Si pensamos en algo que haga alusión a la palabra “acuerdo” de seguro que a varios se nos vendrá a la mente la imagen de un apretón de manos que simboliza el cierre del trato. Ahora pensemos en un acuerdo pero en el marco mayor de un conflicto social, la imagen sería de un grupo de personas firmando documentos.

Pero, qué simbolizan para los actores involucrados en el conflicto estos documentos denominados comúnmente “acta de acuerdos”, cuál es su valor, cuál su importancia, importa quién lo firma, qué información tenemos de los acuerdos suscritos en procesos de diálogo, por qué resulta complicado cumplir nuestra palabra que se deja por escrito en símbolo de cierre de una etapa. En este artículo intentaremos responder estas preguntas tomando en consideración nuestra experiencia abordando conflictos y algunos referentes teóricos que nos sirvan de marco y orientación.

Empezaremos por esbozar una definición de lo que es un acuerdo en un conflicto social. Es la muestra y materialización del esfuerzo de las partes por superar las posiciones antagónicas, alinear los intereses que, inicialmente, parecían incompatibles y lograr un pacto sobre temas fundamentales, refleja cómo los actores incluyen las perspectiva del otro en sus propias perspectivas aun cuando persistan desacuerdos.

Un acuerdo se construye sobre las demandas alrededor de las cuales se organiza el diálogo. Un conflicto social, dependiendo de su naturaleza y características, tiene múltiples peticiones. La  Defensoría del Pueblo, al respecto, señala que se presentan bajo diferentes formas (pliego de reclamos, plataformas de lucha, memoriales, entre otros), las que muchas veces permiten identificar solo posiciones que no siempre coinciden con los intereses que se mantienen ocultos, ya sea porque los actores no son capaces de expresarlos verbalmente o por estrategia.

¿Qué implica para los involucrados arribar a un acuerdo? De hecho estamos aludiendo a un proceso arduo de diálogo y negociación, que pasa por varios momentos: la negociación de las condiciones del diálogo, la manifestación de la voluntad de los actores de dialogar que, a su vez, se traducen en una serie de conductas y actitudes, el consensuar los temas de agenda, establecer las reglas del proceso, definir los participantes, entre otros aspectos; y acto seguido dar lugar al momento(s) del diálogo necesarios en los que se buscarán abordar los asuntos de coyuntura y de fondo que dieron origen al conflicto social.

Conscientes del proceso que hay detrás de los acuerdos, entendemos el sentimiento de satisfacción que embarga  a los participantes una vez suscrito un acta de acuerdos, el apretón de manos, los abrazos y la fotografía que perenniza el momento.  Este documento tiene un gran valor concreto y simbólico, porque es producto del consenso social y sobre todo porque refleja la voluntad política del Estado de corregir las injusticias, exclusión  y desigualdades que son las causas de fondo – en muchos casos - de los conflictos sociales.

Por los elementos de fondo que hay detrás de los conflictos es necesario considerar algunos aspectos en la elaboración del acta, la precisión con la que se plasmen los compromisos influirá en su sostenibilidad por el contrario la ambigüedad puede reactivar el conflicto.

La Defensoría del Pueblo, brinda algunos lineamientos a tener en cuenta, como por ejemplo, la redacción tiene que ser entendida y reconocida por las partes de manera explícita, tienen que ser percibidos como una construcción de las partes, que satisfagan las necesidades de los involucrados, que sean concretos y realizables, que indiquen responsables y plazos y de ser posible evaluar la satisfacción de las partes. Dado el nivel de desconfianza en el Estado, si estos acuerdos son suscritos por funcionarios de alto nivel, llámese, ministros, viceministros o presidente del Consejo de Ministros del Perú,  son percibidos como mayor garantía para su cumplimiento.

Entonces, si coincidimos que un acuerdo es producto de un proceso de negociación en el marco de un proceso de diálogo, tiene un valor para los actores, tiene un impacto en la democracia de nuestro país por los asuntos de fondo que buscar abordar ¿por qué resulta complicado cumplirlos? ¿En qué momento los propios acuerdos se convierten en parte del problema y no en su solución?

Como dicta el título de esta nota, el acuerdo es nuestra oportunidad para transformar el conflicto, genera desafíos para las partes, incrementa las expectativas con relación a los resultados tangibles e intangibles de los acuerdos, ofrece escenarios con múltiples posibilidades. ¿A qué escenarios nos referimos?

El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, cuenta con un programa de investigación denominada Matriz de Acuerdos de Paz (PAM), que alberga la mayor cantidad de datos existentes sobre la implementación de acuerdos de paz firmados a nivel mundial desde 1989, producto de negociaciones que incluyen al gobierno y al principal grupo social o grupos armados, que las negociaciones hayan abordado las principales asuntos que dieron origen a la disputa entre las partes y que producto de la negociación estas se vean reflejadas en el acuerdo. Explica que el tránsito del acuerdo a la implementación no es un proceso simple, ni directo, ni automático, entre otras, explica algunas razones a tomar en cuenta.[1]

Detrás de un acuerdo hay multiplicidad de actores con los que se tiene que interactuar, renegociar, coordinar según la naturaleza del conflicto. Algunos acuerdos involucrarán la intervención de los organismos públicos especializados - técnicos o reguladores – para brindar información y/o investigar hechos que son materia de preocupación de los actores sociales; los programas sociales, los organismos públicos ejecutores y en algunos casos la intervención de los Organismos Constitucionales Autónomos. Sin dejar de lado a las empresas y los diversos grupos que representar al actor social.  

Pasar del dicho al hecho. Los actores estatales tienen que aterrizar los acuerdos de la esfera política a la esfera práctica centrada en lo operativo, concreto y programático. Por ejemplo, que una comunidad cuente con el servicio de agua y saneamiento, pasa porque la entidad que asumió el compromiso formule el proyecto teniendo en consideración la Programación Multianual de Inversiones, la evaluación, ejecución y finalmente se ponga en funcionamiento la obra; en cada etapa se tiene que interactuar con diferentes responsables que son los que conforman el sistema.

El tiempo es diferente para todos los actores en conflicto. De acuerdo al nivel de complejidad del acuerdo y los actores involucrados que mencionamos líneas arriba, las lógicas burocráticas,  los recursos disponibles (humano, presupuestal, normativo), y las acciones de los que se puedan oponer, tomarán su momento en concretarse. Satisfacer las expectativas inmediatas de las partes constituye un reto constante, sobre todo considerando aquellas demandas vinculadas a atención de la salud, acceso a servicios básicos o afectaciones al medio ambiente, aquí cada día que pasa es una carrera contra el reloj. Por eso la importancia de sincerar los tiempos al momento de suscribir los acuerdos y durante el proceso.

Los actores involucrados en la firma de acuerdos no cambian de inmediato por la firma de un “acta de acuerdos”, este es un proceso lento que requiere de esfuerzos múltiples y sostenidos en el tiempo. Al día siguiente de la firma de los acuerdos, la tensión baja, las personas vuelven a sus actividades cotidianas, los funcionarios públicos a iniciar su trabajo de pasar el dicho al hecho, se respira una “calma temporal”.

Sin embargo, las dinámicas institucionales y culturales se mantienen presentes y estas se irán modificando a medida que se implementen los acuerdos. Los impulsos de retomar las acciones de protestas pueden seguir presentes, dadas las emociones de frustración, rabia, cólera, impotencia, que se desplegaron durante el conflicto. Los opositores o los grupos que no llegaron a satisfacer sus expectativas, se mantendrán alertas. Por eso la importancia de promover y consolidar los espacios de seguimiento de acuerdos, trabajar en reconstituir la relación entre las partes y que los actores refuercen la práctica de diálogo y la lógica de proceso.

Si necesitamos información sobre la situación de los acuerdos en nuestro país, estos se pueden revisar en los reportes que mensualmente emite la  Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes  realizan el trabajo de recopilación y sistematización de compromisos suscritos en actas generadas en espacios de diálogo con el objetivo de realizar su seguimiento. Por ejemplo, en su informe Willaqniki N.° 5, da cuenta que para setiembre del presente año, están registrados 4,650 compromisos, suscritos en espacios de diálogo creados para el relacionamiento y establecimiento de acuerdos entre los diferentes actores sociales involucrados en los conflictos sociales, de los cuales 2,987 (64 %) atienden las agendas demandadas por la sociedad civil y autoridades locales en los espacios de diálogo, mientras que 1,683 (36 %) son compromisos procedimentales.[2]

Asimismo, con relación a los acuerdos en los procesos de diálogo,  la Defensoría del Pueblo (2017)[3], realizó un estudio de 222 procesos de diálogo que habían culminado entre el 2009 y 2015, en la cual identifica que en 136 casos  concluyeron con acuerdos conducentes a la resolución de un conflicto, 57 casos con acuerdos parciales, 2 casos con acuerdos metodológicos, 23 casos sin acuerdo y en 4 casos no se contaba con información. Sin duda, información importante a tener en cuenta para los interesados en la materia.

Un acuerdo tiene un potencial transformador. Está centrado sobre un hecho o hechos sucedidos y sienta las bases para construir nuevas realidades, activa la esperanza a los actores sociales de cara a cambiar situaciones. 

Estas nuevas realidades, no dependerán del todo del acuerdo, sino de una serie de circunstancias que hemos intentado explicar. Hay que ser conscientes que el acuerdo no traerá automáticamente el fin del conflicto y el restablecimiento de las relaciones de confianza, para ello se requerirá la participación activa de los actores sociales en el diseño y  como veedores de su implementación y un Estado que garantice los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Es una oportunidad para promover cambios estructurales, construir una sociedad pacífica y democrática y mejorar la relación entre las partes.