que ajustar y necesitan infraestructura´, que necesariamente va a venir del sector privado y se le tienen que dar las garantías. No importa que esto represente un ajuste para el futuro”, sostiene Aldo Caliari.

Los ajustes, ya lo sabemos, consisten en que el Estado gaste menos (lo cual incide en el desempleo o la precarización laboral) y en otorgar más facilidades a la inversión privada, que muchas veces se traduce, como en el caso peruano, en la flexibilización de normativas ambientales que a la larga agudiza los conflictos sociales.

Las famosas APP
Una de las ideas de los organismos internacionales para revertir la crisis, más promocionadas en los últimos años, son las asociaciones público privadas (APP). Vistas de manera superficial puede resultar una buena idea para repartirse costos y hacer las obras de manera más eficiente. Sin embargo, el problema no es solamente que las empresas se queden con la parte del león a la hora en que lleguen los beneficios (por ejemplo, los peajes de la carretera) sino que este tipo de contratos se vienen aplicando a los sectores de educación y salud, lo cual significa a la larga la privatización de estos servicios.

Uno de los casos más conocidos en el país es el Hospital de la Solidaridad que creó el alcalde Luis Castañeda. Esta red de centros de salud significa un beneficio puntual a miles de personas que están hartas del sistema estatal, en el cuál se atienden mal, tarde y nunca. El sistema de salud de Solidaridad les brinda, a un módico precio, una atención más o menos rápida en consultorios, aunque no cubre ni medicinas ni internamientos. Listo. Las personas que antes se atendían en el sistema estatal han empezado a pagar por el servicio médico.

“Hay mucha evidencia disponible de académicos del norte y el sur en referencia a que muchos de estos proyectos son excesivamente costosos y ponen en riesgo las finanzas públicas y sobre la falta de transparencia en cómo se negocian e implementan”, señala María José Romero Responsable de Políticas y Cabildeo de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad).

Una de las características de estos acuerdos la renegociación. Es casi parte de la tradición: se fija el monto por una obra y luego la empresa renegocia con el Estado. En muchos casos la obra duplica y hasta triplica el presupuesto inicial. En el Perú tenemos el caso de la Carretera Interoceánica, cuyo costo estimado, al inicio, fue de 800 millones de dólares y tras las renegociaciones quedó en 2,000 millones de dólares. El propio FMI reconoce que el 55 % de estos contratos son renegociados y de ellos el 62% aumenta su costo.

“En Lesoto se ha construido un hospital, a través de una APP, cuyo mantenimiento le cuesta al Estado 67 millones de dólares al año que es tres veces más que lo que significaba mantener el antiguo hospital público. La financiación de este hospital consume más de la mitad del presupuesto público de Lesoto. Las empresas privadas grandes y extranjeras plantean una propuesta con el menor costo posible y luego se incrementa. Al final el Estado tiene que hacerse cargo del proyecto porque el servicio de salud se tiene que dar de todas maneras”, sostiene Romero.

¿Quién dice que no hay plata?
El principal argumento a favor de las APP es de peso: el Estado no tiene los recursos suficientes y tiene que aliarse con el sector privado, no queda de otra. Pero no todos piensan así: el economista mexicano Alejandro Villamar, experto en comercio internacional, sostiene que en realidad hay millones de dólares que todos los años salen de los países.

Se le conoce como flujo ilícito de capital y cuando se menciona este concepto la mayoría de personas piensa en actividades del crimen organizado como el narcotráfico, pero a este solo le corresponde una parte del dinero y ni siquiera es el mayoritario.

“Existe una hemorragia crónica producida por una política equivocada que lleva a que desde nuestros países existan salidas de capital ilícitas e ilegítimas. Casi todos sabemos que existe lavado de dinero del crimen organizado para justificar su entrada a la economía legal, pero ese lavado es poco comparado con lo que hacen la empresas transnacionales al alterar la factura de lo que exportan o de lo que importan, de ahí es el escándalo en Guatemala”, señala Villamar.

Se sostiene que no existe dinero para financiar infraestructura y sin embargo el dinero que sale de los países termina siendo más que el dinero que entra. El dinero que ingresa a los países, producto de la inversión extranjera y la cooperación internacional, es menos que el dinero que sale, como consecuencia- en su mayoría- del fraude tributario.

Las cifras no engañan: en nuestra región entre el 2003 y 2012 la salida de capitales fue de dos billones 395 mil 321 millones de dólares, mientras que la cooperación internacional y las inversiones extranjeras sumaron un billón 199 mil millones. Pero claro, la respuesta siempre es: no hay fondos fiscales para hacer obra pública y “no regulemos mucho que ahuyentamos al capital”.