La pregunta viene al caso y es un excelente ejercicio para poder interpretar el verdadero sentido del actual proceso de revocatoria.  Revisando la información periodística del 2003 y del 2004 nos encontramos con un alcalde con altos índices de popularidad y con una incontinente aparición en placas recordatorias de obras realizadas (que en ese tiempo no eran muchas) y en carteles de las obras que pensaba realizar.

Lo que también encontramos son muchos cuestionamientos, con razones que bien podrían justificar una revocatoria de acuerdo a los estándares de quienes hoy encabezan ese proceso. Por supuesto que hubiera sido un sin sentido, como también lo es ahora, pero muchos de los fundamentos esgrimidos por los revocadores actuales se hubieran podido aplicar a la gestión municipal de Luis Castañeda.

A cien días de iniciado su gobierno en la ciudad, se le reclamaba al alcalde obras de envergadura. Sus detractores señalaban que solo había realizado obras pequeñas y que más se había dedicado a cambiarle de nombre a lo que había dejado su antecesor. La Plaza Mayor volvió a llamarse Plaza de Armas y el Parque de Lima retornó a su antiguo nombre: Parque de la Exposición. Ambos habían sido espacios remozados por Alberto Andrade. Castañeda cerró sus primeros cien días de gobierno con pocos hechos y muchas promesas.

“Ayer, durante la exposición del balance de los primeros cien días de su gestión, Luis Castañeda Lossio empleó solo 10 minutos diez minutos de su disertación –que duró casi hora y media– para hablar de las obras que había realizado. El resto lo ocupó en enumerar los proyectos que hará”, escribía el periodista Héctor Villalobos.

“Se percibe, en primer lugar, la ausencia de un equipo que defina un marco regulatorio para reincentivar la inversión. No se conocen programas de desarrollo, descontaminación, destugurización  o seguridad. El rostro de la persona que acude a diario al centro es el de la inseguridad”, señalaba para El Comercio Pedro Gjurinovic, Presidente del Patronato de Lima.

Los primeros cien días cerraron con la decisión del pleno del Consejo Metropolitano de formar una comisión investigadora de la gestión de Alberto Andrade, lo cual resulta curioso, pues los voceros de Solidaridad Nacional, el partido de Castañeda, han criticado duramente a la gestión de Villarán por auscultar la gestión del ex alcalde.

A dos años de iniciada su gestión, la percepción que no había dado ningún paso importante en el ordenamiento del transporte era nítida. Se le criticó que tampoco había avanzado mucho en el proyecto de transporte masivo (hoy Metropolitano) que la gestión de Andrade había dejado encaminada.

En un informe elaborado por Nelly Luna para El Comercio en enero del 2005 se encuentran algunas críticas que a estas alturas resultan muy interesantes.

Uno de los mayores cuestionamientos a su gestión, ya en ese entonces, era el descuido de la seguridad ciudadana. Los analistas señalaban que no se había hecho nada importante en esa materia.

“Salvo una iniciativa para dar más atribuciones a los Serenos, no ha habido otra propuesta . Y eso no resuelve los problemas, solo los incrementa (hemos visto como los serenos son utilizados por los alcaldes en sus enfrentamientos particulares). No hay planes para trabajar con la policía, los distritos y organizar a los vecinos”, criticaba hace ocho años Gabriel Prado, quien hasta hace poco tiempo fue el responsable de seguridad ciudadana de la gestión de Villarán. 

El especialista en temas ambientales Marcos Alegre le criticaba cero avances en temas ambientales y consideraba que el crecimiento urbano que se estaba permitiendo se hacía en desmedro de las áreas verdes.

Resulta particularmente interesante la critica que le realiza quien era en ese entonces especialista en temas municipales, Marco Tulio Gutiérrez: “Se ha sustituido la participación efectiva y directa por una supuesta participación virtual. La comuna metropolitana emitió una ordenanza en la que se señalaba que los vecinos podrían intervenir en el presupuesto participativo 2005 virtualmente; es decir, a través de internet. Sin embargo, todo el mundo sabe que la mayoría no utiliza este servicio. Y así fue, no se instaló este mecanismo y nadie participó. Hay una dejadez por parte de esta gestión para alimentar la participación ciudadana”.

También se criticó la manera en que manejaba el presupuesto: “Que el Consejo destine el 50% de su presupuesto en gastos corrientes no es saludable, pero es lo frecuente en este país, donde el Estado peruano solo destina el 10% a gastos de inversión. De otro lado no es correcto que lo que se desembolsa en servicios no personales  vaya dentro de gastos de capital cuando debería ir en gastos corrientes. Eso no es inversión, es una acrobacia contable”, señalaba el economista Carlos Adrianzén.   

Como vemos hoy, los problemas que en ese momento se criticaron fueron creciendo y deformándose. Luego vendría el escándalo de las revisiones técnicas y el caso Comunicore. 

(Investigación: María José Palacios).