La encuesta de GfK correspondiente a febrero formuló una pregunta referida a tres actores: ¿Considera que en el Perú la gente respeta las leyes? ¿Y los políticos? ¿Y las autoridades? Los resultados acaso no sean sorprendentes pero tienen la virtud de enfrentarnos, sin escapatoria, a una realidad que conocemos.

Uno de cada veinte encuestados pensaba que la gente sí respeta la ley. La proporción se reducía a uno de cada veinticinco cuando la pregunta se refirió a las autoridades y a uno de cada cincuenta, al circunscribirla a los políticos. Aunque las cifras son contundentes al cuantificar la percepción de que los demás no respetan la ley –peor si se trata de los políticos–, en efecto, dicen lo que todos sabemos o intuimos.

Resulta menos obvio acometer la tarea de extraer las consecuencias derivadas de que los habitantes del país consideren que los demás no respetan la ley. La encuesta incurrió en la omisión –o tal vez fue una decisión guiada por la prudencia– de no preguntar en seguida: ¿Y Ud. respeta la ley? Probablemente no se hubiera obtenido una respuesta sincera como efecto de aquella búsqueda de “quedar bien”, aunque se disfrute del anonimato, en el “cara a cara” entre encuestador y encuestado.

Tenemos derecho a presumir que, si se piensa que los demás no respetan la ley, uno tampoco la respeta. Esperar la conducta contraria correspondería a imaginar que los peruanos son ingenuos o, para decirlo más rotundamente, cojudos. En cualquier sociedad, la reciprocidad preside las relaciones sociales, para lo bueno y para lo malo. La percepción de que nadie respeta la ley, precisamente, fomenta la generalización de esa falta de respeto. Que es, a fin de cuentas, aquello que conocemos.

Roberto Mac Lean suele esgrimir en contrario dos poderosos ejemplos en los que el cumplimiento de la ley derrota en el Perú a la tendencia que la encuesta citada exhibe. Uno es el uso del cinturón en los vehículos; el otro, probablemente más sólido porque puede ser claramente verificado, se refiere al respeto a la prohibición de fumar en lugares públicos. Pero estas dos golondrinas no hacen verano. Cualquiera puede vencer el liviano obstáculo de esos dos casos –que por ser excepcionales requieren, más bien, de explicación– con una avalancha de ejemplos cotidianamente experimentados: no se respeta la ley y esa falta de respeto resulta robustecida, y personalmente justificada, con la percepción de que “nadie la respeta”.

Explicaciones e incluso justificaciones nunca han faltado, incluso aportadas desde el lado de quienes estudiamos los fenómenos sociales. Aquello que Alan García en su primer gobierno llamó “el desorden aparente”, esto es la descomposición en los comportamientos que corresponde a la falta de reglas, ha sido interpretado como consecuencia de la pobreza, sin atender al hecho constatado en diversos pueblos que siendo pobres no han caído en la anomia. En ocasiones, los comportamientos desviantes han sido atribuidos a la influencia extranjera. En la década de los años setenta el fenómeno se imputó a “la crisis” pero el despelote se ha expandido visiblemente con el “boom” económico de las dos últimas décadas.

¿Puede construirse una sociedad sin el respeto a la ley como principio efectivamente vigente, esto es, practicado por la mayoría de sus integrantes? Claro que sí: ahí está el Perú como ejemplo notable; pero en América Latina y en África tenemos numerosos casos, similares o aún peores. Entonces, la pregunta debe ser refinada así: ¿Qué clase de sociedad se genera en ausencia del respeto a la ley?

Esa es la pregunta que no se ha respondido en el Perú, al igual que en muchos de esos otros países que se hallan en una condición similar. Puede que a algunos les produzca cierto vértigo plantear el problema e intentar una respuesta, pese a que ésta es simple: la ausencia del respeto a la ley da lugar a una sociedad como la peruana. Es lo que explica una buena parte de lo que vemos en diferentes ámbitos: desde el tránsito hasta el congreso, pasando por el Poder Judicial. Esto es, una cotidianeidad en la que las formas más extremas –sólo las más extremas– corresponden al sicariato o los grandes casos de corrupción.

Se ha caído en el recurso fácil de ignorar el tema –pese a las evidencias que conoce y padece cualquiera que vive en el país–, hacer como si el problema no existiera y abordar con desenvoltura planes y reformas. Que en rigor no pasan un test de factibilidad cuando se enfrentan al impedimento presente en un medio donde no se espera que las reglas sean cumplidas.

La falta de respeto a la ley tiene una raíz educativa; no en el sentido escolar del término, aunque también. No mamamos en la leche materna la necesidad de obedecer las normas; ni siquiera las familiares; cumplir las reglas no es el principio que guía la conducta de padres y familiares, ni la de los maestros a cargo de “enseñar” los pocos o muchos años que el peruano promedio pase en las aulas. Y así sucesivamente.

Por el contrario, quien circunvala la ley es apreciado por los demás. Se le admira abiertamente por lo pendejo que demuestra ser cada vez que evade una norma establecida. Él sí que es “vivo”. Lo hemos visto desde que fuimos niños y lo ven quienes hoy lo son. Así se ha formado, y se sigue formando, a los habitantes del Perú.

Los datos de la encuesta de GfK han tenido la virtud de tomar una foto nítida y hacer “ampay” al peruano promedio. A partir de la evidencia, que cada quien deduzca de esos datos categóricos qué puede esperarse de este país.