Las democracias del vecindario están siendo fagocitadas por un monstruo que carcome sin tregua sus entrañas. Ante ese espectáculo la ciudadanía vuelve a confirmar, a partir del caso Lava Jato, sus peores sospechas acerca de la forma en que se desenvuelve y las consecuencias que genera, en nuestras sociedades, la criatura de la corrupción. Los ciudadanos perciben que el poder político sin importar la ideología que pregona, salvo algunas pocas excepciones donde hay tradición histórica de partidos políticos, ha claudicado en nuestros países ante las luminarias del poder económico. Es que la precariedad institucional en la que navegamos ha sido orquestada para dejarnos en estado de indefensión estructural. El síndrome que nos aqueja es desde ya funcional a ciertos sectores que pescan en río revuelto y que maximizan utilidades en perjuicio de la posibilidad de darnos comunidades más homogéneas e integradas.  

La dinámica perversa que asegura enormes beneficios a unos pocos incluye en su accionar la captura de los estados y la promoción de una desregulación sin miras mientras las mayorías quedan a la intemperie. Tal como registran los estudios de opinión, esas mayorías se encuentren desencantadas y enojadas porque los bienes públicos de calidad, fundamentales para construir su porvenir, no se materializan como una realidad tangible. La democracia, sin concretar sus promesas, se vacía de contenido. Ello explica, en parte, la crisis de representación derivada de la trastocada matriz en la cual opera, según describieron con detalle los empresarios brasileros en sus confesiones ante la justicia, una lógica que pone en jaque a las precarias instituciones.

Hay pocas razones para sostener el optimismo ante este estado de cosas pero una bocanada de aire fresco está llegando desde Brasil. El sistema de justicia, a través del liderazgo de procuradores y jueces, parece haber comenzado a golpear en la cabeza de ese monstruo de mil tentáculos. Las autoridades que están liderando estas acciones son fruto de ese nivel autonomía y grado de independencia forjados por las posibilidades presupuestarias y de proyección que otorga el extenso sistema federal de Brasil.

En esta alentadora sucesión de hechos la Policía Federal juega también un papel de trascendencia recogiendo evidencias con la tecnología de última generación que tiene a su disposición, pero también una prensa que denuncia las intricadas tramas de esta madeja. La presión desde abajo de una ciudadanía fastidiada, esa sana costumbre que en Brasil constituye una larga tradición de movilización en la calle y de pedido de rendición de cuenta a sus autoridades cuando sienten que algo huele podrido en Dinamarca, es la cuarta pata de esa mesa virtuosa que pone luz donde antes había oscuridad.

En síntesis, asistimos a una hecatombe que atraviesa nuestra región desde que en Brasil comenzaron a develar el pernicioso mundo paralelo en el que nos movemos. El juez Moro es la cara más visible de esta historia y tal como le ofrece Morfeo a Neo en la película Matrix, nos ha ofrecido la pastilla del color adecuado para ver la “matrix” en la que estamos atrapados. El ejemplo de todo esto para nuestros gobernantes es claro: la voluntad política y la inyección de recursos, priorizando la selección de personas idóneas y comprometidas con la defensa de la res pública, puede incentivar a funcionarios decididos a sacarnos de las arenas movedizas en las que nos hundimos.

El espejo de Brasil, envuelto en un marco de esperanza sobre la posibilidad de construir estados de derecho y democracias republicanas, nos devuelve sin embargo una imagen ambigua en los lugares donde se viene operando con la misma lógica. A juzgar por la falta de respuestas, o de acciones tardías y a medias en países como la Argentina o Perú, donde las evidencias ya están en manos de quienes deben actuar, un difícil interrogante se está generando sobre la voluntad o posibilidad real del sistema de justicia por avanzar decididamente en las investigaciones. Ese interrogante también involucra a nuestros gobernantes que hasta el momento no han desplegado voluntad política suficiente, en forma de mayores recursos, para inyectar a los sistemas de justicia con capacidad efectiva para prevenir, desincentivar y sancionar la corrupción. La sensación de impunidad que revolotea a nuestro alrededor deja pocas esperanzas a la ciudadanía de ver, como está sucediendo en Brasil, un combate decidido contra la colusión del poder económico con el poder político.

En Perú, la reciente decisión del juez Carhuancho de dictar la prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ha generado reacciones diversas en una sociedad que registra niveles de credibilidad muy bajos sobre el sistema de justicia. Mientras que para algunos esta decisión representa el despertar de una justicia aletargada que finalmente comienza a avanzar con independencia, para otros es una decisión que resulta excesiva y parcializada. La decisión de Carhuancho ha despertado estas reacciones contrapuestas probablemente por la falta de avances contra otras personalidades de la política señaladas por testigos de haber sido favorecidas con fondos de Odebrecht pero que no han están siendo investigadas. Se verá entonces hasta dónde podrá avanzar el sistema de justicia en el Perú en una encrucijada en la cual los ciudadanos o bien vuelven a confirmar que la impunidad sigue siendo el pan de todos los días, o si por el contrario se produce un desenlace distinto que posibilite legitimar al sistema de justicia.

Si en el Perú la justicia va llegando de manera selectiva, en la Argentina pareciera que el sistema se cierra sobre sí mismo para que no haya avance alguno. En la Cámara de Diputados los diputados afines a la expresidente Cristina Fernandez han blindado al diputado Julio De Vido de la posibilidad de un desafuero impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Julio De Vido, quien fuera el ministro más fuerte de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, es el exfuncionario sobre el que pesan las mayores sospechas de corrupción con relación al caso Lava Jato en la Argentina. La derrota del gobierno de Macri en la Cámara de Diputados no despeja sin embargo las dudas acerca de las intenciones de su gobierno por enfrentar la corrupción. Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente Macri y designado por el presidente al inicio de su gobierno como jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, fue denunciado por Leonardo Meirelles, uno de los testigos clave del caso Lava Jato, de haber recibido sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Al salir el caso a la luz el presidente intentó defender a su amigo alegando que no entendía las razones por las que se lo acusaba. Arribas terminó finalmente sobreseído por un juez de primera instancia que no encontró evidencias suficientes para condenarlo. La decisión del juez, en esta causa que roza al círculo más cercano del presidente Macri, fue apelada por el fiscal y será ahora responsabilidad de la Cámara de Casación de revisar el asunto.

Argentina y Perú nos muestran el largo camino que todavía debemos recorrer para convertir a nuestras democracias en algo más que sistemas en los cuales la ciudadanía es convocada cada cierto tiempo a elegir a sus gobernantes. El recorrido que hemos tenido en las últimas décadas nos deja una lección clara y es que para lograr alcanzar el desarrollo no alcanzará con el crecimiento económico, la desregulación y la celebración elecciones.