Había pasado poco más de un año desde que Dilma Rousseff asumiera su segundo mandato y ya enfrentaba la posibilidad de ser destituida por la Cámara del Senado, acusada de delitos de responsabilidad en su gestión. Los perdedores de las elecciones presidenciales así lo habían prometido, en un movimiento bastante similar al que vivimos en 2014 luego de que Susana Villarán ganara la Alcaldía de Lima. Todavía no hay consenso para un nombre pero el fenómeno es innegable: opositores inconformes con los resultados, dispuestos a llegar al poder, promueven la desestabilización de los gobiernos entrantes para justificar el uso de medidas legales extremas de anulación de mandato.

Golpe de Estado se le ha llamado en Brasil, golpe blando o suave, pues no usa la fuerza militar pero sí otras que han actuado para forzar escenarios que por el voto no se hubieran dado, como la aplicación de un plan de gobierno que recorta derechos y programas sociales. Los bienintencionados que no gustan de incluir en sus evaluaciones las alianzas o poderes de facto, por desconocimiento o creencia de que se trata de meras “teorías de conspiración”, suelen defender estos procesos porque “son legales”, dicen, porque “están en la constitución”, o incluso, porque “la gente está molesta”, y con ello parece justificarse de pleno la casación de una autoridad elegida a través del voto. Quizás este tipo de alianzas, en nuestro país, estén muy cerca de los ojos como para verlas con nitidez. En este artículo buscaremos mostrar cuál es la base para tal acusación, quién sabe, la experiencia brasileña nos deje valiosas lecciones para nuestro país.

Los actores políticos
El Partido de los Trabajadores (PT), de centro-izquierda y casa de Lula da Silva y Dilma Rousseff, es el más fuerte entre los sectores progresistas pero nunca logró tener mayoría en el congreso. Para gobernar se hicieron los populares “acuerdazos”, que agrupaban hasta diez partidos y cuyo principal aliado fue el Partido Movimiento Democrático Brasileño (en adelante PMDB), de tendencia liberal y muy poderoso en gobiernos locales. El presidente interino, Michel Temer, es uno de sus miembros.

El PMDB no reivindica ideologías y ello le ha permitido ser aliado de todos los gobiernos de los últimos 30 años, una muestra también de la plasticidad de su agenda e intereses. Michel Temer ha sido calificado por Rousseff de traidor, pues en menos de un año de gestión, coincidiendo con la acogida del trámite para su impeachment, rompió la alianza con el gobierno. En ese momento, inicio de diciembre de 2015, no hubo nada extraordinario que justificara el repentino rompimiento de Temer, salvo la votación de la Comisión de Ética para investigar a Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados y requerido por la policía suiza por cuentas millonarias en ese país. A pesar de haber negociado con el PT su protección a cambio de desechar los pedidos de impeachment, el PT votó a favor de su investigación y Cunha, en un evidente acto de venganza, aceptó uno de los tantos pedidos de impeachment que había acumulado en su mesa. Tres días después Temer rompía con el gobierno de Rousseff.

No fue casualidad, tampoco, que el pedido aceptado fuera del tradicional rival del PT, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que pierde hace cuatro períodos en la carrera a la presidencia, con planes de gobierno ultraliberales en lo económico y conservadores en derechos civiles. Actualmente hay una alianza entre el PSDB y el PMDB, que se expresa, por ejemplo, en cómo el PSDB ha conseguido ubicar en puestos de alto nivel a sus principales cuadros.

El juego de la prensa
Parecido a como sucede en el Perú, el 90% de los medios de comunicación brasileños se encuentra concentrado en cinco familias, tradicionalmente oligárquicas y opositoras al PT. En general, el tratamiento que le dan a la información incómoda suele tener, para los peruanos, algunos aires fujimoristas: donde hay un hecho desfavorable a los intereses de dueños o simpatizantes políticos, la transmisión se interrumpe o no se publica, tratándolas como si nunca hubiesen existitdo. Incluso eventos que no son tocados ni por la competencia, como si hubiese un acuerdo para ello: la construcción ilegal de un predio en una reserva natural, investigación que se le sigue a la familia Marinho y dueña de O Globo, aparecen solo en la prensa alternativa a pesar de que tiene rastros en Lava Jato y está dentro del esquema Mossack Fonseca.

En Brasil hay consenso en observar la continuidad de la prensa actual y el apoyo que brindara a la instalación de la dictadura militar, en 1964, como respuesta a las reformas de Joao Goulart y Getulio Vargas: “Las grandes empresas mediáticas cumplían el papel que consideraban legítimo en defensa de su capital. Así, los medios se tornaban poderosos instrumentos ideológicos en la preparación y respaldo al régimen militar. (…) los diarios de larga tradición liberal estuvieron al frente del proceso de desestabilización el gobierno. Fueron famosos los editoriales publicados durante la agonía y caída del gobierno de Goulart. Los títulos “¡Basta!” o “¡Fuera!” eran elocuentes. Clamaban por la deposición del presidente.” (A. Dantas, 2014. A mídia e o golpe militar.).

La cita en poco difiere con los análisis del momento. El diario progresista Carta Capital, en un extenso análisis del comportamiento de los medios (18/04), declara que un desafío “no efectivo pero sí reivindicado históricamente es el cambio estructural en el sistema de comunicación en el país. O enfrentamos ese debate, incluso ahora en medio de la crisis, o no garantizaremos la diversidad de voces y opiniones en los medios, mientras el poder de la libertad de expresión seguirá en las manos de unos pocos”. La prensa internacional también ha insistido en la parcialización de los medios (New York Times, Le Monde, TheGuardian, Al Jazeera, El País, Página 12, entre otros); y así lo ha resumido el periodista norteamericano GleenGreenwald: “Considere el papel promotor de Fox News sobre las protestas del Tea Party. Ahora imagine cómo serían si además tuvieran el apoyo de ABC, NBC, CBS, la revista Time, el New York Times y el Huffington Post, todos apoyando el movimiento del Tea Party” (TheIntercept, 18/03).

Sin embargo, hay que considerar que el poder de la prensa no se ha mantenido solo sino también gracias a su estrecha relación con el Poder Judicial. Esta alianza de facto, mediático-jurídica, no puede ocurrir si el judiciario está dominado por el Ejecutivo o si los partidos mantienen sus nichos de poder, como sucede en el Perú. Esta es la muestra más palpable de la independencia que el PT logró generar en la justicia y la policía de investigaciones. Dilma Rousseff así como no deja de reconocer críticamente la corrupción de su partido, tampoco se abstiene de lo que nos parece obvio: que hay una pugna ideológica paralela, sino mayor, al discurso de combate a la corrupción, que alinea intereses de la gran prensa y el empresariado, y en donde muchos están librando sus propias guerras privadas para evitar, ellos mismos, ser encarcelados por corruptos.

Una injusticia a la italiana
Puede pensarse, con la Operación Lava Jato, lo increíble que ha sido el descubrimiento de un sistema organizado y sofisticado de repase de dinero. De alguna manera nos han hecho un favor develándonos los hitos desde donde empezar nuestros propios procesos de investigación. Sin ello, calculemos para el Perú lo que nos perderíamos por no contar con ninguna fuerza política en ejercicio que se comprometiera con la lucha contra la corrupción. Elocuentemente, el periodista Gustavo Gorriti denuncia en IDL-Reporteros que el debate sobre el informe de la Comisión Investigadora sobre Lava Jato en el Perú ha sido desestimado en el Congreso, pese a que el texto contiene “información bien organizada y expuesta, con indicios –muchos de ellos cercanos a la prueba– que comprometen seriamente a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.” Lo sorprendente no debería ser tanto el sistema de corrupción en sí sino cómo es que se crearon las condiciones para permitir esa investigación. Pero esas son consideraciones debatibles para otro espacio.

Retomando a Brasil, la Operación Lava Jato está al mando del juez Sergio Moro, en primera instancia, que es problemático no por obstrucción de la justicia sino por conflictos nacidos de la propia independencia judiciaria. Académico y profesor universitario, Moro es un ferviente admirador de la famosa operación italiana ManiPulite, que en los 90 barrió con la mafia instalada en el poder pero generó el efecto de llevar al poder a Berlusconi. La ManiPulite a la brasileña, que el periódico Le Monde mira con recelorecordando que Brasil tiene “30 Berlusconis”, es la alternativa que el juez propone en un articulo académico de 2004 y que hoy aplica como su propia política. Debido a su popularidad, sus ideas prenden en la población y en diversos operadores de justicia, que siguen esta lógica italiana adaptada por Moro a la realidad brasileña.

La teoría propone desconsiderar a la clase política como representante de la democracia pues el propio ejercicio político, afirma, demanda como parte de su naturaleza la manutención de ciertos privilegios. Sin embargo, ello es lo que la tornaría inherentemente corrupta y necesitada de interferir en el poder judicial. Pone como ejemplo de interferencia la excesiva carga de pruebas que en su criterio dificulta la aplicación de la ley. Para Moro, la limpieza de la democracia debe recaer en la figura del juez, que debe apoyarse a su vez en una alianza tácita y democrática con la policía y lo que él llama la “opinión pública lúcida”, es decir, medios de comunicación que, según él, tienen acceso privilegiado a la información y saben, por lo tanto, interpretarla.

De tal manera propone que la estrategia principal se base en la generación de miedo. La colaboración eficaz sería precisa para ello. Al mismo tiempo que el delator debe tener ciertos privilegios debe también ser tratado con dureza, así se evita que haga acuerdos con otros corruptos. El miedo también debe llegar por el trato inflexible del juez, que debe valerse de la conducción coercitiva, la radicalidad de la prisión preventiva y el empleo de penas máximas en la condenación.

Además, haciendo uso de su discrecionalidad, señala como correcto la filtración de información determinante a la prensa, pues como “el castigo judicial de corruptos siempre es difícil” vale la pena que reciban “alguna especie de punición” a nivel moral y social. Los excesos a esperar, como suicidios, asesinatos o reputaciones arruinadas, o incluso “Berlusconis” en el poder, son “daños colaterales” que valen la pena pues la mayor ganancia es para la democracia: en Italia, luego de ManiPulite, los costos de las obras públicas habrían caído dramáticamente, lo que representó un ahorro histórico para el país y la posibilidad de hacer más cosas a favor de la población. El juez Moro, como dijimos, goza de una amplia popularidad entre la ciudadanía y sus colegas, es decir, inspira, da cátedra, influye, y en ello el Poder Judicial se modifica.

La batalla de los empresarios
La fórmula de gobierno del PT siempre fue el consenso entre el sector industrial y los sindicatos, crecer y repartir sin generar conflictos. El gobierno de Rousseff no fue diferente. En el primero, incluso, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (en adelante FIESP) elaboró junto a las principales fuerzas sindicales un documento titulado El Brasil del Diálogo, que recogía necesidades y expectativas para los siguientes cuatro años. Rousseff respondió con una política de protección a la industria nacional y con ello sellaban un pacto simbólico. Gozaba de 75% de aprobación.

Sin embargo la crisis internacional se dejó sentir en 2012, año que estallan más de 500 huelgas en el país y obliga a Rousseff a plantear una reactivación económica. A contracorriente de la prensa, ella se niega a recortar programas sociales y apunta al alza del impuesto selectivo al consumo, a las transferencias bancarias de gran cuantía, a la ampliación del crédito bancario, la reducción de las tasas de interés, entre otras medidas.

Con ello Dilma colocaba los primeros motivos para su crisis. El politólogo André Singer, profesor de la USP, usando una expresión portuguesa, dice que Rousseff “tocó al jaguar con varas cortas”, algo que ni Lula había hecho explícitamente: obligar al sector financiero a asumir ciertas medidas del gobierno. Como los bancos públicos hicieron caso de las medidas a los privados no les quedó otro remedio. Sin embargo, entraron en huelga, la Federación protestó, se hicieron campañas publicitarias pues, afirmaban, no era posible bajar la tasa de interés. El Ministerio de Economía les respondió que sí podían, que los datos los mostraban sólidos.

“Deben aprender a ganar civilizadamente” dijo Dilma. La crisis se agudizó. En el camino, arrastraron en su molestia a la clase media tradicional, fuertemente rentista, muy dependiente de los financieros, conflictos que alcanzaron a las manifestaciones de junio de 2013. Si inicialmente fueron jóvenes universitarios, militantes de partidos, los que generaron las protestas, el movimiento rápidamente fue tomado por la derecha, que diluyó las especificidades de la agenda social y pasó a temas generales como el fin de la corrupción. La peor señal para el gobierno de Rousseff la dio la FIESP, cuando se sumó a las protestas. Era un gesto simbólico de ruptura con el gobierno y con el famoso Brasil del diálogo, que obviamentellegaba a su fin. Como señalaron los sindicatos, la FIESP pasó a quejarse del “estado intervencionista” que Dilma promovía, siendo irónico el hecho de que la intervención estatal era lo que los había enriquecido, y lo que se habían pedido, explícitamente, en el Brasil del Diálogo. Si con el sector financiero se perdió, no el apoyo pero sí la cautela, con el sector industrial Dilma Rousseff perdía a uno de sus principales aliados.

El camino del impeachment
El año 2014 llegó para Dilma con poca aprobación de su gestión, sin empresarios aliados y sin movilización popular significativa. Enfrentaba también una dura crítica al interior del PT, incluso de Lula, por el giro derechista que dio tratando de retener al sector privado. La movida no funcionó porque en escena ya estaba AecioNeves, candidato a la presidencia por el PSDB, que gastaba una imagen combinada de “playboy” y buen gestor. El trato que recibió de la prensa fue abiertamente privilegiado. Neves emprendió, especialmente en la segunda vuelta, una campaña calificada como la más violenta que se recordaba en el país. En los varios debates organizados por la prensa, Neves no temía extralimitarse en su ofensiva. Se dirigía a Rousseff con tonos burlones y sonrisas de medio lado mientras le decía “ligera”, “fácil”, “mentirosa”. La prensa, lejos de criticar o tratar el tema con mesura, se sumó con periodistas inescrupulosos que también se reían al comentar las declaraciones de Dilma, y que la calificaban de “cínica” o “sinvergüenza”.

En ese clima Dilma Rousseff ganó apenas por un punto y medio de diferencia. Al día siguiente de conocidos los resultados, AécioNeves y el PSDB pidieron, por primera vez en la historia del país, un recuento de los votos. El resultado era el ya anunciado. Entonces demandaron una auditoria de las urnas electrónicas donde su partido dirigiese el proceso. Todo estuvo conforme. Luego intentaron impedir que Rousseff asumiera el cargo al presentar, el mismo día, un recurso de anulación porque, entre otros argumentos, los resultados eran estrechos. Asimismo, y por increíble que parezca, solicitaron a la Corte Suprema que AecioNeves sea declarado presidente por esa instancia, pues consideraban que los reelegidos tenían tan poca legitimidad que se pondría en juego la democracia.

Por si no fuera suficiente, entre 2013 y 2014 la oposición se mostró abiertamente opositora y practicó una desestabilización que alcanzó su auge en 2015, impidiendo proyectos de ley y aprobando lo que se ha llamado “pautas-bomba”. Estas fueron modificaciones a la ley de presupuesto que el propio congreso creaba y aprobaba, obligando al ejecutivo a gastar de manera extraordinaria y haciendo que, lógicamente, las metas no se cumplieran. Hoy una de las tantas acusaciones para el impeachment es que Dilma no cumplía, justamente, con las metas presupuestales. Estos gastos, considerados delito si lo practica el presidente, fueron mandatos de instituciones o poderes ajenos al suyo, pero la idea transmitida por la oposición y la prensa, en el hábil manejo de los discursos, fue que dichos gastos se hicieron “sin pasar por el congreso”, sugiriendo que fueron escondidos, ilegales, aunque la ley faculta que no pase por el congreso cierto monto ya estipulado.

El escenario es imprevisible, además, porque en las últimas semanas se ha desatado el pánico entre la oposición, generando una ola de acusaciones y traiciones que podría estar cambiando el escenario favorable al impeachment y generando empatía a favor de Dilma. Lo que ha ocurrido es que nadie calculó el vacío mediático que quedaría luego de apartado temporalmente el gobierno del PT. Con ello se acabaron las noticias espectaculares y las informaciones filtradas por jueces como Moro, que hacen sus propios juegos de moralización de la política. En ese vacío la prensa y la gente se vio forzada a mirar a los que ahora estaban en el gobierno interino, la mayoría con juicios abiertos, acusaciones, investigaciones. Tal es el caso del propio Michel Temer, declarado inelegible a cargo público por corrupción.

En ese proceso de acusaciones, apareció Sergio Machado, ex ministro y miembro del PMDB, que grabó conversaciones con varios políticos claves caso fuera intimado por el proceso de Lava Jato. Los audios, obtenidos antes del impeachment, dicen que a Rousseff se le pasó la mano en darle libertad a Lava Jato, que su gobierno debe detenerse “por las buenas” antes que continúe la masacre. De lo contrario, los políticos especulan, se acabará con la clase política. Uno de ellos incluso señala que debe llegarse a un acuerdo entre “todos”: poder judicial y clase política, en la que todos salgan protegidos. Asimismo, el ex presidente José Sarney, también grabado, llegó a decir que “la dictadura de la justicia está implantada, la peor de todas”. Mención aparte merece AecioNeves, cuyo caso podría involucrar al mismo Fernando Henrique Cardoso, pues tiene tantas irregularidades y acusaciones que si no fuera punido quedaría en evidencia cómo está siendo protegido. Las acusaciones contra Neves concuerdan con información de Lava Jato que la prensa nunca ha difundido: que AecioNeves controlaba el esquema de Furnas, una empresa mixta subsidiaria de Petrobras, donde habría recogido más de 3 millones de dólares desde finales.

Por el momento solo queda esperar a que el plazo de 180 días se cumpla, en agosto, para conocer los resultados de la movilización que hoy se realiza, o específicamente a favor de Dilma Rousseff o, para quienes no apoyan su gobierno, específicamente contra el uso subalterno del recurso de impeachment. Que los que acusaban de corrupción hayan terminado siendo investigados y procesos por corruptos muestra que no había “teorías de conspiración” detrás sino la voluntad de desconocer reglas de juego en beneficio propio. Si esto no fuera golpe ¡cómo se le parece! Seguimos alertas en el acompañamiento de este proceso que con seguridad marcará el futuro de los gobiernos de izquierda de América Latina.