El colectivo ciudadano Habla Castañeda está promoviendo una campaña para que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, responda el pliego de preguntas presentadas en el kit de rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto de su gestión. En un plazo máximo de 60 días, Castañeda deberá responder 108 preguntas sobre temas como la inversión pública y la reforma del transporte.

La adquisición del formato de recolección de firmas de adherentes (kit electoral) no ha sido común desde la promulgación de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano en 1994. Una norma que permite a los ciudadanos interpelar a sus autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. Tan solo en 10 oportunidades ha sido solicitada la rendición de cuentas a autoridades municipales o regionales vía el mecanismo de la ley.

La última vez que se solicitó el kit de rendición de cuentas fue a pedido del regidor de Lima, Hernán Núñez Gonzales para que el alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Lossio, responda un pliego interpelatorio de 108 preguntas, siendo esta la segunda vez que un ciudadano adquiere el kit para que Castañeda rinda cuentas, según el registro de kit electoral para demandas de rendición de cuentas de la ONPE. Esta iniciativa surge frente a la resistencia de funcionarios de la Municipalidad de Lima a dar información de carácter público que muchos ciudadanos solicitaron a través de la ley de acceso de la información pública y transparencia; así como también a los pedidos Núñez en su calidad de regidor opositor, durante la sesión del Concejo Metropolitano.

El colectivo Habla Castañeda viene recolectando las 25 mil firmas que la ONPE requiere para acreditar el pliego de preguntas que Castañeda debe responder vía portal web de la municipalidad con un plazo máximo 60 días calendario posterior a la reglamentación de los padrones. Miembros de la plataforma Habla Castañeda se encuentran recorriendo los lugares públicos más concurridos de Lima desde hace aproximadamente 4 meses para lograr el número de firmas necesarias para la interpelación.

La plataforma está conformada por los vecinos de 28 de julio afectados por el bypass, los shipibos de Cantagallo afectados por la cancelación del proyecto Río Verde, los vecinos de Balconcillos que, recientemente, se han unido a la plataforma al enterarse de que Castañeda ha aprobado, entre “gallos y medianoche” y sin ningún sustento técnico, un Plan de Desarrollo Local Concertado que no ha sido consultado con nadie y que fue sometido al Concejo como punto de emergencia, es decir, sin que los regidores tengan la posibilidad de revisarlo antes de que sea sometido a votación. También se han unido distintos vecinos de asentamientos humanos que iban a ser beneficiados con el proyecto Barrio Mío -muros de contención y escaleras que fueron cancelados por la actual gestión- y algunos gremios como los barrenderos y los estibadores.

Dentro de las preguntas del pliego se encuentran algunas referidas a los 135 proyectos Barrio Mío, una pregunta sobre las Casas Solidarias al no precisar el monto exacto del gasto ni donde estarían ubicadas. Además, preguntas sobre cuánto se ha invertido en los proyectos de Anemia Cero, programas de prevención del TBC y una pregunta, que le preocupa a toda la ciudadanía, sobre la continuidad de la reforma de transporte. Hasta el momento no se conoce cuánto se está invirtiendo en la implementación de esta reforma.

El plan que no fue concertado

A finales del 2014, la Municipalidad Lima terminó de elaborar la propuesta técnica del nuevo plan urbano de Lima al 2035. Es importante recordar que en el 80 se aprobó un plan urbano que vencía en el 2010, es decir, durante el segundo periodo de Castañeda. En ese entonces, el alcalde no renovó el plan sino, más bien, prolongó la vigencia del plan anterior. Ese plan hacia 2035 que había sido hecho en consulta con los gremios involucrados, con los colegios de arquitectos, con las facultades de arquitectura y urbanismo y que costó 8 millones de soles la gestión de la alcaldesa Susana Villarán fue encarpetado. Luego de asumido el cargo, el nuevamente electo alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, suspendió la siguiente etapa, una etapa de consulta ciudadana, discusión y aprobación en el Concejo Metropolitano.

Lo sorpresivo fue que hace unos meses la administración municipal aprobó un plan al que ha denominado Plan de Desarrollo Local Concertado en el que prioriza 2 mil millones de soles para la ejecución de 20 proyectos de los cuales 18 son pasos a desnivel (bypass). Si esos pasos a desnivel se hacen por inversión pública, Emape o Inverment van a tener que licitar la elaboración de los perfiles y los expedientes técnicos, sin embargo, si esos proyectos se hacen por inversión privada, es el privado el que propone el proyecto.

Marité Bustamante, promotora de Habla Castañeda, dice sentirse preocupada debido a que de los 18 bypass en la ciudad, 10 de estos se encuentran en las intersecciones de la avenida Salaverry y la avenida República de Panamá que no son avenidas principales de tránsito de transporte público masivo y que, además, son avenidas en las que hacer un bypass iría contra toda continuidad urbana. “No es que Lima no necesite infraestructura vial, necesita una periurbana que una el sur con el norte en menos de una hora, se necesita que se construyan la líneas del tren, se requiere la ampliación de la ruta del metropolitano”, precisó.

El plan elaborado por Castañeda está fijado al año 2021. Este es un documento que cuenta con 15 páginas de contenido y con gran cantidad de anexos donde se especifica proyectos que serán financiados con los recursos de la municipalidad. Para el arquitecto Marc Samaniego lo que se debe hacer en Lima son proyectos de regeneración urbana, de espacio público y de movilidad sostenible como lo están haciendo en Quito, en Santiago, en La Paz y en todas las ciudades vecinas.

El bypass de Castañeda

La investigación realizada por IDL-Reporteros y O Globo reveló las conversaciones por Whatsapp entre a abogada Giselle Zegarra, quien fuera gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima durante las dos primeras gestiones de Castañeda y el ex presidente de la constructora brasileña OAS, José Adelmário Pinheiro Filho (o Léo Pinheiro), sentenciado a 16 años de prisión por el caso Lava Jato. La publicación muestra cómo a través de reiterados mensajes entre ambos personajes acordaron la cancelación del proyecto Río Verde (contemplado dentro de Vía Parque Rímac) mientras Villarán aún se encontraba en funciones.

En lugar de llevar a cabo Río Verde, que ya contaba con un fideicomiso 74.5 millones de dólares aprobados y con un acta del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) para ser ejecutado desde octubre del 2014, se construyó el by pass de 28 de julio, una obra donde se ha encontrado sobrecostos de casi 1 millón 900 mil soles solamente en pintado de sardinel y de señalización, según el reportaje ‘Bypaseo de sobrecostos’. Es decir, se cumplió la solicitud de Zegarra de no firmar el contrato del proyecto Río Verde.

“OAS nunca quiso construir Rio Verde, les parecía totalmente descabellado, no era cemento y el dinero está en el cemento; ellos son constructores no diseñadores de parques. Ellos nunca lo quisieron construir y los que trabajaron en el tema directamente te lo pueden decir, yo siempre supe que ellos no querían esta obra”, afirmó el ex asesor de la Municipalidad de Lima, Augusto Rey.

Es importante recordar que Río Verde fue un agregado al proyecto Línea Amarilla, adjudicado a Lamsac [empresa concesionaria de OAS] y firmado el año 2009 por la gestión Castañeda. El proyecto unirá Ate y el Callao con una vía expresa de 9 kilómetros de longitud. En la primera adenda del 2013 se negoció el tiempo de concesión de los peajes, de 30 años del contrato original de Línea Amarilla pasa a 40 años. Esta información resulta muy valiosa ya que permite determinar cuánto va a ser el ingreso mensual de la concesionaria y esta debería estar monitoreada en todo momento porque a partir de la adenda del 2013 el municipio recibe el 7% del dinero que ha ingresado por los peajes.

Pero el tema del bypass de 28 de julio no queda aquí, ya que no solo se presentó dos expedientes distintos, uno al ministerio de Economía y otro al ministerio de Transportes, sino que a mediados del año pasado la revista Arkinka encontró plagios en el anexo 14 de un estudio de interferencia de vías elaborado por OAS que justifica y analiza el por qué no se iba a utilizar el fideicomiso aceptado para Rio Verde.

“Es un documento lleno de incongruencias, de plagios. Como trabajo en una revista tenemos herramientas para identificar plagios y copié un párrafo y salió la cosa. El plagio era de una artículo de unos estudiantes”, comentó Samaniego.

Puente que no se termina 

Bella Unión era un proyecto con expediente técnico, con todos los trámites en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y código SNIP aprobado por 59 millones de soles. Emape era la empresa encargada de ejecutar la obra a través de una transferencia de recursos propios. Sin embargo, Castañeda decidió que este proyecto pase a ser parte de la adenda del contrato de concesión de Línea amarilla. En el marco de la concesión la empresa OAS fue nuevamente seleccionada para para hacerse cargo de la obra. Lo curioso es que el mismo proyecto con el mismo expediente técnico pasó de 59 millones de soles a 48 millones de dólares, es decir, el triple del costo.

Para Bustamante la modificación de quién iba a realizar la obra se ha hecho en un contexto en el que Castañeda ha incumplido con todas las normas y es, justamente, en ese contexto de arbitrariedades que desecha un camino que ya se había dado en relación a la ejecución y construcción del puente Bella Unión. “El problema está en la línea de tiempo, tú primero tienes que adendar un contrato para luego ejecutar las obligaciones en el marco del contrato. Lo que ha hecho Castañeda es al revés, él primero ha ejecutado obligaciones que no estaban en el contrato original y luego ha mandado a revisar la adenda al MEF”, señaló la promotora de Habla Castañeda.

Con todos los requisitos aprobados en la gestión anterior, Castañeda debió empezar a darle la asignación presupuestal a la obra. No era necesario pagar los 59 millones de soles en una sola armada porque -como dice Núñez- era imposible. Para el regidor opositor, si se hubiese seguido la ruta que dejó Villarán la obra pudo haber empezado el primer trimestre del año pasado y ya estuviera terminada. Sin embargo, luego de 17 meses de haberse iniciado la obra del puente Bella Unión, la construcción sigue sin culminarse.

En el mes de agosto del presente año, la empresa francesa Vinci compró el 100% de las acciones del concesionario Lamsac que incluye el sistema de peajes Pex que operan en la Vía Expresa Línea Amarilla por el monto de, 5 mil 500 millones de soles. De este modo, la construcción del puente Bella Unión pasó de la concesión de Lamsac y OAS a ser construida por Vinci junto a Graña y Montero, ejecutante de la obra.

Las preguntas sobre la transferencia a la adenda no son parte del pliego debido a que solo se permite hacer preguntas relacionadas al presupuesto público y no sobre decisiones políticas de la gestión. No obstante, Castañeda debería explicar cómo se dio esta transferencia considerando que es una concesión en la hay obras puntuales con varios cuestionamientos como Bella Unión y el bypass de 28 de julio.

“Cuando se tengan que señalar responsabilidades, ¿a quién se va a señalar (como responsable)? La nueva empresa va a decir que no, ya que eso fue con la anterior empresa. Hay ese tema de lavarse las manos, lógica que además ha sido recurrente en la gestión Castañeda: empieza con uno, lo transfiere, luego viene otro y se lo vende”, sostuvo Núñez al referirse a la dificultad de encontrar responsables luego de la venta de la concesión.

Barrio Mío (las obras que se cancelaron)

Casi todos los países de Latinoamérica tienen en común la existencia de los barrios marginales, llamados barriadas, pueblos jóvenes o favelas. Estos países -hasta México en Centroamérica- tienen un programa de mejoramiento de barrios populares. En Bolivia está el programa Barrios de Verdad, en Brasil fue Favela Bairro, en Colombia el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, entre otros. Coincidentemente, estos programas benefician a las poblaciones ubicadas en las periferias o en las laderas de las ciudades más importantes de los países vecinos.

La Municipalidad de Lima realizó un programa de este tipo en la capital al que llamó Barrio mío. Este programa tenía como eje central los proyectos urbano integrales, unos proyectos de mejora en ciertos sectores de la ciudad determinados por unos estudios preliminares realizados por el antropólogo Daniel Ramírez Corzo y el geógrafo José Barreda. Ellos definieron cuáles eran las zonas con mayor riesgo en casos de terremotos en Lima Metropolitana y también con mayor vulnerabilidad económica.

Los proyectos urbano integrales definen un área de intervención e implementan a través de un plan el mejoramiento del espacio público, la movilidad, las conexiones, vías y equipamiento urbano. Todas las facilidades con las que debe contar la ciudad pero que la periferia no cuenta por el desinterés del Estado por algunas zonas de Lima. Barrio Mío estaba presupuestado de los gastos de inversión de la municipalidad. “El monto de cada uno de los planes era alrededor de 100 millones de dólares. Por cada año era aproximadamente 75 millones de soles, en tres años era 25 millones de soles y el monto general de las 40 zonas eran de 6 mil millones de dólares”, comentó Luis Rodríguez Rivero, encargado del Proyecto Urbano Integral Barrio Mío

A través del estudio de Ramírez y Barreda se definieron 40 zonas en todo Lima Metropolitana -que no es que sean las únicas zonas-, para el programa Barrio Mío. De las 40 zonas determinadas se elaboraron 8 planes y quedaron 32 por ejecutar. De esos 32 planes se desprenden 135 proyectos con expediente técnico o convocatoria para ejecución y código SNIP aprobados por un total de 15 millones 550 mil de soles que han sido paralizados en distritos como Comas, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Carabayllo, Villa María del Triunfo, entre otros distritos.

Según Rodríguez Rivero, el problema de fondo es que el Sistema de Inversión Pública (SNIP) no tiene ningún vínculo con el Sistema Nacional de Planificación (SNP), eso quiere decir que se puede aprobar una obra con el SNIP sin que tenga ninguna relación con un plan urbano y esto es porque el SNIP se fija en la obra misma y su reglamento obliga a los formuladores a hacer una consulta sobre la necesidad del proyecto a la población. Al momento de hacer el estudio de factibilidad en los alrededores de las zonas definidas se determinó que los proyectos urbano integrales tenían un territorio de influencia mayor al momento de armar los proyectos de inversión pública. Esta situación fue la que originó que la gestión de Castañeda paralice todos los proyectos faltantes.

Estos son algunos de los puntos que Castañeda deberá responder una vez que el colectivo Habla Castañeda consiga el número de firmas suficientes para que la ONPE acredite el pliego de 108 preguntas. Freida Roxana del Aguila Tuesta, Secretaria General de la ONPE, explica que la finalidad de la rendición de cuentas es acercar a la ciudadanía a poder cuestionar y exigir al alcalde a que responda.

Es cierto, Castañeda está obligado a responder, ya no ante la Comisión de Transporte ni a enfrentar una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El alcalde, ahora, debe rendir cuentas a los ciudadanos que lo eligieron hace dos años y a todos los limeños que quieren preguntarle: “Dime Lucho, ¿qué haces con mi dinero?”.