Cómo no vamos a condenar hoy la dictadura de Fujimori y su intento de reinvidicarse tratando de volver al poder, además de los peligros que implica, si lo hicimos de manera inequívoca desde el primer día en que se instauró, tal como se puede ver en el primer Editorial que nuestra revista Ideele publicó a los pocos días del golpe del 5 de abril de 1992.

Este editorial prueba que el golpe estaba ya preparado y que nada tenia que ver con la crisis de las instituciones, pues justo cuando se da, en el Congreso se acababa de producir un inédito e importantísimo acuerdo sobre un nuevo plan de pacificación; acuerdo del que también participaron los congresistas fujimoristas.

Primer editorial de la Revista Ideele, después del 5 de abril de 1992, publicado a comiezos de mayo de 1992:

Nada puede justificar una dictadura

El 5 de abril, el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y dispuso la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales, alegando ineficiencia y labor obstruccionista contra el Gobierno, y anunció el inicio de un denominado “Gobierno de Reconstrucción Nacional”. Militares y policías ocuparon locales públicos, tomaron y censuraron los medios de comunicación, y detuvieron a importantes líderes políticos, gremiales y periodistas.

El presidente Fujimori se apartó así de la democracia y el Estado de Derecho. Pateó el tablero, como muchos han dicho. Y por ello, nuestra posición es de total e inequívoca condena, sumándonos a quienes exigen la inmediata restauración de la institucionalidad democrática.

Creemos que los gobiernos no tienen derecho a suspender las instituciones esenciales de un sistema democrático cada vez que consideren que su vigencia es incoherente a sus objetivos; ni aun cuando dichas instituciones se hayan ganado el rechazo mayoritario de la población por deficiencias y vicios exhibidos durante años. Instaurar el principio contrario –la justificación de la ruptura del orden constitucional en determinadas circunstancias– haría de la democracia un sistema de gobierno absolutamente inestable, frente al que podría defenderse, por una u otra razón, todo golpe de Estado.

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Acuerdo en el Congreso del que participan los fujimoristas, para implementar un nuevo Plan de Pacificación, aprobado semanas antes del golpe:

¿De la confrontación a la concertación?

Desde la promulgación en noviembre del controvertido paquete de decretos legislativos en materia de pacificación y defensa nacional, el país ha vivido un importante proceso político que podría apuntar hacia modificaciones positivas en la orientación política de la estrategia de pacificación. La voluntad de concertación de las diversas fuerzas políticas representadas en el Parlamento nacional han permitido que el Congreso haya podido elaborar un texto sustitutorio a los decretos originales, unánimemente cuestionados por su contenido militarizador.

En esta nueva versión de los decretos legislativos se restituye la vigencia de la autoridad civil y se afianza una verdadera línea de conducción de la estrategia sustentada en las prioridades de acción política. Este cambio de orientación impulsado por el Parlamento puede tener importantes repercusiones en la medida en que hasta la fecha, y a través del presidente del Consejo de Ministros, el Gobierno ha manifestado su acuerdo con las nuevas normas. ¿Esto significa que estamos pasando en este tema de la política de confrontación a la de concertación? Es quizá aún muy prematuro asegurarlo.