Los orígenes
En la última campaña electoral, el tema de la lucha contra la corrupción era uno de los más importantes; tanto, que ni siquiera las fuerzas políticas con acusaciones de corrupción en sus propias filas se atrevían a decir NO a asuntos como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o al pedido de sanción drástica a los delitos de gran corrupción. Pero como bien reza el dicho criollo, “una cosa es con guitarra y otra con cajón”: cuando las diferentes fuerzas políticas se asentaron en el Congreso de la República, algunos personajes plantearon “aquietar las aguas, que ya había pasado la campaña”, con lo que desnudaron el uso oportunista de una de las más importantes demandas ciudadanas.

Cuando se hablaba de lucha contra la corrupción, un asunto recurrente era el de los faenones realizados durante el gobierno, entonces saliente, de Alan García Pérez. Algunas candidaturas congresales se construyeron en torno a la lucha contra la corrupción; fue el caso de las de Omar Chehade, Luis Iberico, Martín Belaúnde, Javier Diez Canseco, entre otros.

La constitución de la comisión: historia de pugnas e intereses
Una vez instalado este Congreso, lo que la mayoría esperaba era que Javier Diez Canseco presidiera la Comisión, por tratarse de un congresista experimentado que ya había dirigido sendas comisiones investigadoras que terminaron costándoles la libertad a varios integrantes de la mafia fujimontesinista y que despertaba las iras y temores de apristas y fujimoristas por la acuciosidad de sus indagaciones. Las zancadillas a su designación aparentemente no solo provenían del presidente del Congreso, de quien se podría sospechar celo político por el protagonismo que inevitablemente tendría quien presidiera esta comisión, sino también del propio Presidente de la República. Las idas y venidas expresadas en una falta de respaldo de su propia bancada terminaron por hacer desistir al experimentado congresista, quien no solo no peleó la presidencia de la Comisión sino que renunció a ella.

Omar Chehade era quizá una de las figuras más emblemáticas de la lucha contra la corrupción en el nacionalismo hasta que estalló el escándalo de “Las Brujas de Cachiche” que en cierto modo lo obligó a alejarse de esta comisión en la que se esperaba tuviera un importante papel.

En este contexto surge la propuesta de Sergio Tejada para dirigir la Comisión. El nacimiento de este grupo fue muy tenso y estuvo marcado tanto por ataques contra Sergio Tejada, que la encabezaba, como por diversos cuestionamientos totalmente fuera de lugar a los integrantes del equipo técnico. Sin embargo, en determinado momento estos ataques menguaron, sea por la aparente inexperiencia de Tejada o porque creyeron que éste podría terminar siendo manipulable.

Las dificultades que enfrentó la Comisión
Para empezar a funcionar, la Comisión enfrentó no solo los ataques de los miembros del APRA, Fuerza 2011 e incluso Alianza por el Gran Cambio, sino también problemas de carácter logístico. Por ejemplo, aunque se solicitó a la Oficialía Mayor la entrega de llaves y acondicionamiento provisional de la oficina asignada al equipo técnico el 21 de noviembre, la implementación se realizó apenas el 25 de diciembre, es decir, poco más de un mes después(1).

También se requirió la dotación de 16 computadoras y equipos de diverso tipo en enero, pero a junio del 2012 —más de 6 meses después de su instalación— solo se había entregado la mitad(2); si se tiene en cuenta que son 14 los profesionales que integran la Comisión, en el mejor de los casos algunos deben trabajar en sus propias computadoras portátiles. A esto podríamos sumar que el equipo técnico cuenta con un solo usuario y clave para acceder a la base de datos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), lo que quiere decir que de las 8 computadoras con las que cuenta el equipo de trabajo, solo desde una se puede acceder a la información.

A estos inconvenientes de carácter logístico se sumó la filtración a los medios de conclusiones preliminares del informe que beneficiaban a los involucrados, con lo que se trató de distorsionar la imagen de lo que finalmente salió en el informe.

Intentando un balance preliminar del trabajo de la megacomisión
Las circunstancias del nacimiento de la denominada “megacomisión” no fueron para nada auspiciosas: dos de sus potenciales principales figuras fuera en lo interno, una bancada oficialista poco articulada y con escasos niveles de comunicación y coordinación como telón de fondo. Más aún si se tiene en cuenta que, en los primeros meses, ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo se hicieron mayores esfuerzos por implementar medidas trascendentales contra la corrupción, y que ofrecimientos como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción quedaron de lado. Se planteaba así, desde el inicio, un escenario poco prometedor.

Quizá el resultado más importante ha sido poner sobre el tapete el decreto de urgencia 004-2009, que permitió la ejecución de 77 obras a nivel nacional sin cumplir con los controles establecidos, así como incrementar los montos inicialmente pactados. El decreto, presentado por el entonces ministro de Educación, José Antonio Chang, no respondía a ninguna situación de emergencia y fue emitido sin sustento técnico y legal. Este hallazgo permite ver con claridad cómo desde el ámbito político se pueden establecer mecanismos para facilitar los negocios evadiendo las acciones de control y, lo más delicado, quebrando la institucionalidad democrática al pasar a punta de decretos de urgencia por encima del Poder Legislativo.

Haber llegado a una mayoría en torno a las responsabilidades sobre este primer tramo de las investigaciones es un verdadero logra si se toma en cuenta, además, que se ha encontrado responsabilidades en 15 funcionarios de distinto nivel, por lo que se ha planteado entre sus recomendaciones la denuncia constitucional del ex presidente y sus ministros.

Un aspecto altamente relevante es la denuncia penal contra, entre otras empresas, el consorcio DHMONT C&G-JLVITTERI Ingenieros, que incluso pretende demandar a la Comisión y a los peritos. Esto ha permitido una mayor visibilidad sobre la participación de las empresas privadas que en colusión con funcionarios públicos promueven la corrupción beneficiándose con sobrevaluaciones de las obras o con el no pago de penalidades por incumplimiento en los plazos de entrega.

El papel del periodismo ha cobrado también preponderancia. Un reportaje identificó que la empresa La Pérgola S.A.C., que había apoyado la campaña de Alan García, se había beneficiado con diversas obras. El nexo habría sido la Universidad de San Martín de Porres, donde García fue catedrático antes de asumir la Presidencia y adonde ha regresado como docente.

La Comisión ha permitido también apreciar mejor los roles de las diferentes instancias en materia de lucha contra la corrupción, al poner sobre el tapete el archivo de 28 casos que involucraban actos de corrupción del régimen anterior por parte de la Fiscalía de la Nación; al solicitar al Ministerio Público que interponga denuncia penal contra diversos funcionarios y las empresas involucradas; al recomendar a la Contraloría que efectúe un examen especial para determinar responsabilidades y omisiones de los funcionarios del sector; al exhortar al OSCE a que realice las acciones correspondientes en el marco de sus competencias, y al remitir a la SUNAT el informe para que ésta pueda actuar sobre las empresas beneficiadas.

Lo que se viene
Hay que tener en cuenta que se hizo un análisis en profundidad de uno solo de los colegios emblemáticos. Una indagación mayor probablemente permitiría encontrar más irregularidades. Se ingresa ya a otro tramo de la investigación: aparecerán otros actores, otros intereses y, por lo tanto, también nuevas estrategias de descalificación y sabotaje.

La ciudadanía tiene la responsabilidad de estar vigilante y exigir que se brinden las facilidades necesarias a la Comisión y se entregue oportunamente la información de otros sectores y poderes públicos, pues lo que viene es el presunto manejo arbitrario de instituciones como Cofopri, Sedapal, el programa Agua Para Todos, entre otras. También tiene como parte de sus atribuciones evaluar si ha existido o no una red ilícita para delinquir en el caso BTR. Estaremos atentos.

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