La escisión entre ética y política tiene consecuencias lamentables: resquebraja la ciudadanía y debilita la institucionalidad democrática que soporta nuestra vida cotidiana. El Perú es un país en construcción. Pero nuestros políticos banales no tienen voluntad de trabajar apasionadamente por el Perú, aun cuando el mayor trabajo es construir el país por nosotros mismos. El trabajo apasionado es lucha, constante, continua, contra la banalidad que nos acecha permanentemente. Solo quien conoce y reconoce el verdadero valor del trabajo sabe ponderarlo en su debida medida como motor de desarrollo social. Nuestros políticos banales tienen una grave carencia: no tienen pasión para trabajar por el Perú. En cambio, esa pasión impulsa el trabajo constructivo y abnegado que realizan los políticos genuinos por nuestro país, para contribuir a su crecimiento, consolidación y desarrollo.

La ciudadanía es una institución sumamente importante para la consistencia y consolidación de la democracia moderna. Allí donde la ciudadanía se concreta como un movimiento activo y actual siempre atento al desempeño de la clase política delegada en el poder, siempre temporal y limitado a un periodo determinado de ejercicio efectivo, las inquietudes de la sociedad pueden ser mejor canalizadas porque estas inquietudes fluyen en el discurso púbico que logra correr desde la base constituyente siempre activa de la sociedad hasta las instituciones que efectivamente dan forma histórica al Estado moderno.

La ciudadanía opera una función evaluadora y correctiva del desempeño de los funcionarios y servidores públicos, alertándoles que se salen de los márgenes legítimos de la ley cuando ceden y claudican frente al mecanicismo y la automatización que fomenta la política banal y perversa. Lo banal es lo vulgar, lo intrascendente, lo carente de sustancia y fundamento. Siguiendo a Hannah Arendt, Cristina Sánchez piensa que estamos ante un nuevo tipo de maldad que a través de la burocracia transforma a los Estados en frías y simples redecillas de la maquinaria administrativa. El mal se disemina, así, cuando renunciamos a discernir entre el bien y el mal y, más todavía, cuando renunciamos a juzgar por qué es preferible el bien: si no rechazamos el mal, entonces nuestra tolerancia permite que el mal cunda y prolifere.

La ciencia política desarrollada en los últimos quinientos años enseña que los Estados de tendencia democrática, nacidos de la oposición y el rechazo a la teocracia tradicional, son el resultado del actuar político organizado de los ciudadanos para rechazar el mal. Nunca antes en la historia de la humanidad el poder llegó a tal punto de secularización como en la Revolución Francesa. Sus consecuencias fueron profundas. La labor realizada por los movimientos independentistas hace doscientos años deja sentir su influencia todavía viva en el presente.

Frente al opresivo Perú colonizado hasta convertirse en un virreinato solvente a la corona española, los próceres e independentistas asentaron su causa en los valores republicanos y democráticos que heredaron de la teoría política del siglo XVIII. Más allá de las formulaciones teóricas, siempre susceptibles de enmienda y de mejorar, el motor que dinamiza estos movimientos es una voluntad firme e inquebrantable por hacer del Perú un país más justo.

Se trata de una voluntad de trabajo mucho más profunda que se esfuerza por hacer de nuestro país no solo una entidad concretada en sus instituciones formales, sino también un modo de ser, de sentir y de estar en el mundo. La pasión libertaria, en principio negativa y opositora del antiguo régimen, adquiere su talante más afirmativo. Donde antes había reyes y súbditos, ahora se instalan elecciones y se devuelve a los ciudadanos el derecho de autodeterminarse como pueblo autónomo a través de la elección consciente e informada de los gobernantes. La pasión por un Perú libre, en los años fundacionales de nuestra vida republicana, supo aunarse a una voluntad irrefrenable por labrar el Perú con justicia para que los peruanos y las peruanas puedan darle al país lo mejor de sí mismos y de sí mismas.

Cuando la política se banaliza, se pierde este horizonte histórico que está a la base. Diluida la conciencia histórica, se abandona también la intención de construir siquiera el Perú. Diluida la voluntad de construir el Perú, ya no hay trabajo que emprender en ese sentido ni, por consiguiente, tampoco necesidad de justificar el Perú y todo lo que esta palabra implica cuando se le contrasta con la realidad que significa, describe y explica. Si bien el trabajo mayor es construirnos a nosotros mismos, poco o casi nada contribuye la clase política cuando pierde el horizonte histórico que sustenta nuestra existencia actual como país latinoamericano.

Debilitar al Estado y al país, por el contario, pareciera ser la consigna de los captores banales de la política genuina. Así, no se piensa ya en cómo fortalecer las fuentes de financiamiento que sustentan las arcas del Estado, sino en cómo ayudar a los deudores tributarios a eludir sus deudas con el Estado. De este modo no se puede apostar por políticas públicas que atiendan nuestros problemas más urgentes ni se puede asegurar ni garantizar mejoras en la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. La banalización de la política trae como consecuencia la proliferación de políticos sin pasión, sin convicción ni voluntad de trabajo. El Perú, para ellos, no es una realidad. Ni siquiera una aspiración utópica. Quizá solo el sueño narcótico de una masa acostumbrada a la sumisión a punta de autoritarismo, clientelismo y corrupción, que son el resultado de un largo proceso histórico, pues, como dice el reconocido historiador de la ciencia Michael Shermer: “El viaje al mal se hace en pasos pequeños y no en saltos enormes”.