El gobierno de PPK nos anunció desde el primer día que destrabaría las grandes inversiones para reactivar el país. Pero al gobierno del “destrabe” se le ha olvidado la Educación Pública, que es la inversión más grande que realiza el Estado peruano todos los años. Los ministros y los economistas del MEF ponen su mayor esmero y hasta arriesgan el cargo para destrabar proyectos de aeropuertos, puertos, carreteras, minas y hasta el Metro de Lima; pero son más bien reacios cuando se trata de la inversión más importante de todas: la Educación.

Invertir en más y mejor Educación Pública equivale a invertir en más democracia, más desarrollo, más cohesión social y mejor convivencia, más salud, más seguridad, más valoración de la diversidad, más creatividad e innovación y mejores posibilidades de bienestar para los peruanos y peruanas de todas las regiones, de todas las culturas y de todos los niveles socioeconómicos. Mientras más alta sea la proporción de niños y jóvenes que aprenden juntos en instituciones de Educación Pública gratuita -con alta calidad, equidad e inclusión-, más integrada, progresista y pacífica será nuestra sociedad.

La Educación Pública peruana arrastra desde hace medio siglo un enorme déficit de inversión, que es indispensable para que el Perú sea viable como un país que avanza hacia el desarrollo humano y productivo. Esta es una realidad reconocida en estos últimos años por el propio Ministerio de Educación y por algunos economistas: se estima en decenas o cientos de miles de millones de soles el atraso en infraestructura educativa, en condiciones de educabilidad, en tecnología, recursos y materiales educativos, en personal especializado para la gestión y el apoyo en todos los niveles del sistema educativo; y se arrastra por décadas un descuido irresponsable de las condiciones de trabajo y las remuneraciones de los maestros, cuyo poder adquisitivo actual no llega a la mitad de lo que fue en la década de 1960.

En este contexto, la implementación de una “Reforma Magisterial” incompleta y aislada -iniciada con la ley de 2012, hace cinco años- llegó al borde del abismo, amenazada por la protesta masiva de los maestros de la mayor parte del país y por la voracidad política de la derecha fujimorista. Este 2017 ya es un mal año para los estudiantes y para la Educación Pública, que como consecuencia de la huelga no solo perderá los pocos puntos de crecimiento logrados en las evaluaciones de los años anteriores; es probable que también se detenga el incipiente retorno de estudiantes de escuelas privadas precarias a escuelas públicas que estaban mejorando. Y la responsabilidad principal no es, como se dice fácilmente, de los maestros o de agitadores extremistas; la responsabilidad principal recae en los economistas oficiales, que no entendieron que era urgente iniciar la mejora de las condiciones laborales de todos los profesores, incluidos los de la primera escala, y no solo las de aquellos que aprobaran las evaluaciones para ascender.

La Reforma Magisterial es una buena idea, incluido el concepto de meritocracia, que es tan antiguo como el Estado mismo. Escalafón, carrera pública, evaluación, ascensos en base al mérito, niveles o escalas remunerativas más diferenciadas, capacitación, estímulos, acompañamiento, separación de los mediocres y de los corruptos; todo eso forma parte de una lógica de calidad orientada a garantizar el cumplimiento de los derechos de los estudiantes al aprendizaje y el desarrollo profesional y el bienestar de los docentes. Pero no funciona, no puede funcionar para lograr sus objetivos sin el presupuesto necesario y suficiente para que el salario de la primera escala sea satisfactorio y atractivo, y para que los incrementos a lo largo de la carrera sean frecuentes, significativos y estimulantes. Atraer, retener y promover a los mejores es mucho más importante y más efectivo -desde el punto de vista del sistema- que despedir a los pocos que no aprueben las evaluaciones.

El aumento de la remuneración mínima a 2000 soles en noviembre de 2017 es positivo, pero todavía muy insuficiente. Comparada con los salarios de otros profesionales y de los maestros de países vecinos, esta cifra todavía nos tiene que dar vergüenza a los peruanos que deseamos contar con una educación de buena calidad y aspiramos a una sociedad mejor. El aumento de este año se tiene que asociar a un compromiso firme y cierto de incrementos en el 2018 y los años siguientes, para llegar a equiparar en el 2021 las remuneraciones de otros profesionales peruanos y las de los maestros de otros países de ingresos medios. Y se tiene que revisar el diseño de las escalas y los aumentos vinculados a los ascensos, para que los mejores profesores quieran hacer toda su carrera profesional al servicio de la escuela pública. No basta con ofrecer un “estudio de factibilidad” de posibles futuros incrementos salariales; se tiene que garantizar a los maestros que esos aumentos serán una realidad en los siguientes tres o cuatro años.

En un contexto de descontento, de crisis de la dirigencia sindical de los maestros y de desconfianza hacia el gobierno y los políticos, la garantía de cumplimiento del compromiso de mejora laboral solo puede provenir de un pacto institucional y social muy amplio, que se exprese en un acuerdo suscrito por diversos actores y entidades del Estado y de la sociedad civil: en primer lugar, los sectores del Gobierno implicados -como son el MINEDU, el MEF, la Presidencia del Consejo de Ministros- y representantes de los varios grupos de maestros. Pero también entidades como el Consejo Nacional de Educación, el Acuerdo Nacional con todos sus integrantes, la Asamblea de Gobiernos Regionales e instituciones representativas de los padres de familia y de la sociedad civil. Todos juntos para destrabar la inversión en la Educación Pública.

El país se ha propuesto revalorizar la profesión docente, pero debe hacerlo de manera integral y consistente, invirtiendo no solo en las remuneraciones y las demandas laborales de los maestros sino también en sus condiciones de trabajo, en las instalaciones y los recursos de las escuelas y en condiciones favorables de educabilidad para los estudiantes. Todo ello en el marco de políticas efectivas enfocadas en superar los graves problemas de desigualdad, exclusión y segregación, para que la escuela pública se convierta en un lugar de encuentro, de aprendizaje solidario y enriquecedor para todos los niños y jóvenes del Perú.