El proceso iniciado de consulta pública para la revocatoria de las autoridades en ejercicio de la Municipalidad de Lima Metropolitana, si bien es absolutamente democrático, tiene diversos ángulos que es conveniente examinar tanto con base en sus razones y fundamentos prácticos, como proyectando sus resultados y consecuencias para la ciudad de Lima y sus habitantes.

Sin pretender un análisis exhaustivo del tema doctrinal, sino más bien desde el ángulo de sus consecuencias concretas en el campo del ejercicio de la voluntad popular, cabe preguntarse si el proceso autorizado será un paso positivo hacia la democracia participativa, que, como sabemos, aspira a aplicar mecanismos que amplíen los derechos de los ciudadanos, yendo más allá de la simple elección periódica, característica de la democracia representativa. Esta aspiración u objetivo de ejercer un mayor control de los electores sobre la gestión de las autoridades elegidas —cuya legitimidad es por cierto inobjetable— debe cotejarse con la factibilidad de alcanzar resultados tangibles y positivos. Esto, en la idea de hacer que la teoría participativa pueda aproximarnos al ejercicio de la política entendida como “el arte de lo posible”, como la definía Aristóteles; y que, además, nos conduzca al logro eficiente del bien común, que es el fin supremo de tal ejercicio.

Desde esa perspectiva, es importante recordar que, en el caso de la revocatoria en curso, se trata de autoridades que han sido elegidas bajo las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades, con una mayoría simple; es decir, menor a la mitad de los votos válidos y por un periodo de 4 años. Si se define la revocación por una votación mayor de 50%, se está implicando —contrario sensu— que se revoca porque no tiene un 50% de votos a favor de la continuidad de su mandato, soslayando la realidad de que nunca tuvo —debido a la ley que no establece segunda vuelta ni mayoría absoluta— ese porcentaje a favor de su mandato. Podría decirse entonces, en el extremo matemático —y, por ende, lógico del análisis—, que su mandato nació ya revocado. De tal modo, una revocatoria podría proceder —bajo esa lógica aritmética— si hubiese perdido el apoyo del número de electores que le dieron el mandato municipal. O sea, debería aprobarse por un porcentaje de 100 menos la cifra porcentual de los votos que alcanzó en la elección; lo que, en el caso en cuestión, daría casi 70%, y no 50% más un voto de los votantes.

Luego, y desde el punto de vista de la gestión y del periodo de 4 años, cabe preguntarse si resulta prudente, o aun lógico, iniciar la revocación de un mandato de la complejidad de un gobierno municipal metropolitano antes de la mitad de su vigencia.

Y, asimismo, en el área de los resultados concretos, esperables de la revocatoria, es pertinente citar el prolijo y certero análisis del especialista en temas electorales Fernando Tuesta Soldevilla, quien, bajo el expresivo y gráfico epíteto de “ruleta rusa”, explica que el resultado de la revocatoria en curso puede generar un abanico de situaciones que van desde la obligación de cambiar autoridades y convocar a nuevas elecciones, pasando por la posibilidad de que solo se determine el retiro de la alcaldesa y algunos concejales y la eventual continuidad de la gestión a cargo de su teniente alcald, o de otro de sus concejales; o también la de un opositor, siempre sin elecciones obligadas. Es decir, un auténtico abismo de incertidumbres, cuyo único resultado cierto será la paralización de proyectos y el retraso o cambio de metas u objetivos. Pero todo, finalmente, en contra de la ciudad.

Citemos ahora, en el aspecto eminentemente práctico, solo dos de los objetivos principales del actual gobierno municipal de Lima Metropolitana: el ordenamiento del transporte público y el abastecimiento y comercialización de alimentos.

En el primero podemos recordar que desde hace 20 años, cuando en nombre del liberalismo a ultranza practicado por Fujimori y Boloña se decidió “liberalizar” las rutas de transporte público, desaparecer ENATRU y liquidar toda intervención del Estado en prestar y hasta regular el servicio de transporte público, dejándolos a merced de la mágica mano del mercado, se produjo la proliferación de rutas, la incursión de los desocupados en el servicio de taxis, el uso de combis y de unidades ineficientes y destartaladas, la desaparición de los paraderos, la formación de auténticas mafias que obtuvieron licencias ilegales de rutas absurdas enredadas y redundantes y, finalmente, el maltrato de los usuarios y un caos de tal magnitud que ha terminado por hacer que Lima supere vergonzosamente a Calcuta como ejemplo de desorden y lumpenización del transporte público.

Basta tomar algunas de las cifras citadas por el director de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, para graficar este caos y explicar la importancia de la reforma propuesta: existen en Lima 658 rutas que la Comuna se ha propuesto reducir a 274 totalmente diferentes, articuladas y con mínima superposición. Los transportistas pierden 4 mil millones de soles por superposiciones indebidas. Las rutas actuales recorren 38 mil kilómetros para 13 millones de personas, y la reforma en curso planea movilizar ese número de usuarios en 7 mil kilómetros. Naturalmente, hacerlo pasa por procesos de revocación de rutas, de otorgamiento de nuevas concesiones y de diálogo y concertación que están en pleno avance y que no pueden destruirse. Junto con el ordenamiento del transporte está por cierto la vialidad, en la que se corre el riesgo de paralizar o retrasar inversiones público-privadas por 2.600 millones de dólares, entre viaductos como la nueva vía Parque Rímac, el túnel de Javier Prado, la Vía Expresa Sur y el túnel de La Molina.

Respecto del abastecimiento y la comercialización de alimentos, es ciertamente lamentable la pérdida de vidas y el grave daño inferido a la imagen de la Policía y la institucionalidad del Gobierno en general con lo ocurrido en La Parada. Pero resuelto rápida y felizmente el conflicto del desalojo, e iniciado el traslado y la operación del Mercado Mayorista de Santa Anita, cabe preguntarse: ¿Podría darse marcha atrás o convalidarse la continuación de La Parada? ¿Estamos olvidando que ese mercado y la erradicación de La Parada estuvieron siendo postergados casi 30 años y que ninguna administración municipal tuvo el coraje de enfrentarlos con decisión y eficacia? Por cierto, la tarea ha alcanzado un punto de no retorno muy valioso, pero falta resolver el problema de los mil comerciantes minoristas, de los 2 mil carretilleros y los mil estibadores, que la Municipalidad está enfrentando. Y falta también organizar y ejecutar la transformación de La Parada en un emporio textil industrial, asociado a espacios de vivienda, recreación y educación, así como la creación de áreas verdes y servicios a la comunidad que logren una auténtica renovación urbana, como se ha hecho en ciudades como París y Buenos Aires, recuperando áreas precisamente saturadas y caóticas para convertirlas en auténticos atractivos de las ciudades.

Finalmente, no es posible olvidar que detrás de la maniobra revocatoria está un oscuro origen de recursos, procedimientos y apetitos políticos, que no podemos tolerar. En nombre de la transparencia, la honestidad y la decencia, la revocatoria no debe pasar.