Pareciera que algunos no se hubieran enterado o no quisieran enterarse de que en España existe un grave problema de encaje de algunos territorios en el conjunto del Estado (Cataluña y País Vasco fundamentalmente) a la vez que asistimos a la ausencia de un debate serio y riguroso sobre el mismo. Como entiendo que este desencaje no es algo que se haya producido espontáneamente de un día para otro en estos tiempos recientes, mi propósito con este artículo es indagar en las causas a largo, medio y corto plazo que pudieran darnos algunas claves históricas y actuales para su análisis.

 Parto en mi reflexión de la tesis de Pierre Vilar, hispanista francés, quien en su "Historia de España" afirma que la península Ibérica está conformada por dos realidades geográficas distintas y antagónicas que, resumidas, serían:

-    El interior, coriáceo, dominado por la meseta, aislado y rodeado de murallas montañosas que dificultan las comunicaciones, austero y empobrecido, con poco tejido industrial y una pobre agricultura cerealista extensiva de secano.

-    La salida al mar de la periferia, por el contrario, hacen que ésta esté mejor comunicada, lo que le ha conferido un mayor dinamismo económico y demográfico, una agricultura hortofrutícola intensiva más capitalizada y productiva, un mayor tejido industrial y una burguesía dinámica y emprendedora.

A partir de la constatación de esta realidad, su teoría vendría a afirmar que mientras el interior ha sido centrípeto y centralista la periferia siempre ha tenido tendencias centrífugas.

Al hilo de estas dos realidades, desde el momento en que se aborda la construcción del Estado liberal, a lo largo del s. XIX y especialmente desde finales de este, se va a producir la disputa entre dos maneras de concebir España o, lo que es lo mismo, entre dos Españas posibles:

-    La monárquica, conservadora y católica, defensora de un modelo de Estado centralista que se resiste a reconocer a España como un Estado plurinacional y que niega por tanto las peculiaridades nacionales de esas regiones periféricas (Cataluña y País Vasco, sobre todo, pero también Galicia, Andalucía, Valencia, Mallorca).

-    La otra sería la España progresista, republicana y laica, partidaria de un modelo de Estado descentralizado y vertebrador que satisfaga y dé encaje en su seno a las aspiraciones de esas regiones periféricas.

Expongo a continuación las fechas y etapas de la historia de España que considero claves para entender el problema que nos ocupa.

-    Habría que arrancar desde los mismos comienzos de la creación del Estado moderno a fines del s. XV cuando tras el matrimonio de los Reyes Católicos se unen las coronas de Castilla y Aragón, esta última integrada por los condados catalanes más los reinos de Valencia, Mallorca y Aragón. Se trató únicamente de una unión dinástica en la que se mantuvieron las soberanías, normas e instituciones propias de cada reino y corona. El rey católico no tenía los mismos poderes en sus Estados y así, mientras en la Corona de Castilla gozaba de una amplia libertad de acción, en los Estados de la Corona de Aragón (Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca) su autoridad estaba considerablemente limitada por las leyes e instituciones de cada uno de ellos.

-    La unión de ambas coronas y la uniformización jurídica y administrativa de las mismas se va a realizar con los Decretos de Nueva Planta (1707-1715), promulgados por Felipe V, primer rey Borbón de España, que abolían las leyes (fueros), instituciones,  prácticas y costumbres propias de los territorios de la Corona de Aragón, quedando asimilados a las leyes e instituciones castellanas, es decir, por estos Decretos se unen ambas coronas en base a su castellanización. Anteriormente ya había intentado esto mismo el Conde Duque de Olivares en 1640 con su fracasado proyecto de la Unión de Armas (la sublevación de Cataluña se inicia con el “Corpus de Sangre”, del cual procede el himno de “Els Segadors”).

-    Siguiendo a Solé Tura y Eliseo Aja en el libro "Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936)", la construcción del Estado español tras la desaparición del Antiguo Régimen se hizo fundamentalmente durante el periodo de vigencia de dos constituciones, las de 1845 y la de 1876, lo que quiere decir que "el Estado español contemporáneo se ha desarrollado y mantenido sobre las bases del moderantismo... El sistema de aparatos e instituciones que constituyen el Estado español, tal y como ha llegado a nuestros días, constituye pues un sistema rígido e impermeable a los intentos de democratización".

-    Tras los fracasados proyectos constitucionales de 1869 y 1873, que tuvieron la voluntad de transformar esa estructura estatal centralista, el intento democrático más profundo y que contemplaba la descentralización del Estado fue el de la Constitución de 1931, que tuvo el fin traumático de la Guerra Civil y la dictadura. De todos los procesos autonómicos iniciados sólo llegaron a término el catalán (en 1932) y el vasco (en 1936, ya iniciada la guerra).

-    En la posguerra Cataluña sufrió el odio engendrado durante la Guerra Civil por los insurrectos, la España conservadora que se negaba a aceptar las reformas modernizadoras de la República y a perder sus privilegios seculares. Tras la victoria franquista, además de los numerosos exiliados, “depurados”, encarcelados y/o fusilados, como el propio presidente Lluis Companys, se suprimieron el Estatuto de Autonomía y en general toda manifestación pública de la cultura y la lengua catalanas.

-     Con la Constitución de 1978 se aborda una descentralización en la organización del Estado, en base a su configuración en Comunidades Autónomas, que ha mostrado problemas importantes que están en la raíz de la actual situación de crisis territorial. Sintetizando los análisis de Ramón Maíz y de Eliseo Aja, éstos serían los siguientes:

1.- Tensiones y conflictividad crecientes en torno al traspaso de competencias autonómicas pendientes.

2.- La pérdida de competencias y la ausencia de canales de representación de las Comunidades Autónomas ante la Unión Europea en los asuntos que les afectan, quedándose el gobierno central con el papel de interlocutor único.

3.- La inexistencia de mecanismos de participación de las Comunidades Autónomas en el cogobierno del Estado: elaboración de las leyes que afectan a sus competencias o intervención en el nombramiento de los miembros de los altos órganos del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, etc.). Por otra parte, la ausencia de instituciones que faciliten la colaboración entre ellas incrementa los conflictos de competencias.

4.- A ello habría que añadir las políticas de involución y cierre autonómico de los gobiernos del PP, las reticencias del PSOE a ahondar en la descentralización y la retroalimentación entre el neonacionalismo español y los nacionalismos regionales, ambos institucionalmente inducidos.

Lo que se plantearía en estos momentos, en definitiva y con urgencia, según los autores citados, sería abordar sendas profundizaciones en el autogobierno y en el desarrollo de mecanismos de cogobierno.

En síntesis, al margen de toda la intoxicación mediática y política, lo que estos territorios vienen buscando a lo largo del tiempo es su encaje en el conjunto del Estado español. Demandas que han desembocado en la situación de polarización y enquistamiento actual entre quienes desde el Estado han querido ignorarlas haciendo oídos sordos y recurriendo a la imposición y aquéllos otros, cada vez más numerosos, que ante la ausencia de soluciones han optado abiertamente por el independentismo, la desafección y el secesionismo.

Se podrían señalar dos fechas que estarían en el origen de los sucesos recientes:

-          El 1-10-2017, cuando desde del gobierno central se ordenó a las Fuerzas del Orden abortar violentamente un referendum inducido por el gobierno autonómico, cuyos resultados no podían ser vinculantes y en el que la ciudadanía participaba pacíficamente. 

-          El 14-10-2019, día de la sentencia del denominado “proces”.

A la perplejidad que pudieron causar las imágenes de esa ciudadanía apaleada el 1-0 se añadió más tarde el sentimiento de incredulidad de ver algo tan remoto antes de que ocurriera como la autonomía de Cataluña intervenida y a los consellers prófugos o encarcelados y finalmente duramente condenados en una sentencia, la del 14-O, percibida por gran parte de la ciudadanía catalana como justiciera, represiva y política contra sus representantes, la gran mayoría de ellos electos.

Siendo este el problema que nos ocupa, quizás no sea el único del que adolece nuestro actual sistema democrático, que se percibe más como heredero del franquismo que del fallido ensayo republicano entre los sectores progresistas. Así, además de la referida descentralización, es posible que también estén pendientes muchas de las reformas que en su momento ya intentó emprender la República como la que afecta a la Jefatura del Estado, a la laicización real del Estado, a una justicia social reconocida en la Constitución e incumplida en materia fiscal, de vivienda y trabajo,  y a la profundización en la democratización de un sistema en el que los poderes legislativo y judicial están controlados por el ejecutivo, con una estructura de partidos en la que los ciudadanos no se ven representados, que ampara la corrupción y los privilegios y con un sistema electoral de listas cerradas y pensado para favorecer y configurar mayorías parlamentarias. Y son los partidos del sistema, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los que se llaman a sí mismos “constitucionalistas”, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), los que mantienen unas posturas más inmovilistas respecto a cualquier reforma de un texto constitucional que, por otra parte, ha cumplido ya más de 40 años.

Es posible que los actos violentos que se han visto en Cataluña y en otras partes de España (se les llama desde la “oficialidad” radicales y antisistema) estén trascendiendo el problema territorial y sean la parte visible del iceberg  de la insatisfacción general que embarga cada vez a más amplios sectores de la población española.