Hace tiempo las elecciones en el Perú son más sobre el carácter de un candidato que sobre las propuestas de su agrupación política. Claramente nos hemos ido resignando al “neo caciquismo político”, y ponemos el voto, la apuesta, (sería mucho decir la confianza), en aquel que parece que hará “algo” que nos guste. Ese “algo” en un conjunto nebuloso y variopinto de aspiraciones: un poco más de seguridad, mejor infraestructura educativa, menos tramitología para el negocio, y (quiero pensar también) mayor protección a los derechos ciudadanos. Pero estas elecciones son diferentes. No por que las ideas hayan retomado el protagonismo electoral, sino por todo lo contrario.

Cuando la campaña tomaba calor, como es usual, juzgando el carácter de los candidatos, buscando como traerse abajo al rival, el JNE cambio el rumbo de la misma. El plagio de Acuña lo sacaba de la contienda (comprobando que hasta los más sapos del marketing político calcularon mal). Alan se hundía en su pasado, en particular su vinculación a los narcoindultos. En Perú, la novedad siempre vende, y Guzmán sacaba provecho de ella. La discusión de políticas solo aparecía intermitentemente en los medios masivos, cuando implicaba mecha entre un par de candidatos, o porque un candidato se contradijo, o porque alguno decidió plantear una idea extrema como la pena de muerte para causar impresión. Es decir, hasta allí, todo era un juego conocido. Sin embargo, el JNE decidió que volvamos el debate mucho más fútil de lo que usualmente ya es. Ya ni siquiera había espacio para destruir al rival sobre la base de su carácter, entre tanta resolución, tachas y hasta logos equivocados con poto ánforas, la discusión sobre programas quedó enterrada. En estas elecciones, las ideas han tenido su más minúscula expresión.

Las menciones más importantes a temas relevantes para el país han surgido solo de forma coyuntural. En realidad ha sido una sorpresa que a raíz de las declaraciones polémicas de Guzmán, se haya hablado de la Consulta Previa en las redes, que es clave para avanzar en la garantía de la sobrevivencia de las comunidades indígenas en el Perú. Más aún, el debate entre candidatos sobre la reactivación de la economía ante el fin del boom de los recursos extractivos ha quedado en el aire a pesar de que Barnechea quiso picar a PPK con la renegociación de los contratos de gas. ¿Va un nuevo gobierno a fortalecer la fiscalización ambiental, es decir el OEFA y el recién operante SENACE?, ¿Y la discusión sobre la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y las ilegalidades? ¿Y la controversia sobre el Tratado Tras-Pacífico, TTP? Bien, gracias ¿y Usted? Las pocas oportunidades y espacios que han tenido los candidatos y sus equipos técnicos para presentar y discutir propuestas en los medios de señal abierta han sido insuficientes. El Foro Electoral impulsado por Latina y el Diario La República, así como las entrevistas personalizadas de El Comercio o las encuestas de La República no han rebotado entre la ciudadanía. El interés de la prensa está abocado a la novela de las tachas y los plagios, no en agendas de reformas de gobierno.

Hay deudas históricas y reformas estructurales que esperan por resolverse desde hace muchos años: la reforma educativa, el cambio a una política de drogas más efectiva y sostenible, el manejo concertado e integral contra las actividades ilícitas vinculadas a las industrias extractivas (minería, tala, etc.), el fortalecimiento de las burocracias de los gobiernos regionales y provinciales, la política de reparaciones civiles a los afectados por la violencia interna, el tránsito responsable a la diversificación productiva, la implementación de propuestas manejables para abordar las actividades económicas informales, el reforzamiento de la política nacional ambiental, la preservación de la Amazonía y el manejo de los pasivos ambientales, la gestión sostenible y concertada de los recursos hídricos del país, etc. Finalmente, podría traerse a colación los temas de derechos civiles como el matrimonio igualitario y la urgente necesidad de que el Perú sea finalmente un Estado laico.

Si solo tomamos una agenda que se ha hecho visible durante los últimos quince años en relación al boom de los recursos naturales y la expansión de las industrias extractivas, hay mucho por debatir. Todos sabemos que la economía peruana, debido a su carácter primario exportador de recursos naturales, es vulnerable a las caídas de precios de minerales. Ahora mismo estamos en período de vacas flacas y todavía no ha tenido lugar una discusión seria entre los candidatos sobre la reactivación de la economía y el manejo de los recursos naturales. Propuestas de política como el manejo de fondos fiscales regionales (para evitar las fluctuaciones de los ingresos por canon), creación de fideicomisos para la educación y la innovación tecnológica (paralelo al desarrollo de capacidades de gestión en los niveles intermedios de la burocracia regional), el desarrollo de políticas de diversificación productiva siguiendo el plan de PRODUCE (para generar articulaciones regionales y círculos virtuosos, evitando las políticas de enclaves), entre otros, no han aparecido en la contienda electoral pese a su marcado carácter de urgencia. A la par, propuestas de política para fortalecer la institucionalidad ambiental no se debaten. ¿Qué piensan los candidatos sobre promover más intensamente la creación de Autoridades Regionales Ambientales (ARA)? con el fin de albergar en una sola instancia todas las atribuciones de regulación ambiental y gestión de los recursos naturales. Ahora, éstas están desperdigadas en múltiples sectores y las funciones ambientales terminan fragmentadas y subordinadas a los intereses económicos del sector respectivo.

En fin, el confuso panorama electoral hoy nos deja una lección muy clara sobre el actual estado de la democracia en el país y los procesos electorales en el Perú: estamos lejos de ser una democracia consolidada y eso se refleja en la campaña presidencial. No existe una agenda clara de las necesidades urgentes del país. Además, el cuestionamiento a las sentencias del Jurado Nacional de Elecciones y del Jurado Electoral Especial (por aplicarse rigurosamente a algunos candidatos y en otros hacerse de la vista gorda) ha abierto el debate sobre la fortaleza de la democracia y la cacería selectiva de los candidatos.

El panorama electoral y las agendas pendientes para el desarrollo del país nos conducena la interrogante de fondo, qué implica ¿qué tipo de democracia hemos construido? ¿cómo esta puede llevarnos al buen gobierno dada la alta desatención sobre los temas importantes de la actualidad social, política y económica del país?. Si la conducción del país sigue más o menos en piloto automático y se revierten los avances institucionales en materia de institucionalidad ambiental, derechos colectivos como la consulta previa o la oposición a la flexibilización del régimen laboral, pueden rebrotar con mucha más fuerza convulsiones sociales y protestas en formas violentas en diversos puntos del país. Este escenario se complicaría además con la situación de ilegalidad que se expande en el territorio. Tampoco es suficiente la promulgación de leyes sin su contraparte de desarrollo institucional y organizacional para llevarlas a cabo. Más allá del resultado de la novela electoral, esta contienda política deja expuesta la contundente evidencia el Perú está lejos de vanagloriarse aún del logo “el Perú Avanza”.