El presidente Ollanta Humala comenzó su mandato con propuestas para mejorar las Fuerzas Armadas, como el incremento de remuneraciones y pensiones al personal militar activo y en retiro, y el fortalecimiento del Servicio Militar Voluntario con programas como Beca 18 y la creación del Instituto Superior Tecnológico para la enseñanza de carreras técnico-productivas a los licenciados del Servicio.

Sin embargo, en su primer año de gobierno el desarrollo de tales propuestas, orientadas a garantizar la “inclusión social” del militar para fortalecer sus derechos ciudadanos, no ha ido acompañado de un efectivo control civil-democrático del sector Defensa para lograr el buen cumplimiento de esas políticas y fortalecer las relaciones civiles-militares. Prueba de ello son las gestiones de sus tres primeros ministros de esta Cartera.

El primero de ellos, Daniel Mora Zevallos, trató de poner en marcha las propuestas del Gobierno que no fueron más allá del aspecto técnico, pues en lo referente al fortalecimiento de las FF.AA. para el respeto a la democracia y los derechos humanos, este intento se vio “truncado” por diversas acciones del Ministro, como su insinuada propuesta sobre una “ley de punto final” para la judicialización de militares acusados de cometer violaciones de los derechos humanos. El rechazo de la sociedad civil y la presión mediática, que consideraron que se buscaba la impunidad, lo llevó a rectificarse.

Además el Ministro, como miembro de la Comisión de Defensa del Congreso, presentó a título individual propuestas legislativas para fortalecer el rol de las FF.AA. en los conflictos sociales, pues contribuyó a la creación del dictamen de los proyectos 88/2011-CR y 301/2011-CR, que modifica el Decreto Legislativo 1095, referido al uso de la fuerza por las FF.AA. en el territorio nacional. Este dictamen plantea la conducción total por los militares de las zonas declaradas en estado de emergencia con la subordinación de la Policía, y una mayor intervención suya en labores antinarcóticas. Estas funciones policiales asignadas a las FF.AA. pondrían en riesgo un innecesario uso de la fuerza letal y la posible vinculación en casos de corrupción sistemática por labores antinarcóticos, como ocurrió en el gobierno de Fujimori. Sin embargo, el dictamen fue enviado a la Comisión de Constitución para su revisión.

Luego, cuando Oscar Valdez asumió el premierato debido a la renuncia de Salomón Lerner Ghitis —motivada por el mal abordaje del conflicto sociambiental del proyecto minero Conga, en Cajamarca—, se designó como ministro de Defensa a Alberto Otárola Peñaranda. Su gestión tuvo un inicio positivo, pues se implementaron diversas políticas públicas para fortalecer la operatividad de las FF.AA., en especial en el Servicio Militar. Primero se promulgó, en diciembre, mediante resolución ministerial 1527-2011/DE/SG, el aumento de las remuneraciones del personal del Servicio Militar. También se fortalecieron los beneficios para la accesibilidad de los licenciados al estudio de carreras técnico-productivas en SENATI o SENCICO. Luego, en enero, se implementó el programa Beca 18 para los licenciados bajo la modalidad de caso especial. Por último, en febrero, mediante resolución ministerial 124-2012-DE/SG, se constituyó una comisión encargada de la implementación del Instituto Superior Tecnológico, al mismo tiempo que se estaba elaborando el proyecto del Plan de Remuneraciones y Pensiones para ser presentado al Congreso para su aprobación.

Como se deja ver, estas políticas iban en la línea de la “inclusión social” del personal militar, con lo que se dejaba de lado el aspecto técnico y el fortalecimiento de las FF.AA. en el respeto a la democracia y los derechos humanos.

Sin embargo, la gestión del Ministro se vio severamente dañada por la pésima acción conjunta entre la PNP y las FF.AA. durante la “Operación Rescate”, en la que murieron 11 efectivos entre policías y militares. Además, se descubrieron casos de corrupción en los institutos armados, provocados desde el gobierno anterior, como la compra y envío de chalecos antibalas no aptos para la resistencia de proyectiles del armamento del enemigo, y del rancho de combate del personal militar del VRAE en estado de descomposición. Aunque ambos casos no ocurrieron en la gestión del ministro Otárola, el Congreso formó una comisión investigadora cuyo informe concluyó con la existencia de irregularidades y que fue presentado a la Fiscalía y la Contraloría.

Por otro lado, hubo también denuncias de familiares por el presunto traslado de personal del Servicio Militar inexperto al VRAE, lo que ocasionó que la Defensoría del Pueblo realice una investigación. Además, reapareció el problema del reclutamiento de menores de edad por Sendero Luminoso que generó un “pedido de apoyo” del premier Valdez a las ONG de derechos humanos para colaborar en el rescate y rehabilitación de estos menores. Este acto demostró la incapacidad del Gobierno para tratar este problema.

Finalmente, con la renuncia del ministro Otárola por los problemas expuestos, y antes de la censura, el nuevo ministro, José Urquizo, fue cuestionado por su inexperiencia en temas de defensa, así como por estar implicado en posibles actos de corrupción cuando fue ministro de la Producción. Sin embargo, en su gestión hubo cambios en los altos mandos de los institutos armados y del Comando Conjunto debido a los resultados de la “Operación Rescate”. Después se anunció la creación del Plan VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), que articularía diversos ministerios para poner en marcha políticas públicas económicas y sociales orientadas a combatir el narcotráfico y el terrorismo. Aun así, la gestión del Ministro no mostró resultados concretos.

La delegación de facultades legislativas al Ejecutivo
Con el cambio de Gabinete en Fiestas Patrias se designó como premier al doctor Juan Jiménez Mayor, quien dejó la Cartera de Justicia y designó como ministro de Defensa al doctor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. A los pocos días de instalado, el Ejecutivo sorprendió con un proyecto de ley para legislar en materia de Defensa e Interior por noventa días, lo que generó preocupación en la opinión pública por las posibles “reformas” en ambos sectores. A pesar de esto, el proyecto fue aprobado por el Congreso.

La propuesta tiene como fin la mejoría de las FF.AA. en particular en su rol en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, en la carrera militar y el Servicio Militar, en el sistema de fiscalización y adquisición de recursos materiales, y en el sistema de remuneraciones y pensiones.

De las políticas públicas que implementaría el Ejecutivo gracias a la concesión de estas facultades sobresale la creación de una central de compras para la Defensa Nacional para tener una mayor fiscalización de los recursos materiales y evitar casos de corrupción como aquél en el que se vio implicado el viceministro de Recursos para la Defensa Lizandro Maycock Guerrero, quien estaba en el cargo desde la gestión del ministro Daniel Mora. Esto llevó a que fuera destituido por el ministro Cateriano, acción esperanzadora en materia de transparencia y fiscalización.

Otro aspecto positivo es la propuesta de creación de la Defensoría del Personal Militar para el respeto de los derechos humanos de este personal, quienes muchas veces son violentados por militares de superior jerarquía. Al respecto, sería pertinente que esta Defensoría genere y fortalezca mecanismos adecuados para la difusión y respeto de los derechos fundamentales del personal que realiza el Servicio Militar.

Sería también conveniente que estas reformas involucraran más políticas públicas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres militares; por ejemplo, el cumplimiento de la resolución defensorial 021-2011/DP, que recomienda reformular el reglamento interno de los institutos armados referidos a la maternidad.

Por otro lado, lo más preocupante de las facultades legislativas concierne a la participación de las FF.AA en el enfrentamiento de los conflictos sociales y en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Sobre esto, se plantea realizar modificaciones al decreto legislativo 1095 para que las FF.AA. tengan una mayor presencia en labores de interdicción y represión de conflictos sociales, posiblemente subordinando a la Policía Nacional. Aun así, el ministro Cateriano aclaró ante el Congreso que no se buscará ‘policializar’ a las FF.AA. ni ‘militarizar’ la protesta social.

En cuanto al rol de los militares en el VRAEM, urge una adecuada reforma de la estrategia antisubversiva y en la instrucción militar, debido a que continúan las muertes de efectivos militares, en especial del Servicio Voluntario, como las ocurridas los días 12 y 15 de agosto y en las que fallecieron 6 jóvenes. De ahí la necesidad de enviar personal militar especializado con mayor tiempo de preparación. Esperamos que el Plan VRAEM considere estas reformas.

A pesar de lo expuesto, queda aún incertidumbre sobre las acciones del Gobierno en materia de reforma institucional del sector Defensa, pues no hay claridad respecto de si se va a fortalecer el control civil-democrático del sector o si, por el contrario, se pretende brindar funciones que no competen al rol de los militares en democracia. Incertidumbre que se afianza con la exposición del Premier ante el Congreso, en la que no se ofrecieron muchos detalles sobre las políticas públicas específicas del Gobierno para el sector Defensa o cómo se implementarían aquéllas que propusieron en su solicitud de delegación de facultades.