Un río de muertos

A Napoleón Tarrillos lo mataron el pasado 30 de diciembre. Lo golpearon hasta el desmayo, le arrojaron agua para hacerle despertar, y le siguieron torturando hasta que no aguantó más. En su propia casa, frente a su compañera. Los  sicarios buscaban sembrar el temor en Chaparrí. Pocas semanas antes de su muerte, Napo había sido elegido Teniente Gobernador en el Caserío el Milagro y estaba organizando una ronda campesina para enfrentar a los traficantes de tierras. “Vamos a ver si eso se puede” le amenazó uno de los integrantes del Clan Cruzado.

Así como Napoleón Tarrillos, 97 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en los últimos seis años. Los más agredidos (47 %) son los defensores del territorio y el medio ambiente. Hablamos sobre todo de líderes indígenas como Edwin Chota, victimado por taladores junto con otros tres ashéninkas de Saweto (Ucayali). Les siguen en el número de muertos los sindicalistas de la construcción civil (14%) y los periodistas (10%), especialmente aquellos que denuncian actos de corrupción.

Los actores tras los asesinatos son en su mayor parte sicarios vinculados a economías extractivas ilegales, o traficantes de tierras, pero también las empresas formales recurren a la eliminación de los defensores cuando estos les estorban demasiado. Pocos conocen que la brasileña Odebredtch -además de sobornar autoridades y financiar campañas electorales- en el 2015 estuvo vinculada con el asesinato del defensor ambientalista Hitler Rojas. El líder rondero acababa de ser nombrado alcalde de Yagén y encabezaba la resistencia a la construcción de una represa en el Marañón.

Violencia policial

Las fuerzas del orden, especialmente la Policía, son responsables de casi el 60% de las muertes de defensores en los últimos cinco años. Aunque en el 2016 se aprobó una ley que regula el uso de la fuerza, hasta hoy se continúan utilizando armas de guerra como los fusiles AKM para controlar manifestaciones.

Los riesgos de abusos se incrementan en las zonas donde existen convenios entre la Policía y  las empresas, de modo que los efectivos reciben las instrucciones de las empresas, aunque utilizan su uniforme y armamento. En el marco de estos convenios los campamentos mineros se convierten en centros de detención irregulares, y se han generado graves actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, como las ocurridas en Río Blanco (Piura, 2005) y en Espinar (2012). En el primer caso también se produjeron agresiones sexuales contra dos defensoras detenidas en el campamento.

En la capital del país la violencia policial no llega a estos niveles, pero también hay defensores gravemente lesionados, como el reportero Marco Antonio Ramón Huaroto. En enero del 2017 el fotoperiodista se encontraba  cubriendo las protestas contra el Peaje de Puente Piedra, cuando recibió un disparo de perdigón en un ojo. Su cámara quedó destrozada, pero le salvó el otro ojo. El perdigón que hasta el día de hoy permanece dentro de su globo ocular es de metal, pese a que la normativa solo autoriza el empleo de perdigones de goma. En ese mismo operativo policial otros tres ciudadanos sufrieron traumas oculares severos.

Impunidad

Las muertes y agresiones a los defensores permanecen en la impunidad. Aunque se ha logrado encarcelar a algunos sicarios, quienes contrataron sus servicios permanecen generalmente libres. Con frecuencia los asesinatos se consideran crímenes pasionales, y no se investigan como represalias a la actividad de los defensores. Así sucedió inicialmente con el fiscal Luis Sánchez Colona, quien estaba tras los pasos del exgobernador regional César Álvarez en el 2012. En países como Guatemala se han creado fiscalías especializadas para los casos de defensores, pero acá las investigaciones duermen el sueño de los justos.

Palos y juicios

Hace años un dirigente campesino me contaba que ya no quería asumir ningún cargo en su comunidad. “Palos y juicios es los único que he sacado de la dirigencia”, explicaba Senesio Jiménez. Y es que el asesinato es solo la punta del iceberg. A diferencia de lo que sucede en otros países de América Latina, en Perú la principal forma de hostigamiento a los defensores es la criminalización. Por cada defensor asesinado hay 8 acosados en procesos penales infundados.

El mecanismo de la criminalización es simple y perverso: se inician procesos penales sin sustento con la finalidad de acallar a los defensores. Una vez que los engranajes del sistema judicial empiezan a girar, funcionarán durante varios años por simple inercia, o incentivados por la corrupción. Los procesos son tan arbitrarios que en la mayoría de los casos terminan archivándose, pero en el camino se generan daños irreparables a los defensores, a sus familias y a sus organizaciones.

La muestra de ello la encontramos a escasa distancia de Lima, en la  Comunidad Campesina de Mala. Una de sus  dirigentas  fue injustamente encarcelada en el 2013. Tenía varios meses de gestación y perdió a su bebé en el penal.  Tres años después fue absuelta de los cargos, pero nunca más ha podido regresar a Mala, ya que teme por su vida. La Comunidad ha quedado a la deriva, a merced de los traficantes de tierras que operan en la zona y sin posibilidad de negociar condiciones de convivencia justas con su vecina, la Minera Condestable.

La situación es todavía más difícil para los defensores indígenas, quienes  deben afrontar largos viajes desde las comunidades para atender sus juicios, y además tienen que afrontarlos en un idioma que no es el suyo.  La defensora  aymara Francisca Sarmiento fue absuelta  después de siete años en un  proceso donde la fiscalía solicitaba 24 años de prisión. “En esa audiencia yo no entiendo, preguntamos a los que están escuchando qué quiere decir esa palabra”, dice. En su lengua nos narra también los impactos psicológicos, económicos y familiares de la persecución judicial. “De día y de noche lloraba. No podía hacer nada. Hasta dos veces me he enfermado (…). No sé de dónde sacar dinero. Alimentos que tengo y mis animales vendo, y ese dinero no me alcanza (…) Hasta mis hijos se preocupan. Así  también se enferman”.

Discurso del odio

A los defensores se los estigmatiza frecuentemente como terroristas, y se acompaña el término con otros que permiten contextualizar el ataque según el momento y la causa asumida: “terroristas antimineros” y “ecoterroristas” en el caso de los defensores del medio ambiente; “terruquita”, aprovechando para manifestar la inferioridad de la mujer defensora frente al macho que la señala con el dedo, “defensores de terroristas” cuando se denuncia a las fuerzas del orden, o, en un reciente aporte de los movimientos ultraconservadores, “terrorista homosexual”.

Se trata de un fenómeno ampliamente extendido en el continente, inclusive la mismísima Relatora de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas Tauli- Corpuz ha sido tildada como terrorista por el gobierno de Filipinas, un país donde se según reporta Global Whitness se cometen la quinta parte de los asesinatos a defensores ambientales de todo el planeta.

Esta calificación es especialmente dolorosa cuando quienes la reciben han sido a su vez víctimas de Sendero Luminoso, como los campesinos en el área de influencia del Proyecto Minero las Bambas. Pero además, con esta campaña del odio hacia los defensores se les coloca en una situación de vulnerabilidad extrema, convirtiendo a a sus vecinos o conciudadanos en potenciales agresores.

La obligación de Estado

El  Estado no puede seguir indiferente a esta realidad. Cuando un defensor o defensora es forzado a abandonar su trabajo todo el Perú sufre una gran pérdida. Ya es hora de que contemos con un mecanismo de protección para defensores que no baje la cabeza frente a ninguna autoridad corrupta, con presupuesto, con personal entrenado, un mecanismo que reconozca y proteja a los defensores en toda su diversidad.