Hace casi dos años, el 10 de julio del 2014, se promulgó la nueva Ley Universitaria, tras enfrentar la resistencia de algunos de los poderes fácticos (los dueños de universidades privadas con fines de lucro, los rectores agrupados en la ANR, los medios de comunicación del grupo El Comercio, la CONFIEP, etc.) y de un conjunto de parlamentarios directamente vinculados a las universidades privadas (Richard Acuña, Rosa Acuña, Virgilio Acuña, José Luis Elías, Luis Iberico, José Luna Gálvez, etc.). Su aprobación, con una estrecha mayoría, pasó por negociaciones que limitaron sus alcances reformistas y generaron algunas incoherencias y vacíos que entorpecen aún su implementación. No obstante, la resistencia de aquellos sectores continuó. ¿Qué futuro le espera, entonces, a esta ley? Veamos.

Entre los aspirantes a la Presidencia de la República que señalaron con énfasis su oposición a dicha ley y la creación de la Sunedu, destaca Alan García Pérez. En el mitin por el llamado Día de la Fraternidad, del año pasado, arrancando su campaña electoral, no halló mejor motivo que prometer su derogatoria. Hoy, un año después de haber insistido con ello, dada la baja intención de voto con que cuenta, García corre serio riesgo de que su partido pierda la inscripción. Por su parte, Alejandro Toledo no solo manifestó también su oposición a la ley, sino que retiró de la presidencia de la Comisión de Educación del Congreso a Daniel Mora, promotor de aquella ley, haciendo que abandone su partido. La intención de voto que ahora tiene es aún más baja que la de García. En cuanto a Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, es de notar que pasaron de una abierta oposición a dicha ley a un discurso contemporizador, que señala básicamente la necesidad de “mejorarla”.

Por contrate, el desempeño de los candidatos que manifestaron más bien su respaldo a la Ley Universitaria ha sido auspicioso. Fue uno de los elementos que marcó la diferencia entre el discurso de Julio Guzmán y el de los políticos más reconocidos en carrera, posición reforzada con la convocatoria de Daniel Mora a su equipo. Igualmente, el Frente Amplio, liderado por Verónica Mendoza, respalda la necesidad de una reforma universitaria, señala que ello pasa por profundizar los alcances de la Ley Universitaria y critica la lógica del lucro en el servicio universitario, abogando por su regulación pública. Por su parte, Alfredo Barnechea se ha abstenido de criticar esta ley y ha señalado la necesidad de atender y reformar la universidad.

Un caso que merece especial consideración, a propósito de este tema, entre los aspirantes a la presidencia es el de César Acuña, quien hizo fortuna promoviendo universidades como la César Vallejo, Señor de Sipán o la Autónoma del Perú, cada una con muchas filiales en todo el país, funcionando en condiciones que dejan mucho que desear. Se trata de universidades prototípicas en cuanto a expansión de la oferta privada con fines de lucro, en ausencia de mecanismos básicos de regulación. Tan sólo los programas de maestría y doctorado que ofrece la universidad César Vallejo,ofrecidas en su mayor parte en términos muy discutibles en cuanto a condiciones básicas de calidad,cuentan con miles de alumnos.

Como ya señalamos, este conglomerado familiar de universidades con filiales de número imprecisable, tiene una representación directa en el Congreso, con una bancada que ningún otro grupo de poder posee. Invitado a la CADE, César Acuña puntualizó que a partir de su éxito empresarial en el rubro universitario lo había conseguido todo: ser alcalde, congresista, presidente regional, y que lo único que le faltaba era la presidencia de la República.

La sensación de estar ante alguien que volvía a salir de compras quedaba flotando en el ambiente; pronto quedaría afirmada con escándalos que le pasaron la factura a Acuña. Había conseguido estar al alza en intención de voto, situándose en un expectante segundo lugar. Entonces se supo del modo casi compulsivo en que había conseguido sus credenciales académicas,echando mano sin pudor del plagio. Incluso maestrías y doctorados desarrollados en países donde los jurados no suelen sospechar que exista voluntad de fraude, como sí ocurre entre nosotros a gran escala, precisamente porque en espacios de diverso tipo, que ahora incluyen universidades y filiales con cientos de miles de alumnos, el fraude ha venido a ser moneda corriente. Se sabe ahora que no sólo César Acuña, sino varios otros miembros de su familia con delicadas responsabilidades políticas obtuvieron sus grados académicos en similares condiciones.

En un texto titulado “La revolución silenciosa”, Manuel Burga Díaz, ex rector de San Marcos y actual vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, reflexiona sobre el impacto de la creación de universidades con fines de lucro, tras el D.L. 882 emitido por Fujimori en 1996. Hoy el número de ese tipo de universidades y la matrícula que acogen sobrepasa ampliamente el de los otros dos tipos de universidad: la pública y la privada asociativa, impactando directamente en las condiciones de calidad del conjunto. Así, cabe señalar, como referencia, que no hace mucho, el director de la escuela de posgrado de la UNMSM, en la gestión rectoral de Pedro Cotillo, quien encabezaba la rebeldía ante la ley en las universidades públicas, tenía un doctorado de la universidad Alas Peruanas. La conocida ley de Gresham advierte que “la mala moneda desplaza a la buena”.

Tratándose de alguien que estaba disputando con grandes posibilidades la presidencia de la República, el caso Acuña debió haber puesto los reflectores sobre lo que está ocurriendo en la universidad peruana. Lamentablemente, la discusión no se encaminó en esa dirección. No obstante, el escándalo reforzó la sensación de que deben afirmarse los cambios en la universidad peruana, con énfasis en la transparencia –el tema del buen uso de las exoneraciones tributarias por las universidades privadas se perfila en el horizonte-, cuestión esta que remite directamente a la supervisión y regulación, hoy ejercida por la Sunedu. Los candidatos con opción de disputar la presidencia o respaldan abiertamente la necesidad de supervisar y regular la calidad del servicio universitario o han bajado los decibeles de su discurso en sentido contrario, hasta volverlo casi inaudible; más aún,tras la irrupción de los jóvenes en el escenario político. Encuestas practicadas entre ellos muestran una alta aceptación de la nueva Ley Universitaria.

¿Qué futuro inmediato le espera, entonces, a la Ley Universitaria? Todo señala que los planes de derogarla tendrán que quedar por ahora como una intención. Ciertamente, no falta algún candidato que, ahora discretamente, señala que la Sunedu debe ser reformada; ya no liquidada como solía decir. Lo acontecido en el Cusco y en Lima con las marchas juveniles, augura que de ser alcanzar la presidencia un candidato así, la polarización social marcará la escena política nacional en el próximo quinquenio. En esas condiciones, derogar esa ley será mucho más difícil aún. De lo que ocurra en la propia universidad dependerá, más bien, la posibilidad de que el movimiento pendular hacia una reforma universitaria y en el país pueda afirmarse. Un caso emblemático en esa dirección lo provee la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la que suele decirse es reflejo del país. Tendrá elecciones paralelas a las que ocurran a escala nacional. Hay que estar atentos a lo que allí ocurra.