Anticorrupción: lo pendiente en el Perú desde la década de los noventa hasta Lavajato

Anticorrupción: lo pendiente en el Perú desde la década de los noventa hasta Lavajato

Antonio Maldonado Paredes Exprocurador ad hoc para los casos Fujimori-Montesinos. Exfuncionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Ideele Revista Nº 280

Foto: La República.

¿Es posible lograr un Perú sin corrupción sistémica, sin impunidad, y que la gran corrupción (régimen de Fujimori y LavaJato) no se vuelvan a repetir?

Que una minoría electoral, con serios antecedentes y hechos actuales que vinculan a sus integrantes con la gran corrupción, faltas de ética e integridad, etc. sean hoy una mayoría en el Congreso; que personajes con intervención en casos de corrupción puedan –nuevamente- participar en elecciones políticas; que el dinero ilícito (del narcotráfico, de la corrupción, del crimen organizado) siga ingresando al financiamiento de políticos, sus partidos y sus campañas;  que existan sofisticadas y nuevas formas de corrupción sistémica que permitan un reciclaje y reproducción de instrumentos y de actores políticos, con graves antecedentes y que participen en la vida política del país son algunas expresiones de la grave crisis del régimen político.

Se trata de una recaptura del Estado por diferentes mafias y grupos políticos asociados a éstas[1], que profundiza no sólo la crisis del régimen político vigente sino también que se agudiza por su falta de legitimidad y disfuncionalidad.

Próximo al Bicentenario de nuestro nacimiento como república, es ilusorio suponer que más de lo mismo hará un resultado diferente, especialmente si tenemos la convicción ética y política de que es posible lograr o aproximarnos a un Perú libre de gran corrupción.

Por ello, para abrigar la esperanza de un país distinto, se requiere un cambio radical en el qué hacer y cómo hacer contra la corrupción, lo que hasta ahora no está ocurriendo.

La actual política de cuenta gotas, ambigüedad y falta de determinación del Estado peruano en la lucha contra la corrupción (ejemplo, la ineficacia de la CAN[2]),  no sirve ni servirá para enfrentar manifestaciones criminales tan extendidas, especialmente ante el resurgimiento del fujimorismo y su objetivo de una nueva captura del Estado.

Es que la corrupción sistémica[3] se anida en el propio régimen político que no ha sido tocado en sus aspectos más sustanciales[4] desde la caída de régimen de Fujimori.

Reforma integral del régimen político

El cambio integral del régimen político pasa necesariamente por la reforma holística de la arquitectura “constitucional” insólitamente  superviviente del pasado dictatorial y autoritario, y debe centrarse particularmente en el cambio del régimen económico superviviente, expresado en los artículos 60 (que reduce el papel del Estado a un nivel de subsidiariedad en actividad empresarial); artículo 61 (que en nombre de la libre competencia permite posiciones de dominio de grandes empresas en el mercado nacional, en forma exactamente contraria a su precepto normativo);  y,  artículo 62 (que otorga facilidades extraordinarias a la inversión extranjera e impide cualquier regulación o cambio gracias a los contratos–ley”).

Alberto Fujimori “liberalizó” el mercado “de las ataduras” de la Ley de Contrataciones del Estado y del Sistema Nacional de Inversión Pública, que habilitaba a la Contraloría General de la República a supervisar y fiscalizar todo el proceso de las obras y servicios prestados para el Estado resguardando y protegiendo el BIEN COMUN que era uno de los objetivos de la Constitución de 1979 y, que fue distorsionado y convertido en mercancía en la “Constitución de 1993”.

Esta “liberalización” permitió luego a los gobiernos siguientes dictar una serie de normas que permiten más excepciones y concesiones mediante procedimientos desregularizados que están hoy bajo investigación en el marco del caso “LavaJato”.

En esa lógica perversa se dieron leyes como las de la Asociación Público – Privado y de la Iniciativa Privada, regidas únicamente por el expediente técnico, bases de concurso de concesión, contrato de concesión, adendas, circulares y otros instrumentos que permiten las modificaciones constantes de los proyectos  y los consecuentes incrementos en su valorización.

La artificial actuación y vigencia de una normatividad internacional”, por llamarla de alguna manera, creada por el propio Estado, al amparo de la “Constitución de 1993”,  generó los siguientes efectos:

  1. La existencia de un “núcleo empresarial” privilegiado y liberado de toda fiscalización se hizo de un buen porcentaje de obras públicas y concesiones, integrado por las empresas hoy involucradas en los casos “LavaJato” y el “Club de las Constructoras”.
  2. La modificación constante de esta normatividad especial mediante simples circulares o adendas abrió espacio para sobornos a cambio de decisiones (arbitrajes nacionales e internacionales) a favor de empresas en perjuicio del Estado peruano.  La existencia de un marco institucional con entidades como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) – heredera de la COPRI y CEPRI´s  fujimoristas – permitieron el desarrollo de procesos “ad hoc” e irregularidades que, en su momento reveló el Congresista Javier Diez Canseco.[5]

Frente a esta situación, es necesario desmontar este andamiaje “constitucional” de IMPUNIDAD, y convertirse en uno de los objetivos de las fuerzas sanas que aún luchan por nuestro desarrollo como nación.

"Esta 'liberalización' permitió luego a los gobiernos siguientes dictar una serie de normas que permiten más excepciones y concesiones mediante procedimientos desregularizados que están hoy bajo investigación en el marco del caso 'LavaJato'".

Reforma y fortalecimiento de los órganos de control e instituciones de supervisión

Fortalecer y reformar la Contraloría General de la República,  ampliando su cobertura real y efectiva en el ámbito nacional, incluyendo oficinas de control en todos los Poderes del Estado, incluyendo gobiernos regionales y locales. Modernizar sus estrategias, metodologías e instrumentos de trabajo en materia de auditorías, incorporando modernas técnicas de vigilancia en red, a los efectos de prevenir en forma inmediata gastos inútiles o el robo de recursos del Estado.

Fortalecer y reformar la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a efecto de ponerla en capacidad de supervisar a la poderosa Asociación de Bancos del Perú, -ASBANC- y conforme se debate en estos días supervisar a otras entidades financieras, como son las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que han crecido en número de forma sospechosa, por ejemplo, en las zona del VRAEM donde se da el narcotráfico[6].

Fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre todo su autonomía y acceso a información financiera y tributaria, de la forma más eficiente y rápida, lo que incluye la posibilidad el no verse limitada por el secreto bancario y tributario o por tener condicionada su acción a una orden judicial en casos de urgencia y flagrancia. Implementar la política y plan  nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.[7] Asociado a ello, está el fortalecimiento de las estrategias e instrumentos legislativos para ejecutar la pérdida de dominio de los bienes de procedencia ilícita, especialmente, lavado de activos y narcotráfico.

Fortalecer la Superintendencia de administración Tributaria, SUNAT, en la perspectiva de frenar la evasión tributaria[8] y reorientar los recursos recuperados de dicho fenómeno a financiar la inversión pública en tres ejes centrales y estratégicos: Salud, Seguridad y Educación[9].

Reorganización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Banco Central de Reserva del Perú, BCR, para ponerlos al servicio de la nación y no de un grupo de empresarios o de grupos de poder económico. El MEF y el BCR tienen que articularse en función del Presupuesto General de la República con enfoque de derechos humanos, a partir de un Plan de Desarrollo Nacional, con una planificación estratégica teniendo como norte la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS. El BCR tiene que reforzar su carácter de una institución autónoma al servicio de los intereses de un Estado libre de corrupción y de la acción de grupos de poder con intereses contrarios a la nación.

Fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, para enfrentar las redes de criminalidad organizada vinculadas al delito de usurpación y tráfico de tierras[10], asociado a su vez a otros graves delitos como el lavado de activos. Es de anotar que hasta la fecha no existe en el Perú un Catastro Nacional, como existe por ejemplo en Ecuador.

Armonizar la legislación nacional a instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional e implementar las recomendaciones internacionales

Finalmente, está la tarea de armonizar la legislación nacional a los instrumentos internacionales[11]. En esta línea se trata de implementar las recomendaciones de organismos internacionales y el cumplimiento de convenciones internacionales para la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional, de la ONU, la OEA, u organismos como el GAFI[12] y la OCDE[13].



[1] Carlos Monge: “Ya somos un Estado muy penetrado por el narcotráfico. Con un gobierno de Fuerza Popular (FP) pasaremos de Estado penetrado a Estado controlado. El voto de FP contra supervisión a cooperativas refuerza esta idea”.
[2] Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
[3] La Procuraduría Anticorrupción tiene más de 35,000 casos; la de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, más de 3000 casos, de los cuales 300 son de alto impacto. Ninguna de ellas tiene el presupuesto que necesita para cumplir cabalmente con sus delicadas funciones. Sin embargo, la Comisión LavaJato, que preside la fujimorista Rosa Bartra, tiene un presupuesto de cerca de 3 millones de soles, pese a que su enfoque de investigación es parcializado (tiene una noción limitada de corrupción, que excluye a Keiko Fujimori), y que duplica y obstruye las investigaciones a cargo del Ministerio Público.
[4] Sigue vigente la “Constitución de 1993”, heredada de la dictadura fujimorista.
[5] Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros –CIDEF- y la Comisión Investigadora de los Casos de Corrupción cometidos entre 1990 y 2000 –CICOOR-.
[6] EL COMERCIO, 25 05 2018, Marco Sifuentes,  ¡Sin piedad, Presidenta! “….las cooperativas mueven 9.151 millones de soles en depósitos. Eso, para recurrir a figuras que le sean familiares, son 18 mil veces los famosos 500 que aumentó Odebrecht. Pues bien, el 25% de todas las que existen en el país quedan en el Vraem. Solo en esa productiva zona hay 190, más que en todo Brasil…”.
[7] Aprobada mediante Decreto Supremo 018-2017-JUS.
[8] La deuda tributaria de algunas de las grandes empresas en millones de Soles es: MOVISTAR debe 4,000 millones; Pluspetrol debe 3000 millones; Cerro Verde, 574 millones; Doe Run, 294 millones; Buena Ventura, 246 millones; Barrick, 260 millones; Interbank, 1,700 millones; AYS Sac, 1,130 millones, ALAS PERUANAS, 284 millones, LAN PERU, 340 millones, LUZ DEL SUR, 215 millones; UNACEM 260 millones; Distribuidor Iquitos, 158 millones.
[9] Resolución N° 23/9 del Consejo de Derechos Humanos, junio, 2014.
[10] El Comercio, 25 de mayo de 2018, “El negocio del tráfico de terrenos”, pág. 9.
[11] Mario Coriolano, Recomendaciones del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, “Reforzar las medidas preventivas de lucha contra la corrupción en los tres niveles: nacional, regional e internacional. La prevención exige sensibilización, intercambio de información y educación, así como la formación de todas las partes implicadas. Asimismo, el intercambio de prácticas óptimas y directrices”.
[12] Grupo de Acción Financiera Internacional.
[13] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

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