Los dos sucesos más saltantes de la primera quincena de diciembre tal vez reflejen dos de los defectos y virtudes de este gobierno. 

La demora en sacar del gabinete al ministro de Trabajo luego de su desequilibrada y patética actuación en el aeropuerto de Arequipa refleja la torpeza política de este régimen, no solo para solucionar un problema que lo termina manchando, sino incluso para sacarle provecho resolviéndolo con prontitud. Este caso en particular llama la atención, además, porque esta gestión ha decidido impulsar una necesaria campaña contra el feminicidio y todo lo que ello implica. Haber querido pasar por agua tibia la agresión de José Villena contra una trabajadora de LAN resulta, por decir lo menos, incoherente. Es muy preocupante que, dado el protagonismo que busca tener la primera dama Nadine Heredia, el Gobierno no haya mostrado firmeza.

En la otra cara de la moneda está la solución dada finalmente al régimen remunerativo y pensionario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo cual muestra un gobierno dispuesto y con ganas de hacer reformas o dar solución a temas que las administraciones anteriores, particularmente la de Alan García, pretendieron esquivar con una indiferencia que podía llegar a ser insultante. Si tomamos otros ejemplos, como las reformas en los programas sociales y en el Sistema Privado de Pensiones —nos termine de convencer o no—; las nuevas facultades otorgadas al Ministerio del Ambiente a través del Senase; los primeros cambios y mayores recursos concedidos al sistema de innovación, ciencia y tecnología; la formalización paulatina y, por ende, las mejores condiciones para  los funcionarios del famoso régimen CAS; la nueva Ley Magisterial, entre otros, debemos reconocer que, en lo económico y lo social, más que “piloto automático”, tenemos un presidente y un gobierno con ganas de hacer más de lo que las constantes turbulencias políticas permiten reconocer.

La pregunta es si en los tres años y medio que le quedan por delante, esta administración se atreverá a ir un poco más allá. Si bien plantear tan solo esta idea puede poner los pelos de punta a más de uno, lo cierto es que el país no está ni para conformismos, ni para timideces, menos aún en un contexto en el que las condiciones macroeconómicas nos son favorables. Es ahora o quién sabe cuándo.

¿En qué más actuar? Los ámbitos de acción son muchos. Pero primero habría que decir, contra todo lo que el establishment que ha dominado el discurso público en los últimos veinte años sigue repitiendo, que el Estado no solo tiene que volverse más eficiente, sino que también requiere crecer lo necesario como para acompañar el dinamismo que el sector empresarial ha mostrado ya por diez años mientras el sector público ha permanecido prácticamente paralizado. En su columna de noviembre último, Carlos Heeren resaltaba que el tamaño del Estado en el Perú, medido como porcentaje del PBI, es el más bajo de América Latina. En realidad, basta con leer los periódicos o mirar los noticieros para abrir los ojos y percatarse de la ausencia o falencia del Estado en cada ámbito de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Ahora bien. En su búsqueda por dirigir un gobierno que no tire por la borda lo ya andado gracias a las reformas económicas iniciadas en los 90, el presidente Humala ha pasado o sigue pasando por un proceso de definición de cómo hacer lo que él llama la gran transformación. Tarea de equilibrista, que hay que tomarla como tal. Para ello, una vez más, es necesario despercudirse del discurso del establishment, que Alberto Vergara calificaba en su columna del último mes como de un liberalismo oxidado. Para nosotros, esto se plasma no solo en los ejemplos que Vergara citaba y a los que hacemos referencia más adelante, sino también en algunos hechos económicos y empresariales sobre los cuales vale la pena reflexionar y discutir.

Este gobierno, a pesar de sus pretensiones, no llegará a ver concretarse el gasoducto andino. Entre la falta de gas que permita a un privado sustentar el financiamiento para la construcción de un ducto; la “falta de mercado” que no justifica el gasoducto; y esa trasnochada idea de que el Estado no debe participar en este tipo de “aventuras”, el proyecto original ha sufrido una serie de variaciones que muchos siguen sin entender y que no garantizan hasta el momento nada, ni gas para el sur ni mucho menos el desarrollo del polo petroquímico. Las preguntas afloran por sí mismas. ¿Por qué debiendo ser el gasoducto andino una prioridad nacional el Estado ha tenido que esperar a que sean las empresas privadas, a su ritmo y con sus propios y válidos intereses, las que inviertan en exploración? ¿Por qué ahora tenemos que estar sometidos al hecho de que Petrobras, empresa estatal brasileña, tenga otras prioridades de inversión en su país, y a que tras su estatización en Argentina, YPF tampoco tenga los recursos para continuar explorando? ¿Por qué el Estado no puede o debe asumir como suyo un proyecto que considera de interés nacional? ¿En qué país  desarrollado del mundo con modelos de economía de mercado las decisiones públicas se toman bajo estos parámetros? Dicho esto, ¿dónde están las nuevas reservas de gas que se vienen anunciando ya desde hace casi tres años, así como el acuerdo final entre los socios de Perú LNG para la devolución del gas del lote 88? ¿En qué nación del mundo que se haga respetar, un Estado permite tanta mecida?

Ahora bien, acercarse y fortalecer la presencia y la regulación estatal allí donde sea necesario no implica únicamente los espacios económicos y empresariales. Es hora de comenzar a prestarle atención y dar solución a problemas sociales que seguimos arrastrando a veces hasta con naturalidad. Necesitamos un Estado que, por ejemplo, se encargue de poner el dedo en la llaga de la discriminación. Las denuncias sobre los baños especiales para las nanas en clubes privados; la construcción de edificios donde los dormitorios de las empleadas del hogar parecen cárceles o donde tienen que subir por las escaleras; o las investigaciones recientes de la Universidad del Pacífico sobre el nivel de discriminación en el mercado laboral, son muestras de una sociedad atascada en el tiempo. ¿Hay que esperar que el mercado se encargue de solucionar estos problemas? ¿Debería ser una prioridad del Estado? ¿Podemos hablar de mejoras en la igualdad cuando este tipo de actitudes permanecen vigentes en una sociedad?

Poner el foco en las prioridades nacionales y en las personas, y no solo en las cifras, es tal vez el paso más importante que nos queda pendiente como sociedad. Y el Estado tiene allí una responsabilidad que cumplir. Atreverse un poco más sin perder el rumbo ni tirar por la borda todo lo avanzado, es el mayor reto que tiene por delante este gobierno.