¿Necesitamos un clima social favorable o una política de la naturaleza? Reflexiones sobre Tía María

¿Necesitamos un clima social favorable o una política de la naturaleza? Reflexiones sobre Tía María

Ideele Revista Nº 287

El problema en Tía María es climático. Aunque decir eso no signifique privilegiar única y exclusivamente un clima social favorable a la mina. Supone, más bien, una preocupación semejante a la que generan los incendios en la Amazonía y en otras partes del mundo, que han hecho que el planeta alcance niveles de CO2 inéditos. ¿Cuál es la política que nos permitirá sobrevivir como especie? Es esa la cuestión. Respirar, igual que tener fuentes de agua, son asuntos generacionales y, por ende, eminentemente políticos.

En este artículo intento mostrar que los mecanismos de rendición de cuentas alrededor de los Estudios de Impacto Ambiental (destinados, precisamente, a crear un clima social favorable) entorpecen la visión de una política de la naturaleza. Argumentaré tres razones que me parecen las más relevantes. Y, al final, presentaré una alternativa que se basa en un experimento social que difiere de los mecanismos institucionalizados.

I.

La primera razón es que aquellos mecanismos dan la espalda a las muchas formas que hay de producir y diseminar conocimiento sobre la naturaleza.

Una parte del conocimiento científico relevante para toma de decisiones políticas se crea en la frontera entre el gobierno y la industria. Me refiero a los estudios de impacto hechos por empresas consultoras contratadas por la Southern, así como a las evaluaciones que el MINEM y otras entidades de gobierno hacen de ellos. Se trata de una ciencia orientada a la regulación[1]. Sin embargo, trabajos de campo, instrumentos ambientales y evaluaciones oficiales componen un ritual tecnocrático cerrado, el cual levanta una barrera entre los asuntos técnicos y las preocupaciones ciudadanas, pone límites a aquello que se puede o no decir sobre el impacto ambiental y, además, permite a los expertos dividirse el trabajo para ser más «expeditivos» a la hora de revisar miles de páginas. El resultado: un EIA considerado técnicamente veraz y ajustado a ley. O sea, difícilmente discutible en público.

Otra parte del conocimiento que busca influir en la política es el que se produce en la frontera entre las comunidades afectadas y la sociedad civil. Un ejemplo es el documento Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto minero Tía María, publicado por la Red Muqui y CooperAccion en 2015. Este tipo de conocimiento es reactivo y no participa de la escritura técnica oficial. Su incorporación en la esfera pública, sin embargo, abre una discusión sobre irregularidades e imprecisiones técnicas del EIA, dándole voz a los potenciales afectados.

Ya sea como un ritual cerrado o como una discusión abierta, visiones diferentes del bien común terminan siendo traducidas a un lenguaje técnico. Producto de ello, la naturaleza no puede ser descrita de una sola manera. Es una y múltiple a la vez. Es tan múltiple cuantas tradiciones, sentimientos o intereses podamos enumerar (aquí solo mencioné dos). Y es una porque, al describirla, intentamos ser parte de lo colectivo; estamos haciendo política, nos guste o no. De ahí que, obstinarse en que el conocimiento tecnocrático es el único válido sea recibido como un gesto de menosprecio a la diferencia.

II.

La segunda razón es de índole moral. Es muy difícil reconocer la multiplicidad de naturalezas cuando el «ruido político» y la «esperanza técnica» son los términos con que interpretamos lo bueno y lo malo.

Señalar el ruido político es imprimir un estigma en el cuerpo de la movilización en contra de la mina y su EIA. Un estigma que funciona de arriba abajo y cuyas consecuencias conocemos bien. Pueden ir desde acusaciones del tipo «están ideológicamente contaminados» o «son violentistas anti mineros», hasta los estados de emergencia y la criminalización de la protesta.

La esperanza técnica, en cambio, se parece más a una ministra de Energía y Minas que en 2015 afirmaba «poner las manos al fuego» por el EIA de Tía María, dado que cumplía con toda la normatividad. Se trata de una fe ciega en el juicio experto. Sí, un acto de fe. Como si existiese un cuerpo de conocimientos aislado de toda influencia externa. 

El péndulo entre ruido y silencio no se limita a los discursos. Da forma a la actual gestión de conflictos. A su modo de cerrar controversias. El más común es la convocatoria de un comité técnico externo, sedicentemente neutral y autónomo. En 2010, el MINEM contrató a la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios en Proyectos para que evaluara el EIA. Y ahora es el Consejo de Minería (adscrito al MINEM y compuesto de dos ingenieros y tres abogados) quien tiene la voz dirimente. Pero, como enseña el caso Minas Conga, este enfoque es ineficaz porque desplaza un asunto que es de muchos al pronunciamientos de unos pocos.

Así, uno de los problemas más serios de la actual gestión de conflictos es que privilegia unas opiniones sobre otras. Una cosa es lo que dicen los «expertos en la materia», otra lo que dicen los «ciudadanos de a pie». En esta diferencia se expresa cierto miedo por la discusión pública. Miedo a cuestionar el modelo de desarrollo de los últimos treinta años. Ese modelo que ha enaltecido el crecimiento económico a costa del crecimiento moral.

Cuando se dice que hay que abrir un espacio de diálogo para socializar los aspectos técnicos del proyecto, lo que en realidad se está diciendo es que hay que alfabetizar a la gente. Se sigue pensando el diálogo a partir de la idea de un «déficit cognitivo»

III.

La tercera razón atañe a la premisa de los mecanismos de rendición de cuentas[2]. Esto es: ya que la oposición nace de la «desconfianza» (o peor, de «la falta de educación de la gente»), lo que hay que hacer es entregar información técnica a la población. Dicho esquemáticamente: más información, menos desconfianza; menos desconfianza, un clima más favorable a la mina. 

Así funciona la participación ciudadana. La empresa Southern, antes de la presentación de su segundo EIA, hizo dos talleres participativos. Y durante la evaluación oficial, una audiencia pública, desarrollada en un clima de protesta.

El trabajo etnográfico de Fabiana Lee sobre la presentación pública del EIA de Yanacocha en 2006, cuestiona la lógica información-confianza. «Las prácticas de rendición de cuentas -sostiene- dan prioridad a los intereses mineros y permiten que las empresas definan los estándares de desempeño que los gobiernos utilizarán para establecer su cumplimiento.»[3]. O sea, se utiliza la entrega de información y la asistencia local para legitimar el EIA. 

Cuando se dice que hay que abrir un espacio de diálogo para socializar los aspectos técnicos del proyecto, lo que en realidad se está diciendo es que hay que alfabetizar a la gente. Se sigue pensando el diálogo a partir de la idea de un «déficit cognitivo»; un eufemismo para decir que la gente es idiota. Pero, como bien saben los comunicadores de la ciencia, más datos no genera más confianza. Y es que no tiene sentido exigir confianza a quienes, previamente, se ha ninguneado.

IV.

¿Y entonces? Una alternativa que valdría la pena probar (y esta no es ninguna receta para la concordia) es diseñar una política de la naturaleza basada en foros híbridos[4]. Se trata de un experimento colectivo destinado a elaborar nuestros conflictos sin privilegios de opinión y considerando su envergadura generacional. Solo para el caso de Tía María, ya llevamos veinticinco años, desde 1994 que empiezan las exploraciones.

Como todo buen experimento (y un buen experimento es aquel del que aprendemos algo nuevo), debe haber un protocolo, unas premisas básicas.

La primera es reconocer que los períodos de controversia enriquecen la democracia. La existencia de puntos de vista divergentes nos empuja a reunir y poner en discusión lo colectivo (por eso hablamos de foros). De lo contrario, el enfoque seguirá siendo apagar incendios y hacer control de daños.

La segunda es que estos foros no sirven para tomar decisiones apuradas. No son mesas de diálogo donde la pregunta es «¿cómo generamos un clima social favorable?». Este experimento toma tiempo, pues sus dos prioridades son: (a) la coproducción de conocimiento (algo muy diferente de la entrega de información) y (b) el desarrollo de habilidades para la cooperación compleja (por ejemplo, la empatía y la autocontención)[5]. En este sentido, convendría comenzar el experimento incluso antes de la fase exploratoria de los proyectos mineros.

La tercera es que no hay certezas a las que aferrarse, ni sobre la naturaleza ni sobre el bien común. De hecho, todo el experimento consiste en actuar en medio de dos incertidumbres. ¿Cuál es la representación de la naturaleza que nos permitirá sobrevivir? ¿Cuál es la representación del bien común que nos permitirá seguir hablando sin agredirnos? Ambas cuestiones no pueden responderse por separado (por eso lo de híbridos), y cabe la posibilidad de que no arribemos a ninguna respuesta definitiva. Por eso, «actuar» aquí significa ir a tientas, por ensayo y error, como sabemos que sucede en la vida cotidiana cuando tomamos decisiones arriesgadas.

Y la cuarta premisa atañe al rol de expertos y líderes. Los expertos están invitados, pero siempre que alteren sus condiciones de credibilidad. No hay fe ciega que valga. Han de ganarse el respeto como cualquier otro participante. Transparentar sus lealtades y hacer de acceso abierto sus datos e informes parciales es un modo de mostrar que son buenos investigadores. En cuanto a los líderes sociales: ser la «voz del pueblo» aquí sirve de poco. Si pensamos mejor en la voz de grupos de interés específicos, entonces el experimento crece: ¿cuántos más portavoces legítimos es posible identificar?, ¿cuántos más temas de discusión es posible incorporar?

Un protocolo de este tipo (al que seguro se le pueden modificar y sumar cosas) sintoniza con el fin de todo Estado, que es redescubrir lo público[6]. Renunciar a su carácter experimental, ya sea por apuro, por pereza o por sumisión al modelo neoliberal, equivale a dejar de representar lo que somos.



[1] Jasanoff, S. (1995): “Procedural choices in regulatory science”, Technology in Society, 17(3), pp. 279-293.

[2] Para un análisis de la genealogía de la participación pública en los EIA en el Perú desde que se formalizó en 1996, ver Gil, V. (2009). Aterrizaje minero. Cultura, conflicto, negociaciones y lecciones para el desarrollo de la minería en Ancash. Lima: IEP.

[3] Lee, F. (2017). Desenterrando el conflicto. Empresas mineras, activistas y expertos en el Perú. Lima: IEP, p. 255.

[4] Callon, M. et al (2011). Acting in an uncertain world. An essay on technical democracy. Cambridge/London: MIT Press.

[5] Sennett, R. (2012). Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación. Barcelona: Anagrama.

[6] Dewey, J. (2004). La opinión pública y sus problemas. Madrid: Morata.

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Rigor y sensibilidad.

Rigor y sensibilidad. Felicitaciones y gracias por el artículo, Joaquín Yrivarren.

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