Durante la década fujimontesinista surgió y se enseñoreó un estilo nefasto que pocos denunciamos y que la mayoría no quiso ver ni atacar. La sociedad aceptó y fue permisiva y, como parte de esto, algunos medios vendieron líneas editoriales y conciencias. El retorno de Alberto Fujimori fue una buena instrucción moral a la nación. Golpeado por la extradición, aun antes del juicio, significó un triunfo ético a partir de la imagen del ídolo caído. Esa saludable imagen podría verse comprometida con la concesión del indulto presidencial.

El ex presidente Alberto Fujimori ha hecho público, a través de la televisión y de las redes sociales, un autorretrato que incluye un mensaje en el que, de forma elíptica, estaría pidiendo perdón por sus errores. Maniobra efectista que, sumada a una foto que lo presenta postrado en su lecho de dolor, entre sudarios blancos, constituyen recursos para sensibilizar a la población con el fin de que apoye el indulto que por razones humanitarias han solicitado sus hijos al presidente Ollanta Humala.

Alberto Fujimori fue el rey de las operaciones psicológicas y de la publicidad en los medios de comunicación que le fueron largamente adictos por razones económicas. Estas operaciones le sirvieron para justificar su autoritarismo, mantener su popularidad y quedarse en el poder. Su gran habilidad publicitaria fue una característica que ha continuado ejerciendo para la campaña electoral de su hija en el 2011, desde su encierro, y que ahora actualiza buscando sensibilizar siempre con emociones más que con razones.

Fujimori no es un preso cualquiera: está condenado por homicidio calificado y lesiones graves, por crímenes de lesa humanidad por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 por el Grupo Colina, y por secuestro agravado de un empresario y un periodista. De no recibir el indulto, sumará otras condenas a las que ya tiene por usurpación de funciones, corrupción de funcionarios, peculado, apropiación de bienes públicos, violación del secreto de las comunicaciones, más un largo etcétera.

Quienes pretenden que “Ya pidió perdón” y por ello debe atenderse su pedido, suman agravios. Las encuestas, sin cifras convincentes, surgen de un alud de opiniones, manipulaciones y versiones que tratan de forzar al presidente Humala a conceder el indulto. De un momento a otro, en la prensa escrita, televisada, radial e Internet, pasean juristas, autoridades clericales, intelectuales y médicos que difunden generosidad contaminada con permisividad, de manera concertada.

El indulto podría ser posible por razones humanitarias por edad y por enfermedad, pero éticamente implicaría un mensaje que consagraría la viabilidad de la corrupción, la ganancia de los malos hábitos de hacer política, la rentabilidad de la delincuencia en los poderes públicos. El crimen paga, y hay muchos favorecidos por este tipo de lucro. Incluso quienes han purgado años de condena salen de las cárceles a disfrutar del dinero mal habido. Ellos integraron el entorno activo de Alberto Fujimori, un dictador sonriente pero cruel, con todos los componentes de corrupción, represión, desprecio a la ley y violación de derechos humanos.

Que nadie se sienta convocado al perdón o a la reconciliación cuando se trata de quienes fueron y siguen siendo los primeros cultores de la división para reinar y del fácil escarnio para segregar. El debate sobre este indulto especialísimo es también el de la posible impunidad por crímenes de lesa humanidad. Y para el presidente Ollanta Humala, que tiene exclusivamente la decisión, no es una facultad irrestricta, pues debe darse dentro del respeto de la Ley y de conformidad con los tratados y decisiones internacionales que afirman que no procedería el indulto en casos de violación de derechos humanos, secuestro y extorsión.

Por motivos humanitarios puede ser concedido a los condenados que padecen enfermedades terminales graves, o a los que, sin padecerlas, viven en condiciones carcelarias que los colocan en grave riesgo para su vida, salud e integridad. No parece ser el caso de Alberto Fujimori, aunque los medios de comunicación hayan coordinado nuevamente acciones para destacar estos aspectos.

Estamos ante un caso de trascendencia pública nacional e internacional, pues la concesión de un indulto que no corresponda lesionaría la ética, el derecho y la reputación del Perú, e infringiría normas legales expresas con responsabilidad para los infractores. Si bien el presidente Humala puede “conceder indultos” y “ejercer el derecho de amnistía”, sus decisiones no pueden ser absolutas ni tener carácter monárquico o imperial; él, como primera autoridad de la nación, tiene también la obligación de “cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones”. Puede indultar, pero respetando las leyes. Y el hecho de ser Presidente no lo libera de incurrir en conducta ilícita si concede un indulto que la ley prohíbe, sustrayendo al beneficiado de una medida penal ordenada por los jueces.

El ex presidente Fujimori es un símbolo de lo que no se debe hacer y de lo que una sociedad no debe aceptar. Buscó a su cómplice por mar y tierra, compró su silencio con millones de dólares, huyó al exterior para renunciar a su alto cargo por fax, y fue fugitivo de la justicia hasta 2007, cuando regresó de Chile, que lo entregó vía extradición.

Se le aplicó un proceso considerado modélico en el mundo, limpio y transparente, por delitos de corrupción y asesinato, valioso para la prevención de la tentación que podría ser el fujimorismo como indeseable estilo de gobierno. De dicho proceso surgió una condena por crímenes de lesa humanidad, condición que implica la imposibilidad del indulto. La Corte Interamericana prohíbe todas las medidas que favorecen la impunidad y pretendan suprimir los efectos de la sentencia condenatoria impuesta. Siendo el Perú parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la competencia de la Corte Interamericana, sus fallos son de obligatorio cumplimiento por los Estados.

Ello determina que la decisión presidencial deberá ser evaluada desde la única arista posible: la humanitaria. Lo definitivo será un informe técnico confiable. Pero los aspectos éticos serán también determinantes, pues un indulto a Fujimori involucraría valores esenciales para la utopía de convivencia armónica.

La lucha contra el fujimorismo y su estilo fue larga y dura: había que lograr que el país, mediáticamente manipulado, dejara de apoyar ese repudiable pragmatismo que no se detenía ante ninguna ley humana o divina. Su norma fue la prepotencia sin matices; su estilo, el de su líder. Cuando Fujimori cayó, cayeron con él los antivalores que lo sostuvieron. Su ejemplar juicio dejó una lección indeleble ante el mundo, en especial a esos jóvenes que crecieron creyendo que el crimen paga y que puede forjar ciudadanos afortunados y privilegiados con dinero para gastar y poder para disfrutar.

Alberto Fujimori está en prisión pagando una pena merecida, surgida de un proceso debido. Ello significó en su momento, y debe seguir significando, un triunfo del bien sobre el mal. El mal claramente encarnado en una década de imposición y corrupción, de manejo autocrático que llegó al crimen y a la violación de derechos humanos. El daño que Fujimori hizo a la nación y a la sociedad no será resarcido, pues va más allá de los delitos específicos por los cuales fue sentenciado y por aquellos que todavía no han sido procesados. Ninguna pena sería suficiente para recuperar la conciencia colectiva gravemente lesionada. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos son dos íconos de una década de corrupción que fueron puestos tras las rejas en justa acción defensiva.

Y es este ejemplo justiciero el que está en riesgo. No se trata de confundir justicia con venganza ni de hacer escarnio o maltrato personal de nadie. Ya la democracia viene demostrando superioridad ética, esencial para la convivencia, al tener a Fujimori alojado en una prisión de privilegio. Nadie podría decir que sufre como sufrió Augusto B. Leguía en dramáticas circunstancias que aceleraron su fallecimiento.

Es cierto que, precisamente en virtud de esa superioridad ética, Ollanta Humala podría concederle el indulto humanitario, pero su responsabilidad sería inmensa ante el Perú y ante el mundo si no es capaz de demostrar que no lo concede consagrando la impunidad. Deberá confirmar que el crimen no paga en ningún caso. Quedan solo las razones humanitarias. El indulto podría ser concedido si y solo si se comprueba que padece una situación médica extrema. Nunca por privilegio ni, menos, haciendo caso omiso de una trayectoria de cinismo e insensibilidad desde el poder.

El indulto para quien fue dueño de vidas y honras y paseó su prepotente sonrisa burlona y sus guiños ante delincuentes probados debe ser materia de mucha reflexión, para que no se convierta en grave error y mal ejemplo que nos avergüence ante nuestros hijos y ante el mundo. El actual Presidente tiene la responsabilidad ética de no ceder ante presiones políticas ni influencias mediáticas; de no reemplazar el impecable modelo de sancionar gobernantes corruptos por la instrucción moral, para la sociedad y en especial para la juventud, de que aquellos que hacen lo que les da la gana porque tienen el poder omnímodo siempre terminan ganando; de no dar un diploma de reconocimiento colectivo, en la persona de Alberto Fujimori, a todos aquellos que se aprovechan de la cosa pública distorsionando la moral social y generando más pobreza.

Los agentes internacionales también están a la espera del resultado de la gestión del indulto para seguir considerando al Perú como objetivo de inversiones y consolidación jurídica. El Perú está hoy, en estos aspectos, a la vanguardia en la región latinoamericana, por encima de Argentina, Colombia y Chile.

Es precisa, también, una reflexión colateral. Si “donde existe la misma razón existe el mismo derecho”, como reza un principio jurídico aplicado en todas las legislaciones del mundo, debemos preguntarnos por qué el Movadef está en las filas proindulto a Fujimori. ¿Será porque esperan que, por las mismas razones, Abimael Guzmán pudiera ser favorecido en similares circunstancias? Si esto es así, en algún momento los abogados de Sendero presentarán la solicitud al Presidente para que indulte al máximo cabecilla terrorista, teniendo en cuenta que padece de una incurable soriasis. Comenzaremos entonces nuevamente a debatir principios y no intereses en una sociedad obligada a defender la ética y los valores por encima de conveniencias políticas.